El Plan Maestro de Alcantarillado de Puyo, una ciudad amazónica de la provincia de Pastaza, comenzó a conceptualizarse hace más de nueve años. En 2015. Pero las plantas de tratamiento, que nunca funcionaron, son hoy piscinas llenas de agua sucia, basura y sapos. Los ciudadanos de la pequeña y verde localidad siguen pagando con sus impuestos el crédito de 21 millones de dólares que hizo el Municipio de Pastaza al Banco de Desarrollo (BDE) para una obra que nunca se concretó. Cada mes, la cuota al BDE es de 122 mil dólares, según el balance financiero del Municipio de Pastaza.
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En el papel, el Plan consiste en una red de tuberías que debería conectar a cada casa, local comercial o institución con una planta de tratamiento. Esas tuberías deberían transportar las aguas negras —las de los servicios higiénicos y cocinas— por bombeo. Y, al llegar a la planta, empezaría un proceso de desinfección. Cuando estén casi limpias, el agua debería llegar a los ríos y esteros, para evitar su contaminación.
Pero todo sigue en supuestos: la mitad de los 60 mil habitantes de Puyo aún no tiene alcantarillado, y sus aguas negras siguen llegando a los ríos Puyo, Pindo, Rico Chico, y Pambay, y a los esteros como Latalanga y Citayacu.
“El problema del alcantarillado se nota, usted va por una casa y ve tuberías al aire, algunos construyen pozos sépticos, pero casi nadie tiene dinero para eso, las aguas servidas se van a a los ríos, a las calles o a cualquier poza”, dice Lorenzo Zamora , un hombre de camisa blanca, tez morena, y sandalias. Lorenzo, que está jubilado, vive en el Barrio Las Palmas, en el sector el Picolino, al centronorte del Puyo, con sus hijos y sus nietos.
En su campaña electoral, en 2023, el entonces candidato a alcalde del cantón Pastaza, Germán Flores, prometió que, si era elegido, concluiría este plan, que lleva paralizado desde 2019. Pero, mientras los ciudadanos esperan que cumpla su promesa, y en Puyo hay cortes de agua de hasta 12 horas, Flores quiere construir un Cristo Redentor (como el de Río de Janeiro) de 46 metros de altura, que cuesta 5 millones de dólares.
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En Puyo, en el centro oriente del Ecuador, llueve casi todos los días. Hay ríos y cascadas en abundancia. Pero cuando llueve demasiado se interrumpe el servicio de agua potable en las casas. Y cuando no llueve, también se interrumpe. Es decir, el sistema de agua potable no funciona. Durante su posesión en el 2014, el alcalde Roberto de la Torre dijo que dos obras iban a transformar la ciudad: el Sistema de Agua Potable y el Plan Maestro de Alcantarillado.
Diez años después ninguna de las dos existe. En 2022, en Puyo había 28 mil viviendas y, de esas, solo la mitad tiene tuberías en sus baños que transportan las aguas negras directamente a los ríos y esteros; el otro 50% tiene tuberías improvisadas construidas por sus propietarios, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
“El plan maestro de alcantarillado es una obra fundamental para Puyo, el estero Citayacu está descontaminado. La obra se construyó en más del 80% y lo poco que falta debe concluirse. Los recursos están allí. La solución no está en paralizarla. Fue una actitud errada haber dado por terminado el proyecto solo por el simple hecho de ser de la anterior administración”, dijo el ex alcalde Roberto de La Torre, en el 2020, al medio local Radio SuperTropicana.
El proyecto empezó en 2015 cuando de la Torre, del movimiento CREO, era alcalde, y se canceló cuando Oswaldo Zuñiga, de Pachakutik, tomó el cargo en el 2019.
Pero el estero que de la Torre dice que está descontaminado, no lo está. Y los habitantes siguen desechando ahí sus aguas servidas sin tratamiento.
Con la actual, son tres las administraciones municipales que no han logrado terminar el Plan Maestro de Alcantarillado pluvial y sanitario, que arrancó en 2015 con los estudios del consultor Gerardo Nicola y la contratación de tres consorcios: OMEGA, COVIPAL y PROTAV. Cada uno construiría una planta o subsistema que se encargaría de almacenar, tratar y de la disposición final de residuos a los ríos Pindo Grande, Pindo Chico y Puyo.
Entre 2017 y 2018 iniciaron los trabajos de construcción de las plantas de tratamiento. Y, a la par, se creó una veeduría ciudadana que determinó que los estudios no cumplían con las especificaciones que la obra requería.
Los trabajos fueron abandonados en 2019, en la administración de Oswaldo Zúñiga, porque los técnicos del Departamento de Planificación dijeron que los estudios estaban mal hechos. Dos años después, un informe de la Contraloría confirmaría la versión de los técnicos. Este informe de 2021 concluyó que hubo inconsistencias en el Plan desde los estudios de diseño. Determinó también que la obra física tiene un avance del 75% de construcción, y que las plantas no pueden funcionar porque no tienen el sistema electromecánico, ni las bombas que transportan las aguas.
En los últimos siete años las veedurías ciudadanas han exigido a las autoridades que la obra avance, pero hasta septiembre de 2024 sigue estancada, y los ciudadanos dicen que los alcaldes no responden sus pedidos de información. “Muchos oficios que se ingresan para solicitar los estudios son respondidos hasta tres meses después”, dice Mario Mora, coordinador de la veeduría formada en el 2017.
Los políticos locales también han intentado buscar soluciones. La concejala Mónica Meza, luego de revisar el informe de la Contraloría, reunirse con miembros de la veeduría ciudadana, y convocar sesiones de Concejo para analizar el estado del Plan Maestro, concluyó que la solución es construir colectores —conductos subterráneos en los cuales vierten las alcantarillas sus aguas—, en cada estero y río. Esto como medida para salvar lo que ya está construido.
Así, dice, se puede interceptar las aguas servidas de cada uno de los hogares y conducirlas a una sola planta de tratamiento, que habría que construir porque las tres que se hicieron en 2018, no funcionan y en caso de reactivarlas, tal vez no funcionarían.
La planta, dice la concejala, debería estar fuera de la ciudad.
Las que fueron abandonadas están frente al Hospital Puyo, junto al colegio Orellana, y en el Estadio Municipal. Según la Contraloría, no hay estudios que garanticen que las ubicaciones elegidas para las plantas de tratamiento hayan sido idóneas. Al contrario, todas están muy cerca a poblaciones. Según la ex vicealcaldesa, María Susana Coloma, si las plantas funcionasen, habría concentración de mosquitos y malos olores por la acumulación de aguas servidas.
Mientras se construían, en 2018, la veeduría ciudadana le pidió al alcalde Roberto de la Torre, que detenga la construcción de este proyecto por la cercanía a zonas pobladas. Sin embargo, el Municipio continúo con los trabajos.
“Como profesional nacido en Pastaza, con el ciudadano Edgardo Mena, y el asambleísta Henry Moreno, nos juntamos en 2017 a pedir información al Municipio y analizar los estudios de viabilidad del Plan Maestro de Alcantarillado”, dice Mario Mora, veedor ciudadano. Juntos visitaron a investigadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, quienes revisaron los estudios que hizo Nicola en 2017.
Los expertos encontraron que los diámetros de las tuberías, las plantas y su ubicación no tenían sustento técnico. Incluso, en 2019, la concejala María Susana Coloma, dijo que al ver las características del Plan pensó que podría ser una copia de un plan que se realizó para una parroquia del cantón Colta, en Chimborazo, que abastecía a mil personas. En Puyo hay 60 veces más gente.
La tubería que atraviesa Puyo, y fue instalada como parte de la ejecución del plan de alcantarillado, tiene un solo diámetro: 200 milímetros. Este tamaño permitiría un flujo de 2 metros cúbicos de agua por segundo. Pero en la ciudad, los niveles de circulación pueden llegar hasta 15 metros por segundo. Esto fue determinado por técnicos de la Contraloría que revisaron el caudal del agua en varios sectores de la ciudad.
Una tubería como la instalada en Puyo habría funcionado si estuviera conectada solo a diez casas. Si se sumaban más, el sistema hubiera colapsado. Estos detalles técnicos y comparaciones están detalladas en el informe de la Contraloría de 2021, en el que también se sugiere que las tuberías tengan diámetros de 1300, 1200, 1000, 900, 550 y 350 milímetros porque hay barrios donde hay más viviendas, o zonas más comerciales.
Para eso, señala el informe, era importante que el estudio tuviera sustento técnico.
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El Plan Maestro de Alcantarillado tuvo problemas desde el principio. No tuvo un diagnóstico de la situación de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de Puyo. Es decir, no se hizo un levantamiento de información previo para hacer el nuevo estudio en el 2016. Eso impidió que se conociera el estado de tuberías, la capacidad de transporte de agua y las características que debía cumplir este sistema.
Estos errores impidieron que se cumpliera con el objeto del contrato: la descontaminación de ríos y esteros del cantón Pastaza.
El área para el Plan, según el contrato con el BDE y los términos de referencia para los estudios, era de 2900 hectáreas e iba a incluir parroquias como Fátima, Las Américas, Unión Base, Tarqui, que son cercanas a la ciudad. Pero en el diseño entregado por el consultor a finales del 2017 solo se muestran 1135 hectáreas. Es decir, según ese documento, solo el 39% de la población iba a tener servicio de alcantarillado. El diseño del consultor Nicola tampoco consideró el crecimiento poblacional. Todo estos parámetros estaban en los términos de referencia, pero fueron ignorados.
Según el informe de la Contraloría, el único oferente y ganador para los estudios de diseño no tenía formación de cuarto nivel y tampoco presentó experiencia en proyectos hidrosanitarios. El oferente no cumplía ni el 70% de los requisitos para su contratación. Además, tres contratos que presentó para justificar su experiencia habían sido incumplidos.
En enero del 2015, en el Municipio fue el acto de apertura de sobres de las ofertas presentadas para el Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo para el Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Ciudad de Puyo. En marzo del mismo año se contrató a Gerardo Nicola. Un año después, en enero del 2016, fue la socialización del Plan Maestro de Alcantarillado a la ciudadanía. Hubo una rueda de prensa y videos informativos. En ese espacio se anunció que la obra acabaría en 12 meses. Han pasado 114 meses.
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La falta de alcantarillado perjudica a 60 mil habitantes, incluidas 13 comunidades de la nacionalidad indígena kichwa, causa mal olor en la zona comercial de Puyo que es un área turística que representa ingresos para la ciudad, y provoca inundaciones en las zonas más pobladas cuando llueve mucho. Según una evaluación realizada en el 2022 por la Universidad San Francisco de Quito, el río Puyo presenta niveles de Escherichia Coli y coliformes totales (bacterias de heces humanas y animales) por encima del límite máximo, según las legislaciones internacional y ecuatoriana.
Desde 2015 a 2024 en Puyo se han gastado 14 millones de dólares en estudios, construcción de plantas de tratamiento, cambios de tuberías y obras que no estaban contempladas en el contrato con el BDE, como calles, aceras y veredas.
Según Mario Mora, uno de los veedores ciudadanos, el alcalde Roberto de la Torre usó el dinero destinado al alcantarillado para pavimentar las calles de los barrios, y así mejorar su imagen pública. “Aprovechó que se abrían las calles para cambiar las tuberías y así, pavimentó lo que más pudo”, dice.
En 2020, De la Torre dijo al medio digital Britel, que lo que faltaba para terminar el proyecto de alcantarillado es “la falta de voluntad” de servir a Puyo. Lo hizo acusando al ex alcalde Oswaldo Zuñiga de abandonar la obra.
Para De la Torre el único error de la obra fue la construcción del sistema de bombeo. Sin embargo, el sistema de bombeo estaba contemplado en el contrato. Con eso, dijo de la Torre, el proyecto funcionaría a la perfección.
Según la Contraloría, los tres procesos de contratación de los tres consorcios no tenían documentos de respaldo sobre la experiencia mínima o sobre personal técnico que exigían los términos de referencia.
Sin embargo, la comisión técnica que seleccionó a los consorcios, conformada por un técnico ambiental, un fiscalizador, el director de obras públicas y el director de planificación del Municipio, aprobaron con la máxima calificación a los tres consorcios.
Según el contrato de los estudios de diseño, estos debían ser entregados seis meses después de la contratación del consultor. Sin embargo, el consultor solicitó al menos tres prórrogas, aprobadas por el alcalde de ese entonces, Roberto de la Torre.
Las justificaciones del contratista variaban: iban desde mal clima, falta de presupuesto, entre otras causales no establecidas en el contrato para solicitar prórroga. Los estudios finales debían contener el diagnóstico de los sistemas actuales de tuberías, la magnitud de las redes de alcantarillado, el área del proyecto, la descripción y alcance de la población, un análisis de la oferta y la demanda, la ubicación geográfica. Pero todos estos detalles fueron omitidos del documento, según la Contraloría. Los estudios, además, fueron entregados 183 días después de lo que decía el contrato.
Según el Informe de la Contraloría, en la planta de tratamiento Pindo Chico identificó 84 grietas en los muros externos, y 16 grietas en la cámara de lodos, lo que no garantiza su funcionamiento si se llegase a activar.
Según Gerardo Nicola, el consultor que la Contraloría determinó que no tenía experiencia para manejar el contrato, fueron las influencias políticas y los cambios de administración por elecciones los que no permitieron que la obra continúe. “Nosotros ganamos el juicio que nos interpuso la veeduría, porque estábamos haciendo las cosas bien”, dijo en una entrevista telefónica para este reportaje.
Gerardo Nicola es conocido en la ciudad de la Sierra centro del Ecuador, Ambato, por ser historiador y miembro de la Casa de la Cultura. Ha ocupado cargos públicos como la gerencia de la Empresa Municipal de Agua Potable del cantón Ambato (EMAPA), y la dirección de los Fondos del Agua en Tungurahua. Según un artículo de Diario La Hora de 2005, ese año, cuando era gerente de EMAPA, uno de los concejales del cantón, Felipe Bonilla, denunció a Nicola ante la Fiscalía por presunto peculado. Según la denuncia, Nicola había pagado valores en cheque por servicios que no correspondían a los proyectos de sistemas de agua potable para Picaihua y Huachi.
Nicola también fue el consultor que hizo los estudios del Sistema de Agua Potable de Río Blanco, que abastecería de agua a 30 mil habitantes del cantón Pastaza. La planta que surgió de los estudios de Nicola se destruyó en mayo del 2024 por las fuertes lluvias causando daños en las calles de acceso, en el tendido eléctrico y escombros en las plantas de captación. Esa es una de las causas por las que los cortes de agua son más recurrentes en el segundo semestre de 2024.
El asambleísta por Pastaza, Henry Moreno, y los diez integrantes de la veeduría ciudadana anunciaron que realizarán una denuncia en el 2022 por estafa contra el ex alcalde Roberto De La Torre y al consultor del proyecto Gerardo Nicola, a quienes consideran los principales responsables del perjuicio. Sin embargo, esta denuncia no se oficializó.
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Las tres plantas de tratamiento que nunca funcionaron casi no se pueden ver por la maleza que las cubre. El alcalde Oswaldo Zúñiga, en septiembre de 2019, dio por terminado el contrato con los consorcios OMEGA, COVIPAL, PROTAV porque no cumplían con las especificaciones técnicas del contrato, pero el cierre fue por mutuo acuerdo. Esta decisión hizo que el Municipio perdiera más de millón y medio de dólares de la garantía. Sí Zuñiga terminaba el contrato por incumplimiento no se hubiera perdido esa garantía.
En 2024, el director de Ambiente del Municipio de Pastaza, Douglas Guzmán, dice que el saneamiento ambiental es su prioridad. “Vamos a realizar un estudio para construir un alcantarillado para el estero Citayacu, con el objetivo de descontaminar el Río Puyo”, dice.
Sin embargo, la administración sigue sin dar la solución definitiva a este problema. Ha contratado un nuevo consultor, Nic Loza, para nuevos estudios de viabilidad y, dice la alcaldía, estarán listos en enero del 2025. Pero actualmente también se están haciendo estudios complementarios para terminar el Plan Maestro de alcantarillado, según el alcalde German Flores, que anunció que pronto se dará solución al problema del alcantarillado.
El objetivo es recuperar las plantas ya construidas y continuar con el plan inicial. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, el alcalde no respondió el pedido de entrevista para conocer más sobre los avances del plan.
En Puyo no hay alcantarillado, pero posiblemente sí habrá un Cristo Redentor que lo seguirán pagando los ciudadanos con los impuestos. Posiblemente seguiremos viviendo otros diez años más sin alcantarillado y con ríos llenos de basura.
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