Según la embajada estadounidense en Ecuador, la corrupción ha penetrado también en la función judicial y el ámbito legal local. Hoy, 10 de enero, la representación diplomática de ese país informó, a través de un comunicado, que revocó las visas a Estados Unidos a varios jueces ecuatorianos y a otros funcionarios que trabajan “en los sectores legal y judicial al determinar que ya no califican para estas visas”. 

La embajada dijo que la decisión era parte de los esfuerzos del presidente Biden para “avanzar en los esfuerzos anticorrupción y combatir el crimen organizado” en el país. El anuncio de la Embajada se produce un mes después de que el embajador Michael Fitzpatrick revelara que se habían retirado las visas de generales de la policía ecuatoriana. Fitzpatrick dijo que su gobierno estaba muy preocupado por la penetración del narcotráfico en Ecuador. 

Sin embargo, al igual que su primera revelación, la Embajada no dio los nombres de los funcionarios públicos involucrados en esta revocatoria. Dijo que los registros de visas son reservados, de acuerdo con la legislación estadounidense. Por lo tanto, no podía dar comentarios sobre los casos individuales de los jueces y personas del ámbito legal cuyas visas a Estados Unidos habían sido canceladas.

Pero sí recordó que su Departamento de Estado tiene la autoridad tanto para denegar como para revocar visas “basándose en información que indique que el titular de una visa puede ser inadmisible en los Estados Unidos”.

La Embajada recordó que la corrupción amenaza la estabilidad de los países. Sobre todo, “destruye la confianza de las instituciones”. En el mismo comunicado dijo que “en cada instancia de corrupción pública también hay un socio privado, igualmente involucrado”. 

Algunos de los generales a los que se habría revocado la visa a Estados Unidos

A pesar de que la embajada estadounidense no lo ha confirmado, serían al menos cuatro los generales cuyas visas fueron canceladas. De tres se conoce la identidad, del cuarto no. 

• El ex general David Proaño, según la información difundida por Primicias. Proaño fue director del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol). En enero pasado, tras estar vinculado a las irregularidades en el manejo de fondos del seguro social de la Policía, fue cesado en sus funciones por el entonces presidente, Lenín Moreno. 
• El ex general Enrique Espinosa de los Monteros, también vinculado al caso Isspol según Primicias. Espinosa de los Monteros fue director del fondo de pensiones de la Policía y estuvo, por ese caso, en prisión preventiva entre el 24 de febrero y el 12 de abril de 2021. En mayo de 2019, Espinosa de los Monteros fue destituido de la Policía tras ser hallado culpable de una “falta grave” por usar de forma irregular un helicóptero que se estrelló en el Parque Bicentenario en Quito en marzo de 2019.
• El único que ha confirmado el retiro de su visa es el  general Víctor Araus. Araus fue cesado de sus funciones en agosto de este año, al igual que los oficiales Pablo Rodríguez, Édgar Correa y Paulo Terán, por no haber cumplido los requisitos para su ascenso. Sin embargo, una jueza los restituyó en sus funciones a inicios de diciembre, tras una acción de protección interpuesta por Araus y tres compañeros de promoción. La acción está actualmente en apelación. 
• El otro general, cuya identidad aún no ha sido revelada, habría formado parte de la Dirección Nacional de Antinarcóticos. Lo que se conoce, de acuerdo a Primicias, es que un “miembro del equipo cercano a este oficial” habría acompañado a Raúl de La Torre —sobrino de Pablo Celi, el excontralor procesado por el caso Las Torres—  a un viaje a Estados Unidos como parte de su comitiva de seguridad.  

Revocatoria de visas y crimen organizado

Esta es la segunda vez que la Embajada de Estados Unidos cuestiona la credibilidad e integridad de ciertas instituciones estatales.La primera la hizo directamente el embajador Fitzpatrick en una entrevista Primicias el 13 de diciembre de 2021, cuando señaló a las más altas esferas de la Policía Nacional. 

El embajador Fitzpatrick dijo que Estados Unidos apuntaba al caso de los “narcogenerales”, a quienes se les habían retirado las visas. 

Esa declaración, inusual para un diplomático, obligó al gobierno a pronunciarse debido a que fue un anuncio que coincidió con el cierre de un año violento, con cuatro masacres carcelarias que dejaron más de 320 muertos y la disputa por el liderazgo de las prisiones a manos de bandas delictivas ligadas a dos cárteles internacionales mexicanos: el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. 

El patrimonio de varios generales del alto mando policial está siendo actualmente escrutado por la Contraloría General del Estado. Entre ellos, el de la actual comandante  general de la Policía,Tannya Varela. También es analizado el patrimonio del general Pablo Ramírez, actual director del Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).