Hay más personas vinculadas en la investigación por el caso Isspol. La tarde de hoy, 22 de noviembre, las personas identificadas como Iván G. V., presidente, Carlos M. D, contralor y Enrique H. E, secretario de DELCORP S. A, empresa dedicada a la producción, importación y comercialización de fertilizantes, fueron vinculadas a la investigación por el supuesto delito de falsedad de información, relacionada a las investigaciones de presuntos  actos ilegales en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

Según la Fiscalía, las tres personas están implicadas en la emisión de una fianza mercantil por 15 millones de dólares a largo plazo, a favor de los obligacionistas. 

El juez Dennis Ugalde dispuso que las personas identificadas como  Enrique H. E. e Iván G. V reciban la medida de prisión preventiva. Sin embargo, el fiscal Edgar Escobar informó que las dos personas están fuera del país, según los registros migratorios. 

Mientras que para Carlos M.D deberá presentarse periódicamente frente a la autoridad y tiene prohibida la salida del país. Un comunicado de la Fiscalía dice que Carlos M.D ya tiene esa misma medida en otro caso y si ha cumplido con lo dispuesto. 

Caso Isspol 

La investigación lleva más de un año. En mayo de 2020, el Consejo Directivo del Isspol resolvió denunciar “presuntos delitos” que se habrían cometido en años anteriores en la institución. Denunciaron que había irregularidades en el manejo de inversiones en las que estarían involucrados ex altos cargos del Instituto. 

Después de la denuncia, la entonces Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y Patricio Carrillo, quien en ese momento era Comandante General de la Policía Nacional, se reunieron con la Fiscal General, Diana Salazar. 

En la reunión, Romo y Carrillo le entregaron a la Fiscalía información a la que llamaron “valiosa” para iniciar las investigaciones. La entonces ministra Romo dijo que mientras intentaban transparentar el portafolio de inversiones del Isspol, encontraron varias irregularidades. 

Como resultado de la investigación de la Fiscalía, cuatro personas fueron detenidas la noche del 23 de febrero de 2021 en varios allanamientos. Ahí apresaron a los generales David Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros; al exdirector de inversiones, Alfredo Valverde, y al ex asesor jurídico del Isspol, Santiago Duarte. Ellos son los otros procesados por este caso en Ecuador.

La investigación se extendió internacionalmente. El 2 de marzo de 2021, John Luzuriaga y Jorge Chérrez fueron acusados de lavado de dinero en Estados Unidos por su presunta participación en el esquema de sobornos del Isspol. La denuncia en Estados Unidos dice que Ibcorp Investments acordó vender los bonos al Isspol con la promesa de que volvería a comprarlos en una fecha establecida. Sin embargo, alega, la compañía de Chérrez no ha pagado más de 111 millones de dólares del total de 205 millones.

El caso que vincula a los dos ecuatorianos en Estados Unidos se abrió después de varias denuncias presentadas en el Distrito Sur de Florida, en febrero de este año. Según las denuncias presentadas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, Chérrez pagó más de 2,6 millones de dólares en sobornos a autoridades del ISSPOL. 

Al menos 1,3 millones habrían sido para Luzuriaga, quien por su cargo tenía influencia en las decisiones de inversión que tomaba el Instituto. Las autoridades estadounidenses creen que el pago a Luzuriaga se hizo para que Chérrez obtenga 65 millones de dólares en ganancias. 

Las autoridades estadounidenses arrestaron a Luzuriaga en Miami. Chérrez también tiene una orden de arresto, pero ni las autoridades estadounidenses ni las ecuatorianas han podido localizarlo.

¿Qué es el presunto delito de falsedad de información? 

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) este delito lo cometen los representantes legales, administradores o funcionarios de las entidades del mercado de valores que den informaciones falsas sobre operaciones en las que han intervenido. También lo pueden cometer las personas que de forma fraudulenta den información falsa en las negociaciones objeto de una oferta pública de valores. La sanción será de tres a cinco años de cárcel.