La política internacional de Ecuador: ¿qué pasa si gana Noboa o González?

La política internacional de Ecuador, en los últimos veinte años, ha estado sujeta a constantes cambios que han dependido de quién gane las elecciones. No ha tenido planes diseñados para el mediano y largo plazo que establezcan la manera en la que Ecuador se va a relacionar con la región y el mundo. En ese contexto, es clave analizar a profundidad las visiones de las relaciones internacionales del Ecuador de Luisa González y Daniel Noboa, los dos candidatos que disputan la presidencia, así como las posibles consecuencias para el país de cada una de ellas.

La política internacional de Daniel Noboa

El análisis de la visión de la política internacional de Noboa debe partir de dos premisas. Primero, las acciones del gobierno durante el año y tres meses; y segundo, lo que enuncia su plan de gobierno. Revisar las acciones durante su mandato, permite ver sus aciertos y errores y cómo estos pueden influir en un eventual segundo período.

La primera acción es el nombramiento de la canciller. Para Noboa, el perfil de Gabriela Sommerfield, una empresaria quiteña, licenciada en Finanzas y Marketing, muy cercana al mundo turístico y empresarial de la sierra ecuatoriana, fue el adecuado para encargarle la ejecución de la política internacional del país. Sommerfield, quien al llegar al Palacio de Najas —la sede de la Cancillería del Ecuador— no tenía ninguna experiencia en asuntos diplomáticos o internacionales, ha sido un importante respaldo para Noboa en decisiones controversiales.

Ante la ilegal y osada incursión en la embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, Sommerfield fue completamente obsecuente y trató de justificar el hecho, que fue ampliamente condenado por los países de la región, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. El consenso internacional alrededor de la decisión ecuatoriana contra la embajada fue que se trató de una grave violación al derecho internacional.

La canciller, quien debía advertir sobre tan grave decisión, no mostró la más mínima crítica. El primer error de Noboa en su política internacional fue elegir una canciller sin las credenciales necesarias para el cargo. Una canciller conocedora de temas tan complejos jamás hubiera aceptado ser parte de esa flagrante violación del derecho internacional. Fue con la transgresión de la embajada mexicana cómo se inauguró la política exterior de Noboa.

La subsecuente ruptura de relaciones diplomáticas con México fue uno de los factores que condujo al fracaso de la XXIX Cumbre Iberoamericana, de la cual Ecuador fue sede en noviembre del 2024. La reunión será recordada por ser la única de estas características en la que no asistió ningún líder latinoamericano. De 22 jefes de Estado y de Gobierno convocados, sólo participaron el rey español Felipe VI y los presidentes Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, y Xavier Espot Zamora, de Andorra. Este penoso desenlace, insólito en cumbres latinoamericanas, demostró el aislamiento e irrelevancia en las que el país está sumido a nivel internacional.

Otra prueba del improvisado manejo de las relaciones internacionales del actual gobierno también sucedió con México el 3 de febrero de 2025, cuando el presidente Noboa anunció que Ecuador establecerá un arancel del 27% a todos los productos que importa desde el país centroamericano, mientras no se concrete un tratado de libre comercio entre ambos. La decisión de Noboa se hizo pública en el contexto de las sanciones que el presidente estadounidense Donald Trump amenazaba con imponer a Canadá y México como parte de una estrategia de demostración de poder. Pero Noboa está a años luz de la capacidad de influencia de Trump. Su propuesta de sanción contra México, más allá de que se convirtió en una burla por la propia presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en términos prácticos es banal y no afecta a la economía mexicana, que es la número 12 del mundo. Tampoco implica ningún beneficio real para Ecuador.

La impericia de la sanción contra de México reveló un negligente liderazgo de la política exterior. No existe un solo informe técnico financiero o de política económica que sustente la resolución, lo cual prueba que se decidió con un mal cálculo político electoral, que no consiguió más que alejarnos de nuestros tradicionales aliados regionales que cada vez confían menos en el Ecuador.

En este casi año y medio de gobierno también ha habido aciertos. 

Noboa ha logrado mantener una relación estable y colaborativa entre el país y los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que son vitales para garantizar el acceso del país a créditos. El crédito total recibido por Ecuador supera los 4000 millones de dólares y asegura la liquidez nacional permitiendo al Estado cubrir deudas pendientes con la seguridad social, proveedores privados y gobiernos autónomos descentralizados, que da un respiro a las finanzas públicas y colabora con la sostenibilidad de la dolarización.

Otro aspecto positivo es la definición crítica ante las dictaduras del continente, como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Esta postura sitúa al país como un Estado que busca promover y proteger los principios democráticos así como los derechos humanos, punto clave para mantener una relación cercana tanto con Estados Unidos, como con la Unión Europea. De igual forma, el continuo apoyo por parte del ejecutivo para que se concreten nuevos y más tratados comerciales y de inversiones pretenden mejorar la imagen del país ante posibles nuevos mercados y socios. Las negociaciones de los TLC con Corea del Sur y Canadá son una muestra de esta pretensión positiva.

En el plan de gobierno de Daniel Noboa presentado ante el Consejo Nacional Electoral, no existe un capítulo específico enfocado a la política exterior del Ecuador. Apenas se hace una mención en la página 85 a la “Inserción Estratégica en el Mercado internacional”, que se enfoca de forma muy general en la búsqueda de nuevos mercados para las exportaciones nacionales. 

No obstante, el plan no responde las principales interrogantes del país en este tema y prácticamente las ignora por completo. ¿Cuál va a ser la estrategia ante el nuevo gobierno estadounidense y frente al ascenso de China? ¿Cómo Ecuador pretende integrarse con la región tras el fiasco de la última cumbre Iberoamericana? ¿Cómo y con quien se plantearían nuevos TLC y otro tipo de tratados? ¿De qué forma el Estado protegerá los enormes flujos migratorios de salida de ecuatorianos? ¿Cómo se plantea la cooperación internacional en temas de seguridad a mediano y largo plazo?

La propuesta de política internacional de Luisa González

Para examinar de forma integral la propuesta sobre las relaciones internacionales de la candidata del correísmo, Luisa González, también es necesario partir de dos antecedentes. Primero, el análisis de la dirección de la política exterior durante los gobiernos de la Revolución Ciudadana (RC), y segundo, el contenido del plan de gobierno presentado por la candidata ante el CNE. 

Indagar cómo en la década correísta el país se conectó con Latinoamérica, China y Estados Unidos, da elementos para comprender la visión de la RC. La candidata González ha mostrado total alineamiento con esa visión por eso es clave incluirla en el análisis. 

La política exterior del correísmo, del 2007 al 2017, se caracterizó por una evidente proximidad con los gobiernos progresistas de la región, en la coyuntura conocida como la “marea rosa”. Tanto la retórica como las acciones de los fallecidos líderes Fidel Castro, de Cuba, y Hugo Chávez, de Venezuela, marcaron el devenir de las relaciones internacionales de toda la región con un marcado talante anti imperialista, que pretendía ser antagónico con Estados Unidos, y un fuerte elemento discursivo a favor de la unidad latinoamericana. Esta incluso llegó a impulsar la creación de organismos regionales como la Unasur o el ALBA. 

Durante este período, también se profundizó la relación de Ecuador con China en ámbitos comerciales y de cooperación en niveles antes desconocidos para el país.

Un punto fundamental de la política internacional ecuatoriana de ese tiempo, que coincidió con la de la mayoría de gobiernos de izquierda de la región, fue el rechazo total a cualquier posibilidad de negociar TLC con Estados Unidos. Por eso, durante diez años, el país dejó de lado todos los esfuerzos previos para conseguir mejorar sus condiciones comerciales con Estados Unidos, quien históricamente ha sido el principal socio comercial del país. 

El entonces presidente Rafael Correa fue despectivo y buscó deslegitimar a organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial. Incluso expulsó al country manager del Banco Mundial en Ecuador, Eduardo Somensatto, tras declararlo persona “non grata”. 

De igual forma, Correa cambió varias dinámicas de la cooperación estadounidense para la seguridad, siendo la expulsión de la Base de Manta un tema paradigmático que cambiaría la percepción de Washington sobre el Ecuador, alejando políticamente a EE.UU. de una manera sin precedentes. El fin del convenio estuvo empañado por un señalamiento contra Estados Unidos a quien se acusó de vulnerar la soberanía ecuatoriana y de usar al país como punta de lanza del denominado Plan Colombia.

En esa época, debido al “boom de los commodities” de la primera década de este siglo y a la creciente demanda de China por materias primas, gran parte del comercio exterior ecuatoriano se orientó al gigante asiático, lo cual sirvió para compensar temporalmente el alejamiento con Estados Unidos. Esta definición de China como un nuevo aliado estratégico del Ecuador convirtió a este país en un prestamista clave, quien llegó a adeudar entre 2009 y 2019 un monto que representó casi 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano: 9.622 millones de dólares. Así, los cuestionados créditos del FMI fueron reemplazados por créditos chinos de características similares que generaron una fuerte dependencia financiera hacia la potencia asiática.

¿Qué tan distinta es la propuesta de política exterior de la candidata Luisa González a la política ejecutada por su mentor? 

En el plan de gobierno hay un capítulo enfocado exclusivamente a la visión de las relaciones internacionales que González esgrime. En la página 73, donde se determinan los conceptos básicos de la propuesta, dice: “Rechazamos cualquier forma de dominación, colonialismo o intervencionismo que socave la soberanía de los pueblos (…). Defendemos el derecho de cada nación a determinar su propio camino político, económico y social, de acuerdo con los intereses y necesidades de su población”. 

El postulado contiene un principio clásico del Derecho Internacional: la libre determinación de los pueblos. Un principio que, a pesar de ser esencial para el mantenimiento de un orden internacional basado en normas, ha sido tergiversado continuamente para justificar actuaciones dictatoriales, desde Nicaragua hasta  Israel. Este principio ha sido frecuentemente aludido por dictadores de toda índole ya que escuda sus acciones autocráticas en una idea de soberanía que pretende excusar toda clase de abusos contra los derechos humanos y las libertades más básicas. 

Cuando la candidata del correísmo fue cuestionada en una entrevista con CNN sobre su posición ante la dictadura venezolana, justamente utilizó este comodín conceptual. No opinó sobre la situación de Venezuela porque “es un país soberano y sus asuntos no son de su incumbencia”. Esa postura demuestra un claro alineamiento con la dictadura de Maduro, ya que ni siquiera se atrevió a cuestionar los comprobados atropellos del régimen chavista que, incluso, han causado un cisma dentro de la propia izquierda sudamericana. Ni el presidente de Brasil, Lula Da Silva, ni el presidente de Chile, Gabriel Boric, justifican a Maduro. Al contrario, ambos lo han repudiado en más de una ocasión. 

Las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba son, sin lugar a dudas, los peores procesos autoritarios que Latinoamérica ha vivido en los últimos cincuenta años. Estos regímenes acumulan un historial de violaciones a los derechos humanos que van desde la persecución política hasta la tortura y muerte de quienes piensan distinto. Es decir, es un tema sensible para todo el continente, a tal punto que Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, ha calificado a la situación de Venezuela como un tema de seguridad nacional para EE.UU. Llegó a insinuar que los Estados que legitimen al dictador venezolano, serán vistos como antagónicos para el país, y afirmó que Maduro es una amenaza para el continente.

Que González no tenga una definición clara sobre las dictaduras del continente, o peor aún, que las socape o niegue los horrores que cometen Maduro y Ortega, expone al Ecuador a distanciarse innecesariamente del gobierno estadounidense, poniendo en riesgo toda negociación sobre nuevos acuerdos comerciales para los productos ecuatorianos en Estados Unidos, un asunto que resulta vital especialmente para las exportaciones no petroleras del país. Según  la Federación Ecuatoriana de Exportadores, la carga arancelaria que sufre el Ecuador por la falta de acuerdos comerciales con EE.UU. implica una pérdida anual de aproximadamente 300 millones de dólares. Esto vuelve a los productos nacionales menos competitivos que países como Colombia o Perú, quienes tienen TLC con Estados Unidos desde hace veinte años.

Si bien en el plan de gobierno de la candidata correísta hay varias definiciones sobre la integración regional, incluso insinuando revivir la extinta Unasur, o avanzar con la creación del Banco del Sur, o mencionar como un objetivo el restablecimiento de las relaciones con México, sorprende que no hay una sola postura sobre la relación con Estados Unidos, China y la Unión Europea, que son los socios comerciales y políticos prioritarios del Ecuador.

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Ecuador está frente a dos propuestas de política exterior ambiguas que generan incertidumbre sobre el futuro del país en su relacionamiento con el mundo. Por un lado, la propuesta de ADN es pobre en su contenido y no plantea ideas sobre las prioridades internacionales del Ecuador. Esto, sumado a los antecedentes del gobierno de Noboa como transgresor del derecho internacional que ha alejado a sus aliados históricos y ha dañado la imagen del país, está lejos de ser el proyecto ideal para el Ecuador en el contexto internacional. 

Por otro lado, la propuesta de la Revolución Ciudadana esboza premisas anticuadas que recuerdan a los inicios de este siglo, con un componente muy pernicioso: defiende y oculta los atropellos en contra de los derechos humanos de los autócratas latinoamericanos. Esto pondría en peligro nuestra relación con las democracias liberales del mundo quienes son socios comerciales fundamentales, provocando que Ecuador sea descartado como un actor sujeto de beneficios arancelarios para nuestros productos, amenazando al sector exportador del país con un estancamiento o incluso un retroceso de su capacidad comercial. 

Ninguna de las dos propuestas de los candidatos presidenciales tiene una estrategia sobre las acciones de Ecuador ante la disputa por el poder global entre China y EE.UU. la cual influye y afecta a varios países sudamericanos. El desarrollo de la iniciativa de “La Franja y la Ruta” que impulsa Beijing en Sudamérica, su influencia geopolítica y como esta determinará las reacciones del gobierno estadounidense en la región, son temas que necesitan un análisis técnico profundo que debería constar en cualquier propuesta presidencial reflexiva de política exterior.