Las investigaciones del sistema informático del CNE, explicadas

  • La Contraloría pide al CNE que le permita hacer una auditoría informática antes de la segunda vuelta

    • Contraloría quiere hacer auditoría informática

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del CNE.

    La Contraloría le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que permita que se haga una auditoría informática antes de la segunda vuelta electoral del 11 de abril. En un oficio con fecha de hoy, 20 de febrero, el contralor Pablo Celi pide a los consejeros del CNE que “adopte una resolución que posibilite el inicio de una auditoría informática, por parte de la Contraloría General del Estado”. Hasta el momento, el CNE no ha respondido al pedido de la Contraloría. 

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    Según Celi, el objetivo es analizar el sistema utilizado en las elecciones generales del pasado 7 de febrero. Los resultados de esa auditoría, dice su comunicado, estarían listos en máximo 20 días. El oficio enviado por la Contraloría dice que hace el pedido al CNE “ante varios pedidos ciudadanos” de que se haga un examen especial para garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y la legitimidad del proceso electoral. 

    El 11 de febrero, el candidato a la presidencia por Pachakutik, Yaku Pérez, pidió que la Contraloría haga una auditoría del sistema de escrutinios del CNE. Pérez está en tercer lugar, separado de Guillermo Lasso, de CREO, por 32 mil votos. Según Pérez, hay un intento de fraude en su contra y ha dicho que irá a todas las instancias legales nacionales e internacionales para resolverlo. 

    El documento enviado hoy dice que otro de los objetivos de la auditoría es “dar seguimiento” a las recomendaciones que hizo la Contraloría en un examen especial de agosto de 2020.

    Ese examen se hizo a los procesos y sistemas informáticos usados por el CNE entre el 1 de septiembre de 2018 y el 28 de febrero de 2020. Según el examen del año pasado, la Contraloría analizó los sistemas usados para conformar el registro electoral y depurarlo, para el conteo de votos y resultados, y para la validación de firmas para inscribir, registrar y legalizar las organizaciones políticas. 

    El examen de agosto de 2020 concluyó que en las elecciones de marzo de 2019 hubo varios inconvenientes con el Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados (STPR). Según el examen, el plan de contingencia técnico de la plataforma, las pruebas de carga y de rendimiento estaban incompletas. Además, concluyó que el protocolo de sellado de la base de datos del sistema no cumplió con su objetivo. 

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    El informe de agosto de 2020 dice que “la falta de establecimiento de mecanismos automáticos para el control y la supervisión” para todo el proceso que involucra al sistema provocó que no se garanticen los principios de transparencia y seguridad de las elecciones de 2019. Además, dice que faltaba un plan de contingencia para garantizar el funcionamiento de la plataforma del STIPR. Las pruebas de carga de las actas en el sistema y de transmisión de resultados, según la Contraloría, se hicieron sin considerar escenarios similares a los del día de las elecciones. Por eso, ese día, la ciudadanía no pudo acceder al sitio web para consultar los resultados. 

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    En el examen del año pasado, la Contraloría hizo varias recomendaciones para que el sistema sea manejado de mejor manera. Incluye que se implementen funciones para controlar y validar el conteo de votos automáticamente. El objetivo, dice el documento, es evitar errores e inconsistencias en las elecciones. Además, recomienda tener un plan de gestión de riesgos tecnológicos y hacer pruebas integrales antes de las elecciones para corregir errores de forma oportuna. 

    Otra de las conclusiones del examen de la Contraloría de 2020 es que “no se implementó un sistema informático para la conformación y depuración automática del registro electoral”. La base de datos contiene la lista de personas autorizadas para sufragar. Dice que eso impidió que se incorpore una validación de la información entre varias fuentes de datos para “asegurar la integridad y seguridad de la información de los ciudadanos”. 

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    La Contraloría concluyó en ese examen que hubo “novedades”. Una de esas fue que en el registro electoral de las elecciones seccionales de 2019 estaban habilitadas para votar 1.699 personas que habían fallecido. En esos comicios se escogieron alcaldes, prefectos, concejales y autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El examen concluyó que eso pasó porque no se “aplicaron controles de validación en el proceso de conformación del registro electoral”, lo que habría permitido detectar inconsistencias. 

    El CNE ya no utiliza el STPR. En octubre de 2020, el pleno del Consejo aprobó el uso del Sistema Electoral de Transmisión y Publicación de Actas y Resultados (SETPAR). Las elecciones del pasado 7 de febrero fueron las primeras en las que se utilizó el nuevo software. En estas elecciones también se usó el Sistema Informático de Escrutinio y Resultados (SIER) y el Sistema Integral de Seguimiento Móvil (SISMOV) y el Sistema Informático para Conteo Rápido. 

  • Un juez autorizó que la Fiscalía retenga la base de datos del servidor del CNE

    • base de datos del sistema del CNE

      Fotografía tomada de la página web del CNE.

    Hoy, 20 de febrero de 2021, el juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Antonio Rivera autorizó que la Fiscalía retenga la base de datos que está en el servidor del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según la notificación del pedido enviado por la fiscal general Diana Salazar a Diana Atamaint, presidenta del CNE. El contenido será recolectado mañana 21 de febrero a las 7:30 de la mañana. El pedido se hace horas antes de que el CNE proclame oficialmente los resultados oficiales de las elecciones generales del 7 de febrero de 2021. 

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    En la diligencia estarán peritos de la Sección de Informática del Laboratorio de Criminalística de Pichincha. Salazar pide notificar al jefe del laboratorio, a la presidenta del CNE y al Coordinador Nacional de Tecnologías de la Información del Consejo para que “brinden las facilidades del caso”. La Fiscal General delegó a Mayra Soria, Fiscal de la Unidad de Fuero de la Corte Nacional de la Fiscalía General del Estado, para que se encargue del proceso. 

    Además, el documento enviado por la Fiscal dice que la diligencia “se ceñirá” a la base de datos de las elecciones generales de este año. Según la Fiscalía, se cumplirán las reglas establecidas en el artículo 500 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta parte de la ley dice que se hará la recolección del contenido digital “en el lugar y en tiempo real con técnicas digitales forenses para preservar su integridad”. Además dice que se aplicará una cadena de custodia y se facilitará que su contenido sea valorado y analizado. 

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    Según la notificación, el objetivo de la “pericia informática forense” es preservar la base de datos administrada por el sistema informático electoral con corte a la fecha de la diligencia. Además, esperan identificar a los usuarios que han sido configurados en el sistema, sus perfiles y los permisos asignados. Se generará un reporte “a nivel de base de datos” y otro “a nivel del aplicativo”  —que hace referencia a los permisos de seguridad de una aplicación— de los registros de las actas con inconsistencias de la junta provincial electoral de Guayas. También van a preservar los registros de seguridad —los logs— que tiene el sistema informático y la base de datos.

    El informe de las pericias, dice la comunicación enviada por la Fiscal, deberá ser presentado en un plazo de 10 días. El documento debe entregarse en  la Unidad de Fuero de la Corte Nacional de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Quito, capital de la provincia andina de Pichincha y del país. Además, se debe entregar a la Presidenta del CNE, al Coordinador Nacional de Tecnologías del Consejo y al Jefe de Laboratorio de Criminalística de Pichincha. 

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    No es el único proceso que involucra al sistema informático del CNE. La tarde de hoy la Contraloría pidió al CNE que le permita hacer una auditoría informática antes de la segunda vuelta electoral que debe llevarse a cabo el 11 de abril. Según el pedido, el objetivo es analizar el sistema informático que fue utilizado en las elecciones generales de este año para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica del proceso. 

  • UNES presentó una queja ante el TCE por “intromisiones” de la Fiscalía y la Contraloría en el proceso electoral

    • Arauz presentó queja ante el TCE

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Andrés Arauz.

    La mañana de hoy, 21 de febrero, Andrés Arauz, candidato a la presidencia por la coalición Unión por la Esperanza (UNES), confirmó que presentó “una queja” ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En una rueda de prensa Arauz dijo que había una “grosera violación a la ley” por parte de  la Fiscalía y la Contraloría al solicitar acciones relacionadas al sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según Arauz, esto podría hacer que se retrase la segunda vuelta electoral planificada para el 11 de abril. Después de la rueda de prensa, UNES dijo en su cuenta de Twitter que presentaron  ante el TCE una denuncia en contra de Diana Salazar, Fiscal General de la Nación, y Pablo Celi, Contralor General. 

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    Ayer, pocas horas antes de que se proclamen los resultados oficiales de las elecciones, el contralor Pablo Celi pidió al CNE que permita que se haga una auditoría informática antes de la segunda vuelta. En el oficio enviado ayer, Celi le pidió a los consejeros adoptar “una resolución que posibilite el inicio de una auditoría informática, por parte de la Contraloría General del Estado”. Según el documento, los resultados de la auditoría estarían listos en máximo 20 días. Para la segunda vuelta, faltan 48 días. 

    Horas después del pedido de Celi, la Fiscalía también empezó un proceso. Un juez de la Corte Nacional de Justicia autorizó que la Fiscalía retenga la base de datos del servidor del CNE. El informe del análisis, según la Fiscalía, estaría listo en 10 días. La recolección del contenido estaba planificada para hoy a las 7:30 de la mañana. Sin embargo, anoche el subteniente Jorge Collaguazo, jefe del grupo de informática forense de la Policía Nacional de la zona en la que está Pichincha, pidió que se considere una nueva fecha para la diligencia. Según Collaguazo, así se podrá “reunir el material logístico y talento humano” necesario para hacerla. La Fiscalía todavía no ha confirmado una nueva fecha para la pericia. 

    En la rueda de prensa de hoy, Arauz dijo que en la madrugada, UNES envió  una denuncia por “medios electrónicos” y en la mañana entregaron  el documento físico ante el TCE —la institución encargada de administrar la justicia en materia electoral. El candidato dijo que hacía un llamado al Tribunal para que “actúe de forma expedita” y aplique las sanciones de ley relacionadas con el caso. El candidato  dijo que “es indispensable” que la segunda vuelta se lleve a cabo en la fecha asignada en el cronograma electoral. 

    Arauz dijo hoy que no permitirá que “ninguna otra función que quiera entrometerse en el proceso interrumpa la dinámica del proceso electoral”. Añadió que hay una única autoridad electoral como lo dice el artículo 16 del Código de la Democracia. Esta parte de la ley dice que “ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente” en el desarrollo de los procesos electorales y en el funcionamiento de los órganos electorales. 

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    Por eso Arauz dijo que rechazaba “con absoluta contundencia la interferencia y la grosera intromisión de otras instituciones del Estado en la función Electoral”. Dijo que rechazaba “las intenciones ocultas” del gobierno actual para prolongarse en el país. Según el candidato, el gobierno de Lenín Moreno quiere seguir en el poder con “groserías, triquiñuelas y manifestaciones en la justicia electoral”. No se debe permitir, dijo Arauz, que Moreno siga en el poder un día más del que debe. 

    En la rueda de prensa de hoy, Arauz dijo que no era necesario que la Fiscalía extraiga el material de la base de datos del CNE. Argumentó que el Consejo compartió en varias plataformas el detalle de los resultados en tiempo real. Además, dijo que UNES abrió esa información para que todo el país pudiera  evaluar el proceso de conteo y reconteo. Dijo que el pedido de la Fiscalía y otras acciones eran “tácticas dilatorias” para impedir la realización de la segunda vuelta. 

    Anoche el expresidente Rafael Correa —que lidera la coalición  UNES y apoya la candidatura de Arauz— dijo en su cuenta de Twitter que “Ecuador sufre nuevamente golpe de Estado”. Argumentó lo mismo que Arauz en la rueda de prensa y dijo que la Fiscalía intenta llevarse las computadoras del CNE para impedir la segunda vuelta. Añadió que la presidenta del CNE, Diana Atamaint, denunció que le quitaron custodia policial al Consejo. 

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    Sin embargo, hoy en la mañana la Policía Nacional confirmó en su cuenta de Twitter que continúa el resguardo policial en los exteriores del CNE en Quito y Guayaquil. El tuit dice que aclara la información “ante publicaciones FALSAS” sin referencia directa a cuáles. El artículo 16 del Código de la Democracia también dice que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que estén asignados a la seguridad del proceso electoral solo pueden actuar para cumplir las órdenes de los directivos del CNE. 

  • La Fiscalía dice que la retención de la base de datos del CNE no interferirá con el proceso electoral

    • investigación de fraude no interferirá con las elecciones

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

    La Fiscalía dijo que las diligencias de la investigación por presunto fraude electoral no interferirán “de manera alguna” con el proceso electoral. En un comunicado publicado hoy, 21 de febrero, en su cuenta de Twitter, la Fiscalía aclaró que la Corte Nacional autorizó el registro y la retención de la información de la base de datos del servidor del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero no la incautación. Es decir, no tomará posesión legal de la base de datos. Por eso, dice la Fiscalía, no afectará a la segunda vuelta. 

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    Las diligencias solicitadas a la Corte Nacional son parte de una investigación previa por presunto fraude electoral, según la Fiscalía. El comunicado dice que el 12 de febrero pasado, Luis Bruno Segovia y otros representantes del movimiento Pachakutik presentaron una denuncia por el delito de fraude, establecido en el artículo 334 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Según la ley, la persona que altere los resultados de un proceso electoral será sancionada con cárcel de 5 a 7 años. Si el responsable es un servidor público, el COIP dice que  quedará inhabilitado para ejercer un cargo en el Estado por el doble de tiempo de su condena. 

    El 18 de febrero la Fiscalía empezó la investigación previa de este caso. En ese contexto pidió a la Corte Nacional que autorice las pericias de la información del sistema del CNE, como los registros de seguridad de quienes ingresaron al sistema. Ayer, el juez Luis Rivera autorizó que la Fiscalía retenga la base de datos que está en el servidor del Consejo. 

    La Fiscalía dijo ayer que con la pericia informática forense esperan identificar los usuarios configurados en el sistema, sus perfiles y los permisos que le fueron asignados. Dijo que se harán dos reportes de los registros de las actas con inconsistencias en la provincia costera de Guayas: uno a nivel de la base de datos y otro de los permisos de seguridad de la aplicación. Según la Fiscalía, presentará un informe en máximo 10 días sobre el análisis de la información.

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    La Contraloría también espera investigar el sistema del CNE. Ayer el contralor Pablo Celi le pidió al CNE que permita que se haga una auditoría informática antes de la segunda vuelta, que está programada para el 11 de abril. El objetivo de la auditoría, según Celi, es analizar el sistema utilizado en las elecciones generales del pasado 7 de febrero. El pedido dice que los resultados estarían listos en máximo 20 días.

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    La coalición Unión por la Esperanza (UNES) anunció hoy que presentó una demanda —contra la fiscal Diana Salazar y el contralor Pablo Celi— ante el Tribunal Contencioso Electoral por “intromisiones” en el proceso electoral. Según Andrés Arauz, candidato a la presidencia por UNES, hay una “grosera violación a la ley” por parte de la Fiscalía y la Contraloría al solicitar acciones relacionadas al sistema del CNE. Arauz argumenta que se está infringiendo el artículo 16 del Código de la Democracia que dice que “ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente” en el desarrollo de los procesos electorales. 

    El comunicado de la Fiscalía dice que la institución actuó con base en sus “atribuciones constitucionales y legales”. El abogado constitucionalista Ismael Quintana explica  que la interpretación del artículo 16 del Código de la Democracia que hace Arauz es incorrecta  y que va en contra de lo establecido en la Constitución. El artículo 233 de la Constitución dice que ningún servidor público está exento de las responsabilidades civiles, penales y administrativas de sus acciones mientras ejercía sus funciones. Es decir que, en el periodo electoral, dice Quintana, ni la Fiscalía ni la Contraloría ni ningún otro órgano pierde sus atribuciones, incluso aquellas relacionadas al proceso electoral. 

    Quintana añade que la Fiscalía tiene la obligación de atender la denuncia  como cualquier otra según el artículo 195 de la Constitución, que establece sus deberes como institución. Lo mismo, dice Quintana, debe hacer la Contraloría: cumplir con sus responsabilidades establecidas en la ley. Las instituciones, dice el abogado, deben cumplir con su deber estemos o no en elecciones. 

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    La Fiscalía dijo también en el comunicado que “todas las diligencias preprocesales” que se han hecho en esta investigación han sido coordinadas con Diana Atamaint, presidenta del CNE. 

    Originalmente la pericia iba a realizarse hoy a las 7:30 de la mañana, pero la Policía Nacional pidió que se considere una nueva fecha para poder reunir el material logístico y el talento humano para hacerlo. La Fiscalía todavía no ha confirmado una nueva fecha para el registro y la retención de la base de datos del CNE. 

  • El PSC advierte con enjuiciar políticamente a la Fiscal General y al Contralor

    • PSC rechazó las investigaciones

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del PSC.

    En un comunicado publicado hoy, 23 de febrero el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento Madera de Guerrero de Guayaquil dijeron hay una “ilegal injerencia de órganos externos al proceso electoral”. El PSC dice que les preocupa la manera “indebida e ilegal injerencia de otras autoridades” como la Fiscalía y la Contraloría General del Estado. El 20 de febrero las dos instituciones anunciaron investigaciones al sistema informático del Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de la segunda vuelta electoral. 

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    El PSC dice que exhorta “a una convergencia a favor de garantizar la voluntad de los ecuatorianos en las urnas”. Dice que el objetivo del comunicado de es “dejar clara” su posición al país. Además, afirman que si se insiste en “afectar la institucionalidad democrática o el normal desarrollo de las elecciones”, las autoridades de la Fiscalía y la Contraloría estarían incumpliendo sus funciones. Si eso sucede, dice el comunicado, empezarían “de inmediato” una solicitud de juicio político. 

    Horas antes de que el CNE proclame los resultados oficiales, el 20 de febrero, el contralor Pablo Celi envió una carta a los consejeros del CNE pidiendo que permitan que se haga una auditoría informática antes de la segunda vuelta del 11 de abril. En la carta, Celi dice que el objetivo es analizar el sistema utilizado en las elecciones generales del pasado 7 de febrero. Se hace el requerimiento al CNE, dice el documento, “ante varios pedidos ciudadanos” de que se haga un examen especial para garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y la legitimidad del proceso electoral. 

    El 11 de febrero, Yaku Pérez, candidato a la presidencia por el movimiento Pachakutik, pidió que la Contraloría audite el sistema de escrutinios del CNE. El 20 de febrero pasado se confirmó que Pérez quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales. Según Pérez, hay un intento de fraude en su contra. El candidato de Pachakutik dijo que tomará medidas legales y está participando en una manifestación convocada por organizaciones indígenas. 

    Ese mismo día, un juez de la Corte Nacional de Justicia autorizó que la Fiscalía retenga la base de datos del servidor del CNE. Esta diligencia, según la Fiscalía, es parte de una investigación por presunto fraude electoral. La institución aclaró que el juez autorizó el registro y retención de la información de la base de datos, pero no su incautación. Por eso, según la Fiscalía, no afectará la segunda vuelta electoral. La pericia todavía no se ha llevado a cabo. 

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    El PSC y Madera de Guerrero, que apoyan la candidatura de Guillermo Lasso, citan en el comunicado artículos del Código de la Democracia como el 16 que dice que “ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente” en el desarrollo de los procesos electorales. En el comunicado mencionan también el artículo 279 que señala la intervención como una “infracción muy grave” que son sancionadas con una multa entre 21 y 70 salarios básicos unificados. Es decir, entre 8.400 y 28 mil dólares en 2021. 

    Sin embargo, el abogado constitucionalista Ismael Quintana dice que la Fiscalía y la Contraloría están actuando según sus funciones y responsabilidades constitucionales. Quintana cita el artículo 233 de la Constitución que dice que ningún servidor público estará exento de las responsabilidades civiles, penales y administrativas de sus funciones. Es decir, dice Quintana, que incluso en el periodo electoral la Fiscalía y la Contraloría pierde sus funciones para hacer cumplir lo que dice la Constitución. Las instituciones, dice Quintana, deben cumplir con su deber estemos o no en elecciones. 

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    El PSC no es el único partido que ha protestado las acciones de la Fiscalía y la Contraloría. El 21 de febrero pasado, Andrés Arauz, candidato a la presidencia por la coalición Unión por la Esperanza (UNES), anunció que su partido presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El motivo, dijo Arauz, era la “grosera violación a la ley” por parte de la Fiscalía y la Contraloría al solicitar acciones relacionadas al sistema del CNE. Según Arauz, las dos instituciones quieren impedir que se haga la segunda vuelta electoral. Sin embargo, la Contraloría dijo que presentaría los resultados del examen en 20 días y la Fiscalía en 10. Para la segunda vuelta faltan 47 días. 

  • El TCE rechazó la denuncia de la Alianza UNES en contra de la Fiscalía General

    • rechazó queja de UNES

      Fotografía tomada del sitio web de Andrés Arauz.

    El juez Ángel Torres del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) archivó la queja presentada por la alianza Unión por la Esperanza (UNES) contra la Fiscalía General del Estado. Según el movimiento correista, la Fiscalía se habría entrometido en el proceso electoral al solicitar que se retuviera la base de datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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    El documento del TCE dice que el juez Torres decidió archivar la causa y no tramitarla porque no cumple con los “requisitos de procedibilidad”. En el auto de archivo, se explica que el juez solicitó pruebas que justificaran la supuesta intromisión que se argumentó en la denuncia. Sin embargo, UNES no las presentó porque son parte de una investigación de la Fiscalía, y por lo tanto los documentos son confidenciales y no pueden hacerse públicos. 

    La mañana del 21 de febrero, Andrés Arauz, candidato presidencial por la alianza Unión por la Esperanza (UNES), anunció que presentó “una queja” ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Una acción de queja es, según el Código de la Democracia, un recurso contencioso electoral que se puede interponer en varias instancias cuando se comete una infracción electoral.

    Arauz dijo que había una “grosera violación a la ley” por parte de  la Fiscalía al pedir acciones sobre el sistema informático del CNE. Según Arauz, la intervención del sistema causaría retrasos en la segunda vuelta que está planificada para el domingo 11 de abril de 2021. Sin embargo, la Fiscalía aseguró que sus acciones no interferirían con el proceso electoral. 

    El día anterior, el 20 de febrero, la Fiscal General Diana Salazar pidió que se retuviera la base de datos del servidor del Consejo Nacional Electoral. El pedido fue aceptado por el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Antonio Rivera. La Fiscalía envió la solicitud para retener la base después de que organizaciones del movimiento indígena presentaran una denuncia en la Fiscalía por supuestas irregularidades en el sistema informático del CNE que perjudicarían  al candidato presidencial por Pachakutik Yaku Pérez. 

    La queja interpuesta por la UNES, decía que la Fiscal Salazar y el juez Rivera habían incumplido el artículo 16 del Código de la Democracia. El artículo dice que “ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir en el desarrollo de los procesos electorales”.  Según la sentencia del juez Ángel Torres, UNES no pudo probar que Salazar o Rivera habrían incurrido en esta infracción. 

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    El día que se anunció que la UNES había presentado la denuncia, Andrés Arauz dijo que rechazaba la intromisión. Además aseguró que todo era parte de “las intenciones ocultas” del gobierno del presidente Lenín Moreno para quedarse por más tiempo al frente del país. Hasta ahora, Arauz no se ha pronunciado sobre la decisión del juez del TCE de archivar la denuncia.

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