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En el Ecuador se cometen al menos 2 delitos sexuales contra menores cada día

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La estadística es silenciosa y triste. Nadie habla de ella, ni organizó una marcha, a pesar de que cada vez son más los casos que se conocen sobre crímenes sexuales contra niños y adolescentes. Los ejemplos más recientes y masivos sucedieron en la academia AAMPETRA y en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Mushuk Pakari, ambos en Quito, y en el colegio réplica Aguirre Abad de Guayaquil. En la primera, 41 niños sufrieron violencia sexual; en el segundo, la cifra de víctimas llegó a cien. Y a pesar de estos números, aún hay una especie de acuerdo tácito de que estos son casos casos excepcionales, cuando la realidad es que el Ecuador, la violencia contra niños, niñas y adolescentes es algo cotidiano.

Las cifras disponibles provienen de la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. La primera es la encargada de receptar las denuncias, y el segundo es el órgano administrativo de la Función Judicial. Las denuncias no siempre se convierten en casos judiciales. Por eso el número que recibe la fiscalía no es, necesariamente, el mismo que el de casos en el Consejo de la Judicatura.

Además, como en varios países de América Latina, muchos delitos no se denuncian y, por tanto, no se registran. Según el laboratorio de políticas públicas Ethos de México, en el Ecuador de cada diez delitos apenas se denuncian dos. El país empata en un triste tercer lugar con Brasil, apenas superados por México y El Salvador. Si bien las autoridades judiciales locales niegan que la cantidad sea tan alta, lo cierto es que el número de niños, niñas y adolescentes víctimas de alguna forma violencia sexual podrían ser muchas más que las que aquí se anotan.

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Entre 2014 y 2017, hubo 1247 casos de abuso sexual. Mil doscientos cuarenta y siete. Sin contar los cien niños del colegio réplica Aguirre Abad. El abuso sexual, según la legislación ecuatoriana es forzar un acto de “naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal”. Según la abogada especializada en temas de género Carolina Baca, el acceso carnal es cualquier forma de contacto que no incluya la penetración por vía vaginal, oral o anal. “Puede ser tocar, besar, pero no llegar a la penetración”. Según Baca, las denuncias de abuso podrían no reflejar el número real de casos porque la gran mayoría de las veces sucede en los círculos más cercanos de las víctimas: la casa y la escuela.

“Hay una relación de poder muy desigual entre la víctima y la figura de autoridad que abusa de ella. Muchas veces, ni siquiera saben que están siendo abusados. Se sabe, por estudios recientes, que la mayoría de las víctimas no denuncia”, explica. Además, Baca dice que en el Ecuador hay una carencia de profesionales que permitan probar el abuso. “En los casos de violación la prueba viene de una evidencia física: una niña con una desfloración, una lesión, pero en el caso del abuso eso no existe”, dice Baca. En su libro De la oscuridad hacia la luz, la psicóloga especializada en niñez Mónica Jurado explica dice que cuando el abuso se vuelve parte de la vida cotidiana, “lo que prevalece es el terror, que es lo que inmoviliza al sujeto: el niño teme que algo espantoso sobrevenga, pero desconoce cómo protegerse y resguardarse de ese peligro”. Los niños, niñas y adolescentes abusados viven en un reino de terror.

El país está en deuda con ellos, dice Baca. Explica que no hay especialistas, por ejemplo, para casos en que la víctima sea menor de 3 años: “Es gente que se especializa en entender el lenguaje de los niños de esa edad. Tampoco tenemos quienes hagan análisis de contexto de los casos”.  Los análisis de contexto son peritajes que toman en cuenta el contexto socioeconómico, pero Baca dice que deberían agregarse el enfoque de género. “Permite ver en el caso las relaciones de la víctima, las relaciones de poder entre el agresor, la víctima y otros familires”. Dice que la violencia sexual no es aislada, y estos análisis permiten identificar la situación de la víctima ants del hecho violento, por ejemplo, si fue manipulada, o agredida de otra manera.

Por eso, dice, las campañas de educación con enfoque de género son necesarias. “Entendido que el enfoque de género no significa enfoque de mujeres o para mujeres”, explica y dice que el enfoque de género permite entender “las formas de relacionamiento, el ejercicio violento de la masculinidad y la agresión que sufre la víctima, sea niña o niño. Te permite tener un enfoque diferencial, y ver que no solo es la violencia sexual, sino un ejercicio de poder”. Querer que los niños estén informados, de forma responsable y clara, sobre sexualidad, es cuidarlos. Lo contrario —el silencio, el tabú, la ignorancia— es abrir la puerta para que cualquiera se meta con ellos.  

Los efectos en los niños son profundos, aunque —según Unicef— muchas veces asintomáticos. “Muchos muestran síntomas que no son específicos ni exclusivos del abuso sino que se asemejan a otros tipos de trauma, como por ejemplo el maltrato físico y emocional, haber sido testigos de violencia o haber vivido catástrofes. Las manifestaciones adquieren diferentes expresiones súbitas o solapadas”, dice un reporte de 2016. Entre esos efectos están el incremento de pesadillas y problemas para dormir, conducta retraída, estallidos de angustia, ansiedad, depresión, rechazo a quedarse solos con una persona en particular, conocimiento inapropiado para la edad acerca de la sexualidad, que se manifiesta mediante conductas y lenguaje sexualizados. Los menores de tres años pueden presentar lesiones genitales y reacciones inespecíficas que, en un principio, parecen inexplicables: irritabilidad, rechazos, regresiones, llanto, trastornos del sueño y el apetito. “En cualquiera de estos casos, no debería descartarse la sospecha antes de una cuidadosa evaluación por parte de profesionales especializados” dice el informe.

Mónica Jurado explica en su libro que las consecuencias del traumatismo del abuso sexual se conocen como ‘procesos de desmantelamiento psíquico’. Provocan apatía, falta de deseo de vivir, un vacío en la búsqueda de supervivencia, de intercambio y de relación consigo mismo y con el entorno “por lo tanto, se caracteriza por sujetos que se abandonan y que pierden toda su capacidad de auto-conservación” —escribe Jurado— “En ellos está presente la sensación de desamparo”.

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Nadie marchó, ni se indignó, ni pidió rasgándose las vestiduras que nadie se metiera con los 845 menores violados en los últimos tres años y medio. 79 en 2014, 312 en 2015, 305 en 2016 y 179 en nueve meses de 2017. En esos mismos tres años, hubo 66 casos de acoso sexual a menores. El acoso ha sido otra de las formas de violencia de mayor impunidad, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. El reciente caso del productor de cine Harvey Weinstein lo demuestra: son decenas de mujeres las que el ejecutivo hollywoodense chantajeó sexualmente bajo la oferta —u amenaza— de cambiar su carrera. Muchas no lo denunciaron: Weinstein tenía demasiado poder sobre sus vidas como para que ellas no se callasen. La relación desigual entre las partes hace que la víctima calle. Y esas eran, todas, mujeres adultas, algunas con carreras consolidadas.

En el caso de niños, niñas y adolescentes el balance de poder es aún más desigual. Puede ser una el profesor de colegio, el médico que las atiende, el patrón de la casa en que trabaja, o un familiar. Según Unicef, sólo una minoría de los casos se conoce y se denuncia. “La gran mayoría de los niños suelen callar por temor a represalias y por culpa o vergüenza” dice un informe de la organización de 2016.

Casi todos los demás delitos de naturaleza sexual se cuentan entre 2014 y 2017 por decenas —y en algunos casos, por centenas. Comercialización de pornografía infantil, 22. Contacto por medios electrónicos para fines sexuales con menores, 54. Corrupción de niñas, niños y adolescentes, 84. Distribución de pornografía a menores, 10. Estupro, 325. Explotación sexual, 22. Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos, 3. Pornografía infantil, 52. Trata de personas, 44. Exhibición de pública de menores con fines sexuales, 4. Son cerca de tres mil, en total. De ese total, el 90% serán niñas y adolescentes. En el mundo, la media es apenas inferior: según datos de las Naciones Unidas, ocho de cada diez menores agredidos sexualmente son niñas y adolescentes.

Las que más los padecen son las niñas. Por ejemplo, según el Ministerio de Educación entre 2015 y septiembre de 2017 hubo 405 denuncias de violación “en el contexto educativo”. 349 víctimas son niñas. Es decir, 9 de cada 10 casos. Las denuncias de abuso sexual en ese mismo ámbito fueron 566. Carolina Baca dice que el proceso de selección de los maestros debe mejorar, y las cifras respaldan su pedido: desde 2015, 185 docentes han sido sancionados administrativamente. Otra vez: nueve de cada diez. Es difícil creer que alguien en el Ecuador piensa en los niños.

Los relatos en los casos AAMPETRA y colegio réplica Aguirre Abad son espeluznantes. “En el caso AAMPETRA, el abusador introducía marcadores en las vaginas de las niñas”, dice Carolina Baca. La doctora Virginia Gómez de la Torre, coautora del estudio Vidas robadas, dice que estos casos masivos podrían mostrar un problema aún mayor: la existencia de una red de pornografía infantil: “En el colegio réplica, los abusadores amarraron a los niños a un árbol y les orinaron encima. Esos son pedidos de catálogo de los pederastas internacionales”. Si no fuera por las madres que tuvieron la valentía de denunciar, las cosas seguían sucediendo. La exrectora del plantel aceptó que no denunció lo que sucedía. “Son las madres las que le ponen el cascabel al gato”, dice Gómez de la Torre. Son las madres las que nos están alertando de que esto es algo más frecuente de lo que muchos suponen: entre 2010 y 2014, hubo un promedio de 114 casos de abuso en escuelas y colegios.

La realidad en el Ecuador es sombría. Son trece delitos de los cuales estos casi tres mil niños, niñas y adolescentes han sido víctimas. Si se cuenta a aquellos que fueron víctimas indirectas porque presenciaron, vieron los efectos o sufrieron las secuelas de la violencia intrafamiliar, la cifra asciende meteórica y escalofriantemente: el Consejo de la Judicatura registra cerca de 125 mil casos entre 2014 y lo que va de 2017. Hay casi tantos casos como gente en la ciudad de Ibarra. Si es cierto que en el Ecuador solo se denuncian 2 de cada 10 delitos, el verdadero total podría pasar de seiscientas mil: el 10% de todas las niñas, niños y adolescentes que hay en el Ecuador. En estos números no se cuentan los más de dos mil embarazos de menores de 14 años, que —explica Virginia Gómez de la Torre— en su mayoría son producto de violencias sexuales. “Hay gente que dice ‘esas chicas también tienen noviecitos que son sus pares’, pero esos casos son los menos”.

Por todas estas víctimas nadie salió a las calles, ni dijo que un proyecto ley los amenazaba. Para muchos, el Ecuador es un santuario de la familia tradicional, donde los niños son protegidos por los valores y principios que la supuesta ideología de género pretende destruir. Pero los datos, los cada vez más públicos casos de violencia, demuestran que en el país las cosas ya están muy mal para los niños, niñas y adolescentes. Y no se han aprobado leyes, ni se autorizado el matrimonio entre personas del mismo género, ni se ha promovido la educación sexual inclusiva y directa. Todos estos delitos sucedieron en el Ecuador que no escoge con la misma vehemencia las razones para marchar.

Ilustración de Paula de la Cruz.

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¿De dónde vienen las preguntas de la consulta popular?

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La consulta popular  acerca a Lenín Moreno al ideal de presidente que intenta proyectar: un hombre que escucha sin irritarse al que piensa diferente; que prefiere acudir al pueblo para tomar decisiones que, legalmente, puede asumirlas por cuenta propia; un hombre que no se parece en nada —o que intenta no parecerse— a su antecesor.

Y en ese empeño, la selección de las preguntas tiene gran importancia. Este es el origen de los temas con los que Lenín Moreno se juega su primera batalla electoral desde que asumió la Presidencia del Ecuador en  mayo de 2017. Técnicamente, las cinco primeras preguntas son de un referendo para reformar la Constitución. El mecanismo utilizado por el presidente Moreno es el de reforma constitucional, y le ha solicitado a la Corte Constitucional que califique la constitucionalidad de las preguntas. Las dos restantes son preguntas de consulta popular pues no son directamente cambios en la Constitución, sino cuestiones de interés de la ciudadanía.

Pregunta 1: Corrupción

¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?

La corrupción (o su combate) es la madre de esta pregunta. Después de las revelaciones de grandes casos de corrupción, varios sectores de la sociedad civil le han pedido al presidente Moreno que se tomen medidas drásticas contra quienes participaron en estos actos. Con la revelación de la trama Odebrecht, la Justicia estadounidense y la brasileña pusieron en jaque a varios políticos latinoamericanos. En Ecuador, los primeros nombres aparecieron en plena campaña electoral. El saldo hasta ahora deja un vicepresidente en prisión preventiva, un excontralor prófugo y otros 15 funcionarios de alto rango investigados por asociación ilícita para delinquir.

No es que la corrupción haya llegado a Latinoamérica de la mano de Odebrecht, pero la cantidad de dinero que se movió y el número de funcionarios de alto rango salpicados provocó un sacudón en la región.

Otra trama internacional, revelada por Papeles de Panamá, desembocó en el caso PetroEcuador.  Las investigaciones giraron en torno a Carlos Pareja Yanuzzelli, exministro de Hidrocarburos y exgerente de la empresa estatal petrolera durante el gobierno de Rafael Correa. La Fiscalía abrió varios procesos más por delitos como peculado, cohecho y asociación ilícita, que involucran a al menos 30 personas, entre exfuncionarios y empresarios.

A pesar de ese contexto, la lucha contra la corrupción no fue una de las ofertas recurrentes en la última campaña electoral. Sin embargo, ya en el poder, el presidente Lenín Moreno anunció “una cirugía mayor”, mientras la nueva Asamblea empezó a pensar en la muerte civil, es decir, que las personas condenadas por corrupción pierdan sus derechos civiles, el principal objetivo es que queden inhabilitados de volver a ejercer un cargo en la administración pública.

Por separado, Alianza País, Pachakutik y la Izquierda Democrática plantearon reformas para que las personas condenadas por corrupción queden inhabilitadas para participar en política. Ese también fue uno de los cuatro pedidos que la Comisión Nacional Anticorrupción envió al Presidente, además del cese de funciones de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que las enmiendas aprobadas por la anterior Asamblea Nacional queden sin efecto y la conformación de una comisión ciudadana para preparar el régimen de transición para el funcionamiento de las instituciones cuyos miembros cesan en funciones en esta consulta popular.

Pregunta 2: Reelección indefinida

¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el Anexo 2?

Tal vez la pregunta más polémica de todas. Rafael Correa estuvo diez años en el poder, pero a Alianza País no le alcanzó el tiempo para formar a su sucesor. Por eso, cuando se hablaba del fin de su presidencia y de su sucesión, la respuesta que parecía más segura era que Rafael Correa debía ser sucedido por Rafael Correa. Sin embargo, la Constitución de 2008 se lo impedía. En junio de 2014, cuando llevaba un año de su tercer mandato, el oficialismo presentó una propuesta para instaurar la reelección indefinida, que fue parte de un paquete de 17 proyectos para enmendar la Constitución, aprobada seis años antes y que permitía la reelección por una sola vez para un mismo cargo.

En ese entonces  la discusión giraba en torno a si los cambios planteados por Alianza País  en realidad eran enmiendas o reformas, y el trámite que debía seguirse.  El primer camino se aplica cuando los cambios son superficiales y no afectan ni a los derechos de las personas ni a la esencia del Estado. El segundo se aplica cuando el cambio altera la estructura y los elementos que constituyen el Estado. Y ese fue el argumento de quienes pedían que esta decisión se tome vía consulta popular.

El riesgo de llamar a un referéndum era alto. La popularidad de Correa había empezado a tambalear y el 2015 no fue su mejor año —alcanzó un 58% de aceptación—. Según una encuesta de CEDATOS, un 80% de los ecuatorianos quería que la reelección indefinida se resuelva por referéndum.

El rechazo a esta intención, liderado por la oposición, se sintió en las calles. Fueron varias semanas de protestas, hasta que el 3 de diciembre del 2015, la Asamblea Nacional aprobó las enmiendas. Pero la presión social provocó que se incluyera una disposición transitoria para que la reelección indefinida entre en vigencia el 24 de mayo de este año y así Correa quedó fuera de las últimas elecciones presidenciales.

Ahora, ocupando el espacio de la oposición al Gobierno, el exmandatario ha insinuado en más de una ocasión que, si lo considera necesario, volverá a postularse. La respuesta de Moreno es esta consulta popular, acogiendo además, el pedido de los grupos políticos de la oposición.

En Alianza País la postura no es unánime. De hecho, la vicepresidenta encargada, quien en el 2016 ejercía como asambleísta y votó por la reelección indefinida, hoy tiene a su cargo el desarrollo de la consulta. Los legisladores que se mantienen en el bando Correísta, como Marcela Aguiñaga, defienden que eliminar la reelección indefinida es “una regresión de derechos políticos”, porque limita a los ecuatorianos la posibilidad de elegir y ser elegidos.

Pregunta 3: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana v Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3?

El CPCCS es una creación de la Constitución del 2008, que es una creación de Rafael Correa y su partido, Alianza País. Correa llegó al poder con la oferta de una Asamblea Constituyente que produjera una Constitución para refundar el Ecuador. Una de las innovaciones que introdujo fue la de creación de una función estatal de Transparencia. Su órgano principal es el CPCCS que debía con la función principal de promover la participación, el control social de lo público y la rendición de cuentas. En pocas palabras, garantizar la transparencia en el país.

El Consejo de Participación Ciudadana empezó a funcionar en el 2008. Está integrado por siete consejeros principales y sus suplentes, que son son elegidos mediante un concurso de méritos y oposición. Pero eso no ha garantizado que esté libre de influencias partidistas. Cuando los actuales consejeros se posesionaron fueron cuestionados por su cercanía con el Gobierno de Correa.

La presidenta, Raquel González, fue candidata a concejal de Guayaquil con Alianza País en el 2014, pero no fue elegida. También perteneció a la directiva provincial del movimiento y antes se desempeñó como coordinadora zonal del MIES. Uno de los vocales, Edwin Jarrín, además de ser esposo de la asambleísta oficialista Soledad Buendía, ha ocupado varios cargos en el Gobierno; en el 2013, por ejemplo, fue secretario general del Despacho Presidencial.

La pregunta planteada para la consulta pretende cambiar ese sistema por la votación popular. Para Sebastián López, catedrático en Derecho Constitucional  de la Universidad del Azuay, es “paradójico que tengamos una función que no sea elegida democráticamente”. A este organismo se lo ha criticado que, lejos de promover la participación ciudadana, ha servido para permitir la cooptación de los poderes por parte del Correísmo. “Este Consejo adolece de legitimidad de ejercicio  —explica López—, es decir no ha cumplido a cabalidad las funciones constitucionales que se le asignan”.

Esa es la crítica más generalizada que ha recibido el CPCCS. Entre sus atribuciones está elegir a la primera autoridad de la Procuraduría y de las Superintendencias, de entre las ternas enviadas por el Presidente; seleccionar a los titulares de la Defensoría  del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía, Contraloría, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso y Consejo de la Judicatura.

Los dardos apuntan a este organismo además porque las autoridades designadas por sus miembros fueron involucradas en casos de corrupción. En marzo de 2017, el Consejo reeligió a Carlos Pólit como contralor general del Estado —cargo en el que estaba desde el 2007—, tres meses después entró en la lista de investigados por la trama Odebrecht. Este Consejo también designó al exfiscal Galo Chiriboga, cuyo nombre apareció en la nómina de funcionarios con empresas offshore en Panamá.

Pregunta 4: Protección a la niñez

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el Anexo 4?

Esta fue una de las tres preguntas que Moreno acogió de su partido, Alianza País. El antecedente más reciente de esta propuesta está en lo ocurrido  en la Academia  Aeronáutica Mayor Pedro Travesori (Aampetra), en el sur de Quito, en donde 41 menores fueron víctimas de agresiones sexuales por parte de un profesor.  El caso sucedió en el período lectivo 2010-2011, pero la sentencia fue dictada seis años después.

A partir de este hecho, la Asamblea formó la Comisión Ocasional Aampetra para investigar casos de abuso sexual a menores en instituciones educativas. Adempas, en junio de este año, la organización Ecuador dice no más y el Fondeo de las Naciones Unidas para la infancia, UNICEF,  lanzaron la campaña “Ahora que lo ves, di no más”, que busca alertar sobre la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Los  datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos dicen que una de cada diez mujeres en Ecuador ha sido víctima de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. El Informe Sombra, elaborado por la Coalición de Mujeres del Ecuador, recoge los datos de la Fiscalía: de cada diez víctimas de violencia, seis corresponden a niñas, niños y adolescentes. Las mujeres suman el 80%  de los casos. Además, la Fiscalía reportó que recibe tres denuncias de violación a niñas  menores  de 14  años al día.

Pregunta 5: Minería

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?

Desde el 2008, Ecuador empezó a sentar las bases para explotar a gran escala sus recursos minerales. De hecho, acaba de ganar  el premio como Mejor país en desarrollo minero en los Annual  Outstanding Achievement  Awards, en Canadá. Un reconocimiento por ser el país más atractivo para inversionistas de ese sector. El Ministerio de Minería ha entregado 237 concesiones mineras, mientras que otras 400 están en proceso de aprobación.  Actualmente hay cinco proyectos estratégicos: Mirador, Fruta del Norte (Zamora Chinchipe) y Río Blanco (Azuay) que ya están en etapa de explotación, mientras que Loma Larga (Azuay) y San Carlos Panantza (Morona Santiago) están en exploración avanzada.

Los cinco proyectos están ubicados en el sur del país, y muchos de sus habitantes se resisten a la minería.  En noviembre de 2016, indígenas shuar de la comunidad Nankints, en Morona Santiago, se tomaron el campamento minero de San Carlos Panantza. La zona terminó militarizada y el enfrentamiento entre comuneros y personal de seguridad dejó un policía muerto. El Gobierno decretó el estado de emergencia, que duró dos meses.

En comunidades como Íntag, en el norte de Imbabura hay división. Esta población, opuesta a la minería por más de 20 años, hoy está polarizada entre los beneficios que promocionan la empresa minera chilena Codelco y el Gobierno y los riesgos que genera esta actividad. En abril del 2014, un enfrentamiento entre lugareños y funcionarios de la Empresa Nacional Minera dejó una persona detenida, el dirigente Javier Ramírez, quien fue acusado por la Fiscalía de sabotaje y terrorismo.

La principal preocupación de quienes se oponen a las actividades mineras es su efecto ambiental. En Íntag, un estudio de impacto ambiental elaborado por la empresa minera japonesa Bishi Metals, advierte que esta actividad productiva puede contaminar los ríos, desertificar el territorio y desplazar a comunidades.

El otro centro de resistencia está en Azuay.  El Concejo Cantonal de Cuenca y el Cabildo por el Agua plantearon una reforma al artículo 407 de la Constitución. Desde esta provincia llegó la pregunta para la consulta. El pedido pretendía restringir las actividades de minería metálica en fuentes de agua, zonas de páramo, bosques nublados alto Andino y humedales, así como suspender las autorizaciones a las concesiones actuales en todas sus fases. La idea no fue acogida en su totalidad.

La Constitución ya prohíbe la actividad extractiva en áreas protegidas y en zonas intangibles. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional. La pregunta solo extiende la prohibición a los centros poblados.

“Las dos preguntas ambientales buscan llegar a algunos sectores sociales que se sintieron alejados de la Revolución Ciudadana”, dice Andrés Martínez Moscoso, experto en Estudios Políticos y Constitucionales. “Alianza País nació con grupos con interés en temas ambientales, pero en el transcurso de los últimos diez años se quedaron fuera y esta es una buena forma de traerlos de vuelta ”, dice Martínez. El expresidente Rafael Correa llamó ‘infantiles’ a los ambientalistas que se oponían a los proyectos petroleros y mineros. La pregunta del presidente Moreno es un acercamiento a estos grupos, pero muchos ven con cierto recelo la forma en que la pregunta se ha formulado.

Pregunta 6: Ley de Plusvalía

¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, según el Anexo I?

Esta es la primera pregunta de la consulta propiamente dicha. La Ley para evitar la especulación de la Tierra, conocida como Ley de la Plusvalía, le costó al anterior Gobierno una ola de protestas callejeras. Cuando el proyecto fue presentado, en junio del 2015, junto a la Ley sobre Herencias, opositores y oficialistas midieron fuerzas en las principales ciudades del país. Las banderas negras y el grito de “Fuera Correa. Fuera” se repitió en las principales ciudades del país, mientras Correa estaba en Bélgica, en la segunda cumbre entre CELAC y la Unión Europea. Para su regreso, los manifestantes organizaron una caravana de vehículos con banderas negras para recibirlo en Tababela.

Para el exmandatario, las movilizaciones eran un intento de golpe de Estado blando.  De todas formas, la resistencia al proyecto y  la cercanía de la visita del Papa Francisco obligaron al Gobierno a dejar el trámite en espera por poco más de un año. En diciembre de 2016, la Asamblea aprobó la ley en medio de reclamos.

Desde su anuncio, fue criticada con fuerza por el diferentes sectores económicos. El presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, Enrique Pita, sostenía que el proyecto era “inoportuno e inconveniente” porque generaba incertidumbre en el sector, que según las proyecciones del Banco Central iba a decrecer en un 10%.

El pasado 24 de julio, el presidente Moreno pidió su revisión argumentando un impacto negativo en esta actividad. “Recordemos que la construcción es un sector de la economía que dinamiza todos los demás. Hemos sufrido un deterioro de —7% en el crecimiento”, le dijo a la BBC en una entrevista.

Esta ley creó un nuevo impuesto, el del valor especulativo del suelo, que es del 75%. El tributo se aplica a la ganancia extra que genera la segunda venta de un inmueble o terreno. El analista económico Juan Pablo Jaramillo defiende que este impuesto “busca castigar las ganancias extraordinarias producto del esfuerzo de terceros y la especulación en la venta de bienes inmuebles, no así la ganancia ordinaria producto del esfuerzo propio”.

El tema fue uno de los ejes centrales de las mesas de diálogo del  Consejo Consultivo Productivo y Tributario, una instancia creada por el Gobierno de Moreno para emitir recomendaciones, propuestas de políticas y normativas para la productividad y competitividad. El colectivo Proponle al futuro, formado por empresarios de diferentes sectores —que apoyó la candidatura de Moreno— propuso una consulta popular para reformar la ley, pero otros grupos del sector de la construcción pidieron su derogatoria, pedido que finalmente fue acogida para la consulta.

Pregunta 7: Yasuní

¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?

Ecuador tenía una apuesta ambiciosa para no tocar la Reserva Natural del Yasuní, uno de los sitios de mayor biodiversidad del planeta: dejar el petróleo bajo tierra si los países industrializados le pagaban por hacerlo. El plan no funcionó. La iniciativa Yasuní ITT recaudó en seis años poco más de 13 millones de dólares en efectivo y 116 millones que se quedaron en compromisos de apoyo de países, aunque no estaban vinculados directamente con la iniciativa. La meta era alcanzar 3.600 millones en 13 años.

Con ese argumento, el 15 de agosto de 2013, Rafael Correa pidió la declaratoria de interés nacional para el aprovechamiento del uno por ciento de la reserva, en el campo ITT (Ishpingo—Tiputini— Tambococha). “El mundo nos ha fallado”, dijo en su anuncio. Correa prometió que se explotaría con tecnología de punta para afectar apenas el 1 por mil del parque nacional, pero ambientalistas criticaron la oferta de Correa, quienes consideran que se pone en riesgo  la biodiversidad de la zona y la supervivencia de los pueblos no contactados. La reserva del Yasuní —de más de un millón de hectáreas—  es territorio de los pueblos Tagaeri y Taromenane, que viven en aislamiento voluntario.

La explotación del ITT requería la aprobación de la Asamblea Nacional, que debía analizar, entre otras cosas, si esta decisión podría afectar a los pueblos en aislamiento voluntario. Con unos mapas de respaldo, el Ministerio de Justicia indicó en un informe que estos indígenas estaban fuera de la zona. Esa fue la prueba para que los legisladores den paso a la explotación. Pero cuando se lanzó la ronda petrolera Suroriente se vio que hay bloques que limitan con el parque Yasuní: 79, 83, 84 y 87, territorios en los que, según el mapa usado por el Ministerio de Justicia, se encuentran tres grupos indígenas.

La iniciativa Yasuní,  con un propósito loable, fue criticada por la forma en que se llevó a cabo. Los economistas Santiago Bucarám  y Ana María Trujillo cuestionaron en este artículo la falta de atractivo, viabilidad y sostenibilidad. Roque Sevilla, quien lideró la comisión técnica del proyecto Yasuní—ITT hasta enero de 2010, le dijo a BBC Mundo que “tener siempre bajo la manga el plan B (de explotación petrolera en la zona del ITT) es algo que desanimaba a los aportantes”.

En cambio, el ahora ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, defendió que la Iniciativa fue concebida como un mecanismo para reducir el cambio climático.  “Dejar el petróleo bajo el suelo significaba que al menos 407 millones de toneladas de dióxido de carbono no serían liberadas a la atmósfera. Con este argumento, la Iniciativa propuso que la comunidad internacional —en especial los países desarrollados— reconozca su corresponsabilidad en la afectación de un bien común, la atmósfera”.

En ese entonces, líderes indígenas y activistas plantearon que se convoque a una consulta popular para definir el futuro de esta reserva. El colectivo Yasunidos recogió más de 700 mil firmas para que se convocara a la consulta, pero en el 2014, el Consejo Nacional Electoral no dio paso a su pedido. El argumento de este organismo fue que no se reunieron las firmas necesarias. Según el CNE, el colectivo sólo alcanzó 359.761 firmas, después de que gran cantidad de las firmas presentadas fueran invalidadas porque no correspondían con los formularios presentados, la lista habría incluído a menores de edad, había cédulas incompletas y repetidas.  Según la Constitución, para que un tema sea sometido a consulta requiere el respaldo del 5% del padrón electoral, esto es 584.116 rúbricas.

La misma pregunta que se planteó en ese entonces fue entregada en septiembre pasado al presidente Moreno: ¿Está usted de acuerdo en mantener el crudo  del Yasuní ITT indefinidamente en el subsuelo?, pero la pregunta enviada a la Corte Constitucional no acogió esa propuesta.

La extracción de crudo  en el ITT arrancó en septiembre de 2016, con la producción de 12 pozos del campo Tiputini, el único que se encuentra fuera de la reserva ecológica. El plan de desarrollo de este campo petrolero contempla la perforación de 600 pozos del 2016 al 2025, en una zona de explotación de 200 hectáreas. El Gobierno calculó que las reservas del ITT arrojaría un valor neto de 18.292 millones de dólares.

Estas preguntas fueron enviadas a la Corte Constitucional el 2 de octubre de 2017. La sala de admisiones de la Corte, integrada por las juezas Wendy Molina y Ruth Ceni, las admitieron a trámite. Como hay 5 preguntas de referendo constitucional y dos de consulta popular, se iniciaron dos trámites por separado. En cada uno de ellos, tras un sorteo, se designará un juez ponente que emita un informe calificando las preguntas o recomendando que sean desechadas. Si el pleno de la Corte aprueba por mayoría ambos informes, las preguntas al Ejecutivo para que emita un decreto y el proceso pasa al CNE, que tiene un plazo de 15 días para convocar el proceso. La consulta se debe desarrollar en máximo 60 días, por lo que podría realizarse en diciembre de 2017 o enero del año siguiente. Esta sería la tercera consulta popular en Ecuador desde el 2008 y la número dice en toda la historia del país.

Fotografía de la Asamblea Nacional del Ecuador bajo licencia CC BY-NC 2.0.

Yasuní: la pregunta más importante

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El 15 de agosto de 2013 quebró definitivamente el mito de Rafael Correa: el entonces Presidente anunció que su gobierno extraería crudo de las zonas Ishpingo-Tiputini-Tambococha, dentro del Parque Nacional Yasuní. “El mundo nos ha fallado” dijo en cadena nacional. Era el fin de la iniciativa Yasuní ITT que buscaba dejar bajo tierra cerca de 850 millones de dólares en barriles de petróleo, a cambio de que el mundo le pagara al Ecuador una compensación económica por la decisión. Recuerdo ese momento por la mezcla de expectativa y escepticismo que se percibía en el aire: yo vivía en Puerto Ayora, Galápagos, donde —como por solidaridad entre parques— el tema era protagónico. Todavía abrigaba esperanzas de que la iniciativa Yasuní se convirtiera en la redendención histórica de un proyecto político que, para quienes nos pensábamos progresistas, era cada vez más difícil defender. Para muchos, el cambio de la matriz productiva era el fin último, el eje programático definitorio que justificaba la continuación de la ‘Revolución Ciudadana’ más allá de las contradicciones. Fracasó la iniciativa Yasuní y ahora, cuatro años después, la convocatoria del presidente Moreno a una consulta popular vuelve a poner a prueba el supuesto compromiso del Estado con la naturaleza.

La pregunta que el movimiento Yasunidos —creado días después de que Correa anunció que explotaría el Yasuní– presentó para la nueva consulta fue la misma por la que recolectaron más de 750 mil firmas en 2013. “¿Está usted de acuerdo en mantener el crudo del Yasuní ITT, indefinidamente en el subsuelo?”. Para el movimiento, la pregunta estaba formulada así ya que de esta manera no solo se mantendría intacta una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta, sino que se respetaría el carácter intangible del territorio habitado por pueblos indígenas en situación de aislamiento. Eduardo Pichilingue, activista ambiental y miembro del colectivo, ya tenía reparos antes de que las preguntas sean publicadas por el gobierno. Entonces me había dicho que “aunque los derechos no se consultan, la consulta es el camino que queda”. Hablaba con cautela. “Aunque la apertura al diálogo ha sido real, ha habido hasta ahora más cambios de forma y no de fondo”, me dijo. Me advirtió que dejar el petróleo bajo tierra sería un “cambio muy fuerte y potente”, además de único: según Pichilingue, Lenín Moreno hasta ahora había logrado cambios de forma pero no de fondo. La aprobación de la pregunta presentada por Yasunidos hubiera representado el primer paso para reducir el desarrollismo extractivista que caracterizó al correísmo, y el único cambio de fondo entre el actual gobierno y su antecesor.

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En la época en que murió la iniciativa Yasuní ITT, los correistas más convencidos y militantes eran también mucho más fanfarrones que hoy. También más ecologistas. Todo dependía de lo que declaraba el Mashi. Pero igual parecía una convicción programática sincera: un cambio radical, sostenible, y respetuoso de los derechos de los pueblos no-contactados en nuestra concepción de desarrollo. La iniciativa Yasuní-ITT constituía mucho más que un mero esfuerzo conservacionista: era el eje simbólico de la campaña gubernamental de Alianza País en 2006 y fue clave para juntar  toda la diversidad de movimientos y tendencias que eligieron a Correa. La propuesta  cambiaba radicalmente el sentido mismo del ‘desarrollo’ con una alternativa viable, inteligente y en conjunto (a través de la corresponsabilidad) con el resto del mundo. En verdad, el Yasuní conjugaba el gran reto  de construir un proyecto nacional ecológico y socialmente sostenible.

Pero tras el anuncio de Correa, el gobierno y sus más férreos simpatizantes se voltearon para el otro lado. Fue casi automático. Lo que dijeron una y otra vez para promover la Iniciativa en el mundo tuvo que ser inmediatamente negado, borrado sin vergüenza alguna. En cuestión de horas, el ecologismo pasó de ser un elemento clave del discurso oficialista a convertirse en el producto del infantilismo o un capricho pelucón. Por ejemplo: a pesar de que varios informes del Ministerio del Ambiente reconocían al ITT como territorio de pueblos no-contactados,  días después de acabada la iniciativa la exministra de Ambiente y actual asambleísta Marcela Aguiñaga negaba que hubiera evidencia de la presencia de estos pueblos en la zona. Se cambiaron —o ignoraron— mapas que antes eran utilizados para promover el proyecto del gobierno.

El fin de la Iniciativa Yasuní ITT fue un antes y un después para el progresismo oficialista. De un sopapo evidenció el antagonismo del proyecto correista con los derechos humanos, la conservación, y la democracia. Tres de un solo golpe. Días después de anunciada la decisión, el oficialismo optó por arremeter contra las iniciativas ciudadanas por llevar el tema a una consulta popular. Fue la muestra más conspicua de que la Revolución Ciudadana tenía poquísimo de ciudadana y aún menos de ecológica.  Al mismo tiempo, el proceso de  recolección de firmas fue la oportunidad para que la gente se organice, con éxito, para encontrar alternativas al desarrollismo extractivista impuesto por el gobierno y extender el tema a nivel nacional.

Ahora podría ocurrir lo mismo, aunque para cambiar —o debatir— la pregunta formulada por el gobierno: “¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible al menos 50 mil hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?” Aunque el llamado a una consulta popular fue la oportunidad del gobierno de cambiar las reglas del juego,  la pregunta formulada por el ejecutivo mantiene la tendencia que según Pichilingue ha caracterizado a Lenín Moreno: cambios de forma, pero no de fondo.

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En una entrevista con Diego Oquendo, Pichilingue explicó que las dos preguntas ambientales, tanto sobre el Yasuní como sobre la minería, han sido planteadas para no cambiar lo que ya sucede en el terreno. “Gané un sí o un no,  no van  a cambiar en nada la realidad”, dijo. Para Pichilingue la pregunta se divide en dos partes igual de ambiguas: la primera ignora el impacto de la fragmentación de bosques, que afectaría al parque—y la zona intangible de pueblos no-contactados— más allá del territorio delimitado para la explotación.  “A primeras uno escucha 50 mil hectáreas que se anexarían a la zona intangible y piensa que es un territorio sumamente grande”. Pero esas 50 mil hectáreas no son nada en relación al resto del Parque Nacional Yasuní, que es veinte veces más grande. La zona intangible tagaeri-taromenane ya alcanza 758 mil hectáreas. “50 mil hectáreas más es una franjita muy chiquita”, dijo Pichilingue. “Es absolutamente insuficiente para abordar la problemática de los pueblos indígenas en situación de aislamiento”.  Sobrevive el discurso del ‘1 por mil’ —la promesa del gobierno de Rafael Correa de explotar apenas un uno por mil del territorio del parque.

La segunda parte de la pregunta también es ambigua, engañosa. Por un lado, dijo Pichilingue, “1030 hectáreas es una interpretación del famoso 1 por mil del presidente Correa”. Por otro, “sabemos que el área de afectación directa de la extracción petrolera iba a tener menos de 300 hectáreas”. La pregunta propuesta por Moreno, entonces, trata una zona que de todas maneras no se iba a tocar directamente. Como lo dijo el comediante Ave Jaramillo: es como si la Selección ganara por goleada el último partido contra Argentina: sería un triunfo heroico, pero no serviría para nada.

La explotación en el Yasuní se ha iniciado en sus primeras fases. Hasta ahora lo que más ha avanzado son las carreteras, trazado de tuberías y muy pocas plataformas. Pero para Pichilingue, ya es evidente que el impacto de la extracción será muchísimo más grave que el anunciado por Correa hace cuatro años. Los trabajos de sísmica —‘ecografías’ de la tierra para la exploración de crudo — avanzan y cubren ya dimensiones gigantescas. “1 por mil hace rato que lo arrasaron”, me dice. “Y más allá de todo eso” —dice Pichilingue en referencia a los pueblos no-contactados— “está la vida de seres humanos, de gente que ha sido masacrada.”

De todas maneras, no todo depende de la consulta. Yasunidos ahora tiene algunos frentes de presión que para Pichilingue son clave para no depender del gobierno. El 28 de septiembre de 2017, por ejemplo, se reunieron con el Ministerio de Ambiente para tratar un Derecho de petición para que no se otorgue licencia ambiental para la explotación petrolera en el campo Ishpingo norte, ubicado en Orellana. Esta iniciativa, distinta a la de la consulta, busca impedir que Petroamazonas construya 10 plataformas de extracción —cada una con 35 pozos— en Ishpingo, la reserva más grande. Yasunidos planeó esta movida antes de la publicación de siete preguntas para la consulta, listos para que el gobierno proponga una pregunta mucho más tibia que la presentada por ellos.

En 2013,  más allá de la indignación y la decepción con el fin de la iniciativa, la creación de Yasunidos como colectivo organizado fue inmediata. En días demostraron tener poder de convocatoria. En Galápagos, aunque alejados del continente, nos sentíamos muy conectados con un movimiento nacional organizado, disciplinado y creativo que había logrado que el tema del extractivismo se convierta, en verdad, en una conversación nacional. Un país entero se estaba movilizando democráticamente para cumplir con la naturaleza cuando el gobierno la traicionaba. Ahora, después de cuatro años, el gobierno mantiene un discurso ecologista que choca con su política. La pregunta sobre el Yasuní en la consulta popular es un recordatorio de que el “cambio verdadero” —como decía Moreno en campaña— viene desde abajo, no desde arriba, más allá de la actitud y el estilo de quienes gobiernan.  Y para organizarnos desde abajo, el movimiento parece listo para volver a las calles.

Se levanta la prisión preventiva para Daniel Borja y Juan Eljuri, en caso Sai Bank

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Los jueces Narcisa Pacheco, Patricio Vaca y Javier Barriga de la Corte Provincial de Pichincha aceptaron el pedido de la defensa de Juan Pablo Eljuri y Daniel Borja, dos de los implicados en el caso de presunta captación ilegal de dinero a través del Sai Bank con sede en Quito.

Eljuri se encuentra juera del país a la fecha de la decisión del tribunal, mientras que Borja cumplía prisión desde finales de agosto de 2017.

¿Por qué la defensa de Jorge Glas demandó a un juez de la Corte Nacional de Justicia?

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La defensa de Jorge Glas ha presentado dos demandas en contra del juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, quien está a cargo del proceso de asociación ilícita que involucra al Vicepresidente. La primera es la recusación; bajo esta figura, el abogado de Glas tiene que probar que el juez Miguel Jurado no puede juzgar a Jorge Glas por tener algún conflicto de interés. Quien lo decidirá es el conjuez Edgar Flores.

Agencia de Noticias Andes.

Más allá de la corrupción, ¿por qué el caso Odebrecht no se detectó antes?

Algunos analistas han señalado la falta de leyes contra la corrupción como causa del caso Odebrecht en el Ecuador. Aunque esta explicación puede ser condición necesaria, no es determinante. La realidad es más compleja: el mayor escándalo de corrupción de la democracia reciente es la consecuencia de un aparato de seguridad interna plagado de indefiniciones, fraccionamientos y debilidades operativas.

La primera grieta de este aparato es que tiene dos autoridades que controlan su parte operativa: el Ministerio del Interior y la Fiscalía. El Ministerio del Interior cuida la seguridad interna del Ecuador con la Policía Nacional como su órgano ejecutor. Sus misiones son vigilar el orden público y la investigación criminal. Los policías que patrullan ciudades y pueblos reaccionan ante alteraciones del orden público (por ejemplo, un asalto a mano armada), pero no investigan las actividades de grandes bandas criminales, o crímenes de corrupción como el caso Odebrecht. Esa actividad le compete a la Dirección Nacional de la Policía Judicial, que no está a cargo de este Ministerio, sino en manos de la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía actúa cuando hay denuncias de corrupción (como el esquema armado por la constructora brasileña para sobornar funcionarios) pero su misión en sí misma no es la investigación policial. Su misión es, en realidad, dirigir el proceso de acusación penal. La investigación policial (y el desarrollo de habilidades para la investigación) está a cargo de la Policía Judicial, que no puede hacer mucho sin un fiscal que dirija el proceso de investigación.

Es un círculo vicioso que crea serias brechas: mientras los policías judiciales son formados con definiciones muy laxas sobre lo que constituye evidencia y prueba en procesos penales, los fiscales son casi ignorantes de los peligros y desafíos de penetrar y mapear actividades criminales. Como resultado, las investigaciones criminales rinden pocos frutos, como lo ha mostrado el caso Odebrecht: toda la información inculpatoria relevante ha venido de Brasil, Estados Unidos, o confesiones luego de publicaciones de audios o videos.

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Las capacidades técnicas y operativas de inteligencia e investigación del Estado ecuatoriano han sido consistentemente fraccionadas entre distintos organismos. Este desguazamiento se ha hecho bajo el pretexto de separación de poderes y temores de abusos de autoridad (como los mostrados en la reciente ola de reportajes respecto a la Senain). Fraccionar capacidades —en teoría— disminuye la probabilidad de abusos, también hace más difícil la prevención, detección, y penalización de delitos en Ecuador.

El caso Odebrecht demuestra lo laberíntico del asunto. Por ejemplo,  existe una acusación de una fuente —un antiguo empleado de Televisión Satelital— de que el vicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera se comunicaban con pseudónimos por Telegram. Esta fuente humana pudo haber sido explotada antes por la Policía Judicial , pero en el proceso penal —en que la Fiscalía es el investigador y acusador— hay que entregar pruebas de tales comunicaciones para corroborar la existencia de los delitos de asociación ilícita y colusión criminal.

La Policía Judicial pudo haber buscado personas con acceso a Televisión Satelital para obtener información sobre los movimientos y rutinas telefónicas de Ricardo Rivera y pudo haber usado recompensas monetarias para conocer sobre los pseudónimos y agenda privada del ahora acusado. Pero aún así, la Policía Judicial habría requerido acceder a los celulares y computadoras de Rivera para obtener la evidencia necesaria que le dé un caso inculpatorio exitoso a la Fiscalía. Aquí es donde se muestra otro tipo de acceso a información que no es por fuentes humanas sino medios electromagnéticos, cibernéticos, tecnológicos tales como dispositivos de interceptación de comunicaciones celulares y electromagnéticas, pero para obtenerlas se requiere que el Fiscal conozca el hecho, pida a un juez que la autorice, y luego solicite acceso a la Senain o al Ministerio del Interior que haga, efectivamente, la escucha. Tres entidades distintas en dos funciones del Estado deben hacer bastante papeleo para ordenar una sola intercepción. Todo esto aumenta la probabilidad que alguien ponga sobre aviso a los investigados.

Este fraccionamiento de funciones también salpicó al caso Odebrecht en otra área. En el país jamás se detectó siquiera parte de la información revelada por el delator brasileño, José Conceicao Santos Filho, que indica que existían pagos vía efectivo o por empresas offshore fantasmas para ganar los contratos.  En el país no se detectaron estos movimientos financieros irregulares dentro del país, ni las correlaciones con movimientos migratorios, ni los desplazamientos para invertir este dinero, ni la información de los beneficiarios que residen en el Ecuador con inversiones en el país. Nada se hizo. Quizás porque la autoridad con la capacidad para monitorear estos flujos es una Unidad de Análisis Financiero que depende de la Procuraduría General del Estado, una institución cuya misión es defender judicialmente al Estado ecuatoriano en litigios internacionales. La Unidad tiene una capacidad y misión netamente de lucha contra delitos financieros (como los pagos de Odebrecht), pero está bajo la jurisdicción del representante judicial del Estado. Las capacidades que existen hoy son insuficientes para prevenir hechos como el caso Odebrecht porque están atomizadas entre instituciones que impiden actuar de manera oportuna.

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Este oscuro panorama no quiere decir que la lucha contra la corrupción y el delito estén condenados al eterno fracaso en Ecuador. La esperanza está en que se puedan corregir, progresivamente, las estructuras. Primero, la Fiscalía y la Policía Judicial tienen que reconsiderar los requerimientos profesionales y académicos de sus integrantes: a corto y mediano plazo sería necesario que los aspirantes cumplan requisitos de formación universitaria que les permitan hablar el mismo idioma profesional y generar mejor entendimiento sobre las realidades y desafíos de cada una de sus misiones. El policía debería entender la calidad de evidencia que demanda el Código Penal para fundamentar una acusación criminal. El fiscal debería comprender que penetrar un anillo de corrupción como el de Odebrecht presenta desafíos operativos y de investigación especiales.

A largo plazo también es necesario integrar todos los medios que requiere la lucha contra el crimen y delito en torno a la Policía Judicial o Fiscalía manteniendo controles que eviten su abuso. En la Policía Judicial debería haber medios de intercepción de comunicaciones, señales, cibervigilancia, y flujos financieros para que pueda apoyar más oportunamente la investigación penal de la Fiscalía. Esto puede igualmente ser controlado por la función judicial y la función legislativa para evitar excesos contra la sociedad civil como ha pasado con la Senain. Y, sobre todo, a manera más estructural se debe pensar en una reforma institucional que consolide la seguridad interna del Ecuador en una entidad que pueda precautelarla cumpliendo con las normas y garantías constitucionales. Así se evitaría que un caso de las proporciones del de Odebrecht pase por debajo de las narices de las autoridades totalmente desapercibido.

Fotografía de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

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La hora tensa de Jorge Glas con la prensa

Yo soy ingeniero, no soy astrólogo. Me responde Jorge Glas cuando le pregunto si el hecho de que en las áreas bajo su control existieran tantos casos de corrupción no lo convierte en un mal supervisor. Está sentado en una mesa larga, alrededor de la que están sentados una veintena de reporteros. Son pasadas las once de la mañana del  viernes 29 de septiembre de 2017. El vicepresidente —terno claro, camisa blanca sin corbata y los lentes de marco grueso— habla con periodistas nacionales y extranjeros, a los que convocó a un encuentro. Un día antes, la Procuraduría General del Estado presentó una acusación particular en el caso de asociación ilícita del caso Odebrecht.

Glas me mira con el mismo aire de superioridad con el que ha mirado uno tras otro a todos los periodistas que antes que yo le han hecho preguntas. Habla de Carlos Pareja Yannuzzelli, Carlos Pareja Cordero, cuentas secretas en paraísos fiscales, y se refiere al ‘corrupto y corruptor’ de José Conceicao Santos, el exfuncionario de Odebrecht que ha delatado cómo funcionaba la corrupción de la constructora brasileña en el Ecuador.

— Insisto soy ingeniero, no soy astrólogo.

— Sí, pero las áreas estaban a su cargo.

— Sí, pero no soy astrólogo pues. Si usted me dice cómo yo puedo hacerlo lo propongo hasta que se convierta en una Ley, quiromancia, astrología, adivino, alguna de esas cosas.

No entiendo la comparación: un astrólogo no tiene que supervisar nada, él como encargado de los Sectores Estratégicos, sí. Pero Glas vive atrincherado en su retórica: no es culpable, no es mal administrador, no es astrólogo. Dice que cuando se ha enterado de casos de corrupción los ha denunciado. Vuelve a lo dicho y menciona a “Capaya y toda esa mafia”. Al vicepresidente le salen las palabras algo atropelladas, una palabra tras otra, baja un poco la cabeza mientras la mueve de un lado a otro y dice:

— Yo estoy muy indignado. Comprenderán que la relación familiar a estas alturas no existe.

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El día anterior, su equipo de comunicación pidió a la prensa que se registre con nombre completo, medio y número de cédula para asistir al encuentro. Debía empezar a las 0nce de la mañana, pero la convocatoria pedía estar ahí desde las nueve y media para organizar las intervenciones. A las diez, estamos en una sala repleta: camarógrafos, fotógrafos, reporteros y personal de la Vicepresidencia entran y salen apurados. Cambian la silla del Vicepresidente. Agregan otra, la retiran, traen una más baja. La espera se hace larga pero finalmente Jorge Glas aparece, seguido por su abogado, Eduardo Franco Loor. Se sientan y esa es ya una metáfora: el vicepresidente atiende a la prensa con su abogado, sentado en la silla más baja, a la izquierda Decenas de flashes los iluminan. Sobre la mesa hay un único vaso de agua, el de Glas, hace pensar que la presencia de Franco Loor es una decisión de último minuto.

—Bienvenidos, dice Glas, hace una pausa y toma un sorbo de agua y repite, Bienvenidos.

Las primeras palabras del vicepresidente sin funciones y encausado judicialmente es para los medios. Nos culpa de las acusaciones en su contra. Dice que se han aclarado los supuestos elementos de convicción para incluirlo en la instrucción fiscal por el caso Odebrecht, que ha habido violaciones al debido proceso, que seguirá denunciándolo. Se refiere a una “conspiración en marcha”. Su intervención es monótona, con el mismo timbre de voz de quien hace un recuento de eventos que preferiría no mencionar.

Jorge Glas habla, a su lado su abogado Eduardo Franco Loor

El vicepresidente Glas junto a su abogado durante el conversatorio que mantuvo con la prensa el viernes 29 de septiembre de 2017. Fotografías de la agencia de noticias Andes bajo licencia CC BY-SA 2.0

Enseguida pide dar paso a las preguntas, como para avanzar con un trámite tedioso pero obligatorio. Una funcionaria empieza deseándole los buenos días al Vicepresidente, y en nombre de la Subsecretaría de Comunicación de la Vicepresidencia agradece que les haya concedido ese espacio, como si de un acto benevolente se tratase. La funcionaria —con la voz esforzada de quien locuta para un comercial publicitario— agradece a la prensa y da paso a la primera pregunta.

El ambiente de cordialidad forzada no dura mucho. Glas está incómodo mientras a su lado, el abogado revisa papeles y de rato en rato, le susurra al vicepresidente al oído. Esboza una brevísima sonrisa cuando le preguntan sobre las diferencias con el gobierno. “Son evidentes”, dice tensando los músculos del rostro. “Todos sabemos de dónde vienen las presiones políticas para que todo esto ocurra. El linchamiento mediático, la oposición y también el gobierno”.

Los periodistas hacemos apuntes, usamos el celular para transmitir información, tomamos fotos. Él habla con vehemencia. Cuando le llega el turno a Freddy Paredes, reportero de Teleamazonas, Glas pierde la calma.

—Su canal ha sido el principal difamador de todo esto.

La  pregunta de Paredes es sobre el dinero con que se hizo la investigación en Hong Kong sobre Glory  International, una de las empresas que según los delatores de Odebrecht habría recibido dinero de coimas.

— Primero, ¿con qué dinero? Con ninguno. Esta es una verificación de datos públicos

Glas le dice al reportero que si se tomara la molestia de hacer su su trabajo y entrara en Internet, “tendría la misma información, pero no lo hace porque tiene que ser parte del cargamontón en contra del vicepresidente”. Paredes le dice a Glas que le ha hecho la pregunta ‘con todo respeto’, y el vicepresidente le dice que él responde también ‘con respeto’. Pero su tono y palabras sugieren lo contrario: “Hágalo usted. Vaya a su oficina que tiene Internet y acceda y verifique lo que le estoy diciendo. Y vaya también a buscar en el proceso el expediente completo. Usted póngase en  mi lugar, creo que es un ejercicio cristiano, humano, decente”.

Jorge Glas habla con la prensa

El vicepresidente Glas muestra documentación durante el conversatorio que mantuvo con la prensa el viernes 29 de septiembre de 2017. Fotografías de la agencia de noticias Andes bajo licencia CC BY-SA 2.0

Recuerda que él también ejercició como entrevistador —evita usar la palabra periodista para referirse a sí mismo en esa época—. Glas tuvo un programa de entrevistas en el canal  Televisión Satelital, de su tío y ahora principal detenido en el caso Odebrecht, Ricardo Rivera. Dice que también fue entrevistador durante muchos años, pero que jamás permitió que se difame en su programa. “Fui entrevistador nueve años, ad honorem porque me gustaba investigar, me gustaba construir país, no destruir”, le dice al periodista, que insiste en su pregunta: quién pagó la investigación que Glas hace unos días dijo que había encargado a una prestigiosa firma internacional, a propósito de los mails que habrían intercambiado Rivera y él  sobre Glory International.  Que lo hizo porque si un pariente suyo estaba siendo investigado, “el mínimo de decencia es decirle te están acusando de eso, ten esta información pública”. Pero Paredes no se da por vencido, e insiste, hasta que Glas da por terminado el intercambio de forma tajante:

— Ya le contesté, anote si se le olvida.

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Glas toma un sorbo de agua, y la funcionaria continúa presentando a más periodistas. Cuando es el turno a Francisco Garcés de Ecuavisa, Glas vuelve a incomodarse. El periodista se refiere al testimonio de Rivera, que dijo que en los audios en los que se lo escucha pidiendo dinero para la “campaña de vidrio” no se refiere a la campaña presidencial, sino de una campaña de televisión para conocer la aceptación de Jorge Glas.

— ¿Es usted el señor Vidrio?

— Pregúntele a Rivera.

La respuesta es cortante. Luego, como ya es costumbre, empieza con una serie de explicaciones que no tienen mucha conexión con las preguntas que los periodistas le hacen. Recalca que para él, lo importante de la declaración de Rivera es que dijo que ha actuado por cuenta propia. El vicepresidente toma lo que le sirve y lo que no, lo despacha.

Repite que está indignado, y su abogado le susurra algo.

El turno es de Gladys Rivadeneira de El Universo, que le pregunta sobre la posibilidad de que se abran otros procesos —luego de la acusación particular que hizo la Procuraduría—como delitos contra la administración pública o cohecho. La periodista quiere saber si está preparado para eso, y Glas repite que es inocente.

— La verdad es que eso me tiene sin cuidado.

El ambiente está tenso. En el fondo cerca de veinte fotógrafos y camarógrafos se agolpan frente al sitio en el que está sentado Jorge Glas. Junto a ellos hay un gran parlante en el que se amontonan varios micrófonos de los canales de televisión y grabadoras. Hace calor y no hay mucha circulación de aire en el salón.

— Me están forjando pruebas.

Dice Glas y pone en duda la cadena de custodia de los audios entregados en un pendrive en los que se lo menciona y sigue dando explicaciones que parecen excesivas para alguien que, reiteradamente, se declara inocente.

El abogado se mueve inquieto en su silla. El vicepresidente dice que Franco Loor quiere hacer una precisión que en realidad no lo es. El abogado explica que el fiscal ha autorizado a crear otro archivo para que se mejore la calidad de los audios, y que eso es ilegal. En su mano izquierda sostiene un documento que mueve de un lado al otro mientras da su explicación. Es la única vez que interviene.

Cuando le toca el turno a la periodista María Belén Arroyo de Vistazo, le pregunta si confía plenamente en su tío. Mientras lo hace sostiene con su mano izquierda un teléfono celular con un estuche color fucsia. Le dice que él ha variado varias veces su versión sobre su relación con Ricardo Rivera: primero dijo que se veía una vez al año. Glas la interrumpe

— Me ratifico, una o dos veces al año y para ser más preciso es usted la que busca que haya contradicción

Le dice y le da una orden:

— Bájeme el teléfono, estamos en una rueda de prensa.

— Estoy en una transmisión en vivo, explica la periodista.

— Si yo sé, señorita, pero aquí hay suficientes cámaras.

— Después se menciona que no estamos presentando su versión y yo estoy haciendo el esfuerzo, replica ella pero él la vuelve a cortar.

—  Señorita, es que no le veo la cara, imagínese la falta de respeto.

Jorge Glas agarra el vaso de vidrio que ha tenido todo el tiempo junto a él y le dice, cubriéndose parte del rostro:

—Es como que yo hable así.

— Le estoy viendo a los ojos.

—Yo también siempre le miro a los ojos. Yo no he variado mi versión, la he aclarado.

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Según Glas, la prensa ha intentado presentar una contradicción en sus versiones sobre cuántas veces veía a Rivera. Pero lo que la prensa le ha preguntado es por qué en un inicio hablaba de su tío como un pariente distante, al que veía casi por compromiso, y no al hombre cercano que incluso lo habría ayudado cuando fue acusado de plagiar una parte de su tesis. Habla de ese tema y dice que tuvo un gran intercambio de mails, pero que ese, dice, era un tema personal.

La periodista insiste:

— ¿No hubo algún subordinado de los sectores estratégicos que le dijo Señor Vicepresidente su tío me pide plata?.

— En lo absoluto.

— Qué raro ¿Cuáles eran los niveles de eficiencia de su gestión, puesto que usted estaba a cargo?

—  ¿La eficiencia? Total. Vaya a ver las obras, sacando la vieja muletilla.

— ¿No hubo alguna persona…

— Era una pregunta, ya hizo dos. Siguiente pregunta por favor.

Obediente, la funcionaria continúa. Y la confrontación también. Cuando le pregunto por qué hay funcionarios de la Vicepresidencia en la Fiscalía cada vez que hay testimonios o versiones por una acusación particular, él me responde:

—Es un proceso público, hasta usted puede ir.

Alza el hombro y evadiendo el tema central sobre la presencia de funcionarios de la Vicepresidencia, cuyos sueldos se pagan con los impuestos de todos los ecuatorianos, agrega

— Le sugiero que vaya, hubiera ido.

Las respuestas que da no dejan de sorprendernos. Es el segundo mandatario quien responde así. Antes, a Ana María Cañizares de CNN le dijo que “El procurador eficaz tiene que presentar pruebas más allá de la lengua” cuando ella le preguntó por qué Santos habría de mentir si se juega su libertad.

Algo similar pasa con Miguel Molina, de La Hora.

—Así como usted ha dicho varias veces que va a tomar represalias contra la prensa por el linchamiento mediático…

— Oiga, perdóneme un ratito. Yo no he usado esa palabra, usted está mintiendo.

Y su tono, gestos y acusación recuerdan al estilo confrontativo del expresidente Rafael Correa.

—Entonces así como usted ha dicho que va a escribir un libro sobre el linchamiento mediático, intenta continuar Molina.

—Si eso le inquieta.

— No, no me inquieta señor Vicepresidente, ¿pero también va a escribir un libro sobre cómo su tío usó su nombre para pedir coimas muy grandes?

— Bueno, eso tiene que escribirlo él porque yo no conozco, dice el Vicepresidente. Evidentemente lo que esté en el proceso, al final del proceso, lo voy a poner en el libro, por supuesto. El libro va a ser completo.

El periodista intenta continuar, pero él le vuelve a interrumpir:

— ¿Alguna pregunta relevante, señor periodista?

— Sí, esta pregunta quizás usted se la ha hecho, yo me la he hecho, no sé si le parezca relevante o no. Pese al orgullo que siente por las obras que ha hecho y los logros de la revolución ciudadana, si usted pudiera volver al momento en el que Rafael Correa le pidió que le acompañe en esta aventura, ¿usted volvería a decir que sí y renunciaría a la tranquilidad de su vida con sus hijos y su vida privada, sin estas acusaciones?

Glas responde sin dudar.

—Sí. Sí. Mil veces sí. Lo que hemos hecho por el país no tiene antecedentes en la historia del Ecuador.

Y quizás en eso tiene razón. Difícilmente ha habido otro período en la historia similar al que se vive ahora: exministros procesados, detenidos o fugados; un excontralor prófugo de la justicia, denuncias millonarias por coimas, un vicepresidente —sin funciones pero ganando un sueldo pagado por los ecuatorianos— que podría ir a la cárcel. Pero parece que para Glas la prioridad es enfrentar a la prensa, a la que en este conversatorio ha maltratado, ha interrumpido y le ha dicho cómo hacer su trabajo. De las acusaciones contra su tío, de la corrupción rampante en varias de las áreas que manejó durante años, de su responsabilidad política y administrativa sobre ella no ha dicho mucho. El conversatorio termina. El vicepresidente sale, seguido por su defensor, y los periodistas nos retiramos. Unas horas después, el Fiscal pide a la Corte Nacional de Justicia que lo reciba para que se revise las medidas cautelares contra Jorge Glas y Ricardo Rivera “por cuanto del acopio de los elementos de convicción recabados durante la instrucción fiscal, se han acredito hechos nuevos de relevancia”, dice el escrito de Carlos Baca Mancheno. Habrá que ver qué sale de esa audiencia, y si el vicepresidente Glas volverá a nombrar a la prensa entre los responsables de ese resultado.

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Ya hay propuestas de preguntas para la consulta popular: un análisis a las tres primeras

Habrá Consulta Popular en el Ecuador. Al momento se han presentado varias decenas de propuestas. Las tres primeras que se han hecho públicas han tenido una amplia difusión: la del colectivo Yasunidos, la de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA)-Colectivo Nacional Unitario, y la Plataforma de Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos. Cada una aborda problemas reales, sentidos y necesarios de superar.

El colectivo Yasunidos de frente reclama saldar una deuda histórica del Estado. La que tiene con los jóvenes, a quienes se les hizo un injustificable y evidente fraude, y con los pueblos en aislamiento. El problema que está en juego con la pregunta es la sobrevivencia de dos grupos humanos (los Tagaeri y los Taromenani) que están en peligro de extinción y un modelo distinto de relación con la naturaleza. La pregunta es tan simple como profunda: “¿Está usted de acuerdo en mantener el crudo del Yasuní–ITT indefinidamente en el subsuelo?”

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) y el Colectivo Nacional Unitario ha presentado su propuesta de consulta. Cuatro cartas pusieron sobre la mesa. Las preguntas responden a cuatro problemas: la corrupción, la reelección indefinida (y el peligro que alguien se entronice en el poder en desmedro de la democracia), la parcialidad para la designación de las autoridades de control, y la transición de un sistema personalista a uno más participativo y democrático.

Aunque estoy de acuerdo con el espíritu de las preguntas, hay algunas cuestiones preocupantes.

En la pregunta 1, se propone la muerte civil permanente. Pero esa es una sanción incompatible con los fines constitucionales de la pena (rehabilitar y desarrollar capacidades para ejercer derechos) —por tanto, sería inconstitucional. La extinción de dominio, como se ha regulado en otros países, se produce sin necesidad de sentencia en un juicio penal y con serias contradicciones con el debido proceso. Se deja abierta una ventana peligrosa para aumentar el poder punitivo del Estado.

En la misma pregunta se restringe la recuperación del dinero de la corrupción “a lo robado.” En derecho las palabras suelen tener contenidos precisos. El robo es una de las formas de sustracción diferente a otras formas de apropiarse el dinero. Debería ponerse una palabra más genérica.

La alusión a la corrupción del pasado, del presente y futuro jurídicamente no aporta mucho a la pregunta. Aún si se aprobase una pregunta así, no podría regir para el pasado porque la ley solo rige para lo venidero.

En las preguntas de la CNA llama la atención la omisión a las reformas constitucionales del 2011 —en particular a la tan invocada “metida la mano a la justicia” (preguntas 4 y 5 de aquel referéndum).

Cabe reflexionar, además, sobre la conveniencia de dejar en el Presidente todo un régimen de transición para designar nuevas autoridades. Por dos razones. La primera es que uno de los problemas de los que queremos salir es la concentración de poder en el presidente. La segunda, que aún tenemos un vicepresidente cuestionado por estar involucrado en casos de corrupción, y que está en la línea de sucesión en caso de faltar el titular. Puede ser, sin embargo, en la coyuntura actual, una salida eficaz.

La tercera propuesta, la de la Plataforma de Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, contiene cinco preguntas. Tratan sobre las reformas del 2015, el mecanismo de selección de altas autoridades, la independencia judicial y el sistema electoral.

Estas preguntas son mucho más elaboradas y complejas, tanto que requieren una lectura minuciosa y no son fáciles de entender en una primera vista. Las preguntas topan dos aspectos importantes no tratados por la propuesta de la CNA: la independencia judicial y el sistema electoral. Algunos comentarios:

La primera pregunta, relacionada a las reformas del 2015, omite considerar tres aspectos regresivos de aquella reforma: la restricción a la consulta popular, el cambio de la misión de las Fuerzas Armadas para hacer seguridad integral, y la restricción de los derechos colectivos de los trabajadores del sector público. En este sentido, la pregunta de la CNA es más amplia y adecuada (aunque queda para el debate si respeta la norma de que una pregunta debe tratar un solo tema).

La segunda pregunta, a diferencia de la propuesta de la CNA que pone en el Presidente la solución a la selección de altas autoridades, apuesta al principio de legitimidad democrática: la Asamblea, con votación reforzada y con proceso de impugnación y veeduría, designa a las autoridades de las funciones y órganos de control. Además utiliza una técnica que la Corte Constitucional avaló en el 2011: la reforma legal (vía anexos) que desarrolla el cambio constitucional consultado.

La tercera pregunta, sobre la independencia judicial, subordina el órgano administrativo al jurisdiccional, eliminando de este modo una amenaza a la independencia interna, y cambia la designación y conformación del Consejo de la Judicatura. La cuarta pregunta intenta resolver el problema de la falta de representación de las minorías.

Hay un problema más, provocado por las reformas constitucionales del 2011 y por las políticas restrictivas a los derechos. Y se podría podría aprovechar la consulta para resolver asuntos de la restricción de la libertad y el fortalecimiento de un Estado represivo (preguntas 1 y 2 del referéndum de 2011). En ese referéndum se estableció una excepción a la caducidad de la prisión preventiva y se eliminó la excepcionalidad de la privación de libertad, dejando a la ley (al Código Orgánico Integral Penal, COIP), la regulación de las alternativas a la privación de libertad. No es casual que, como nunca en nuestra historia, tenemos presos a más de 35 mil personas.

Este no es un problema menor. Es uno de los termómetros de la democracia y con la forma cómo resolvemos los problemas más graves que aquejan a la sociedad.

Más allá de estas tres propuestas, hay un detalle de la reforma del 2011 que fue fatal y que debería ser revisado. Es la herramienta de intromisión del poder Ejecutivo en la Función Judicial (y que estuvo dentro del anexo a la pregunta cinco de esa consulta): haber incluido a los jueces como sujetos de error inexcusable. El error inexcusable, según el informe del profesor Luis Pásara sobre la independencia de la justicia en Ecuador, se convertiría en la causa por la que abrumadoramente destituirán a los jueces y es un concepto poco preciso que permite una interpretación arbitraria por parte del Consejo de la Judicatura.

Por eso, sugiero una pregunta más que me encantaría hacerla pero entiendo que los momentos políticos dan para pocas preguntas y para evitar distractores sobre lo más importante, que es legitimar popularmente al presidente Lenín Moreno. Sin embargo, para sacarme el clavo, va lo que me encantaría preguntar:

¿Está usted de acuerdo en que la reforma constitucional publicada en el Registro Oficial N. 490-Suplemento de 13 de julio de 2011, relativa a la caducidad de la prisión preventiva (Art. 77.9), sobre la excepcionalidad de la privación de libertad (Art. 77.1) y reforma legal sobre el error inexcusable (Art. 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial), queden sin efecto, se mantenga el texto constitucional y legal original y se aprueben las reformas legales como establece el anexo 1?

Anexo 1

Agréguese al Art. 60 del Código Orgánico Integral Penal el siguiente numeral:

“12. La reparación integral.”

Remplácese el último inciso del Art. 60 por el siguiente:

“La o el juzgador podrá imponer una o más de estas sanciones en lugar de las penas previstas en cada tipo penal.”

Hay otros problemas más profundos que no podrán ser resueltos mediante una consulta. Tienen que ver con el hiper-presidencialismo y la construcción a profundidad de un estado plurinacional e intercultural, que tome en serio los derechos de la naturaleza y el buen vivir. Pero para ello habrá que buscar otros espacios y soluciones.

|Profundidad|

El derecho a tener derechos

|La vida de los otros|

Este fin de semana se realizaron, en distintas ciudades del país, marchas para defender “valores tradicionales” que estarían bajo grave amenaza. Hasta ahí todo bien, la Constitución ecuatoriana garantiza a todas las personas “[e]l derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria” y estemos o no de acuerdo con la visión de los organizadores y asistentes a estas marchas, hay que defender hasta las últimas consecuencias su derecho a expresarse libremente. El problema fue la estrategia de difusión y captación que los convocantes de tales movilizaciones adoptaron, pues el límite más obvio al ejercicio de los derechos propios son los derechos ajenos. Y si para reclamar respeto a los derechos propios mentimos, estigmatizamos y negamos los derechos de otros, es porque no nos asiste la razón en lo que reclamamos o nos resistimos a aceptar que el otro tenga derechos, negamos que sea nuestro igual y su pertenencia a la familia humana: lo discriminamos.

Esto puede sonar exagerado, infundado y hasta ofensivo, si se toma en cuenta que los principales promotores de las marchas son organizaciones y personas vinculadas a la iglesia católica —la de mayor influencia en nuestro país como en casi toda la región— cuyos objetivos abarcan, se supone, la promoción del amor al prójimo, la tolerancia, la compasión y la igualdad.  Sin embargo, objetivamente hablando, los “curas y monjas de todos” vienen comportándose desde hace varios días como fundamentalistas —esos que según define la Real Academia de la Lengua exigen de manera intransigente el sometimiento a una doctrina o práctica establecida— y han convertido en blanco de un discurso estigmatizante y muy poco cristiano a quienes tienen una identidad de género o una orientación sexual diversa. Sus planteamientos no están llenos de fervor religioso y valores sino de odio y miedo a quienes consideran diferentes o más bien inferiores.  Basta ver las publicaciones del sacerdote César Piechestein en Twitter haciendo burla de una persona disfrazada, o los de sus seguidores instándonos a quienes hemos cuestionado estas actitudes a “meter[nos] un tren bala japonés donde no [nos] dé el sol”.

Todo este apasionamiento surgió luego de que el 24 de agosto de 2017 el Presidente remitió a la Asamblea un proyecto de ley que busca erradicar la violencia de género contra las mujeres (ya era hora).  Para cumplir tal cometido el proyecto plantea la necesidad, como mecanismo de prevención de la violencia basada en el género, de incorporar el enfoque de género en los procesos educativos.  Esto ha sido mal entendido por muchos como la relajación moral absoluta y la promoción del libertinaje sexual desde las más tiernas edades, para que nuestra sociedad se convierta en una suerte de versión contemporánea de la Roma de Calígula.

A estas erradas apreciaciones, los preocupados ciudadanos que marcharon el sábado no llegaron solos, de hecho, la casi todos de los hoy indignados no conoce el proyecto, su naturaleza, contenido y alcance. Han confiado en lo expresado por un Frente Nacional para la Defensa de la Familia cuyas figuras más notables son líderes de opinión del ámbito religioso, que sin informarse de manera suficiente han concluido que el fin último del proyecto de ley es implantar en el Ecuador la “ideología de género”, que según afirman, es una aberrante doctrina impulsada por las “feminazis” y los “maricas” para conseguir la implantación de una filosofía hedonista.

Lo cierto es que en todo el articulado del proyecto de ley no aparece ni una sola vez la expresión “ideología de género”. Sí aparecen, en cambio, las expresiones “perspectiva de género” —en el artículo 7 numeral 13— y “enfoque de género” —en el artículo 19 numeral 2—, que son términos de contenido técnico jurídico que se refieren a […] una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros, una de las conclusiones acordadas del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas de 1997.

OnuMujeres —la entidad de las Naciones Unidas encargada de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas— señala que “[…] la igualdad de género es el objetivo de desarrollo general y a largo plazo, mientras que la incorporación de una perspectiva de género es un conjunto de enfoques específicos y estratégicos así como procesos técnicos e institucionales que se adoptan para alcanzar este objetivo”. La Organización Internacional del Trabajo al referirse al mismo tema ha expresado que “La transversalización del enfoque de género no consiste en simplemente añadir un ‘componente femenino’ ni un ‘componente de igualdad entre los géneros’ a una actividad existente. Es, asimismo, algo más que aumentar la participación de las mujeres: significa incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y de los hombres para sacar adelante el programa de desarrollo. Unicef —la agencia de las Naciones Unidas encargada de promover el bienestar y los derechos de la infancia en el mundo— tiene en ejecución un Plan de Acción para la Igualdad de los Géneros, que entre otras cosas, insta a los Estados a “[p]romover servicios de salud adolescente que tengan en cuenta la perspectiva de género” y hace hincapié en la importancia de la “[…] la perspectiva de género en los programas de estudios y la pedagogía, y la creación de entornos de aprendizaje seguros y protectores”.

Entonces, satanizar la inclusión del enfoque o perspectiva de género en la malla curricular de los programas de educación formal e informal como medida de prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es perverso.  Mentir a la ciudadanía sobre la existencia de supuestos propósitos ocultos en la prevención de la violencia de género a partir de la inclusión del enfoque o perspectiva de género en los procesos educativos es aún más perverso. Y aprovechar la ocasión para hacer escarnio público de la comunidad LGBTIQ acusándoles de algo que en nada les atañe es atroz.

Con respeto a los curas, monjas, rabinos, imanes, bonzos, etc. “de todos”, el problema de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en nuestro país es acuciante y debe ser abordado, entre otras medidas, a partir de la educación —desde la más temprana edad. Se debe enseñar sobre la igualdad de hombres y mujeres y sobre la no imposición de roles sociales empezando por los colores que identifican a cada sexo. Esa educación debe tener en cuenta la perspectiva de las mujeres sobre sus problemas y reflejar sus aspiraciones (el enfoque o perspectiva de género). Sólo en la primera mitad del 2017, según organizaciones muy serias y reconocidas de la sociedad civil, en Ecuador hubo 80 femicidios. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el Ecuador 6,06 de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia basada en el género, y eso sin incluir a las menores de 15 años. No podemos relativizar esta cuestión, no podemos cerrarnos a la erradicación de este problema con fundamento en posturas que ya no son religiosas sino sectarias.  No es justo, no es humano. Nos guste o no, Ecuador se ha convertido en “el país de la violencia sin límites” (para las mujeres).

La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes tiene su raíz en la discriminación basada en el género, en las normas sociales y los estereotipos de género que son vistos como normales y en consecuencia la perpetúan. Precisamente por eso, la prevención de esa violencia debe comenzar en las primeras etapas de la vida, a través de una educación de niños y niñas que promueva las relaciones de respeto y la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, la no sumisión.  Se trata de un momento crucial de la vida de las personas en que los valores de los futuros ciudadanos se están formando.  ¿Quién en su sano juicio puede oponerse a que las mujeres no estén subordinadas a los hombres?

En este sentido la Unesco —la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura— ha dicho que “mediante la Declaración de Incheon, los Estados Miembros y toda la comunidad educativa, se comprometieron ‘a apoyar políticas, planes y contextos de aprendizaje en que se tengan en cuenta las cuestiones de género, así como a incorporar estas cuestiones en la formación de docentes, los planes y programas de estudios, y a eliminar la discriminación y la violencia por motivos de género en las escuelas’”, y ha recomendado “[…] que los sistemas educativos actúen de manera explícita con miras a erradicar los prejuicios de género y la discriminación” (énfasis añadido).

OnuMujeres en conjunto con la Asociación Mundial de las Guías Scouts ha desarrollado el programa “Voces contra la violencia”, “[…] un programa mixto diseñado para distintos grupos de edad que abarcan desde los 5 hasta los 25 años de edad. Brinda a las personas jóvenes herramientas y experiencia para entender las causas profundas de la violencia en sus comunidades, educar e implicar a sus iguales y a las comunidades para prevenir esta clase de violencia, y saber adónde acudir en busca de ayuda en caso de sufrir violencia”.

Ahora bien, lo que al parecer subyace a estas reivindicaciones de los marchantes del 14 de octubre y su forma de plantearlas es bastante más complejo y profundamente contradictorio.  El propio Sacerdote Piechestein ha sido muy explícito en afirmar que no está en contra de la igualdad de hombres y mujeres ni del proyecto de ley, sino de algunos de sus artículos. También ha dicho que si se aprueba el proyecto, el derecho que se encontraría en riesgo no sería el de los niños sino el de los padres para elegir el tipo de educación que sus hijos deben recibir, lo que sin duda puede ser discutido. Pero al tiempo, ni él ni sus seguidores han tenido reparos en descalificar y ridiculizar la identidad y orientación sexual diversa. El Frente que él representa introdujo el tema de la identidad sexo-genérica en un contexto que nada, absolutamente nada, tiene que ver con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Los mensajes han usado como palanca las supuestas consecuencias negativas de la despenalización del microtráfico de estupefacientes (que luego fue objeto de una contra reforma legislativa al más puro estilo Correa —gritos y órdenes) para afirmar que una vez más avanzamos hacia el caos moral. Antes de escribir ese mensaje ¿se habrá reflexionado sobre las consecuencias nefastas que la contrarreforma tuvo en cuanto a la criminalización de la pobreza y el encarcelamiento de personas, padres y madres, que precisamente por su situación de precariedad se vieron obligados a micro traficar mientras la sociedad (iglesia incluida) los miraba con desdén? Supongo que no.

La filósofa alemana Hannah Arendt varias veces propuso la idea de un derecho a tener derechos.  Esta teoría está notablemente desarrollada en su obra “Los orígenes del totalitarismo”, pero ya en un ensayo de 1949, desde el título —Es gibt ein einziges Menschenrecht (Sólo hay un derecho humano)— Arendt proponía que mientras los derechos humanos en general cambian en función de las circunstancias históricas y de otra naturaleza, el presupuesto indispensable y necesario para que podamos disfrutar y ejercer tales derechos es también un derecho en sí mismo: el de ser reconocido como miembro de la comunidad (llámese sociedad, nación o como sea). Esto porque solo dentro de los confines de la comunidad es donde la vida, la integridad, la libertad, la igualdad, pueden realizarse. El imperativo moral bajo el planteamiento de Arendt sería entonces tratar a todas las personas, con independencia de sus condiciones personales (identidad y orientación sexuales inclusive) como miembros de la familia humana, reconocernos en ellos, aceptar que son humanos como nosotros, no discriminarlos ni suponerlos inferiores.  No obstante, con asombro vemos cómo la solidaridad, la generosidad y la compasión van cediendo terreno a la indolencia. Es como si la sociedad ecuatoriana —y mundial— considerara que hay personas “más humanas” que otras.  Esas, las otras, los parias, los desechables, aparentemente no han alcanzado el más elemental de los derechos, tener derechos. El tono y la actitud de los convocantes a la marcha del sábado que pasó es sólo una entre muchas demostraciones de lo que afirmo.

La marcha, que reitero, compartamos o no las visiones de sus participantes, está bien que se haya realizado porque vivimos en democracia, también tiene que llevarnos a reflexionar sobre lo más básico, la noción de sujeto de derechos, el reconocimiento de la condición de persona titular de tales derechos, lo que en efecto es un derecho en sí (como los artículos 1 y 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Todo esto me lleva a revisar, con preocupación, que en nuestro país hay una serie de problemas muy graves que afectan de manera notable a los niños y adolescentes, frente a los cuales no he sabido ni de marchas organizadas por la iglesia católica, ni de lobby político de la misma iglesia para influir positivamente en el diseño de legislación o en la adopción de políticas públicas a fin de superarlos.  Sólo por mencionar algunos está la tasa de desnutrición infantil en niños menores de 5 años que es todavía del 23%. No hay marcha planificada. El porcentaje de niños y adolescentes entre 5 y 17 años que trabajan es del 8,56% (360.000 personas). No se ha previsto una marcha. El índice de violencia contra los niños, niñas y adolescentes es del 44%. Todavía no hay marcha. El 70% de las familias ecuatorianas no accede a centros de cuidado diario para sus hijos e hijas, a pesar del incremento del trabajo femenino. No se ha convocado a una marcha. Los niños, niñas y adolescentes que viven sin sus padres (madre o padre) son 400.000. Sin marcha. La tasa de deserción escolar, sólo a nivel del bachillerato, se ubica en el 16%, y la mayoría de quienes dejan los estudios (para trabajar y contribuir a la manutención de sus casas) son mujeres. Y no hay marcha. En los últimos 10 años, el incremento de partos de niñas entre 10 y 14 años fue del 78%.  ¿Qué fue la marcha? La violencia contra las mujeres (adolescentes mayores de 15 años incluidas), como se mencionó líneas atrás, está en el rango del 60,6%, no hay marcha. El índice de pobreza en Ecuador está en el 23,1% y el de pobreza extrema en el 8,4%. Sobra decir que entre esos pobres de nuestro país hay muchos niños y adolescentes. Pero no se prevé una marcha.

En estas condiciones, una marcha contra el “lobby gay” parece un despropósito, habiendo tantas cosas importantes por las cuales reclamar y en las que apoyar. Entonces, ¿quién determina lo que es moral y lo que no? No estoy muy seguro de que deba ser la iglesia católica, sobre todo si aún tiene trapos sucios que lavar en casa en lo que a derechos de los niños, niñas y adolescentes se refiere.  En este sentido son ilustrativas las observaciones del Comité de Derechos del Niño y del Comité contra la Tortura, ambos de Naciones Unidas, realizadas a la Santa Sede.

Tampoco creo que se trata de lo que piense la mayoría, como me han señalado con gran “dulzura” varios tuiteros. Es muy claro que democracia no significa la opresión de unos pocos por los que hacen más bulto, sino la toma en consideración de los problemas y propuestas de soluciones de todos los que integran la sociedad, minorías incluidas: la democracia debe ser inclusiva no excluyente. El argumento de “mayoría gana e impone” que tanto escuchamos y desgastó un oscuro personaje los pasados 10 años, para problemas como la desigualdad estructural y la discriminación que aún imperan en el Ecuador, simplemente no funciona.

Más importante todavía, ¿será que un ministro de culto, de la religión que fuere, puede determinar quién tiene o no tiene dignidad? ¿quién pertenece a la comunidad que llamamos sociedad ecuatoriana y tiene derecho a tener derechos? La respuesta única, obvia y natural es un radical no.

Mi hija, de 10 años, cuando escucha en la mesa familiar sobre las posturas intransigentes y sectarias de los que promueven la marcha del sábado, quedó asombrada. Luego se indignó cuando su madre y yo le explicamos que la protesta es por la inclusión de la perspectiva de género en una ley para erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro país, una medida cuyo propósito es protegerla a ella y a las mujeres de su generación y de las venideras, de un fenómeno detestable y tan naturalizado en nuestra sociedad machista: la consideración de la mujer como ciudadana de segunda, como objeto no sujeto, sin derecho a tener derechos.

He tenido la fortuna de integrar los equipos de defensa de familias valientes, golpeadas brutalmente por la violencia machista, la de la joven Vanessa Landínez, la de la niña Valentina Cosíos. También litigué en nombre de la CIDH casos ante la Corte Interamericana por violación de los derechos de las mujeres. Soy hijo, esposo, hermano, padre, amigo, maestro de maravillosas mujeres. Por eso tengo claro sin ser “el abogado de todos” que no hay justificación que valga para oponerse a la erradicación de la violencia contra ellas y en consecuencia a la inclusión del enfoque y perspectiva de género en los procesos educativos.

Claro que quiero que mi hija sea educada con valores: la tolerancia a los demás, aunque sean diferentes, la empatía con todos comparta o no sus visiones, la solidaridad con los más necesitados no sólo en lo material sino en lo afectivo, la compasión por los oprimidos, la frontalidad en la defensa de sus derechos. Quiero que mi hija no sea insultada o golpeada por su enamorado o enamorada, esposo o esposa, que no sea violada o asesinada por un sujeto que nunca aprendió en la escuela a no discriminar,  que no sea subyugada a cumplir solo el rol de madre y cocinera en casa a menos que ella lo quiera y decida, que no tenga reparos en plantarle la cara a cualquiera que ose decirle que no tiene derecho a una vida libre de violencia por el simple hecho de ser mujer o lesbiana o lo que quiera ser, consciente que su identidad y orientación sexual resulta intrascendente pues ya es un ser excepcional, es un ser humano.

No pretendo que nadie comparta mi punto de vista pero me encantaría que seamos un poco más consecuentes y practiquemos en nuestra vida los valores que pregonamos, empezando por el amor al prójimo, pues caso contrario la igualdad de derechos y la no discriminación se vuelven como el reino de los cielos, sabemos que llegarán, pero no sabemos cuándo.

Por todo esto, tengo que decirle al Sacerdote Piechestein y sus discípulos, ¡Con mi hija no te metas!

UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO

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Adiós a la peor selección de la Eliminatoria (que fue la mejor de la Eliminatoria)

|Placeres|

Una fecha antes del final de las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018 algo quedó claro: la del Ecuador fue la peor selección de fútbol de Sudamérica el año 2017. Por resultados y desempeño: Ecuador perdió los cinco partidos que jugó. Un contraste terrible frente a lo que parecíamos demostrar en 2015, cuando ganamos los cuatro primeros encuentros de estas eliminatorias. El fracaso ecuatoriano es una historia de contradicciones inmensas que dejan un sabor demasiado amargo y muchas interrogantes sobre el futuro.

La pesadilla puede contarse numéricamente: en 2015 ganamos 12 puntos de 12 posibles. Éramos los líderes de la tabla. Comenzó con la victoria inédita en Buenos Aires, pasando por sólidas presentaciones en casa ante Bolivia y Uruguay y de visita en Venezuela. Pero desde entonces, pasamos primero a mediocre y luego a pésimo. En 2016 conseguimos 8 de 24 puntos posibles (o lo que es lo mismo: como si hubiéramos empatado todos los partidos). En 2017, el descalabro fue total: perdimos 5 de 5. Fuimos el epítome de la “carrera de caballo, parada de burro”. Empezamos a sufrir una bipolaridad deportiva: pasamos del exitismo que nos hacía pensar a fines de 2015 en comprar pasajes a Moscú, a la ruindad presente de una eliminación anticipada al Mundial, que veremos solo como espectadores y no como protagonistas. Esos extremos parecen no encontrar un punto intermedio que nos permita pensarnos a futuro. ¿De verdad fuimos tan buenos en 2015? ¿Somos así de malos en 2017?

¿Qué diablos somos?

En esta ocasión la eliminación es quizás más dolorosa. Para las clasificatorias sudamericanas de los Mundiales 1998 y 2010, que siguieron el formato de todos contra todos y de los cuales también quedamos fuera, llegamos a la última fecha con alguna opción de clasificación. No obstante, en ninguno de esos procesos vivimos periodos tan distintos entre un comienzo estelar y un cierre horrendo. Desde 1998, hasta las de Rusia, en todas las clasificatorias habíamos tenido cierta estabilidad, gracias a la solvencia en la cancha del Atahualpa. Eso había abierto la idea de que nuestro mejor jugador era la altura de Quito. Pero cuando en 2015 ganamos igual número de partidos dentro y fuera del Atahualpa, pensamos que la selección de Gustavo Quintero había encontrado la forma de superar el mito de la ventaja de los 2800 metros de la capital ecuatoriana, plasmando en la cancha un estilo de juego agresivo que se imponía sin importar el lugar. En 2017, entendimos que el mito no ganaba solo: las derrotas ante Colombia y Perú (con la que no perdíamos hacía 40 años) demostraron que la altura ayuda solo cuando el equipo funciona.

¿Qué volvió disfuncional al equipo? No hay una respuesta simple.

En cierta medida, el éxito del inicio condicionó el resto de las eliminatorias. El hambre que la selección pareció tener en 2015, dio la impresión de dejar satisfechos a jugadores, cuerpo técnico y dirigencia. Ese saldo favorable dio paso a una especie de blindaje que impidió hacer un ejercicio autocrítico o plantearse una perspectiva de largo plazo. Desde 2016 carecimos del sentido de urgencia que significa tratar de conseguir el objetivo lo más pronto posible, para no tener que depender de nadie más que de uno mismo. A este aspecto de carácter motivacional, se sumó el ruido ambiente de la crisis institucional que vivió la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tras los escándalos de corrupción que gatillaron la salida de Luis Chiriboga en 2016.

De nuevo, pero desde la lógica institucional, los abusos que provocaron la salida del presidente de la FEF, no dieron paso a ninguna mirada interna que significara autocrítica y renovación. Todo lo contrario: parecieron reafirmar la necesidad de continuidad del chiriboguismo —o los dirigentes que lo acompañaron durante dos décadas—  para sostener un proceso clasificatorio, que hasta fines de 2016 parecía exitoso cuando en la fecha 12 estábamos terceros en la tabla sudamericana.

En lo deportivo como a nivel institucional, la selección estaba al borde de un cortocircuito. Pero parecía como si nadie reconociera el peligro, porque teníamos posibilidades fundamentadas para clasificar. El objetivo parecía plausible, aunque a la postre fuera una ficción: la seguidilla de derrotas experimentadas en 2017 rompió la burbuja. Entre las fechas 13 y 17 de las eliminatorias sudamericanas, todas las selecciones se jugaron la clasificación a Rusia 2018. Los casos más notables fueron los de Perú (6 puntos por debajo de Ecuador a fines de 2016) y Paraguay (5 puntos menos), que en 2017 lograron 11 y 9 puntos, respectivamente, y hoy tienen opciones de clasificar directamente o en el repechaje.

Las clasificatorias han sido tan disputadas que, con excepción de Brasil, las otras selecciones que ocuparon las cinco primeras plazas a fines de 2016 (Uruguay, Chile y Argentina) hicieron —junto con Venezuela y Ecuador— la menor cantidad de puntos en 2017. El resultado es una tabla de posiciones muy apretada, que va a provocar un final de suspenso este martes 10 de octubre para seis selecciones. Excepto la de Ecuador.

Este final anticipado debe dejarnos varias enseñanzas. Necesitamos reforzar la palabra proceso. La idea de que la clasificación es parte de un esfuerzo continuo es fundamental para poder concretar futuras aspiraciones mundialistas. Esto significa sostener las ambiciones y las energías para clasificar a un Mundial, sin las bipolaridades como las vividas para Rusia 2018. Si bien Perú y Paraguay son ejemplos de un buen remate final, lo que hizo Brasil desde que Tite está al mando de la canarinha demuestra que sostener las convicciones y el hambre de triunfos, de local y de visitante, logra holguras que evitan dolores de cabeza.

Otro aspecto importante es que los procesos van de la mano con la renovación y la oportunidad para nuevos jugadores, sobre todo los más jóvenes. En 2017 Venezuela ha hecho esa apuesta. Los puntos ganados por la selección vinotinto en 2017 se consiguieron con la participación de varios jugadores que alcanzaron este año el vicecampeonato mundial sub-20 en Corea. Sobre la base de sus jóvenes, los venezolanos han jugado bien de local y de visita, y aunque no han conseguido victorias, están dejando abonado el camino para lograr su sueño mundialista para las eliminatorias de Catar 2022. Un sueño en todo el sentido de la palabra: Venezuela jamás ha ido a un mundial.

Nada se podrá lograr si no se renueva la institucionalidad. Si las lógicas con las que ha actuado la FEF continúan, vamos a seguir repitiendo las historias de miopía y frustración como las vividas en estas eliminatorias. El “sí se puede” tiene que repetirse otra vez, de la mano de dirigentes que crean que esta es una convicción basada en objetivos de todo el fútbol ecuatoriano. Y no como un subproducto de intentos personalistas por perpetuarse en el poder.

Fotografía de agencia de noticias ANDES bajo licencia CC BY-SA 2.0..

Hugh Hefner, el ícono que murió convertido en la caricatura de su creación

|Placeres|

Hugh Hefner, el recientemente fallecido fundador de Playboy fue, como su revista, un ícono de la revolución sexual del siglo XX. Empezando por Estados Unidos, se empecinó en exportar al mundo la caída de corsés físicos y mentales. Su timing fue perfecto: las sociedades occidentales bullían de renovación, aupadas por el proceso de reconstrucción posterior a la Segunda Guerra. El resultado generó un producto y una industria, que hizo a Hefner famoso y millonario, pero también lo ató al personaje que quiso representar. Con él pasó igual que con los revolucionarios que se aferraron al poder por mucho tiempo: no supieron envejecer. El personaje que crearon los terminó devorando.

Hefner fue un parteaguas que no dejó indiferente a nadie. Playboy fue amada por hombres de todas las edades y generaciones, que vieron en la revista al medio que plasmaba como ningún otro un imaginario erótico que llamaba a la liberación sexual, con el sonido ambiente de una narrativa bellamente concebida a través de cuentos, artículos y entrevistas escritas por o hechas a los mejores escritores, personajes e intelectuales del momento. Desde el espacio público, Playboy y Hefner enfrentaron la visión conservadora predominante, que se convirtió en su primer gran enemigo.

Su otro adversario fue el feminismo que le imputó a Hefner la cosificación de las mujeres. Esta segunda némesis tenía su cuota de paradoja. Nacidos del seno de una visión más liberal y rupturista del canon social, el feminismo y Playboy apelaban a la liberación sexual promoviendo el uso de anticonceptivos y una sexualidad sin atavismos, pero desde polos opuestos sobre la visión del poder en las relaciones sexuales o sociales: compartido por igual entre hombres y mujeres o monopolizado por los hombres. Por ende, el tiempo generó visiones polares frente a Playboy y su creador: lo que para unos era la exaltación de la belleza y sensualidad femenina en clave cool, para otros era una abominación de la moral y costumbres predominantes, o la materialización de una misoginia cosificante.

No obstante (o quizá por) estas visiones contradictorias, Hefner es un tipo multidimensional. Nacido de una familia puritana, la naturaleza disruptiva del fundador de Playboy le hizo confrontar desde sus inicios el conservadurismo de los Estados Unidos y a su entorno familiar. Estudió sicología y filosofía, y se interesó en el periodismo y la literatura. Hefner tenía un carácter encantador que hizo que sus compañeros de universidad presagiaran su éxito seguro.

Esa profecía pareció desvanecerse cuando el joven Hugh, casado y como miembro de la revista Esquire, pensó en suicidarse en Chicago por la anomia que le provocaba una vida demasiado normal. Pero reculó y decidió apostar todo en su gran proyecto: una revista que reivindicaba sus pasiones —la sensualidad femenina, la literatura y el hedonismo. Pidió prestados ocho mil dólares de dos bancos, hipotecó dos veces su casa y convenció a un grupo de inversionistas, entre los que se incluía su madre.

La apuesta de Hefner dio frutos en abundancia. Desde que decidiera comprar las fotos de Marilyn Monroe desnuda para ponerla como portada de la primera edición de Playboy, las ventas de la revista crecieron de manera exponencial: desde las 50 mil ediciones de su primer ejemplar en 1953 a los siete millones que llegaron a venderse en los setentas. Al éxito de ventas se sumó el atractivo publicitario. El marco conceptual del refinamiento elitista que vendía Playboy y su tiraje, fueron un imán para las marcas que querían explotar esa veta. La fórmula del éxito comercial se basaba en la capacidad de ofrecer mensualmente una ventana a la vida de hombres con poder económico, social e intelectual que, en paralelo, tenían una vida sexual más activa y diversa. La idea del poder como el mejor afrodisíaco subyacía en cada una de las páginas de Playboy.

El concepto que creó Hefner generó tanta demanda, que luego se internacionalizó y se expandió en la forma de clubs, productos para hombres e incluso líneas aéreas y canales de cable. El producto de Hefner también implicó ofrecer una estética reconocible, que se volvió increíblemente popular, comenzando por el logotipo del conejo con corbatín, que introdujo con el diseñador Art Paul en el segundo número de Playboy. El conejo de orejas largas y pinta de dandy evocaba por partida doble la imagen juguetona del animal y la idea de su promiscuidad. Con unos trazos simples que no tomaron más de una hora de producción, el logo se convirtió en uno de los más reconocibles del mundo junto con los de Apple y Nike.

La estética también implicó una mirada que explotaba el inconsciente masculino. Sobre todo, la fantasía de los encuentros sexuales con mujeres bellísimas en islas desiertas, ranchos vaqueros, bibliotecas, resorts lujosos o incluso favelas —lugares posibles solo en la imaginación, o gracias al lente de los fotógrafos de Playboy. Las mujeres más bellas y sensuales de los últimos 64 años fueron el principal gancho en la medida en que no solo aparecían desnudas explícitamente para satisfacer el deseo de muchos hombres. Cumplían el rol de mostrarse como una fantasía cuyo ambiente onírico se retrataba en la revista casi a la perfección.

A esta estética se le sumó una narrativa que ganó prestigio a lo largo de los años, sobre todo desde que en los sesentas Auguste Comte se convirtiera en su primer editor literario. El desenfado de Playboy para hablar de la sexualidad y la sociedad, fue un gancho perfecto para que en sus páginas aparecieran relatos, artículos y entrevistas de Paul Bellow, John Cheever, Jack Kerouac, Norman Mailer, Vladimir Nabokov, Truman Capote, Henry Miller, Kurt Vonnegut, Chuck Palahniuk, Haruki Murakami, amén de escritoras como Nadine Gordimer, Joyce Carol Oates y Margaret Atwood.

Las anécdotas y momentos de Playboy con las mejores plumas acumularon capítulos memorables: Ray Bradbury publicó por entregas capítulos de Farenheit 451, Gabriel García Márquez apareció en la revista en una entrevista extensa tras recibir el Nobel, mientras que la versión mexicana de Playboy publicó la última entrevista en vida de Roberto Bolaño en 2003. Incluso Jorge Luis Borges, según su biógrafo Emir Rodríguez, habría ganado 500 dólares por el segundo lugar en un concurso de cuentos de la revista en 1978. En muchos sentidos, Playboy fue un Aleph en clave erótica, cuyo magnetismo cautivó a los mejores narradores de su tiempo.

Hugh Hefner se convirtió en la personificación del imaginario que Playboy quería representar. Se separó de su esposa y vivió (o se caracterizó) como el poderoso soltero hedonista rodeado de novias. Hefner fue la imagen viviente del playboy: entrador, exitoso económica y sexualmente, sin atavismos convencionales, conectado con las élites. La fantasía de poder que vendía Playboy le brindó a su vez poder, transformándolo en la quintaesencia de la realización de esa fantasía. El personaje y la persona se imbricaron hasta el límite de lo posible, en lo que el obituario de The Guardian denominó con justicia el proselitista del antipuritanismo hedonista.

El personaje Hefner y el imperio Playboy también tuvieron muchas sombras. Sobre todo vinculadas con la estructura de liberalidad capitalista que promovieron, en donde los medios (la sexualidad, los clubes, los productos) para personificar al hedonista triunfador parecieron transformarse en el objetivo final, que había que mantener a toda costa.

Gloria Steinem contó en su reportaje A bunny’s tale las condiciones de vida de las conejitas tanto para las revistas como para los clubes Playboy en los sesentas: las chicas que trabajan para el imperio de Hefner eran explotadas económicamente, ganaban sueldos de miseria, y estaban sujetas al abuso y acoso sexual de los clientes. La parte del negocio Playboy sobreexplotaba a sus trabajadoras, exponiéndolas con el propósito de atraer a sus clientes, quienes veían en sus clubes a la oportunidad perfecta para convertirse en el sueño que la revista les vendía. No pocos vieron a la idea detrás de los clubes y la mansión Playboy como parte de una cadena de prostíbulos y a Hefner como su gran proxeneta. Hefner convirtió a sus mansiones y clubes en una especie de escenario ideal para que sus poderosos visitantes —incluían a millonarios, estrellas del espectáculo, escritores, deportistas y personalidades de todo calibre— saciaran sus apetitos con las mujeres que old boy Hugh les proporcionaba. Bill Cosby utilizó esos espacios para perpretar sus abusos sexuales. Para muchos, la mansión Playboy no era más que un prostíbulo extremadamente exclusivo y caro.

Más allá de las lecturas acerca de las luces y sombras del fundador de Playboy, lo que difícilmente se podría negar es la dificultad que tuvo para adecuarse a los cambios en su entorno y en sí mismo. Lo que Playboy significó en términos rupturistas, convirtiéndose en la vanguardia de una sociedad más liberada sexualmente, fue sobrepasada por el futuro. El periodista, escritor y guionista David Simon, gestor de la famosa serie The Wire y ahora productor y escritor de la nueva serie The Deuce, sobre la industria del porno en la Nueva York de los setentas, dice que lo acontecido durante la revolución sexual de los sesentas y setentas, y el negocio que emergió entonces, “es ahora una industria multimillonaria que afecta la manera en que vendemos las cosas, desde cervezas a autos o blue jeans. Si no se está consumiendo la industria del porno (soft o duro), se consume su lógica”.

Hefner fue uno de los impulsores íconos de una industria que se ha expandido como mercado y como cultura a nivel global. Pero en la que Playboy ha sido sobrepasada desde la misma lógica de ese mercado. La sensualidad onírica con la que la revista surgió  es cada vez más inefectiva frente al predominio del sexo explícito en mil y una formas con la gran puerta abierta del Internet. El conejito hefnerista hace rato está muriendo al ritmo de los enter de celulares y laptops.

Hefner, que alguna vez fue futuro, se convirtió en anacronismo. El playboy por excelencia se negó a envejecer. Y esa negación se convirtió en un ritual cada vez más patético, por efectos de la distancia en edad respecto de sus novias, la bata de seda de un hombre mayor y una vida de fiesta perpetua, difícil de parecer auténtica para su edad. En las últimas décadas el ojo global vio en vivo el otoño del patriarca de Playboy como la mascarada poco verosímil que fue.

Como ocurrió con muchos revolucionarios que en su momento trajeron renovación pero vivieron adictos al poder, el playboy que Hefner inventó no podía sostenerse sin el dinero o la venta de la imagen de sí mismo. Tal vez por eso decidió vivir sus últimos años y morir, la semana pasada, como una caricatura del sueño que alguna vez quiso encarnar.

Fotografía de Taka bajo licencia CC BY-NC-ND 2.0.

Los males de Yachay

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Según un estudiante de Geología de la primera promoción de la universidad Yachay Tech, en la universidad hay unas máquinas de última tecnología —unas campanas de extracción de químicos— que no pueden ser encendidas: si se lo hiciese, todo el campus podría quedarse sin energía. El estudiante no quiere ser nombrado por temor a represalias, pero Paola Ayala, exdecana de la facultad de Física, dice que en el pequeño pueblo andino de Urcuquí donde está Yachay, la corriente eléctrica es muy débil, lo que limita el uso de los cuatro laboratorios de docencia que hay en la universidad. Todo esto sucede en el proyecto de educación superior más ambicioso que ha tenido el Ecuador en su historia.

El ambicioso proyecto era, además, un monstruo de dos cabezas. Una muy grande, llamada Empresa Pública Yachay, que estaba encargada de la creación de la infraestructura de la ‘ciudad del conocimiento’, y otra más pequeña llamada Yachay Tech, que era la Universidad propiamente dicha. La idea era que Yachay Tech fuese el núcleo alrededor del cual sucediese la vida en la ciudad, pero el proyecto de desarrollo urbano tenía un presupuesto muy superior al de la institución académica: la ciudad tenía un presupuesto de cerca de 147 millones en 2016, y la Universidad, un poco más de 15 millones para ese mismo año, según la información en sus páginas webs.

La diferencia entre Yachay EP y Yachay Tech nunca estuvo muy clara para la opinión pública. Una serie de fiascos de parte de la Empresa Pública (como el anuncio de la megafábrica de producción de autos eléctricos que contaría con la inversión del gigante tecnológico Tesla que fue desmentida por un vocero de Tesla, o la fallida aplicación de taxis Yelou) mermaron la credibilidad de todo el proyecto.

Qué pasó con Yachay

La firma del acuerdo entre Yachay EP y Red Tech, uno de los fiascos del proyecto. Fotografía de la agencia de noticias Andes bajo licencia CC BY-SA 2.0

A tal punto, que la prestigiosa revista Science publicó un artículo en el que se narra las desventuras entre un grupo de decanos destituidos en junio de 2017 y su actual rector, Carlos Castillo-Chávez. Para los críticos de Yachay, el artículo de Science era una estocada al intento de Yachay Tech de hacerse un nombre en el mundo académico internacional. Para sus defensores, el artículo era el producto de una feroz campaña de desprestigio iniciada por los opositores políticos del expresidente del Ecuador, Rafael Correa. La historia y el desenlace de Yachay, sin embargo, no pueden ser explicados a través de ninguno de esos dualismos.

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Yachay era la materialización de uno de los principales sueños de la autodenominada Revolución Ciudadana: la transformación de la matriz productiva. Para lograrlo, Yachay pretendía emular lo que Corea del Sur hizo en la Zona Económica Libre de Incheon (IFEZ, por sus siglas en inglés): una ‘ciudad internacional’ que atrajera —entre otras— a compañías de tecnología de punta. Solo en el 2016, la IFEZ produjo 1,2 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. Tal era la semejanza entre el exitoso proyecto surcoreano y el cuestionado proyecto ecuatoriano, que el Plan Maestro de Yachay fue elaborado en conjunto con la misma firma a cargo de la zona empresarial de IFEZ.

Pero la IFEZ, además de gozar de una ubicación geográfica extraordinaria —localizada a 3 horas de vuelo de todas las mayores ciudades—, no fue un proyecto que nació de la noche a la mañana. Solo la fase de construcción de la infraestructura duró siete años. La universidad recibió a su primera cohorte de estudiantes en marzo de 2014, apenas dos años después de que se iniciara su construcción, y está en San Miguel de Urcuquí, un pequeño poblado andino de 16 mil habitantes, lejos de los polos industriales y económicos de Guayaquil y Quito.

No solo los tiempos de creación del proyecto Yachay difieren mucho del espejo coreano en que se miraba. Había una diferencia sustancial en los contextos de ambos países. En 1960, Corea del Sur era uno de los países más pobres del mundo —el ingreso per cápita era de 64 dólares— aún por detrás de la República Democrática del Congo. Cuando Park Chung Hee llegó al poder en 1961, su principal objetivo era sacar al país de la pobreza mediante un modelo de desarrollo planificado. Con esto en mente, declaró a la ciudad de Uslan como zona especial de desarrollo industrial. El conglomerado empresarial Hyundai tomó ventaja de esta política y estableció sus principales fábricas en esta ciudad. Pronto le seguirían LG y Samsung. En 1966, con apoyo económico y técnico del gobierno estadounidense, Chung Hee fundó el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (KIST) para la investigación en áreas clave relacionadas a las industrias de exportación coreanas, como ingeniería química y mecánica, ciencias de materiales y electrónica.

Durante sus cinco primeros años, el KIST se dedicó exclusivamente a contratar personal calificado y a establecer sus operaciones. Su labor de investigación empezó recién a inicios de los 70. Pero tenía un problema: al no ser un instituto de docencia, no podía capacitar nuevos investigadores. Por ello, en 1971, con un préstamo de 6 millones de dólares otorgado por la agencia de cooperación de los Estados Unidos, USAID, se fundó el Instituto Avanzado de Ciencias de Corea (KAIS), una universidad que buscaba formar a científicos e ingenieros, y desarrollar una estructura de postgrados. Un tiempo después, su nombre fue cambiado a KAIST. Hoy ocupa el puesto 13 en el área de Ciencias de Materiales del ranking mundial de universidades QS World University Rankings, y es considerada una de las universidades más innovadoras del mundo. Cuando se iniciaron las construcciones de la IFEZ en 2003, Corea del Sur llevaba cerca de cuatro décadas dedicadas a la investigación científica y tecnológica. Se había convertido en un líder mundial en esas áreas.

En Ecuador, el proceso se quiso hacer como aplastando un botón de fast forward. Para el exdecano de Química Vladimiro Mujica —como Ayala, otro de los destituidos en junio de 2017— desde que comenzó Yachay Tech se tomó la decisión equivocada de crecer en número de estudiantes antes de tener la estructura de investigación (el actual rector ha dicho que el objetivo es tener 5 mil alumnos). Según Mujica, lo que se debió hacer era completar los laboratorios y empezar a admitir estudiantes lentamente, de forma que crecieran de la mano la cantidad de estudiantes y la estructura de investigación. Según Jaime Izurieta-Varea, un urbanista contratado para elaborar el diseño urbano inicial de la ciudad Yachay, la escala del proyecto nunca se ajustó a la realidad del país. Su propuesta de un pequeño núcleo urbano de bajo costo y crecimiento incremental atado a la economía y necesidades locales fue desechado en favor de la megaobra que impulsó el gobierno. “Se cedió a la tentación del populismo” —dice Mujica vía Skype— “Si una institución de esta naturaleza es sometida a las presiones del populismo es muy difícil que algo salga bien”.

qué pasó con Yachay

Ciudad Yachay era el proyecto más ambicioso de educación superior del Ecuador. Fotografía de la agencia de noticias Andes bajo licencia CC BY-SA 2.0

Construir una ‘ciudad del conocimiento’ cuyo eje principal era la universidad de Tecnología y Ciencia Experimental Yachay Tech nunca fue una idea popular. En un país donde no existe cultura de investigación ni de innovación, Yachay fue muy pronto catalogada como un ‘elefante blanco’ por su tamaño desproporcionado pero también por el desconocimiento de la cultura de innovación. En respuesta, el gobierno quiso mostrar resultados de forma casi inmediata. “Cuando nosotros llegamos el primer día no había carretera, las casas estaban sin puertas, no habían camas ni colchones, las cocinas no funcionaban”, recuerda el estudiante de geología. Dice que estaban ahí porque el entonces presidente Correa había dispuesto que las clases empiecen antes de lo previsto.

Una exfuncionaria de Yachay Tech (que pidió no ser identificada) dice que la Empresa Pública tenía muchas presiones políticas por parte del gobierno. El régimen quería resultados visibles —e inmediatos— para mostrarlos a una ciudadanía a la que se le había dicho “que íbamos a tener un Silicon Valley, que íbamos a ser el líder de la investigación en el mundo y no le contaste que esto iba a demorar veinte años”. Héctor Rodríguez, exgerente de la Yachay EP, difiere. Dice que el gobierno siempre fue claro en decir que se trataba de un proyecto a largo plazo, pues iniciativas similares en Corea del Sur y Singapur tomaron aproximadamente 35 años. Sin embargo, José Andrade, el segundo rector que tuvo la Universidad, en una entrevista de 2015 decía que ya había resultados visibles: “Hay acuerdos con compañías, estudiantes que están lanzando proyectos hoy en el día de la innovación, captando capital semilla.” En diez o quince años, según Andrade, se verían “los grandes retornos” de la inversión. De 35 o más años no se hablaba a menudo.

Además de las presiones políticas y las críticas, Yachay también tuvo que lidiar con el lastre de la burocracia ecuatoriana, que no estaba preparada para un proyecto de tal envergadura. Por ejemplo, varios de los reactivos que se usan en los laboratorios están regulados por el  Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (el Consep, ahora Secretaría Técnica de Drogas), lo que ha imposibilitado o limitado su adquisición. Paola Ayala dice que la burocracia con la que se encontró fue “inesperada y frustrante”: dice que jamás se imaginó que Yachay no contaría con los fondos en cuentas propias, sino que debía pedir dinero al Ministerio de Finanzas. “Lamentablemente tienes que ir haciendo pedido tras pedido según las necesidades que se vayan teniendo. Entonces ahí es cuando empieza a hacerse todo el mundo un cortocircuito, porque nadie sabía exactamente qué mismo hacer” dice Ayala. Vladimiro Mujica dice que las trabas administrativas y burocráticas eran “retos aceptables del oficio” que nacían del hecho de que el Ecuador no tenía una historia de investigación en ciencias naturales o ingeniería: “Todo el sistema de compra y de cotizaciones está intervenido por una cultura a contrapelo de todo eso, que no entiende ninguna de esas cosas”. Yachay intentó replicar una fórmula asiática ganadora, sin considerar el contexto en que se intentaba:  un país que, a diferencia de Corea del Sur, debía forjar una cultura de investigación desde cero. Algo que tomaría tiempo y paciencia, dos factores que los políticos no suelen tener, y que los críticos del gobierno de Correa tampoco estaban dispuestos a darle.

Además de padecer el populismo, Yachay sufrió económicamente. Su presupuesto fue golpeado por la crisis causada por la caída de los precios del petróleo y el terremoto de abril del 2016. Esto llevó al rector designado en noviembre de 2016, Carlos Castillo-Chávez, a anunciar que el proyecto debía ajustarse a una política de austeridad. Fue Castillo-Chávez quien decidió en junio de 2017 desvincular del proyecto a varias autoridades (incluidos Ayala, Mujica, Paul Baker —ex decano de geología— y Catherine Rigsby —excanciller—) que, según él, se negaron a dar clases y a aceptar una reducción de sus salarios. Pero los despedidos aseguran que nunca les pidieron ninguna de las dos cosas. “Nosotros nos enteramos que no queríamos dar clases y que no queríamos que nos bajen el sueldo cuando lo vimos por primera vez en los medios a Carlos Castillo Chávez”, dice Paola Ayala. Dice que ninguno de sus colegas —ni ella— se hubiera negado a dar clases ni a reducir sus salarios, pues realmente creían en el proyecto.

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La forma en que Castillo-Chávez ejerce su poder desde el Rectorado ha sido, también, señalado como uno de los factores para el desmoronamiento del proyecto. Los exdecanos dicen que sus destituciones se dieron justo un día antes de una reunión del Consejo Académico donde ellos habían solicitado que se tomaran decisiones sobre el destino de Yachay Tech. De acuerdo a la exfuncionaria que pidió no ser identificada, la verdadera razón para los despidos era que la visión de las autoridades desvinculadas se contraponía con la de Castillo-Chávez, quien creía que el gobierno nacional (tanto el de Correa como el de Moreno) jamás entendieron la cantidad de dinero que se necesitaba para construir una universidad de excelencia: “Un microscopio para investigaciones de nanotecnología cuesta 4 millones de dólares, solamente el microscopio, porque es tecnología de punta que no existe ni en el continente. Pero nunca se imaginaron que era tanto, por no ser técnicos” dice.

Para Mujica, el cambio de la matriz productiva y la transferencia tecnológica requieren invertir grandes recursos: “No se puede abaratar la investigación en los términos en que la gente lo cree. La investigación es cara, pero es cara en serio”. Hablar de abaratar costos, según Mujica, es traicionar el sentido para el que fue creada Yachay. “Es seguir una agenda política que no tiene absolutamente nada que ver con la función de la universidad y menos con una universidad que pretendía ser un centro de investigación tecnológica” —dice Mujica— “Cuando ves todo lo que le podrías ahorrar al país con transferencia tecnológica, entonces termina por ser ridículo lo que te vas a ahorrar en la universidad”.

Pero la idea de la austeridad derrotó a Castillo-Chavez. Cuando tenía cuatro meses en el cargo, preparó una carta extensa al presidente Correa en la que se quejaba de la injerencia del gerente de la Empresa Pública Yachay en las decisiones académicas. Decía que el funcionario tenía ambiciones políticas que dificultaban la gestión académica: “parece que mide su futuro en la visibilidad y número de actividades en Ciudad Yachay, dándole preferencias, por ejemplo, a la creación de un mercado antes que a aulas, laboratorios y dormitorios para estudiantes y docentes que ya viven aquí o están por llegar.”

Qué pasó en Yachay

El estado de uno de los edificios de Yachay durante la visita del presidente Lenín Moreno en 2017. Fotografía de la agencia de noticias Andes bajo licencia CC BY-SA 2.0

En la carta, que está escrita en inglés, Castillo-Chávez le explicaba a Correa que el futuro de Yachay dependía de que se reconozca que estaba creciendo pero que la institución carecía de la mínima infraestructura para que esto suceda. “Un adecuado presupuesto debe combinar la clara comprensión de que la tasa de crecimiento está atada a incrementos presupuestarios”. Según el rector, el master plan para la ciudad Yachay costaba cerca de 10 millones de dólares, pero no había un plan para Yachay Tech. “El plan de nuestro campus costaría 800 mil dólares, garantizando que los edificios correctos estén juntos y que el espacio promueva una atmósfera propicia para la creatividad y la innovación”, escribió Castillo-Chávez. “En nuestra última reunión me quedó claro que, en este año electoral, este tipo de pensamiento es considerado un lujo”. Al final, sus ruegos parecen haber caído en sacos rotos. Según sus detractores internos, Castillo-Chávez decidió adecuar el proyecto a la escala convencional que parecía más realista: una universidad donde se dieran más clases y se hiciera menos investigación.

Según Ayala, esta decisión truncó las investigaciones que estaban en curso. Recuerda que en 2016, junto con otro grupo de investigadores, lograron estabilizar la estructura del carbino (el material más resistente del mundo) para producirlo en cantidades masivas, lo cual abriría un sinfín de oportunidades para la ciencia y tecnología. Vladimiro Mujica enfocaba sus esfuerzos en acercar al sector productivo con el sector académico y de investigación, pues cree que el cambio de la matriz productiva solo se daría cuando Ecuador pudiera manejar su industria petrolera bajo sus propios criterios, dejando de depender de tecnología extranjera para la valorización del crudo. En una carta pública, las autoridades destituidas de Yachay Tech en junio de 2017 reiteraron su disposición de trabajar sin salario para sacar adelante el proyecto. Dicho ofrecimiento nunca fue respondido por Castillo-Chávez.

Mujica y Ayala creen que las  aspiraciones de Castillo-Chávez tienen poco que ver con reducir costos: dicen que los dos decanos que quedaron en la universidad no imparten cátedra ni tampoco se les ha reducido su salario. Según el reportaje de Science, Castillo-Chávez —quién se mudó de Arizona, Estados Unidos, a Ecuador por su cargo— se había negado a imponerse a él mismo sus propias medidas de austeridad, aduciendo que su familia necesitaba el ingreso total de los más de 18 mil dólares mensuales que gana.

Mujica cree que el plan de Castillo-Chávez es utilizar a la universidad para avanzar sus propias agendas investigativas. Castillo-Chávez también tiene amplias credenciales académicas: aún mantiene una posición a medio tiempo en la Universidad Estatal de Arizona, donde codirige el Centro Simon A. Levin para las Ciencias de Modelos Matemáticos y Computacionales. Mujica dice que su foco de investigación influyó también en los despidos de junio: Castillo-Chávez —biólogo y matemático— mantuvo a los decanos de Biología y Matemáticas, pero removió a los que tenían que ver con la industria petrolera, energías alternativas, física, nanotecnología y geología. En esa áreas,  “no mueve un dedo porque no lo entiende o no le interesa, o las dos cosas” —dice Mujica— “Eso es el equivalente de tener una gran orquesta sinfónica pero como tú lo único que sabes o te interesa tocar es el violín, entonces despides a todos los pianistas, despides al dueño del teatro y dices no, esto es un club de violín ahora.”

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El club de violín de Carlos Castillo-Chávez se manejaría con una severidad vertical poco habitual en la ciencia y la academia. Según Ayala y Mujica, en la universidad impera la regla del silencio y la intimidación.  Contacté a diez funcionarios y estudiantes para este reportaje, y la mayoría se negó a dar entrevistas. Los que lo hicieron, pidieron no ser identificados. Contacté a Carlos López, un estudiante y miembro del Consejo estudiantil de Yachay Tech, luego de que publicara un comentario en un post del expresidente Correa en Facebook en el que criticaba la falta de infraestructura en la universidad: “Yo soy estudiante de Yachay y conocemos el estado de todos los edificios y aunque no lo crea en verdad  hay solo 12 aulas y 4 laboratorios para 1010 estudiantes”. Posteriormente, el comentario fue eliminado. De una manera muy cortés, el joven —que ha sido insultado y amedrentado por haber dado su opinión— me dijo que el Consejo Estudiantil prefería que sus integrantes no hablaran con la prensa.  Otra funcionaria administrativa recientemente destituida dice que en Yachay Tech se ha sembrado el miedo: “Se está viendo mucho que la gente que habla, se va”. Incluso los funcionarios ya desvinculados de la universidad temen que se tomen acciones legales en su contra. Toman como precedente lo sucedido con el primer rector y primer disidente del proyecto, el español Fernando Albericio, a quien se le revocó su visa luego de dos días de su destitución. Algo similar sucedió con Paul Baker, a quien el rector amenazó con una posible revocatoria de su visa en caso de interferir con el proyecto.

Para Ismael Casado, docente de Geología, este ambiente es consecuencia del carácter dictatorial del rector Castillo Chávez. “Es una persona un poco tiránica, en el sentido de que su opinión tiene que prevalecer sobre la del resto y está destrozando muchísimos proyectos solo porque no los lleva él”, dice vía Skype desde su residencia en Urcuquí. “En cuanto no eres su amigo, eres su enemigo, y no entiende que tu visión puede ser diferente a su visión pero el objetivo tuyo no deja de ser intentar hacer que el proyecto tenga éxito”. Para Vladimiro Mujica este ambiente, en una institución académica, es inaceptable: “¿qué tipo de institución universitaria es esta donde ahora tú para decir algo tienes que prácticamente decirlo escondido?”, se pregunta Mujica y sentencia “Una abominación que hace mucho tiempo no veía en una universidad” agrega. Según Casado, al rector le importa poco el futuro de la universidad: “Yo lo veo más como una persona que realmente quiere el dinero”.  El rector Castillo-Chávez, a través de la relacionista pública de la Universidad, había aceptado una entrevista para este reportaje, pero fue cancelada el 15 de septiembre sin mayores explicaciones.

Relegados en este ir y venir de intrigas y acusaciones más propias de una corte medieval que de una universidad del siglo veintiuno están los estudiantes. Jóvenes que pusieron sus esperanzas y sueños en un proyecto que los entusiasmaba genuinamente. Como dijo el estudiante López en el comentario borrado en Facebook: “No hay infraestructura, ni vías, ni empresas! Gracias Rafael por hacernos creer que merecemos una educación de calidad pero la realidad de lo que vivimos aquí es otra! A no dejarse engañar!”. A los estudiantes que recién terminaron la nivelación —el curso previo al ingreso a las carreras— les han dicho que, por falta de viviendas, deben esperar hasta enero de 2018 para empezar clases. Sin embargo,  se ha aceptado a un nuevo grupo de estudiantes de nivelación.

A pesar de los problemas y trabas que ha tenido el proyecto, sus estudiantes siguen trabajando duro. Un grupo fue premiado en el Reino Unido en 2016 por idear un filtro de agua a base de semillas de la planta de moringa. Los miembros del equipo Iyayku lograron el primer lugar en emprendimiento social por parte de la incubadora de emprendimientos SETsquared de la Universidad de Bath. Emilia Luzuriaga, una de las seis integrantes de Iyayku, explica que actualmente desarrollan la base científica del proyecto, con fondos entregados por Yachay Tech, y con el apoyo de docentes de la universidad.

Paola Ayala cree que se le debe dar la oportunidad a la universidad de graduar a sus primeros estudiantes. “Tienen un nivel que yo como estudiante de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador no tenía cuando estaba en los semestres en que ellos están, tienen un nivel espectacular”, dice. En medio de las presiones populistas, de las rencillas entre viejos y nuevos funcionarios, de la burocracia asfixiante, los estudiantes demuestran que en un proyecto bien estructurado, adecuado a la realidad y contexto del país, una universidad de innovación no es una locura.

Qué pasó en Yachay

El presidente Lenín Moreno durante su visita a Yachay, en 2017, acompañado del rector Carlos Castillo-Chávez. Fotografía de la agencia de noticias Andes bajo licencia CC BY-SA 2.0

El presidente Lenín Moreno ha dicho que se rescatará la idea original de Yachay y se solucionarán los problemas financieros y administrativos. Sin embargo, el prestigio internacional del proyecto está gravemente herido y tomará mucho tiempo y recursos reconstruirlo. Pero si el fracaso de Yachay ha pasado un punto de no retorno, eso no significa que no se pueda volver a intentar. Después de todo, esa es una premisa básica de la ciencia y la innovación: aprender de los errores, corregir y seguir intentando hasta lograrlo. Si sigue ese camino, Yachay —o su versión futura, corregida y aumentada— será sin duda ese proyecto que cambie la historia del país y el destino de millones de ecuatorianos. Pero para ello se necesitará menos populismo, miedo y grandilocuencia, y más paciencia, humildad y trabajo duro.

La entrada a la 'Ciudad del Conocimiento Yachay'. Fotografía de la agencia de noticias Andes bajo licencia CC BY-SA 2.0.

Bush, Obama y Trump: 17 años de la misma política exterior en Afganistán

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El conflicto militar más largo en la historia de los Estados Unidos no tiene fecha de expiración. A pesar de haber prometido un fin a las excursiones militares norteamericanas en el Medio Oriente durante su campaña y enfocarse solo en Estados Unidos (America First), Donald Trump ha decidido continuar la invasión. Sin embargo, contrario a su antecesores ya no buscará construir una nación —eufemismo neoconservador estadounidense para referirse a proyectos de infraestructura e inversión en el país invadido,—  sino que su nueva política se basará en mayor gasto militar y fuerza bruta.

La  ocupación militar de Afganistán es la más larga de la historia estadounidense: 16 años desde la invasión en 2001. Trump presentó un plan para el país asiático que implicaría una nueva y reforzada estrategia militar: el envío de más tropas, la eliminación de fechas para una posible retirada y una postura más cortante con Pakistán. El presidente estadounidense dejó claro que esta vez no van  “a construir una nación”: van a “matar terroristas”.

 El cambio radical de postura sorprende, especialmente al analizar la posición de Trump previo a su investidura como presidente. En varios tuits entre 2012 y 2013 criticó la política de Obama al calificar la presencia de tropas en Afganistán como “un desperdicio de dinero” y pidiendo una “retirada apresurada”.

I agree with Pres. Obama on Afghanistan. We should have a speedy withdrawal. Why should we keep wasting our money — rebuild the U.S.!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2013

Let’s get out of Afghanistan. Our troops are being killed by the Afghanis we train and we waste billions there. Nonsense! Rebuild the USA.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2013

We should leave Afghanistan immediately. No more wasted lives. If we have to go back in, we go in hard & quick. Rebuild the US first.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2013

Why are we continuing to train these Afghanis who then shoot our soldiers in the back? Afghanistan is a complete waste. Time to come home!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2012

Pero tal como Trump dijo, la realidad es diferente al estar en la Oficina Oval. Las promesas de campaña se han visto reemplazados por los verdaderos intereses del imperio. Trump está aplicando la misma fórmula que sus antecesores, Obama y Bush, con su toque particular de retórica populista llena de calificativos hollywoodenses pseudo nacionalistas. Pero, a fin de cuentas nada ha cambiado.

La invasión militar estadounidense de Afganistán inició en 2001 bajo la administración Bush  con la ‘Operación Libertad Duradera’ y la ‘Operación Herrick’ por parte de las fuerzas británicas. A pesar de que lograron la caída del régimen talibán en menos de seis meses, la posguerra ha demostrado que tres administraciones que no están dispuestas a aceptar una derrota, pero en varias ocasiones sus declaraciones resultan admisiones de su fracaso. Tras el reagrupamiento de los Talibanes entre 2003 y 2008, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de Bush, el Almirante Mike Mullen, dijo en 2008 que “no está seguro que están ganando”. Durante la administración Obama, el escenario fue similar. Christopher Kolenda, que trabajó como consejero mayor sobre Afganistán y Pakistán en el Departamento de Defensa (2009-2014), considera que los Estados Unidos “corren el riesgo de dar vueltas en círculos sobre el tema”.

Los mismos neoconservadores, gestores teóricos de la guerra, lo admitieron. Laurel Miller, analista de la corporación RAND (think tank de las Fuerzas Armadas estadounidenses) quien dirigió la oficina del Representante Especial para Afganistán y Pakistán, opina que una “victoria militar no es probable en un marco de tiempo cercano”. Inclusive Trump aceptó que están siendo derrotados, y criticó a sus generales porque considera que están “perdiendo la guerra”.  

Las cifras corroboran que esta invasión se puede calificar como un fracaso: una inversión de aproximadamente 841 mil millones de dólares y aproximadamente 94 mil civiles muertos con un total estimado de 220 mil vidas  entre 2001 y 2011.  Entonces, ¿por qué los Estados Unidos se niegan en salir? La respuesta se encuentra en los intereses de Washington.

Desde su victoria en el frente del Pacífico en la II Guerra Mundial, los Estados Unidos no han vuelto a ganar un conflicto bélico. La primera Guerra del Golfo no es considerada como un triunfo ya que Saddam Hussein siguió en el poder. Esto no es una casualidad, ya que para el complejo militar-industrial —es decir, los intereses económicos de la industria militar aplicados al armamentismo y a una política militarista— una guerra larga y sin fin programado representa más ganancias.

Para la empresa privada, Afganistán es un negocio. Mientras más largo sea mayores las ganancias. Entre 2001 a 2014 se direccionó un total de 113 mil millones de dólares a la reconstrucción de Afganistán a empresas privadas, según un reporte entregado al Congreso de los Estados Unidos por la oficina del Inspector General encargado en la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) en 2016. Poniendo en perspectiva y con el ajuste de inflación correspondiente, esto representa 10 mil millones más de lo destinado para la reconstrucción de toda Europa tras la II Guerra Mundial con el Plan Marshall. 

Lo que llama la atención es el uso de estos fondos. El dinero ha sido destinado a contratistas privados en áreas de seguridad, gobernanza, operaciones humanitarias, civiles y antinarcóticos. Por ejemplo, el presupuesto destinado a operaciones para detener la producción de opio asciende a aproximadamente 7,5 mil millones de dólares. Otro despilfarro porque en 2016 se registró la segunda cifra de plantaciones más alta en la historia afgana: 201 mil hectáreas, 23 mil menos que el récord establecido en 2014. Es decir que ni siquiera la guerra contra las drogas funciona.

Lo que sí funciona es cómo la industria bélica se ha visto beneficiada. Cuando inició la invasión, Bush envió 10 mil soldados en los primeros dos años (2001-2002). Para mediados del 2008 la cifra incrementó a 48 mil. Obama continuó la misma línea y envió aproximadamente 20 mil tropas más y fue en su administración que la cifra llegó a un histórico nivel: a diciembre del 2009, 100 mil soldados estaban acuartelados en Afganistán. En 2012, Obama parecía que iba a cumplir su promesa de salir de Afganistán reduciendo el personal militar a casi 10 mil soldados, pero no fue suficiente. En 2016, Trump recibió a Afganistán con 8 mil cuatrocientos soldados. Tras sus declaraciones de septiembre de 2017 anunció que 3 mil 500 tropas nuevas se embarcarán hacia el país asiático.

Pero estas cifras no pintan la totalidad de realidad afgana. Es necesario, además, sumar a los contratistas militares privados. Estos pueden definirse de mejor manera como mercenarios pagados, asalariados de dos grandes empresas de seguridad militar: Blackwater y DynCorp. Según el reporte sobre los niveles de contratistas y tropas del Departamento de Estado en Iraq y Afganistán entre 2007 y 2017, la cifra de mercenarios en promedio es la misma que las tropas.

La guerra en Afganistán es un negocio redondo. Entonces si la máquina de dinero funciona por qué pararla. Con el armamento adquirido destruyen la infraestructura que luego ellos reconstruyen y con los soldados y mercenarios en tierra mantienen a la población controlada y generan aún más tensiones. Pero esta tampoco es la única razón por la que no es una opción salir de Afganistán, otra razón para quedarse se encuentra bajo tierra.

Según un grupo especializado de oficiales del Pentágono y geólogos norteamericanos, la riqueza mineral de Afganistán llega a bordear un billón (a trillion en inglés) de dólares. Entre estos se encuentran los metales más codiciados del mundo: cobre, hierro, cobalto, oro y litio —todos clave para la industria tecnológica global. Tan importantes son estos depósitos que según el Huffington Post, en un memo interno del Pentágono se ha considerado a Afganistán como la “Arabia Saudita del Litio”.

En 2006m durante la administración Bush, se realizó un mapeo aéreo de posibles zonas mineras. Obama continuó el proyecto con el fin de establecer una industria minera, sin mayor resultado. Pero parece que con el hombre de negocios convertido en presidente, esta labor se va a cumplir: en julio del 2017, consejeros de Trump se reunieron con Michael Silver, propietario de American Elements, empresa especializada en minerales de tierras raras para analizar la realidad de un proyecto minero privado en tierras afganas.

A su vez, Stephen Feinberg, multimillonario estadounidense, continúa aconsejando a Trump sobre Afganistán con el fin iniciar sus propias operaciones mineras. Feinberg es el propietario de DynCorp, una de los más grandes contratistas militares del mundo que trabaja con el Departamento de Defensa en Iraq y Afganistán.

Pero el reloj ya inició a correr. China se encuentra en conversaciones desde 2007 con el gobierno afgano para iniciar un contrato minero de cobre de tres mil millones de dólares al sur de Kabul. Trump no está dispuesto a perder ante el gigante asiático, y su lógica en Afganistán será, como él dijo, “la frase antigua de: al vencedor, los despojos”. Salir de Afganistán significaría para Estados Unidos generar un hoyo que China o Rusia están dispuestos a llenar.

Otra de las razones por las que ninguna administración estadounidense quiere admitir la derrota es netamente política. La guerra en Vietnam es un ejemplo de un conflicto que fue pasando de administración en administración ya que nadie quería ser el presidente que ‘perdió’ la guerra y se retiró. Algo similar ocurre con Afganistán, a pesar de que públicamente es una derrota, admitirlo y retirarse es algo que ningún líder quiere en su record.

Para completar la ecuación están los intereses de ciertos grupos afganos, que ven en la salida de Estados Unidos un fin para su bienestar. Esto se debe a que con el discurso del ‘orden’ el gobierno norteamericano tras la invasión asumió el pago de los salarios del personal militar, policial y ciertos puestos gubernamentales afganos. En 2016 se destinó aproximadamente 710 millones de dólares para sueldos y están estimados 615 millones para 2017.

Uno de los problemas que esto ha generado es la institucionalización de corrupción en las esferas militares y policiales afganas. En otro reporte de SIGAR del 30 de abril 2016, oficiales estadounidenses aceptan que “ni los Estados Unidos ni sus aliados afganos sabe cuántos soldados y policías afganos existen, cuántos están disponibles, o, la realidad de sus capacidades operacionales”.  Este personal afgano asalariado por Estados Unidos cobra un promedio de 150 USD por mes. Una retirada de los norteamericanos implicaría despedirse de este ingreso mensual.

Además en una investigación realizada en 2016 por el consejo político de la provincia de Helmand al suroeste del país, se asegura que un aproximado de 40% de las tropas afganas enlistadas no existe. Los soldados ‘fantasmas’ cobran un sueldo que termina en los bolsillos de mandos medios o altos de las fuerzas armadas o policiales afganas. Para acentuar el conflicto y la disparidad salarial que llena las filas de nuevos militantes, un soldado talibán recibe un salario aproximado de 300 USD mensuales, casi el doble que en las fuerzas armadas afganas.

Todos estos factores hacen que la situación en Afganistán continúe empeorando. En 2017, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) indicó que la cifra de civiles muertos (1662) desde enero a junio es la segunda más alta en los últimos ocho años: 2014 marcó 1686 muertes.

Según un reporte a mayo de 2017 de SIGAR, los talibanes controlan 11% de los 407 distritos afganos, el gobierno 60% y el 29% continúan en disputa. Cifras que demuestran el fracaso total de los Estados Unidos y el gobierno aliado en Afganistán, ya que en noviembre 2015, los talibanes controlaban el 7% de los distritos y el gobierno un 72%.

La conclusión es clara: más tropas, más fuerza bruta nunca ha funcionado y no funcionará esta vez. Lo único que resultará es en mayor desestabilidad a un país que ha experimentado guerras por más de 40 años. Quienes sí se verán beneficiados son los bolsillos de los contratistas privados, los intereses del complejo militar-industrial, y las agendas neoconservadoras.

Una posible solución, como ya lo mencionaron el mismo Trump y el General John W. Nicholson Jr., comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, es llegar a tener un acuerdo político con la dirigencia talibán. “…bajen las armas y acóplense a la sociedad afgana”, dijo Nicholson en una conferencia de prensa convocada en Kabul este 24 de agosto. Para lo que la administración actual espera contar con el apoyo de Pakistán e India, un fuerte actor en la geopolítica de la región.

Sin embargo, esta propuesta diplomática se enmarca en la nueva estrategia de Trump: llegar al acuerdo a través de más violencia. El expresidente afgano, Hamid Karzai,  que en su momento fue ávido aliado de Washington y ahora su crítico, expresó que esta es una fórmula solo es un mensaje de “matar, matar, matar”. El Ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, coincidió que la estrategia es “un enfoque sin salida”.

Por último, los talibanes han sido claros sobre su posición. En una carta pública dirigida a Trump en agosto de 2017 explicaron que no habrá paz hasta que las “fuerzas extranjeras invasoras” salgan de Afganistán, lo que neutraliza cualquier propuesta estadounidense. Al parecer con la nueva administración norteamericana nada cambiará, atrás queda “América Primero”. Ahora Afganistán vuelve a ser prioridad en Washington.

Una vez más Cataluña busca su independencia

|Profundidad|

Este verano ha vuelto el debate sobre el independentismo de Cataluña: las autoridades han convocado para el 1 de octubre de 2017 una nueva consulta cuya única pregunta es ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Esta será la segunda vez que votarán, en menos de cuatro años, y decidirán si quieren seguir siendo parte de España bajo la misma relación jurídica, o llevar a cabo un proceso que garantice su independencia y conformar una República Catalana. La primera vez fue el 9 de noviembre de 2014, sólo tuvo carácter informativo pero logró la participación de 2,3 millones de votantes —el 30% de los habitantes en Cataluña— y tuvo como resultado la independencia con más del 80 por ciento.

El de esta semana es un proceso planteado de manera unilateral desde las autoridades, organizaciones soberanistas catalanas y parte de los partidos políticos del Parlamento de Cataluña (Junts Pel Sí, y CUP). De acuerdo a la ley española, el referéndum no puede brindar las garantías necesarias: la única manera para que Cataluña pueda ser independiente es mediante un Referéndum pactado con el Estado Español. Sin tomar en cuenta la legalidad, el independentismo tiene más adeptos: según el Centre d´Estudis d´Opinió el porcentaje de catalanes que apoya al independentismo ha crecido del 15% en 2005 a más del 48% en 2015. Esta inclinación se ha notado en las manifestaciones desde 2012. Entre las más grandes están Catalunya nou estat d´Europa” (Cataluña nuevo Estado de Europa en catalán) en 2012, la gran “V” humana creada a favor de la victoria y el voto en la Diada o día nacional de Cataluña en 2014, la manifestación en el palacio de Montjuic en junio de 2017 y la diada del mismo año cuyas insignias fueron a favor del Referéndum, y exaltación de la Paz después de los atentados terroristas de agosto. Todas celebradas con multitudes que van desde 500 mil a un millón de personas.

La situación actual solo se entiende si se suman diferentes hechos. Uno de ellos, la distribución política del parlamento catalán —después de las elecciones autonómicas en Cataluña del 2015— que resultó en un panorama que ponía a los partidos independentistas como primera fuerza política de Cataluña. Una situación que no se había dado desde la Transición Española —período en el cual se dio el proceso para formar el Estado español actual dejando atrás el régimen del dictador Francisco Franco. El Partido Demócrata europeo catalán (PDeCAT o antiguo Convergencia democrática de Cataluña), ERC (Esquerra Republicana) y la CUP (Candidatura de Unidad Popular) dominan; la unión de los primeros dos se formó mediante la plataforma Junts pel Sí (Juntos por el Sí) y obtuvo 62 escaños que, conjuntamente con los 10 de la CUP, mantienen 72 de 135. Aunque el PP y Ciudadanos se oponen abiertamente al independentismo representan 36 escaños de oposición.

Otro tema que ha causado descontento es una de las consecuencias de la organización territorial mediante autonomías que mantiene España porque genera una situación de dependencia de Cataluña a las medidas del partido que preside el gobierno nacional. Esta relación ha causado recortes en sanidad y educación, y la disparidad entre lo que la región aporta en impuestos al país y lo que recibe en financiación causa malestar. Así, después de la crisis del 2008 que supuso graves consecuencias para la economía española, las medidas del Partido Popular —que gobierna España desde el 2011 con Rajoy— para afrontarlas generó un descontento generalizado en Cataluña (el PP es el partido menos votado en la región solo comparable con la CUP, 11 y 10 respectivamente en 2015). A esto, se suma la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del PP en 2006 en contra del Estatut de Catalunya alegando que España no era una “nación de naciones”. El Estatut es un pacto entre el parlamento de Cataluña y las Cortes Generales de España —ratificado por el pueblo catalán— que otorga la capacidad de autogobierno a Cataluña. En 2010, el Tribunal constitucional resolvió el recurso del PP declarando inconstitucionales 14 artículos y diciendo que el término “nación” del preámbulo no tenía ninguna validez jurídica. Sumado a todo esto, en 2012, Rajoy negó un “pacto fiscal” propuesto por el presidente del gobierno catalán, Artur Mas, que proponía 22 medidas para ayudar con la situación en Cataluña.

Así, la falta de diálogo entre el gobierno de España y el autonómico catalán ha fraguado un conflicto que deja de ser silencioso semanas antes del referéndum del 1 de octubre. En consecuencia, la postura independentista ha aumentado en más del doble desde que Rajoy tomó las riendas del Gobierno español y niega la posibilidad de mantener negociaciones políticos con las posturas independentistas. Y aunque todas las razones mencionadas pesan, quizá la que ha tenido mayor repercusión y es considerada como una verdadera fábrica del independentismo es la campaña de desprestigio y negación del sentimiento de nacionalidad catalana por parte de los medios de comunicación y ciertos partidos políticos españoles. Entre lo más grave está la comparación de los independentistas (que son personas comunes y corrientes) con el régimen nazi.

Por eso, para terminar de entender este conflicto es también necesario considerar el sentimiento de nacionalidad catalana y la reivindicación independentista como posturas democráticamente legítimas que merecen de igual manera el diálogo y la búsqueda de acuerdos que ya han funcionado en contextos como el canadiense (Quebec) y el escocés. Hay errores muy comunes como concluir que el independentismo catalán es un proceso que solo se ha dado en estos últimos cinco años. Para contextualizarlo muy brevemente, hay precedentes históricos sobre proclamaciones de independencia que han sucedido desde el siglo XVII, como la de 1641: una revuelta conocida como la “Guerra dels segadors” (referencia del actual himno de Cataluña).

La situación de los últimos años podría contarse desde el 2012, cuando la reivindicación independentista se reactivó socialmente con la manifestación “Catalunya nou estat d´Europa”. Esta marcha coincidió con las consecuencias de la crisis de 2008 en la economía española y el primer año del gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular. Los resultados de estas manifestaciones se plasmaron en la consulta sobre el futuro político de Cataluña del 9 de noviembre de 2014. Casi tres años más tarde, el 9 de junio de 2017, el presidente de la Generalitat —gobierno autonómico de Cataluña—, Carles Puigdemont, anunció que se hará una nueva consulta. La diferencia con la anterior es que los organizadores del 1-O (en referencia a la fecha de este domingo 1 de octubre) la definen como “referéndum” y han declarado que si gana el SÍ, el 2 de octubre se declarará la independencia unilateral, y por consecuencia se dispondrán de las medidas para la formación de la “República Catalana” (una decisión que no se tomó en 2014 porque no se planteó que los resultados sean vinculantes, solo informativos). Para los responsables políticos del referéndum, la decisión se tomó a partir del derecho a la autodeterminación de los pueblos: un precepto jurídico enmarcado solo para las naciones que se encuentran en situaciones de dependencia colonial (de acuerdo a la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960).

En un breve análisis jurídico sobre la viabilidad de la consulta del 1-O, se concluye que la posibilidad de que brinde las garantías de un referendo son incompatibles con la normativa española ya que va en contra del artículo 2 de la Constitución (que defiende la indivisibilidad de la Nación española), y no va dirigida a la totalidad de la población de España sino solo a la sociedad catalana (la Ley no establece la posibilidad de celebrar un referendo autonómico sino únicamente a nivel nacional). Es decir que dentro de las competencias autonómicas —forma de subdivisión política del Estado español— no está el decidir sobre la unidad de España pero sí proponer una reforma a la Constitución que permita iniciar un proceso de independencia en Cataluña, una propuesta dirigida políticamente hacia el parlamento que difícilmente logre realizarse sin el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos o el PSOE.

A pesar de la negativa compatibilidad con el marco normativo español, el parlamento catalán ha tomado la decisión de tomar medidas tanto para realizar la consulta del 1-O como para declarar la independencia si ganara el SÍ. Si bien no está confirmado de manera oficial, el gobierno catalán ha dispuesto la compra de urnas para la consulta (si oficializa la compra podría suponer una querella por la “ilegalidad” de su objetivo). Desde el parlamento catalán se aprobó una reforma al reglamento de la Cámara (órgano del sistema político que se encarga de legislar) que permite que cualquier grupo parlamentario promueva leyes a través de un procedimiento de urgencia que acorta los plazos del debate y restringe la presentación de enmiendas, una medida de vital importancia para la aprobación de las “leyes de desconexión” que servirán a la consulta del 1-O. Estas leyes permitirían adjudicar competencias del Estado español a la administración pública catalana.

Por la situación y polarización del debate jurídico, el conflicto independentista se traslada al terreno político y mediático, que se encuentran todavía más divididos.

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Frente al proceso unilateral puesto en marcha desde la Generalitat (gobierno catalán) y el Parlamento de Cataluña, el Gobierno español dispone de algunas medidas que van desde querellar a los responsables con multas de la totalidad del dinero público que se utilizó en la consulta (lo que ya pasó con los responsables de la consulta del 2014), la suspensión de la autonomía de Cataluña (suspensión de competencias estatales mediante la utilización del artículo 155 de la Constitución Española) e incluso la utilización de las fuerzas armadas para “defender la integridad y la soberanía”.

En la tercera semana de septiembre de 2017, el gobierno español ya ha realizado algunas medidas en contra de la realización del referéndum catalán: se han abierto causas judiciales para más de 700 alcaldes que permitirán el referéndum y dispondrán de locales públicos, catorce altos cargos del Gobierno catalán fueron detenidos por la policía (por delitos como malversación, revelación de secretos o prevaricación) lo que provocó manifestaciones en las calles hasta su liberación, han habido incautaciones de millones de papeletas y redadas en sedes de partidos como la CUP e instituciones como la Consellería de Economía en Barcelona. La Fiscalía española ha denunciado por “sedición” los altercados de Barcelona de los últimos días de septiembre. Esta denuncia podría suponer el enjuiciamiento de los responsables de organizaciones como Ómnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana por un delito que conlleva de 10 a 15 años de cárcel.

A pesar de las medidas que sirven en el discurso independentista como “amenazas” desde España, el 2 de octubre se declarará la independencia unilateral si el SÍ ganase. De igual manera el Presidente catalán ha declarado que el referéndum se celebrará sí o sí, sin importar las actuaciones del Estado español. Rajoy ha declarado que “no hará nada fuera de la ley” frente al referéndum en Cataluña, lo cual hace pensar que el gobierno mantendrá su rígida postura en contra de la independencia escudándose en la legalidad de la Constitución. A partir del 2 de octubre tanto el gobierno catalán como el español deberían proponer mesas de diálogo para solucionar el conflicto ya que si sigue la grave polarización política alimentada por las partes, veremos en menos de cuatro años otro intento de referéndum, lo que seguirá reavivando la conflictividad tanto en la sociedad española como en la catalana.

Dos posibles respuestas que podrían resolver la conflictividad frente al choque de legalidades —la nacional española y la autonómica catalana— serían una solución política que disponga un referéndum pactado con Cataluña o un acuerdo para diseñar una nueva forma de organización territorial para las regiones de España (a manera de Federalismo).

Murió Hugh Hefner, el hombre que jamás hizo una revolución

|La vida de los otros|

“We make her paint her face and dance”

John Lennon

Era 1949. Norma Jean Baker necesitaba dinero y aceptó tomarse unas fotos, desnuda, por las que recibió 50 dólares. Cuatro años después, Norma se llamaba Marilyn Monroe y era una figura muy reconocida por el norteamericano promedio, con varias películas protagonizadas. Por eso un editor de Chicago —que ni siquiera llegaba a los 30 años— vio la oportunidad del siglo cuando consiguió comprar esas fotos por 500 dólares y las publicó en la primera edición de su revista, que llamó Playboy.

Vendió 50 mil ejemplares en los primeros días. Era diciembre de 1953.

Marilyn tuvo que salir a explicar, en una entrevista, que hizo las fotografías tiempo atrás, en un momento de desesperación económica y que no tenía poder sobre ellas. Temía que destruyeran su carrera y por eso prefirió aclararlo.

Él nunca le preguntó sobre esas fotos, o pidió permiso, o le importó en algo lo que podría pasar con Marilyn cuando se publicaran.

Esta es la síntesis de Hugh Hefner como editor: el tipo capaz de hacer lo que sea para que la publicación triunfe o llame la atención. También sintetiza la mirada de Hefner hacia la mujer: el hombre decide qué hacer con ella porque tiene el poder para hacerlo, sin importarle nada más.

No veo mucha diferencia entre Hefner y los tipos que suben fotos y videos de sus exes a la web para vengarse de ellas. O con los tipos que hackean los teléfonos o cuentas en la nube de actrices, o de cualquier mujer, y publican todo lo que tenga que ver con desnudos o actos sexuales. Lo hacen porque pueden y eso es suficiente.

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La revista que Hefner creó es considerada por muchos como pieza fundamental de la revolución sexual. Quizás haya tenido su relevancia por el momento en que apareció y por, se supone, celebrar la desnudez femenina ante una sociedad que aún sigue siendo sexualmente pacata. Playboy también fue espacio de temas sociales complejos en su época, como la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, la defensa de la libertad de expresión, los derechos de homosexuales o cualquier otro que pudiera considerarse importante bajo el tamiz liberal con el que se manejaban, incluyendo el derecho al aborto. En otras palabras, esa era la época y Playboy no estaba atrás. Podríamos quedarnos con eso, o con las firmas de tantos autores y autoras de renombre que publicaron reportajes, crónicas, cuentos o fragmentos de obras en sus páginas, una intelectualidad que supo encontrar en Playboy un espacio para mostrarse.

Y quizás ahí radica un problema que, al ser notado, entra en un terreno pantanoso.

No se puede criticar a Playboy o a Hefner sin ser catalogado como conservador, curuchupa, descabellado o sin ser calificada como feminazi. Porque ese gran “pro” que supone Playboy —alrededor de cierta naturalización del cuerpo desnudo de la mujer— no puede ser negativo, ¿no? Sería imposible, ¿no? Y obvio, la desnudez no es el problema; sin embargo, lo que Playboy ha generado con su aproximación a la desnudez femenina es lo que debería ponernos a pensar en estos días, en que encontramos todo tipo de tributo a Hugh Hefner.

La desnudez femenina de Playboy es la desnudez del hombre que decide cómo la mujer debe verse sin ropa. No es una exploración de la sexualidad femenina. Es, en realidad, la determinación masculina sobre el cuerpo femenino. Y eso no puedo conciliarlo con nada. Se es liberal o no se es. Y Playboy ha demostrado en más de 60 años que al ser una revista para hombres —solteros, el eterno bachelor como epítome del éxito en la vida— el cuerpo femenino tiene el mismo nivel que la arquitectura, los consejos para verse bien, para triunfar, la política y los famosos.

No hay mujeres exponiendo su sexualidad, sino hombres observando esa desnudez desde el poder que la misma sociedad les ha dado. Hombres creando una fantasía de mujeres sin ropa, estandarizándolas como conejitas, rubias, de medidas considerables en su pecho, con piernas interminables y traseros como duraznos. Playboy vino a romper con la imagen aburrida del hombre como tipo de familia y jefe de su casa, sin aspiraciones. ¿Y la mujer? Pues al servicio de ese nuevo hombre cool, alegre, de mundo.

La aspiración femenina se centraba —y se centra— en ser ese objeto de placer para el hombre. Objeto generalizado, sin espacio para la individualidad, descartable.

Esa es la revolución sexual que se celebra cuando se habla de Hugh Hefner. El tipo que aparecía en bata roja, en el centro de la imagen, rodeado de mujeres que podían ser intercambiables.

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Quizás Amanda Hess, redactora de la sección cultural de The New York Times —y quien también escribió en Playboy— es quien da en el clavo en una conversación que tuvo días atrás con otras redactoras del diario, sobre Playboy y la perspectiva de Hefner. “Lo que él hizo fue más como un ‘pivote’ sexual. Él rebautizó la objetivación de las mujeres como algo intelectual y bonito”—dice Hess— “Su proyecto tuvo poco que ver con el sexo. Su marca, para mí, es sobre poder. Él fue un tipo que mantuvo una colección de muñecas vivas en su casa de juegos, en un ambiente que él podía controlar en su totalidad y por eso nunca salió de ahí”.

Holly Madison fue novia de Hefner, vivió en la mansión Playboy desde el 2000 al 2008 y fue una de las protagonistas del reality The girls next door. Por el testimonio que da en su libro Down the rabbit hole…, sabemos que las reglas en la casa rozaban la ridiculez y el control extremo. Las mujeres debían respetar el toque de queda que se imponía en la casa desde las nueve de la noche; debían verse jóvenes y vestirse y maquillarse como él quería. Había reclamos si subían de peso y, si alguna quería hacer algo que quisiera y que no lo involucraba, Hefner le hacía sentir como si lo hubieran defraudado.

“Lo que quise crear fue un fenómeno pinup dedicado a la chica de al lado. La belleza está en todos lados —en el campus, en la oficina, en la puerta de al lado. Ese era el concepto… a las chicas lindas les gusta también el sexo —es parte natural de la vida. Y no hay que avergonzarse de eso. Parte de la revolución sexual es dotar de racionalidad a la sexualidad. Porque si no aceptas la sexualidad en una perspectiva normal, te quedas con una sexualidad torcida, de esas que destrozan vidas”, dijo Hugh Hefner en una entrevista en 2003, a la NPR, por los 50 años de Playboy.

Ese fenómeno de la chica de al lado, como construcción social, ha sido exitoso, sin duda. Pero es artificial cuando supone, desde su concepción, algo que no es: no importa si a la chica de al lado le gusta el sexo, o si responde a la belleza marca Playboy, importa que los hombres disfrutemos de ese aparente gusto o de ese físico femenino, una ficción creada desde una mirada masculina. Ese artificio sobre una aparente sexualidad libre es quizás algo que al mundo le costará sacarse de encima. Mientras no sea un problema que una mujer se desnude para cumplir con fantasías de hombres, sin pensar en las propias o ejercerlas abiertamente como una aspiración social, no habrá revolución posible.

Fotografía de Alexander Hauk bajo licencia CC BY-SA 3.0.

Venezuela y Ecuador comparten mucho más que la xenofobia

|La vida de los otros|

Recién llegados a Quito desde Caracas, a Esther, mi esposa, la altura le pegó como un yunque. Según el Ministerio del Interior, entre 2012 y 2016 ingresaron 470 mil venezolanos al país. De ellos, al menos 38 mil no salió. La Asociación de Venezolanos en el Ecuador registra a 28 mil de mis compatriotas viviendo entre Quito, Guayaquil, Ibarra, Cuenca y Manta. Muchos de ellos con estudios de tercero y cuarto nivel. Muchos de ellos, al menos en Quito, donde me muevo por estos días, se han despojado de su orgullo y salen a trabajar todos los días a vender comida en los parques, hacer oficios y dejar hojas de vida en todas las partes que podamos, porque el sentido de supervivencia puede más que el afán de obtener un documento de nacionalidad. También, muchos de ellos, aún buscan su humildad, y se prestan para espectáculos sin sentido como los videos de las redes sociales que han destapado críticas, violencia xenófoba y, también, solidaridad. En esta experiencia nunca antes vivida para mí y mis compatriotas hay lecciones y reflexiones profundas, pero también las hay para los que viven en el Ecuador coterráneos de la tierra de mis antepasados maternos: hay más de donde podemos sostenernos que de donde detestarnos.

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Esto es muy nuevo para los venezolanos. Venezuela no estaba acostumbrada a emigrar. Eso no existía. Durante los años setenta y ochenta los venezolanos conocían otro tipo de migración: una gran cantidad (17 mil, entre 19874 y 1999) se benefició de la Beca Fundación Ayacucho, una iniciativa gubernamental que elegía a los mejores estudiantes para que culminaran sus estudios de tercer y cuarto nivel en universidades de Estados Unidos o Europa. Sin embargo, la mayoría de estos jóvenes regresaban al país para poner en práctica sus conocimientos.  Querían volver. Esa fue la mayor experiencia en emigración que se tuvo en el país hasta principios del siglo XXI.

Eso empezó a cambiar a inicios de los 2000. Al menos dos millones de venezolanos han emigrado en los últimos 17 años, según el profesor de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, y director del Laboratorio Internacional de Migraciones, Iván de La Vega. Estados Unidos y Europa son los destinos más solicitados. Sin embargo, los venezolanos también se han movido hacia el sur de nuestro continente. Gracias a las facilidades de idioma y movilidad migratoria, países como Colombia, Perú, Chile, Argentina y Ecuador se convirtieron en naciones receptoras.

Pero la migración por supervivencia es algo tristemente nuevo para Venezuela, aunque no para el Ecuador. La historia contemporánea ecuatoriana está marcada por el alto flujo migratorio: desde los años setenta, una corriente ininterrumpida fluyó del país en búsqueda de mejores oportunidades de vida, empleo y educación. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (Inec) desde 1950, Estados Unidos, España, Italia y —paradoja viva— Venezuela fueron los países que más emigrantes ecuatorianos recibieron. Pero ahora, ese país que recibía migrantes de toda América, vive una crisis humanitaria que lanza en diáspora a su gente.

Y, a pesar de ello, aún hay en Venezuela más de 350 mil ecuatorianos viviendo en sus fronteras, según el Instituto Nacional de Estadísticas venezolano. La mayoría llegó a principios de los 80 y se establecieron en ciudades como Caracas y Maracaibo. Según una investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) titulada Ecuador, las Américas y el mundo 2010 al menos 6500 ecuatorianos seguían estableciéndose en la nación caribeña cada año. Venezuela y Ecuador comparten mucho más de lo que la xenofobia supurante que hemos atestiguado en redes sociales en estos días podría hacernos suponer.

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En el centro de Salud del barrio de la Vicentina, nos sorprendió mucho la atención: habíamos llegado hace cinco días desde Venezuela, y en este centro médico no había carteles de ‘no hay medicinas’ o ‘no hay atención por falta de médicos’ en ningún lado. Esther, nuestro pequeño hijo y yo somos parte de la creciente colonia venezolana en el Ecuador. La joven doctora que atendió a Esther fue muy amable y comprensiva. Le dijo que iba tardar al menos dos meses en adaptarse al clima de su nueva ciudad: Caracas está a menos de mil metros sobre el nivel del mar, así que el cambio de presión es considerable.

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Del mismo trabajo publicado por la Flacso en 2010, se despegan cifras sobre la percepción de los ecuatorianos acerca de las diferentes comunidades de inmigrantes que hacen vida en el país. En una encuesta realizada por los investigadores Beatriz Zepeda y Luis Verdesoto, se preguntó en diferentes provincias cuál era su opinión hacia los colombianos, peruanos, chinos, estadounidenses y europeos. Los colombianos se llevaron la peor parte con un 64,2% de opinión “mala” o “muy mala”. Seguidos por los peruanos con un 42,5%.

En contraste los estadounidenses se llevaron un 55% de opinión “buena” o “muy buena” y los europeos un 53%. Para aquel entonces, los venezolanos no figuraban en la lista de percepción migratoria para el ecuatoriano. Pero desde 2014, en investigaciones en proceso, académicos de la Flacso han notado que tanto venezolanos como haitianos han desplazado a colombianos y peruanos en la percepción negativa de comunidades extranjeras que viven en Ecuador.

Mi abuela, nacida en Cuenca, siempre dice que nos encanta reconocernos en nuestros aspectos negativos. “Todo lo diferente nos parece maligno”. Por eso, cuando ella y mi madre —nacida en Quito— llegaron a Caracas a principios de los setenta, se enfrentaron con un bloque de xenofobia que fue difícil de romper. Algunos venezolanos tenían una tendencia a no aceptar lo que no hubiera nacido entre las playas de la isla de Margarita o los tepuyes del estado Bolívar. Más de un vez me tocó defender a mi madre de ignorantes que la llamaban “cotorra” o “india” -éste último en tono despectivo-. Pero si hay algo que te dan la educación, y la dignidad, es a ser valiente. A no juzgar a todo un país por sus frutas podridas. Luego de 40 años viviendo en Caracas, con una profesión y dos hijos tan venezolanos y ecuatorianos como la arepa y el caldo de bola verde, hemos aprendido que la ignorancia es una enfermedad mundial.

Esos mismos vicios se repiten con los personajes cambiando roles y trocando ubicaciones geográficas. Cuatro décadas después, algunas asociaciones de venezolanos en Ecuador como Chamos Ecuador, la Organización Civil Venezolanos en Ecuador y el Directorio de Venezolanos en Ecuador, han denunciado casos de despidos de venezolanos por parte de contratistas ecuatorianos sólo por el hecho de no ser de aquí. También, se han registrado casos de acoso a niñas y niños venezolanos en colegios de Quito, Cuenca e Ibarra por sus compañeros ecuatorianos. ¿El motivo? No ser de aquí.

Es duro emigrar. Ser emigrante es como pasar un luto. Atraviesas diversos procesos en los que no aceptas tu nueva situación. En los que te sientes pájaro de mar por tierra y tratas de todas las maneras posibles en colocar tu nuevo ambiente al mismo nivel del que dejaste. Eso no pasa. Y cuando te das cuenta de la realidad, comienzas a trabajar, paso a paso, en una nueva identidad. En mejorar la que tenías, y tener en cuenta que una nueva tierra significa aprendizaje, conocimiento y herramientas para ser un mejor ser humano.

Y mientras continuemos echando leña al fuego a situaciones que nos hacen perder la humanidad, como la xenofobia, no aprenderemos a ser un mejor país. Venezuela, ha tenido que aprender de mala manera eso. Y los venezolanos que estamos aquí, en su mayoría, no queremos vivir con la angustia, la ansiedad o el temor de que algo nos pasará por no estar en nuestro país. Lo que queremos es adaptarnos lo mejor posible, contribuir, y por sobre todo, vivir y dejar vivir en paz.

***

Para hacer que Esther se sienta más cómoda, más bienvenida, la doctora nos dijo que tenía familiares en Maracaibo, y que lamentaba mucho lo que pasaba allá.

Le ordenó hacerse unos exámenes de laboratorio, y nos despidió con una sonrisa y un “buena suerte y mucho éxito”.  Un intercambio perfecto de la aldea global, una muestra de que, a pesar de que algunos no lo vean, Venezuela y Ecuador podrían compartir eso que algunos llaman la ciudadanía universal —una señal de que nos reconocemos en lo que compartimos, en nuestros pasados cruzados, y en el futuro que podemos construir juntos.

El insulto no es indio, es creer que eso es un insulto

|La vida de los otros|

Una venezolana dice que los ecuatorianos parecen indios y un grupo de la sociedad enfurece. Su reacción se vuelca a la xenofobia, a criticarla, pero —aunque pocos lo quieran ver— confirma el odio de los ecuatorianos hacia los ecuatorianos. El video que se viralizó muestra a una ciudadana venezolana en una entrevista para El Quiteño, un medio local de la capital.

Con una ecuación lógica se concluye que, para esta opinión, indios equivale a cojudos y deja abierta la posibilidad de que lo primero sea aún peor.

Pero la conversación —en redes sociales, en reuniones— se ha volcado a criticar y discriminar, aún más,  a los venezolanos que viven en el Ecuador, cuando el verdadero debate debería ser sobre nuestra condición de ofendidos. Una ofensa es una confesión. Lo que te ofende te delata, pues es ahí es donde guardas tu rechazo. El semiólogo francés Roland Barthes decía que la interpretación de un texto es un nuevo enunciado. En otras palabras: la interpretación de aquello que escuchas, lees o ves, es un nuevo mensaje y te pertenece. Por eso, no hay nada de pasivo en ofenderse: tan responsable es quien pronuncia la ofensa como quien califica negativamente al mensaje.

En este caso, tomar indio como insulto es ofender al indio, es visibilizar un racismo que desborda en el país, pero que resulta invisible porque está naturalizado. El estudio El racismo en el Ecuador: un problema de identidad de José Almeida Vinueza explica el origen de este choque de fuerzas en los ecuatorianos. Aunque la investigación fue publicada en 1996 parecería que la conversación está más vigente que nunca.

En octubre de 2016 Michael Arce le ganó un juicio a un militar a quien había demandado por delito de odio racial dentro de las Fuerzas Armadas. Arce, quién había entrado a la Escuela Militar Eloy Alfaro (ESMIL) en 2011, “sufrió hostigamientos y amenazas, violencia física, psicológica y moral, por su color de piel”, según escribió Juan Pablo Albán, su abogado defensor. Según Albán, el oficial instructor se refería a Arce, en presencia de los demás cadetes de su pelotón, como “negro vago”, “hediondo”, “negro hijo de puta”, “eres menos que las mujeres” o “ningún negro será oficial en mi ejército”. Cuando Albán escribió sobre el caso de su defendido, una serie de comentarios racistas circularon en las redes sociales que revelaron que en el Ecuador el racismo está lejos de desaparecer.

Aunque Arce marcó un precedente al ganar el primer juicio por crimen de odio en el país, es difícil ignorar las estadísticas sobre la percepción de racismo: según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 52% de los encuestados cree que el color de piel define el trato que recibe una persona.

Almeida, en su estudio sobre racismo, escribe que el imaginario del Ecuador está compuesto por tres vértices: el blanco, el indio y el negro, “con el primero en la cúspide y los restantes en la base inferior”. Después explica que el mestizaje es un afán de “blanqueamiento” para acercarse a la parte superior. Y como nunca se llegará al ideal de pureza blanca —no somos europeos—, se acumula odio y frustración hacia la base del triángulo y se le culpa por no permitir al pueblo alcanzar ese ideal. En otras palabras, los negros e indios empeoran nuestra raza. “Por eso es que se dice que ‘no hay peor enemigo del indio o de negro, que aquél que ha dejado hace poco de serlo’”, escribe el autor.

En orden de prioridad, antes de incomodarse por actitudes y palabras de extranjeros sobre Ecuador, los ecuatorianos deben ocuparse de cómo usan las palabras cuando hablan sobre sí mismos. Sobran ejemplos de publicaciones en redes en los cuales, a propósito del comentario de la venezolana,  la palabra indio ya con connotación negativa, se compara con otro grupo de adjetivos. Por ejemplo @fredvb1961 posteó: “Eso comprueba que la chica se equivocó. No solamente son indios feos sino también son miserables de mala sangre”. Quizás en una búsqueda de defensa a la minoría racial, @Pableonardo, le dijo no al odio, pero de una manera contradictoria: “Las reacciones de los que se dieron por aludidos por eso de ‘indios feos’ los convierte en ‘indios, feos y ESTÚPIDOS’ #NoaLaXenofobia #NoAlOdio¨. Otra vez, quizás esta sin querer, un comentario cargado de racismo, iguala la palabra indios a estúpidos.

La crudeza del racismo y el abuso hacia los indios ecuatorianos retratada por Jorge Icaza en Huasipungo, es la misma crudeza que se perpetúa en el país todavía solo que no con golpes y maltrato físico sino con actitudes y palabras. Esta novela realista nos deja pistas de que la suposición de la supremacía “natural” de la raza blanca por encima de la indígena en el Ecuador es un comportamiento heredado y repetido desde tiempos de La Colonia.

La estadística del INEC de “te tratan como te ves” no solo es una cifra. En 2009, el futbolista Felipe Caicedo presentó una denuncia por discriminación racial al dueño de un restaurante en Guayaquil luego de que llamara a la Policía al suponer que el deportista era un delincuente. En la parrillada donde él estaba 15 policías entraron y, con un trato muy denigrante, le pidieron sus documentos y le preguntaron qué hacía ahí si ese sitio “no era para él”.

Los negros e indios siguen siendo menos para un sector de la sociedad ecuatoriana. Tomando en cuenta el poder de las palabras, molestarse públicamente por  la expresión indios es querer diferenciarse de ellos, es rechazarlos públicamente. Peor aún, es odiar la parte de cada uno que tiene esas raíces, es olvidarse de ellas. Es ser agresor y agredido.

Aunque parezca innecesario recalcarlo, los hechos demuestran los contrario: las palabras no solo tienen el significado que aparece en el diccionario. El pragmatismo descubrió que ellas significan lo que el entorno quiere que signifiquen. Indios y negros, en nuestro lenguaje, significan más que los nombres de dos razas porque, socialmente, nos hemos permitido llenar a esas palabras de connotaciones negativas. Vaciarlas de significados humillantes es indispensable. El desafío será romper los malos hábitos de un entorno que en lo único que no discrimina es en quién elige para discriminar.

Yachay, la ciudad que no construí

|Profundidad|

Corría 2013, y yo era consultor de diseño urbano en el proyecto Yachay. Mi encargo era elaborar una visión de ciudad para que la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Senescyt) fundamentara el tipo de urbanismo en que debía enmarcarse el plan maestro de la Ciudad del Conocimiento. En el sitio donde se construiría la ciudad, se realizó un encuentro con urbanistas internacionales del más alto nivel para inaugurar un nunca concretado tanque de pensamiento urbano —y de paso comentar sobre la propuesta conceptual de diseño y planificación del proyecto emblema de la ‘revolución urbana’ del gobierno de Rafael Correa. Durante la charla magistral ofrecida por Ian Lockwood, uno de los expertos en movilidad sostenible más importantes del mundo, una de las gerentes de la empresa pública se me acercó y me dijo “esto es lo mismo que tú dices” y “debimos hacerte caso”. Lejos de alimentar el ego, esa confesión llegó tarde, en un momento difícil, y no resolvió nada: el desarrollo del concepto de Yachay ya había sido entregado a un consorcio coreano cuya propuesta no contemplaba nuestro marco técnico y obviaba la escala, relación con el PIB del Ecuador, y realidad urbana nacionales. La ejecución de las obras iniciales a un oscuro consorcio privado local del que no sabíamos nada pero cuyos representantes inspiraban poquísima confianza. Cinco años después, los problemas que se escondieron durante todo ese tiempo motivaron una visita del presidente Moreno para exigir cuentas. Esos problemas surgieron por uno de los peores vicios de la planificación urbana del siglo XX: el ideal del control.

El fin de la Primera Guerra Mundial trajo mucho idealismo a la profesión. La promesa de un mundo nuevo y feliz con que Le Corbusier hizo olas entre dictadores socialistas de izquierda y derecha por igual, respondía al ideal de control. La nueva ciudad se imponía sobre las ruinas de miles de años de historia urbana y crecía impoluta con igualdad para todos. Brasilia fue símbolo del Brasil moderno, Chandigarh de la India independiente. Ambas se crearon de la nada y son hitos de la arquitectura basada en esos principios. Pero detrás de todo ese jolgorio estaba el ideal de control. Planificar vías, jardines y edificios no cumplía el objetivo. La meta real era planificar la vida de quienes los iban a ocupar para alcanzar una utópica igualdad.

Ese ideal informó la educación arquitectónica en las pocas facultades que había en el país en los setentas y ochentas. Con ese fondo se formaron los profesionales que han dado forma a nuestras ciudades por los últimos cuarenta años. Es natural que ese tipo de urbanismo haya sido el que la opinión pública nacional adoptó como paradigma. Para un gobierno como el de la última década, cuya manifestación tangible debía simbolizar imposición, orden e inmensidad (de lo cual la plataforma financiera es metáfora perfecta), una mega ciudad planificada que en pocos años alcanzara un estatus de ciudad global constituía un caramelo demasiado apetitoso.  La visión del presidente Correa abonó al proceso: a un hombre cuyo conocimiento de urbanismo es el de la opinión pública, que hizo una visita y posterior lectura de algún artículo —en inglés, seguramente— sobre la ciudad inteligente de Songdo y el gigantesco desarrollo coreano dirigido desde el Estado, tuvo que parecerle un objeto tan poderoso donde plasmar su legado y su ego que seguramente motivó reacciones pavlovianas.

Así arrancó Yachay. Con la expropiación pobremente justificada pero apadrinada desde Carondelet de más de cuatro mil hectáreas productivas en una zona agrícola y con un proyecto preliminar para urbanizar más de mil de ellas con edificios desproporcionados en lotes de hectáreas rodeados de espejos de agua y jardines, unidos por carreteras y caminerías. No era una ciudad, era un campus elefantiásico.

Cuando el secretario Ramírez se dio cuenta de que ese proyecto no era idóneo, propusimos, junto a un grupo de excelentes urbanistas, un replanteo total con base en los principios del Nuevo Urbanismo y de la sostenibilidad. Mi equipo empezó a trabajar en el concepto de la nueva ciudad pensando en un pequeño núcleo urbano de bajo costo y crecimiento incremental atado a la economía y necesidades locales, abierto para todos, estrechamente conectado por carretera a las ciudades cercanas de Ibarra, Otavalo, Cotacachi y Atuntaqui, y mediante el aeropuerto de Quito al mundo.

El concepto de desarrollo se basaba en un espacio público con poquísimas barreras de acceso para construcciones alternativas, para comerciantes y para innovadores en agricultura, ganadería y textiles, que son las actividades históricas de la zona. En el diseño se plasmaron principios urbanísticos y soluciones de forma urbana, gestión y gobernanza que son de consenso entre la inmensa mayoría de profesionales urbanos a nivel mundial. El grupo de expertos internacionales que llegó a inaugurar el mencionado tanque de pensamiento (pero nunca más se reunió) confirmó que nuestro concepto y propuesta apuntaban a la construcción de un urbanismo sostenible, a tono con el tamaño de nuestra economía, respetuoso de la historia, la naturaleza y las tradiciones. Y, sobre todo, suficientemente alejado del ideal de control como para que de esos primeros pequeños barrios surja un pueblo, y en algún momento una gran ciudad. Todos coincidieron en que eso sucedería si la economía era diversa y no planificada, y si en los espacios públicos el conocimiento y la innovación podían surgir de la acción humana.

Como concepto, nos opusimos a imponer un diseño que intente legislar el crecimiento de Yachay y le apostamos a un centro urbano que se le fuera de las manos a los planificadores. La nueva ciudad iba a funcionar solo si sus habitantes así lo querían, con trabajo, compromiso y creatividad, y no por decreto.

Para un gobierno atrincherado en el control de la economía y de la sociedad, eso fue inaceptable. De esa Yachay que nunca construimos quedan mucha nostalgia, el agradecimiento al equipo, la confirmación de académicos y profesionales mundiales de primera línea de que el camino era el correcto. Y no mucho más.

De las obras de la revolución lo que nos quedan son lecciones. Como dije antes, la Plataforma financiera de Quito es una de sus grandes metáforas. Sus ‘Ciudades’ del milenio (un proyecto para organizar los asentamientos en la Amazonia) materializan el colonialismo. ‘Universidades’ que personifican la burocracia, la discordia y el despilfarro como la de las Artes, que se comió al proyecto de formación artística más sólido del Ecuador, el pequeño ITAE de Guayaquil. Carreteras y puentes que desunen como la ruta Collas. Infraestructura mal hecha que enriqueció a pocos y hundió a un país como el aeropuerto de Santa Rosa. El sobreprecio como estrategia. Lo poco y mal hecho que hoy existe de Yachay es otra metáfora: una de ambición, resabio y desafío. No hecha para crecer con sostenibilidad y hacer un proyecto viable de escala y alcance regionales sino para demostrarle al mundo con rabia, puño levantado, camiseta del Ché o del Frente Zapatista de Liberación Nacional y bandera soberana que valíamos tanto como los países ricos a los que envidiábamos en secreto.

Lo que probablemente encontró el presidente Moreno en su visita es un producto incompleto, defectuoso y más grande de lo que una obesa y desvencijada empresa pública puede abarcar. Ambición, resabio y desafío. Una metáfora más de la podredumbre que nos dejó la revolución ciudadana.

Xiana Yago: “Quisiera visibilizar las injusticias que sufren muchas mujeres”

La primera vez que la documentalista y médico española, Xiana Yago, vino a Ecuador en 2007 a hacer sus prácticas médicas, le sorprendió la cantidad de mujeres que llegaban a hospitales ecuatorianos luego de haberse practicado un aborto clandestino. Sentía que de alguna forma tenía que contar cómo y por qué llegaban a la sala de emergencia del hospital y por qué eso es un problema de salud pública. Después de cinco años regresó a Ecuador para grabar el documental Las Mujeres Deciden, un trabajo que sigue a María, una doctora también española, que investiga el embarazo adolescente y el aborto clandestino en el Ecuador. Cuando Yago comenzó a investigar y grabar el documental se registró como médica voluntaria en tres clínicas del país: la maternidad Isidro Ayora de Quito, la maternidad en Esmeraldas, en la Costa, y el hospital de Orellana, en la Amazonia. Todos los días colaboraba con los internos, atendía partos y escuchaba historias de mujeres: unas llegaban sangrando porque se habían realizado abortos clandestinos, otras habían sido víctimas de violencia sexual, otras eran madres solteras adolescentes que lloraban porque debían criar a sus hijos solas. De todas esas experiencias, escogió cinco historias, tras las cuales, siempre había un trasfondo relacionado al abuso sexual o la violencia de género. Una de las historias es la de Mishell, una adolescente de 16 años que fue violada por su padre. Al acercarse a esa realidad, el documental, dio un giro: ya no trataba solamente sobre el aborto, sino sobre la violencia de género naturalizada que está detrás y que lleva a que las mujeres tengan que decidir si continuar con su embarazo o no.  Yago cuenta su experiencia durante todo el proceso de creación de esta pieza testimonial que se proyectará en el Festival EDOC del 10 al 21 de mayo en Quito.

¿Cómo te encontraste con esta historia?

Estuve por primera vez en el Ecuador en el 2007 haciendo unas prácticas por cuatro meses en el hospital Eugenio Espejo como estudiante de medicina. Ahí entré en contacto con mujeres que sufrían temas de aborto clandestino y violencia sexual, conocí a la gente que estaba comenzando la línea telefónica de aborto seguro y me fascinó su actividad y lo que estaban consiguiendo. Lo que me marcó de verdad fue la experiencia de ver a la gente, las activistas involucradas, lo impotente que era la lucha. Cinco años más tarde decidí volver y ponerme a investigar sobre estos temas.

Además, desde que llegué a Ecuador por primera vez en 2007, me di cuenta de que ser mujer en Latinoamérica es muy diferente de ser mujer en Europa. En Ecuador sentí que es habitual que en el espacio público y laboral te sientas acosada a diario con comentarios o incluso tocamientos. También me dejó alucinada la extraña manera de relacionarse entre personas de sexo opuesto, las convenciones, el hecho de que hombres tanto cercanos como desconocidos traten de seducirte prometiéndote cosas, o que frecuentemente haya hombres que no entiendan un “no” por respuesta. Esa nueva experiencia de ser mujer fue también uno de los motivos que me hizo regresar, quería conocer mejor e investigar en mi propio cuerpo esa otra identidad.

¿De dónde surge la idea de hacer un documental? Es decir, eres médico y no es muy común que un doctor haga un documental. ¿Es tu primer producto audiovisual?

Yo siempre quise hacer cine pero la verdad es que nunca vi claro cuál tenía que ser el camino ideal. Conocí a gente que estaba estudiando comunicación pero veía que tampoco era lo que necesitaba para ser directora como quería. Poco a poco me fui buscando cómo hacerlo y mientras estudiaba medicina iba filmando cortos, buscaba a quién filmar, gente que me podía enseñar, y buscaba recursos para marcar mi camino hacia el cine. La medicina es un pequeño seguro, o sea, me interesaba mucho estudiarla y he disfrutado muchísimo por eso regresé de Ecuador, terminé mi carrera en España y comencé a trabajar en Alemania. Pero como quería ya hacer cine y tenía esa pequeña lucha interior me fui a hacer cine en Berlín, un máster en guión en Madrid y cuando terminé, comencé el proyecto en Ecuador.

¿Ser médica te ayudó o dificultó hacer entrevistas con las mujeres en el hospital? 

Hay una relación especial con los pacientes cuando eres médico porque tienes un acceso diario de la vida de las personas, te cuenta todo el tiempo cosas de su vida, problemas que tienen, y eso me gusta mucho. Quería usar esa relación en mi investigación y lo que hice en el 2012 fue empezar unas pasantías voluntarias en maternidades del país.

¿Cómo fue tu regreso a Ecuador en 2012?

Ahorré algo de plata para irme con una cámara y algo de equipo de sonido y mi idea era irme unos meses a probar. Cuando llegué en noviembre de 2012 empecé a hacer las entrevistas y mi idea era hacer todo con bajo presupuesto en base a mi experiencia en Berlín. Mi idea era buscar estudiantes de cine, poder filmar alguna entrevista y buscar material de archivo para usar como parte de mi investigación. Ahí me enteré que había opción para concursar en el Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador (CNCine) y decidí quedarme un poco más y participar con una productora ecuatoriana que estaba muy interesada en el tema. En el 2013 ganamos el fondo y la productora estuvo colaborando un tiempo conmigo en algunos temas de la producción y ya le pedí que fuera mi productora para todo el proyecto. Estuvo en la primera fase hasta que filmamos la película en el 2014 y luego ya se desvinculó del proyecto porque quería seguir otro camino entonces yo seguí con otras productoras.

¿Cómo fue el proceso de creación de tu documental?  

Cuando volví en el 2012 yo me planteé un acercamiento muy científico a la investigación sobre cómo el aborto clandestino, el embarazo adolescente, y la violencia sexual es un problema de salud pública. Me acerqué en un principio desde la salud pública, hablé con personas que habían estudiado en Ecuador estos temas y empecé a hacer entrevistas más enfocadas en la ciencia, científicas. Primero llegué a la maternidad de Quito Isidro Ayora y me ofrecí para colaborar, aprendiendo a hacer partos, viendo la realidad que se vivía ahí hasta que tenga la autorización del Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Educación para hacer las entrevistas a adolescentes y pacientes. Cuando me la dieron empecé a entrevistar en colegios y en hospitales, ahí también me fui a trabajar voluntariamente en la maternidad de Esmeraldas y al hospital de Orellana.

Yo ya tenía la relación con las obstetrices del hospital, ya nos conocíamos y estaban esperando la filmación. En los tres meses que estuve colaborando en el hospital elegí a María Carnicer como la protagonista de la historia porque es una compañera que es médico, también periodista y antropóloga  y ella tiene una experiencia en Ecuador. Le pedí que viniera de España para ser la protagonista de la película y hacer el papel y se metió en el hospital para hacer unas prácticas conocer a la gente, tomar conciencia con la gente y el entorno y finalmente filmamos. En el caso particular de los partos, por ejemplo, que  no podías planificar, cuando alguien iba a dar a luz nosotras estábamos en el hospital o en los alrededores y nos avisaban para que fuéramos y tardaba unas cuatro horas entonces nos preparábamos y entrábamos. Filmamos como unos tres partos en total.

Algo que me llamó la atención en este proceso es que al momento del parto hay un trato muy paternalista por parte del personal de salud, un trato un poco punitivo contra la mujer. Por ejemplo hay veces que hacen bromas mientras la mujer está ahí sufriendo, momentos que yo decía si supieran lo que estamos filmando y si se dieran cuenta de lo violento y lo nocivo que es esto. Pero está tan naturalizado todo este contexto que lo que estábamos filmando no les importaba.

¿Cómo escogiste el nombre? 

Para mí el denominador común de todas las historias es que las mujeres podían decidir o no sobre determinadas situaciones. Sigues la historia con el punto de partida de una embarazada adolescente y empiezas a darle la vuelta de si las adolescentes están decidiendo tener hijos o no y parece que sí pero luego ves casos de mujeres que toman otras decisiones como abortar, te encuentras con una historia de abuso sexual donde la niña no ha podido decidir nada en su horrible historia. Decidirse por un título así es complicado pero yo quería darle un título positivo y no uno negativo: no quería decir que nadie decide. Realmente creo que muchas de ellas están decidiendo y quiero alegar a que sigan decidiendo más.

¿Cómo trabajaste con Mishell sobre su historia de abuso? 

Cuando la conocí Mishell tenía 16 años, habló abiertamente de su historia, yo apenas la conocía porque estaba empezando la investigación y fue el primer colegio que fui en Tonsupa. Ella vino y me contó una historia de abuso que me dejó un poco fría. No me esperaba eso porque yo no estaba buscando el tema del abuso sexual y había descubierto su importancia, cómo estaba relacionado al embarazo conforme avanzaba la investigación y terminó siendo el tema central de la película. A Mishell le previne porque no quería que se exponga demasiado, quería que pensara bien las consecuencias de que ella hable de una historia así abiertamente a la cámara y le pedí que tuviera cuidado, que eso se puede utilizar en su contra, que está muy expuesta. Luego la volví a ver meses después y me di cuenta que seguía interesada en hablar sobre esto, que ella y su familia querían que se supiera porque para ellas era la única manera de que se haga justicia. Luego la madre me había dicho que la había ayudado a hablar de esto, que realmente le había dado más autoestima trabajar con nosotros, que estaba más animada en el colegio y la madre quería que siguiéramos porque Mishell estaba más tranquila.

Me he preocupado mucho de que en cada momento del proceso ella  viera lo que estaba pasando y pudiera controlar todo, decirme no estoy segura o quiero parar. Eso es lo que me he esforzado en hacer con ella y siempre he vuelto a visitarla, le he mostrado el material, hemos seguido en contacto y creo que sigue bastante contenta y segura de que sí quiere que se vea y se sepa toda su historia porque siempre me dijo que piensa que hablar de esto abiertamente puede evitar que otras chicas pasen por la misma situación y que no se atrevan a hablar.

¿Sigues en contacto con las mujeres con las que hiciste el documental? 

Sí, estuve ahora en enero de 2017 en Ecuador con la idea de mostrar el corte final a todas las cinco protagonistas porque para mí también era muy importante que vieran la película especialmente las principales que tienen un testimonio sobre temas de aborto y de violencia sexual. Es importante que lo vean en el tema de abuso sexual para que estén seguras hablando de eso y de que se vea en público. En la parte de aborto me importaba mucho saber si realmente todos los protagonistas estaban de acuerdo con lo que habíamos editado en la entrevista y quería asegurarme de que nada los iba a poner en riesgo a nivel legal. Y, por ejemplo, a la obstetriz le mostré la película y se quedó un poco intranquila por una frase que decía sobre el aborto. He cortado la frase porque para mí era muy importante que todo el mundo tenga mucha seguridad en la película y que no pueda afectar a nadie.

¿Hay alguna historia o experiencia personal que te haya identificado con las historias que cuentas? 

Sí, hay varias historias personales que me identifican con todas las mujeres de la película. Por supuesto me identifico con María que es la doctora que va escuchando historias de otras mujeres sobre injusticias y no sabe bien cómo reaccionar o qué hacer para ayudarlas. Es exactamente lo que me pasó a mí cuando llegué a Ecuador y me puse a investigar. Pero también me identifico con Mishell, porque yo también he sufrido violencia sexual dentro de mi familia. Había un tío abuelo que intentaba besarme en la boca cuando yo tenía unos siete años. Cuando tenía nueve, le dije que solo le iba a saludar dándole la mano y así pude por fin librarme de él. Mis padres no sabían nada. Son cosas que suceden muy frecuentemente a muchos niños, lo mismo en Europa o en Latinoamérica. Con Yanina, la mujer que busca la manera de abortar, me identifico también, porque también me he quedado sola una vez frente a un embarazo no deseado y mi pareja no se hacía responsable de la situación. Todavía adolescente, llena de miedo y vergüenza, tuve que recorrer sola farmacias y centros de salud buscando anticoncepción de emergencia. Son situaciones que nos pasan a casi todas las mujeres al menos una vez en la vida y que es necesario que hablemos de ellas y nos mostremos apoyo mutuamente para que dejemos de ser tan violentadas.

¿Cuál fue el mayor aprendizaje del documental? 

Pues, todo porque ha sido mi primer documental. Ha sido una experiencia a muchos niveles y muy fuerte. Escribir el guión fue muy difícil porque como yo me especialicé en ficción yo pensaba que tenía que tener control sobre todo lo que ocurría y con el documental no es así. Pero me di cuenta que tenía que relajarme y dejar que pasen cosas frente de la cámara. Lo valioso de la película es lo que pasa en esos momentos que uno no planifica y hay una sorpresa. Un documental es una maravilla, es un regalo del cielo.

Dirigiendo a María fue difícil porque ella también tenía algo de experiencia como actriz amateur y como yo estaba rozando un límite entre documental y ficción —porque tuve que recrear algunas escenas— era muy difícil marcarlo. Yo quería que ella sea la doctora, que se dejara llevar por las situaciones que estaba viviendo en el documental y también reaccionara cómo ella reaccionaría naturalmente. La edición fue algo nuevo también porque lo realicé con la editora Florencia Handler —que ha trabajado en películas como Volver y Blinkers— y la cineasta Sofi Escudé —que ha trabajado en films como Rec y Three Days with the Family— y nos metimos muchísimo en las historias, nos encantaba todo lo que estaba relacionado con Ecuador y era maravilloso. Ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de buscar los medios para hacer las cosas y de poco a poco hacer una película ya te vas montando tu equipo, vas teniendo tu gente y hay gente con la que he trabajado tan a gusto que trabajaría mil veces más.

¿A qué te refieres con que tu trabajo está entre el documental y la ficción?

Cuando empecé a escribir el guión de la película en 2012 me imaginé partes de ficción que se narraban paralelamente a las historias reales. Por ejemplo la doctora María Carnicer es un elemento ficticio porque si bien ella sí es doctora, ella no vive en Ecuador y vino explícitamente de España  para trabajar en la película. A mí me interesaba contar lo que piensa y siente María de manera ficticia, porque así era cómo me estaba sintiendo yo como mujer y doctora extranjera viviendo en Ecuador. Pero esas partes de ficción fueron disminuyendo durante la investigación porque, a medida que iba avanzando, sentía que las historias de las mujeres eran demasiado potentes e interesantes. Fui descubriendo la fuerza que tiene el documental y me fui desencantando de la ficción aunque la ficción me ha servido como instrumento en los momentos en los que no sabía cómo contar algo o sentía que no iba a poder acceder con la cámara a una situación determinada. En el tema del aborto, por ejemplo, encontrar una mujer que estuviera abortando o buscando la manera de hacerlo no era nada fácil. Así que usé partes de ficción para contar cómo se siente una mujer de bajos recursos cuando siente un embarazo no deseado y busca ayuda para abortar en Ecuador.

¿Qué respuesta has recibido de la audiencia sobre tu documental? 

Hasta ahora solo lo hemos proyectado en un festival en Gales. Tuvo una acogida muy bonita porque la gente estaba muy emocionada de ver la película y que asistamos a la proyección para la ronda de preguntas. Para mí fue muy emocionante ver la expectativa de que gente de otro país, que no te conoce, quiera  conocer más de la realidad ecuatoriana. Ha sido una experiencia muy agradable y espero que en Ecuador sea algo que se vea mucho más. Ahora que viene la gira en mayo en Ecuador vamos a aprovechar para que la película se vea muchísimo. Estamos organizando proyecciones en distintas ciudades con la colaboración de municipios y la idea es dar la máxima difusión, que se llegue a ver para causar un poquito de debate. En el Coca, como filmamos gran parte de la película ahí y apoyaron bastante en el rodaje, la proyección está casi lista. Vamos a hacer la parte del estreno local con la presencia de las actrices, vamos a hacer talleres con jóvenes, proyectarla en colegios. En otras ciudades como Guayaquil estamos viendo qué opciones hay, con qué colegios se puede hacer. Esmeraldas también tenemos un estreno seguro en la Casa de la Cultura y sería que algún colegio lo pase pero está más difícil. En Esmeraldas estarán las protagonistas de la provincia pero está todavía pendiente el tema de proyectarlo en colegios. Vamos a dar la opción de que las personas que quieran proyectar la película nos escriban y nosotros les mandamos el corto de la película y el material para que pueda hacer la proyección y la difusión.

¿Qué efecto esperas causar en las autoridades y el público? 

Mishell me dijo una vez en una entrevista que sabía que nadie le iba a ayudar a denunciar a su acosador, pero que si hablaba de lo que había pasado y la gente lo veía por televisión, quizá otras chicas no tendrían que pasar por lo mismo que pasó ella. Me dejó impresionada que una chica de dieciséis años tuviera que asumir sola tanta injusticia y también me impresionó que fuera tan valiente y tuviera las ideas tan claras. Dicho esto, Las Mujeres Deciden es un documental que permite observar la realidad de las mujeres en Ecuador desde el punto de vista de las propias mujeres y que a través de testimonios muestra la pasividad de algunas instituciones frente a la vulneración de los derechos de las mujeres. En cualquier parte del mundo, yo quisiera que la película sirva para tomar conciencia sobre las injusticias que sufren muchas mujeres y para que surjan estrategias que ayudan a combatirlas.

|Placeres|

Muchos ahoras en silencio

Es imposible no sentirse incitado por el silencio cuando en la pantalla grande se detiene el diálogo, la música, pero sigue rodando la imagen. No es el silencio accidental de la noche, ni el silencio ceremonioso del duelo, sino un silencio activo que intensifica el momento de la cinta y las miradas de la audiencia. Fue el silencio de No Intenso Agora (En el intenso ahora) de João Moreira Salles, la primera cinta que se presentó en el festival Encuentros del Otro Cine (Edoc), en Quito —y que con found footage y una narración contemplativa y pausada explora la intensidad de diferentes momentos —ahoras— históricos y personales que registra la cámara.

Respiramos. En el fondo alguien tose o se destapa la nariz. Con pausas frecuentes en la narración, la cinta hizo de estos sonidos inevitables de un público vivo parte de esa experiencia de ver momentos vividos; la conciencia del ahora en silencio. Las imágenes en la pantalla son narradas en primera persona sin distinguir entre el material histórico en blanco y negro de las protestas estudiantiles en París en 1968, los registros de la madre del director durante un viaje a China en 1966, las vacaciones familiares en Río de Janeiro y sonrisas anónimas de desconocidos ante la cámara en Checoslovaquia. La historia y la memoria —el registro monumental y el recuerdo personal— son apropiados de la misma manera por una voz que contempla y cuestiona lo que fue documentado por alguien más.

Fue una película arriesgada para una inauguración. Es bastante larga y las conexiones entre los diferentes momentos que Moreira Salles incluye no son siempre transparentes. La voz narradora reflexiona pero no ilustra. Es una perspectiva filosófica y poética que no pretende construir ni tallar la historia, y que en momentos es casi conversacional. Tampoco pretende comentar la historia tanto como observarla y decir lo que sus imágenes generan. Decir y callar también, callar con tiempo y ritmo para cederle espacio y protagonismo a la imagen por si sola. Los silencios liberan la voz de la imagen para que cada una pueda generarnos sentidos diferentes, aunque el riesgo sea perder el hilo y diluir la narrativa.

El tejido de historias, como el flujo de conciencia de la voz que narra, parece permitir e invitar a la audiencia a divagar sobre detalles específicos y aleatorios; a perderse en sí misma con lo proyectado.

Uno de esos detalles-personajes es Daniel Cohn-Bendit, uno de los líderes del movimiento estudiantil en París, y un hombre que —nos lo hace notar el director— desde su aparición cautivó las cámaras que cubrían el movimiento. Moreira Salles se enfoca por momentos en Cohn-Bendit, que pasa de líder en “un movimiento sin ellos” a ícono comercial de rebeldía pero lo abandona para regresar a los documentos de su madre en la Gran Muralla China, sonriendo ante la cámara, cautivando también a quien la grababa.

Los cuestionamientos filosóficos del narrador desde el inicio nos hacen conscientes del “ahora” de ver cine. Luego, su voz cuestiona el “ahora” que manejaban y entendían los personajes de los distintos momentos históricos que ata entre sí. Lo hace con cierta distancia irónica en el caso político de París y con mucha ternura y cercanía con los registros de su madre —a quien encuentra inmersa y feliz en su viaje. La relación entre el presente y el futuro es un tema propio del mismo movimiento estudiantil, perdido en el potencial de toda su energía, inspiración y fuerza. La intensidad del presente, en ese sentido, se presenta tan liberadora como asfixiante y engañosa, paralizando las posibilidades de continuidad o permanencia.

El fin del movimiento estudiantil contrasta con la marca perdurable de la experiencia de su madre. Perdura lo subjetivo. La yuxtaposición divagante entre el documento y el recuerdo —aunque sea ajeno— finalmente nos deja con un ahora que cobra sentido como experiencia y aprendizaje, del que sobrevive la experiencia propia y lo que hacemos con ella. La memoria por sobre la historia: el tono melancólico de Salles, aunque ciertamente escéptico con las pretensiones revolucionarias idealizadas, mantiene viva la posibilidad de que vivamos todos con la intensidad que el ahora se merece.

 

No Intenso Agora (En el intenso ahora).João Moreira Salles, 2017. Brasil, portugués (con subt.). 2h07m
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Huasipungo en el siglo XXI: “el Icaza no nos conocía”

Andrés Chiliquinga, un kichwa otavaleño, dirigente indígena y músico, hace un viaje a la Universidad de Columbia en New York, pagado por la Comisión Fulbright, para conocer la cultura americana y para hacer un curso sobre literatura andina. El viaje no solo es un encuentro y un descubrimiento de la literatura andina, de la historia, de la novela ícono sobre el indigenismo ecuatoriano, Huasipungo, sino también de su identidad.

Volver a mirar a Huasipungo en el siglo veintiuno es importante. Como escribió el jurista Ernesto Albán Gómez en la Guía Legal del 2 de junio de 2017, el libro de Jorge Icaza marcó la historia de la literatura ecuatoriana y latinoamericana: “Cumplió un papel fundamental como una denuncia descarnada de la situación de explotación brutal que sufría el indio ecuatoriano”. El libro de Carlos Arcos Cabrera Memorias de Andrés Chiliquinga permite ese retorno a la obra de Jorge Icaza.

La historia comienza en el aeropuerto de New York, cuando Andrés se enfrenta con un “negro” en migración. El oficial no lo atiende bien, y Andrés piensa “en mi país entre nosotros y los negros hay algo que no funciona. No nos llevamos.” Ya afuera, es recibido con un cartelito sostenido por un ecuatoriano migrante que apenas le habla. El hombre recoge su maleta, su guitarra, le da la espalda, que, según siente Andrés es “esa forma de distanciarse de mí, de sentir vergüenza, lo que me confirmó que no importaba el lugar del mundo en que me encontrara con un mishu —que son los que creen que no son indios, los cholos, los blancos— siempre reaccionaría igual que aquel hombre.” Le deja en la residencia universitaria. Andrés se siente tan diferente y disminuido en ese lugar que “todo me sobraba: mi sombrero, mi trenza, mis alpargatas, hasta mi forma de andar y mi cuerpo. Estaba de más.”

Andrés asiste a su primera clase. La profesora le pide escoger un libro para presentar a la clase. Escogió Hausipungo, aunque no lo había leído. Una de sus compañeras, María Clara Pereira, ecuatoriana que hacía su tesis doctoral sobre la literatura oral e identidad en los kichwas del Ecuador, se ofreció a ayudar a Andrés en la lectura y en la preparación de la exposición.

Las primeras páginas de Huasipungo le parecieron a Andrés difíciles. Pronto se interesó cuando descubrió que el protagonista de la novela de Jorge Icaza tenía el mismo nombre que él: Andrés Chiliquinga. Después tendremos conciencia que María Clara es descendiente directa de Alfonso Pereira (pero de ella hablaremos en otro monto). El plan para leer Huasipungo era aparentemente sencillo: ella le pide a Andrés que haga un resumen del libro y que ponga si estaba de acuerdo o no con Icaza. Lo interesante es que Andrés analiza la mirada de Icaza sobre los problemas de la población indígena. Está de acuerdo en las descripciones sobre el maltrato y sufrimiento, pero considera que “es propio de los mishus oscurecer lo que nosotros éramos y somos de verdad.” Icaza no cuenta de las sublevaciones, no reconoce el valor de la fiesta, exagera sobre la vida sexual de los indígenas (pegar a las mujeres para luego tener sexo); convierte en animal al indígena y no puede ver el corazón del indio: “nos hace aparecer como animales, yo diría menos que ellos, porque ningún animal pega antes de juntarse. Me da rabia cómo nos muestra.”

A medida que avanzaba y leía, encontraba más afirmaciones que no correspondían a la realidad. “Es injusto porque presenta a nuestras compañeras como unas desalmadas dispuestas a dejar a sus hijos por pasar unos días en casa del patrón.”  Andrés está en franco desacuerdo con el autor: “Icaza también nos mira con desprecio, como seres sin cultura y sin valores. Para el Icaza nuestros hijos son larvas hediondas y nuestras mujeres animales.” En algún momento de la lectura, sintió rabia: “El Icaza no nos conocía, decía solo media verdad. Su libro es una trampa y también ignorancia de nuestro mundo. Ni siquiera hablaba kichwa, no había visto el fondo escondido del corazón de los runas.” En otra escena Icaza, según Andrés, “nos muestra como asesinos, como caines de nuestros propios hermanos. Animales, menos que animales, y criminales, eso somos en la novela de Icaza. El pobre Icaza no conocía nuestros ritos funerarios y pensaban que eran un puro lamento parecido al aullido de un perro.” Al finalizar de leer la novela, Andrés llora indignado. “Me paré y grité, y el grito me salió de lo más hondo del pecho.” Piensa que si Icaza hubiese conocido el alma indígena “habría sido el más grande entre los grandes.”

De vuelta a su curso, cada semana un compañero exponía una novela de un país andino. La exposición tenía dos partes. En la primera se exponía el contexto de la obra y en la segunda se hacía un análisis literario de la novela. Los estudiantes “hablan bien complicado, era como si estuvieran discutiendo desde hace años, escarbando frases y usando palabras que sólo ellos entendían. Es como un juego difícil y pesado.” En este momento Arcos Cabrera provoca un típico encuentro entre el mundo indígena con la academia. En las exposiciones se hablaban de teorías y de nombres extraños, que Andrés nunca había oído. “Ese grupo era una secta que tenía lenguaje secreto para hablar de libros que yo no conocía, de hombres que escuchaba por primera vez. Yo era un extraño en esa secta.” También tenía conciencia que los mishus “dejaban palabras sobre nosotros mismos y de repente esas palabras de a poco se iban haciendo parte de nosotros.”  Le entristecía darse cuenta que no sabía nada de la historia de los indígenas bolivianos y peruanos. “Me descubría en mi ignorancia, no era la ignorancia frente a otros libros ni otras culturas, sino sobre mí mismo.” Leer a Icaza para la exposición fue toda una revelación. “Pocos conocían al Icaza en la organización, yo mismo no sabía de su existencia hasta ese viaje. Todos los dirigentes deberían leerle.”

Entre las calles de New York y las conversaciones con María Clara, Andrés reflexiona sobre el movimiento indígena del Ecuador. Recuerda cómo paralizaron el país en los 90, hasta su llegada al poder en el 99. Cuenta la historia de una prima, que fue a trabajar en el servicio doméstico en la ciudad y la encerraron por ladrona, a pesar del movimiento indígena y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie): “seguimos siendo indios sin derecho a justicia, ni abogados, ni defensa, ni nada: ¡indios de mierda!, como se decía antes y se dice ahora.” En algún momento recuerda lo vergonzoso que fue para él en la escuela hablar en kichwa y ese concepto de que abandonar su cultura significaba volverse civilizado.

Una noche se le aparece en sueños el Andrés Chiliquinga de la novela de Icaza. Tocan la guitarra y hablan de los nombres inventados por Icaza en la novela. Al día siguiente, Andrés despierta muy contento. Le cuenta su sueño a María Clara, pero ella no lo toma en serio. Otra noche vuelve a aparecerse, hablan de las sublevaciones que no cuenta Icaza, de las imprecisiones del libro y hacen música. En la tercera aparición, el tocayo le habla a Andrés sobre la muerte de Cuchitambo que describe Icaza y la versión oficial: la tropa actuó en defensa propia, los indígenas habían desatado la violencia y los huasipungueros actuaron agitados por la internacional comunista. Finalmente, dice, que ambos —el personaje del libro y Andrés— son familia y le cuenta su origen: fue un indígena de Chimborazo recogido por unos Otavalos.

El último jueves de clase, Andrés hace su presentación. “Ignoré los resúmenes que había escrito y que tenía frente a mí. No solamente hablé yo, sino también mi  tocayo y pariente, a dúo.” María Clara se enoja pero Andrés le dice que quería hablar desde el corazón. Cuando visita por última vez la biblioteca y ve miles de libros que tenían seres atrapados en su interior, se convence de que “no eran ficción, sino una puerta para ver otra realidad. Los libros eran la ayahuasca de los mishus. Tal vez era su sabiduría.” Se despide de María Clara, a la que nunca más volvió a ver —al menos en esta novela: será la protagonista de la siguiente escrita por Arcos—, regresó a Ecuador, se retiró de la organización indígena y se dedicó de lleno a la música.

Huasipungo sigue teniendo vigencia para apreciar el pasado y el presente. El valor de la obra de Arcos radica en una mirada crítica a un libro icónico en las letras ecuatorianas y que merece ser leído y comentado. Pero la obra de Icaza no es solo denuncia de la explotación al indígena, que es el mensaje explícito del autor, sino también que refleja una mirada racista, que es evidente en las reflexiones que hace el personaje de Arcos Cabrera.

¡Ñucanchic huasipungo!, el grito que resume el despojo y la resistencia indígena no es un hecho de ficción de los años treinta. Es una constante en la historia del movimiento indígena que tiene varios siglos y que se refleja en el levantamiento de 1990, en la resistencia shuar contra la minería en Morona Santiago, en lucha por el agua en la Cordillera del Cóndor, en la existencia de los pueblos en aislamiento en territorio waorani y en los que se explota y se expande la frontera petrolera en el Yasuní. En otras palabras, seguimos siendo un país que discrimina, que irrespeta los territorios de los pueblos indígenas, que no logra construir el anhelado Estado plurinacional.

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