El pasado 2 de marzo, dos ecuatorianos fueron acusados de lavado de dinero en Estados Unidos por su presunta participación en el esquema de sobornos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL). El caso se reveló el año pasado. En mayo de 2020, el Consejo Directivo del ISSPOL resolvió denunciar “presuntos delitos” que se habrían cometido en años anteriores en la institución. Denunciaron que había irregularidades en el manejo de inversiones del ISSPOL en las que estarían  involucrados ex altos cargos del Instituto.

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Tras la denuncia, la entonces Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el Comandante General de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, se reunieron el 2 de junio de 2020 con la Fiscal General Diana Salazar. En la reunión, Romo y Carrillo le entregaron a la Fiscalía información a la que llamaron “valiosa” para iniciar las investigaciones. 

En ese momento, no se especificó en qué consistía la información. Después, en una rueda de prensa, la exministra Romo dijo que mientras intentaban transparentar el portafolio de inversiones del ISSPOL, encontraron varias irregularidades. Específicamente se habló de supuestas inconsistencias en la adquisición de terrenos con sobreprecio. María Paula Romo dijo “estamos detrás de los responsables, y estamos detrás del dinero, y de quien lo haya utilizado de manera incorrecta”. El perjuicio ascendería a cerca de 500 millones de dólares.

Romo, quien también era presidenta del Directorio del ISSPOL antes de ser destituida en noviembre de 2020, dijo que recuperar el dinero era fundamental para la estabilidad del Instituto. El ISSPOL es un instituto del que administra, gestiona y ejecuta la jubilación y el seguro de salud de los policías y sus familias. Si el ISSPOL pierde su estabilidad financiera, la jubilación y el acceso a la salud del personal policial se verán afectados. 

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Cómo resultado de la investigación de la Fiscalía, cuatro personas fueron detenidas la noche del 23 de febrero de 2021 en varios allanamientos. Se detuvo a los generales David Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros, al exdirector de inversiones, Alfredo Valverde, y al ex asesor jurídico del ISSPOL, Santiago Duarte.

El actual Ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, confirmó la detención. En su cuenta de Twitter dijo que luego de haber detectado el que sería el mecanismo de perjuicio al ISSPOL se tomaron “decisiones para frenar esta irregularidad y entregar a la Fiscalía la evidencia”. El general Patricio Carrillo, dijo que “una cosa es la historia y otra los cuentos, no se puede engañar todo el tiempo”. 

Según la Fiscalía, las cuatro personas fueron detenidas por “su presunta participación en el delito de peculado”. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el peculado es cuando los servidores públicos abusan de su autoridad y se apropian de bienes o dinero público o privado. Se sanciona con prisión de entre diez a trece años.

El 2 de marzo de 2021, dos ecuatorianos fueron acusados en Estados Unidos de lavado de dinero por el esquema de sobornos en el ISSPOL. El Departamento de Justicia estadounidense anunció que John Luzuriaga Aguinaga y Jorge Chérrez Miño fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero. 

El caso se habría abierto tras varias denuncias presentadas en el Distrito Sur de Florida, en febrero de este año. Luzuriaga, director de riesgos y miembro del Comité de Inversiones del ISSPOL, fue arrestado el 26 de febrero en Miami. Chérrez, un asesor de inversiones, aún no ha sido detenido pero tiene una orden de arresto. Las autoridades creen que está en México pero aún no han podido localizarlo con exactitud. La entonces ministra Romo dijo en septiembre de 2020 que Chérrez era uno de los mayores responsables del caso. 

Según las denuncias presentadas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, Chérrez pagó más de 2,6 millones de dólares en sobornos a autoridades del ISSPOL. Al menos 1,3 millones fueron para Luzuriaga quien por su cargo tenía influencia en las decisiones de inversión que tomaba el Instituto. Las autoridades norteamericanas creen que el pago a Luzuriaga se hizo para que Chérrez obtenga 65 millones de dólares en ganancias. 

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La denuncia contra ambos se hizo en Estados Unidos porque las autoridades dicen que Chérrez recibió pagos “del negocio de inversión ISSPOL” en una cuenta en este país. Además, Chérrez y Luzuriaga habrían lavado “las ganancias corruptas” con compañías y cuentas bancarias de Florida, Estados Unidos. Entre esas compañías hay algunas de fondos de inversión estadounidenses que tienen a Chérrez como funcionario o director. 

En la denuncia contra Chérrez se menciona una en particular: IBcorp Investments. La Fiscalía ecuatoriana dice que entre esa empresa y el ISSPOL se hizo un acuerdo para recomprar bonos de inversión por más de 205 millones de dólares. La denuncia en Estados Unidos dice que IBcorp Investments acordó venderle los bonos al ISSPOL con la promesa de que volvería a comprarlos en una fecha establecida. Sin embargo, dice que la compañía de Chérrez no ha pagado más de 111 millones de dólares de un total de 205 millones. 

El actual ministro de Gobierno ecuatoriano, Patricio Pazmiño, dijo que las investigaciones avanzarán ante las autoridades ecuatorianas y estadounidenses. En Estados Unidos, el caso está siendo investigado por la Oficina de Investigación Criminal del Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés), y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos.