Una mirada en detalle a los registros públicos de 225 alcaldes (222 más tres subrogantes) y 23 prefectos (la provincia de Galápagos no lo tiene) encontró 79 casos de saltos patrimoniales inusuales en sus declaraciones juradas ante la Contraloría General del Estado.
De las 248 autoridades analizadas, 68 tienen acciones o participaciones en compañías activas, según la Superintendencia de Compañías. Además, 29 de los 248 son administradores de empresas, combinando su función pública con su actividad privada.
Alrededor de la mitad de los alcaldes y prefectos del país ha estado inmerso en procesos judiciales, muchos de ellos archivados. Tres alcaldes están detenidos y un cuarto tiene un auto de llamamiento de juicio.
La serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa, realizada por la alianza Spondylus Info Lab, analizó registros públicos de las más de 200 autoridades a nivel nacional, que se publicarán en distintas entregas. Este proyecto —que incluye la difusión de 37 medios en todo el país— se hizo gracias a una beca del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios.
En esta aplicación puedes revisar parte de la información:
Millonarios saltos
El caso más llamativo es el del alcalde de Esmeraldas, el empresario y abogado Vicko Villacís Tenorio, que llegó al cargo por la Revolución Ciudadana. En 2023, cuando hizo su primera declaración patrimonial jurada declaró 1.442.301 millones de dólares. Al año siguiente, fijó su patrimonio en 4.314.426 millones, es decir casi tres veces más. Para 2025, declaró un valor un poco menor: 4.209.579, de los cuales más de 2 millones correspondían a maquinaria y equipo y 713.543 en cuentas bancarias. Villacís es accionista de dos empresas activas y en una de ellas es también administrador.
El 1 de junio, esta alianza periodística pidió su versión al alcalde a través de un correo electrónico, pero al día siguiente la Fiscalía lideró un operativo y lo arrestó el miércoles. Es investigado por presunto lavado de activos. La semana del 8 de junio la concejala Laura Yagual Salazar asumió como alcaldesa subrogante.
Otros dos alcaldes que cumplen su primer periodo tienen variaciones patrimoniales importantes, ambos son de Manabí. El de Rocafuerte, Norberto Vélez Bazurto —del movimiento Rocafuerte Nueva Visión—, declaró 3.408.400 millones de dólares al inicio de su gestión y al año siguiente indicó 3.740.900; un aumento de 332.500 en un año. En 2025, en cambio, el empresario mantuvo ese valor sin variaciones.
Vélez respondió, vía telefónica, que el incremento en su patrimonio es porque un terreno de su propiedad donde funciona el Hospital de Sanación Energía y Vida se ha revalorizado por ampliaciones realizadas. Según Vélez, la clínica tiene 20 camas y trata varias especialidades con medicina oriental y occidental, tiene un centro para la tercera edad. Además de ese negocio, Vélez vende productos farmacéuticos y tiene una radio.
La alcaldesa de Bolívar (Calceta), Ledy Laura Muñoz, de la organización política Alianza por la Unidad Bolivarense, se posesionó con un patrimonio de 1.592.838 millones de dólares que aumentó a 1.867.080 en 2024; es decir, 274.242 de incremento. Al año siguiente bajó a 1.708.006. Muñoz no tiene relación con compañías.
Junto con estos tres alcaldes millonarios, está el de Naranjito, el médico Cristian Suárez Peñafiel, del Partido Social Cristiano, cuyo patrimonio fue cero dólares en 2023, pero tuvo un aumento constante los siguientes años: 454.775 en 2024 y 637.076 en 2025. Tiene tres casas, una en Santa Elena, y cuatro vehículos valorados en 120.000 dólares.
Los saltos patrimoniales analizados no siempre se dan en el primer año de gestión, sino en el segundo, como el caso del alcalde Naranjal y de la prefecta de Cotopaxi.
Juan Carlos Rivera, comerciante de 46 años que llegó a la alcaldía por CREO, no aumentó significativamente su patrimonio entre 2023 y 2024, cuando declaró 1.179.321 dólares. En cambio, al año siguiente registró 1.871.650; un incremento de 692.328; entre sus bienes incluyó 27 propiedades, entre casas, solares, fincas y terrenos.
La prefecta de Cotopaxi Lourdes Tibán, de Pachakutik, pasó de un patrimonio de 677.729 en 2024 a 940.656 en 2025: un aumento de 262.927,21. Sus activos se concentran en inversiones por 495.373 y un total de 21 bienes inmuebles. Ni Rivera ni Tibán tienen acciones en compañías.
A su vez, existen otras autoridades que ya van por su segundo periodo y que también registran cambios importantes de patrimonio. Son los prefectos de El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos.
El ingeniero civil y abogado Clemente Bravo Riofrío, de 56 años, ganó la prefectura de El Oro en 2019 y tiene su propio partido político SUR. Comenzó con un patrimonio de 490.691 que se situó en un pico de 5.768.451 en 2023 y después a USD 1.312.049 según su última declaración de 2025. Camaronero, acumula más de dos décadas en cargos públicos, primero como alcalde de Santa Rosa por 18 años.
La prefecta de Santo Domingo, Johana Núñez García, registra cambios grandes. En 2019 declaró un patrimonio de 1.267.150, que al año siguiente se duplicó con creces llegando a 3.091.856 y en 2021 subió a 4.970.058. Sin embargo, cuando asumió su segundo periodo su patrimonio había disminuido a 2.524.657 y en 2025 declaró casi lo mismo. Llegó por la alianza Somos Todos (RC- Construir). Entre sus bienes detalló una casa y un terreno en Santo Domingo, un departamento y un galpón en Guayas, y un vehículo valorado en 100.000. Entre 2021 y 2025 mantuvo un RUC asociado a ventas por televisión y servicios de comunicación visual, pero no ha tenido acciones en compañías.
El tercer prefecto es Jhonny Terán Salcedo, del PSC, de Los Ríos, que a diferencia de sus colegas mantiene un crecimiento sostenido desde 2019. Al inicio de su gestión declaró 1.067.896 y en 2025 2.993.323 (un incremento de 1.925.427). Empresario de 65 años, Terán posee acciones en cuatro compañías, dos agrícolas (arroz y banano), una fábrica de puertas y ventanas, y una gasolinera.
En el otro extremo hay quienes perdieron patrimonio al culminar su primer año de gestión. Así, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez (RETO-RC), tuvo un retroceso en su patrimonio de 1,8 millones. Al inicio de su gestión, declaró 7.730.592, al año siguiente 5.870.330 y en 2025 sí lo aumentó a 7.431.403. Álvarez fue llamado a juicio en el caso Triple A, junto con 15 personas y seis empresas por presunta comercialización ilegal de combustible a través de comercializadoras y gasolineras, y tiene una instrucción fiscal, caso Goleada, por el presunto delito de lavado de activos.
Según informes de la UAFE, Álvarez habría adquirido 6,2 millones en bienes en Santa Elena y departamentos en Samborondón, que no constan en sus declaraciones patrimoniales. Tampoco un Mercedes Benz G 500 del año 2023 valorado en 325.000, a pesar de que está a su nombre. Como subrogante, al frente del cantón Guayaquil, ejerce su coidearia Tatiana Coronel.
El alcalde de Echeandía, Carlos Viscarra Vega, en cambio, perdió 1,3 millones en el primer año de gestión y no se ha recuperado. Al iniciar su periodo indicó que su patrimonio llegaba a 4.233.254, en 2024 lo tasó en 2.863.504 y en 2025 declaró 2.607.715.
Spondylus Info Lab pidió la versión de estas autoridades pero no tuvo respuesta.
¿Qué hay detrás de las cifras?
La Contraloría pone a disposición de los funcionarios públicos formularios para que detallen sus activos y deudas, la diferencia es el patrimonio que deben declarar antes de asumir sus cargos. Además, existe la obligación de presentar declaraciones periódicas, generalmente cada dos años. Estos archivos son registros públicos.
Los saltos abruptos podrían darse por varias razones, explica el politólogo Pablo Medina, de la Universidad San Francisco de Quito. La más benigna, dice, es un error de tipeo al momento de llenar el formulario, pero también podría suceder que inicialmente subvaloraron bienes por lo que se corrigió el error y otras hipótesis podrían ser porque recibió una herencia o porque posee acciones en compañías rentables.
En esta investigación algunos alcaldes respondieron al pedido de contrastación de esta alianza periodística señalando que se trataba de un error de digitación, que se había corregido al siguiente año, por lo que su patrimonio había disminuido considerablemente.
Sin embargo, dice Medina, la declaración patrimonial de los funcionarios públicos es un factor importante para fiscalizar a quienes nos gobiernan y, en todo el mundo, se la toma como un índice contra la corrupción. “Un alcalde que solo vive de su sueldo de funcionario público difícilmente podría triplicar su patrimonio, las matemáticas son las matemáticas”, anotó.
La Contraloría debería tener un sistema informático de alerta temprana, para detectar si hay un movimiento inusual, algo así como lo que sucede en el sistema financiero; luego hacer la contrastación con las declaraciones anteriores para determinar las razones, dice el abogado Mario Herrera. Agrega que ahora que el formulario es digital es mucho más fácil poder extraer la información y hacer comparaciones entre una declaración y otra. Cuando se registre una situación anómala, las alertas deberían saltar enseguida, acotó.
¿Quién controla a los que nos gobiernan?
Quien le debe pedir cuentas al alcalde es el Concejo Cantonal y al prefecto, el Consejo Provincial. Estos son los órganos legislativos del territorio, explica el politólogo Medina. Advierte que, a diferencia del presidente de la República, que tiene a su cargo la política pública nacional, en el caso de los cantones, es el concejo cantonal, el cuerpo colegiado, y no el alcalde.
Por eso, agrega Medina, el alcalde se convierte en una especie de primer ministro del concejo. Lo mismo sucede con el prefecto, cuya competencia atañe las áreas rurales del país. Sus jueces políticos no son los asambleístas. Sin embargo, más allá de la organización institucional, los principales fiscalizadores son los ciudadanos.
En esta nota metodológica se explican las fuentes utilizadas y el procedimiento de la investigación.
Únete a la GK Membresía y recibe beneficios como comentar en los contenidos y navegar sin anuncios.
Si ya eres miembro inicia sesión haciendo click aquí.
