En un comunicado publicado hoy, 23 de febrero el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento Madera de Guerrero de Guayaquil dijeron hay una “ilegal injerencia de órganos externos al proceso electoral”. El PSC dice que les preocupa la manera “indebida e ilegal injerencia de otras autoridades” como la Fiscalía y la Contraloría General del Estado. El 20 de febrero las dos instituciones anunciaron investigaciones al sistema informático del Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de la segunda vuelta electoral.
El PSC dice que exhorta “a una convergencia a favor de garantizar la voluntad de los ecuatorianos en las urnas”. Dice que el objetivo del comunicado de es “dejar clara” su posición al país. Además, afirman que si se insiste en “afectar la institucionalidad democrática o el normal desarrollo de las elecciones”, las autoridades de la Fiscalía y la Contraloría estarían incumpliendo sus funciones. Si eso sucede, dice el comunicado, empezarían “de inmediato” una solicitud de juicio político.
DEBES SABER:
→ La Contraloría pide al CNE que le permita hacer una auditoría informática antes de la segunda vuelta
→ Un juez autorizó que la Fiscalía retenga la base de datos del servidor del CNE
→ El TCE rechazó la denuncia de la Alianza UNES en contra de la Fiscalía General
Horas antes de que el CNE proclame los resultados oficiales, el 20 de febrero, el contralor Pablo Celi envió una carta a los consejeros del CNE pidiendo que permitan que se haga una auditoría informática antes de la segunda vuelta del 11 de abril. En la carta, Celi dice que el objetivo es analizar el sistema utilizado en las elecciones generales del pasado 7 de febrero. Se hace el requerimiento al CNE, dice el documento, “ante varios pedidos ciudadanos” de que se haga un examen especial para garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y la legitimidad del proceso electoral.
El 11 de febrero, Yaku Pérez, candidato a la presidencia por el movimiento Pachakutik, pidió que la Contraloría audite el sistema de escrutinios del CNE. El 20 de febrero pasado se confirmó que Pérez quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales. Según Pérez, hay un intento de fraude en su contra. El candidato de Pachakutik dijo que tomará medidas legales y está participando en una manifestación convocada por organizaciones indígenas.
Ese mismo día, un juez de la Corte Nacional de Justicia autorizó que la Fiscalía retenga la base de datos del servidor del CNE. Esta diligencia, según la Fiscalía, es parte de una investigación por presunto fraude electoral. La institución aclaró que el juez autorizó el registro y retención de la información de la base de datos, pero no su incautación. Por eso, según la Fiscalía, no afectará la segunda vuelta electoral. La pericia todavía no se ha llevado a cabo.
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El PSC y Madera de Guerrero, que apoyan la candidatura de Guillermo Lasso, citan en el comunicado artículos del Código de la Democracia como el 16 que dice que “ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente” en el desarrollo de los procesos electorales. En el comunicado mencionan también el artículo 279 que señala la intervención como una “infracción muy grave” que son sancionadas con una multa entre 21 y 70 salarios básicos unificados. Es decir, entre 8.400 y 28 mil dólares en 2021.
Sin embargo, el abogado constitucionalista Ismael Quintana dice que la Fiscalía y la Contraloría están actuando según sus funciones y responsabilidades constitucionales. Quintana cita el artículo 233 de la Constitución que dice que ningún servidor público estará exento de las responsabilidades civiles, penales y administrativas de sus funciones. Es decir, dice Quintana, que incluso en el periodo electoral la Fiscalía y la Contraloría pierde sus funciones para hacer cumplir lo que dice la Constitución. Las instituciones, dice Quintana, deben cumplir con su deber estemos o no en elecciones.
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El PSC no es el único partido que ha protestado las acciones de la Fiscalía y la Contraloría. El 21 de febrero pasado, Andrés Arauz, candidato a la presidencia por la coalición Unión por la Esperanza (UNES), anunció que su partido presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El motivo, dijo Arauz, era la “grosera violación a la ley” por parte de la Fiscalía y la Contraloría al solicitar acciones relacionadas al sistema del CNE. Según Arauz, las dos instituciones quieren impedir que se haga la segunda vuelta electoral. Sin embargo, la Contraloría dijo que presentaría los resultados del examen en 20 días y la Fiscalía en 10. Para la segunda vuelta faltan 47 días.
