La Fiscalía dijo que las diligencias de la investigación por presunto fraude electoral no interferirán “de manera alguna” con el proceso electoral. En un comunicado publicado hoy, 21 de febrero, en su cuenta de Twitter, la Fiscalía aclaró que la Corte Nacional autorizó el registro y la retención de la información de la base de datos del servidor del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero no la incautación. Es decir, no tomará posesión legal de la base de datos. Por eso, dice la Fiscalía, no afectará a la segunda vuelta. 

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Las diligencias solicitadas a la Corte Nacional son parte de una investigación previa por presunto fraude electoral, según la Fiscalía. El comunicado dice que el 12 de febrero pasado, Luis Bruno Segovia y otros representantes del movimiento Pachakutik presentaron una denuncia por el delito de fraude, establecido en el artículo 334 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Según la ley, la persona que altere los resultados de un proceso electoral será sancionada con cárcel de 5 a 7 años. Si el responsable es un servidor público, el COIP dice que  quedará inhabilitado para ejercer un cargo en el Estado por el doble de tiempo de su condena. 


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La Contraloría pide al CNE que le permita hacer una auditoría informática antes de la segunda vuelta

Un juez autorizó que la Fiscalía retenga la base de datos del servidor del CNE

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El 18 de febrero la Fiscalía empezó la investigación previa de este caso. En ese contexto pidió a la Corte Nacional que autorice las pericias de la información del sistema del CNE, como los registros de seguridad de quienes ingresaron al sistema. Ayer, el juez Luis Rivera autorizó que la Fiscalía retenga la base de datos que está en el servidor del Consejo. 

La Fiscalía dijo ayer que con la pericia informática forense esperan identificar los usuarios configurados en el sistema, sus perfiles y los permisos que le fueron asignados. Dijo que se harán dos reportes de los registros de las actas con inconsistencias en la provincia costera de Guayas: uno a nivel de la base de datos y otro de los permisos de seguridad de la aplicación. Según la Fiscalía, presentará un informe en máximo 10 días sobre el análisis de la información.

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La Contraloría también espera investigar el sistema del CNE. Ayer el contralor Pablo Celi le pidió al CNE que permita que se haga una auditoría informática antes de la segunda vuelta, que está programada para el 11 de abril. El objetivo de la auditoría, según Celi, es analizar el sistema utilizado en las elecciones generales del pasado 7 de febrero. El pedido dice que los resultados estarían listos en máximo 20 días.

La coalición Unión por la Esperanza (UNES) anunció hoy que presentó una demanda —contra la fiscal Diana Salazar y el contralor Pablo Celi— ante el Tribunal Contencioso Electoral por “intromisiones” en el proceso electoral. Según Andrés Arauz, candidato a la presidencia por UNES, hay una “grosera violación a la ley” por parte de la Fiscalía y la Contraloría al solicitar acciones relacionadas al sistema del CNE. Arauz argumenta que se está infringiendo el artículo 16 del Código de la Democracia que dice que “ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente” en el desarrollo de los procesos electorales. 

El comunicado de la Fiscalía dice que la institución actuó con base en sus “atribuciones constitucionales y legales”. El abogado constitucionalista Ismael Quintana explica  que la interpretación del artículo 16 del Código de la Democracia que hace Arauz es incorrecta  y que va en contra de lo establecido en la Constitución. El artículo 233 de la Constitución dice que ningún servidor público está exento de las responsabilidades civiles, penales y administrativas de sus acciones mientras ejercía sus funciones. Es decir que, en el periodo electoral, dice Quintana, ni la Fiscalía ni la Contraloría ni ningún otro órgano pierde sus atribuciones, incluso aquellas relacionadas al proceso electoral. 

Quintana añade que la Fiscalía tiene la obligación de atender la denuncia  como cualquier otra según el artículo 195 de la Constitución, que establece sus deberes como institución. Lo mismo, dice Quintana, debe hacer la Contraloría: cumplir con sus responsabilidades establecidas en la ley. Las instituciones, dice el abogado, deben cumplir con su deber estemos o no en elecciones. 

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La Fiscalía dijo también en el comunicado que “todas las diligencias preprocesales” que se han hecho en esta investigación han sido coordinadas con Diana Atamaint, presidenta del CNE. 

Originalmente la pericia iba a realizarse hoy a las 7:30 de la mañana, pero la Policía Nacional pidió que se considere una nueva fecha para poder reunir el material logístico y el talento humano para hacerlo. La Fiscalía todavía no ha confirmado una nueva fecha para el registro y la retención de la base de datos del CNE. 

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