La bancada de Unión por la Esperanza (UNES) habría hecho al menos dos pedidos al gobierno a cambio del apoyo al proyecto de Ley de Reformas Tributarias. La mañana de hoy, 29 de noviembre, Fernando Villavicencio, asambleísta por la Alianza Honestidad, dijo que la bancada de UNES pidió:

El cambio de cárcel de las siguientes personas:  

1. Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, sentenciado por varios casos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa, 
2. Alexis Mera, ex secretario jurídico de la presidencia del gobierno de Correa y sentenciado por el caso Sobornos 2012-2016. 

Además, UNES habría pedido un salvoconducto para que María de los Ángeles Duarte pueda salir hacia Argentina. Duarte fue ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministra de Inclusión Económica y Social y Ministra de Transporte y Obras Públicas en el gobierno de Correa. Ella también está sentenciada en el caso Sobornos 2012-2016. “Jamás ocultaré lo que conozco”, dijo Villavicencio.

GK intentó hablar con los asambleístas Paola Cabezas, Pabel Muñoz, Ricardo Ulcuango, José Agualsaca de la bancada de UNES para tener su versión de los supuestos pedidos que Villavicencio enumeró. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no dieron respuesta.  Marcela Aguiñaga, presidenta nacional del movimiento Revolución Ciudadana (uno de los integrantes de la coalición UNES), sí respondió. “El señor Villavicencio miente como siempre”, dijo Aguiñaga. “No hay pactos con el gobierno cuando nos tratan de golpistas”, aseveró Aguiñaga. 

La rocambolesca y cuestionada aprobación de la reforma tributaria

El 26 de noviembre pasado, el pleno de la Asamblea Nacional debía debatir por segunda vez el 

proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia covid-19 (conocido coloquialmente como reforma tributaria). La propuesta fue enviada al Legislativo por el presidente Guillermo Lasso el pasado 28 de octubre —y que debía ser revisada en los 30 días subsiguientes. 

El proyecto entró en vigencia por el mecanismo conocido como “ministerio de la ley” —es decir, que entró en vigencia de forma automática porque la Asamblea no se pronunció en el plazo que tenía (30 días pues era un proyecto económico urgente). 

La forma en que la ley se aprobó ha sido cuestionada pues sería el producto de un pacto secreto entre el gobierno y la coalición correísta UNES. La noche del viernes 26, reinó la confusión y las contradicciones en la sesión de aprobación de la ley. 

En el debate, el pleno negó tres mociones sobre el proyecto de ley. Primero, no aprobó el informe de mayoría en el que se proponía pasar la ley propuesta por Lasso. Tampoco se aprobó un informe de minoría que proponía un texto alternativo para la ley. Finalmente, tampoco se aprobó una moción que pedía el archivo y negativa de la ley. Esta última propuesta fue hecha por Pachakutik. Como esa tampoco fue aprobada, los expertos coinciden en que la Asamblea no hizo ningún pronunciamiento sobre el proyecto, por lo que pasó automáticamente. 

La moción para archivar el proyecto de ley no recibió los votos de mayoría que se necesitaban para hacerlo. De los 137 asambleístas presentes, 53 votaron por archivar el proyecto, 3 votaron por no hacerlo, y 81 se abstuvieron de votar. La mayoría de abstenciones vino de los asambleístas que conforman la bancada correísta del movimiento político Unión por la Esperanza—la más numerosa de la Asamblea—. 

Esas abstenciones provocaron reacciones del Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática (ID), los asambleístas hablaron de un supuesto “pacto” entre el correísmo y el gobierno de Guillermo Lasso.

Tras la aprobación, la bancada de UNES ha insistido en que ha sido un movimiento opositor al gobierno, pero no ha logrado explicar por qué se abstuvo de votar por el archivo de la propuesta. 

La nueva ley plantea prevé recaudar 1.900 millones de dólares en sus primeros 2 años de vigencia.