El sistema carcelario vuelve a un estado de excepción. La tarde de hoy, 29 de septiembre de 2021, mediante el decreto ejecutivo 210, el presidente Guillermo Lasso lo declaró por “grave conmoción interna” en las 37 cárceles del país y los centros de rehabilitación de adolescentes infractores. El estado de excepción estará vigente por 60 días y está aún sujeto al control de constitucionalidad de la Corte Constitucional

El decreto dice que el estado de excepción fue declarado por “las circunstancias que han afectado gravemente los derechos de personas privadas de la libertad, del personal del cuerpo de seguridad penitenciaria y de miembros de la Policía Nacional”. El decreto tiene 10 artículos y una disposición final. Ordena que todas las instituciones de la administración pública central e institucional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se dispongan a: 

  • Realizar acciones necesarias para restablecer y mantener el orden en el sistema penitenciario.
  • Prevenir nuevos acontecimientos de violencia.
  • Restablecer el normal funcionamiento del sistema. 

El decreto dice que las Fuerzas Armadas se enfocarán en el restablecimiento del orden y seguridad interna de las cárceles, el control de armas y objetos prohibidos en el primer filtro de ingreso a las cárceles. Las Fuerzas Armadas estarán en el perímetro externo de las cárceles, las vías y en las zonas de influencia, también estarán dentro de las cárceles. Ese trabajo será coordinado con la Policía Nacional. 

El artículo 7 del decreto suspende el derecho de inviolabilidad de correspondencia y la libertad de asociación y reunión de las personas privadas de la libertad, durante las 24 horas del día. Es decir, los presos no podrán recibir cartas, comunicaciones, misivas en cualquier formato que no haya sido revisado por la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. También habrá restricción en el envío de información fuera de las cárceles. 

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El decreto también dice que el Consejo de la Judicatura deberá entregar un informe sobre el uso de la prisión preventiva en los procesos penales desde 2019, de las acciones tomadas para garantizar que es una medida de última ratio

El Consejo de la Judicatura deberá informar sobre el uso de medidas no privativas de libertad en las sentencias condenatorias desde julio de 2019 hasta la fecha, sobre la implementación de los juzgados de garantías penitenciarias en el territorio nacional y los tiempos promedios de tramitación de las causas a su cargo. El Ministerio de Economía y Finanzas debe entregar los recursos suficientes para atender el estado de excepción. La falta de presupuesto suficiente ha hecho que en el Ecuador haya solo 1 de los 20 guardias penitenciarios que se necesitan para controlar las cárceles del país. 

La crisis carcelaria, cada vez más grave

Ayer hubo una masacre en la Penitenciaría del Litoral. Hasta el momento, se sabe que más de 100 presos murieron en los enfrentamientos entre las bandas delictivas. La masacre fue detenida a las dos de la tarde de ayer. Al principio se supo que había 26 fallecidos y 52 heridos. La Fiscalía dijo que seis de los fallecidos fueron decapitados. En los enfrentamientos se usaron armas cortopunzantes y armas de fuego, dice la Fiscalía. Algunos cuerpos de los fallecidos fueron levantados por el personal de Medicina Legal, Criminalística, la noche de ayer. La Policía Judicial también llegó hasta la cárcel para recolectar indicios de los hechos. Por estos hechos, la Fiscalía comenzó una investigación.

Desde mayo de 2019 hasta la fecha se cuentan más de 200 fallecidos por las masacres en las cárceles. 2021 es el año más sangriento en la historia del sistema penitenciario del Ecuador, sumido en una crisis de presupuesto, control de bandas criminales y sobrepoblación (causada en buena parte por el abuso de la prisión preventiva desde la reforma al Código Orgánico Integral Penal de 2014). Hasta mayo de 2021, según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a personas Adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores (SNAI) hay 29,5% de hacinamiento en las 37 cárceles del país. 

Algunas cárceles superan el 100% de hacinamiento. La cárcel de Santo Domingo y la cárcel de El Oro tienen 119% de hacinamiento, la cárcel de Imbabura tiene 103%, la cárcel de Los Ríos tiene 143% de hacinamiento, que es uno de los problemas más graves que enfrentan las cárceles.