La desaparición y asesinato de 4 niños en Guayaquil, explicada

La última vez que los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, fueron vistos con vida fue el domingo 8 de diciembre de 2024. Estaban en la avenida 25 de Julio, cerca del Mall del Sur, en la ciudad portuaria de Guayaquil. Caminaban a una cancha para jugar fútbol. Según testigos, a las 8:30 de la noche fueron embarcados en el balde de una camioneta por militares, llevados a la fuerza. 

Desde entonces estaban desaparecidos, hasta que se confirmó que cuatro cuerpos hallados en las afueras de Guayaquil eran de los niños. 

La Fiscalía abrió una investigación por la desaparición de los cuatro niños en Guayaquil, y lo denominó caso Malvinas, por el barrio en el que vivían con sus familias, en el sur de la segunda ciudad más poblada del Ecuador. 

El 24 de diciembre, se informó del hallazgo de 4 cuerpos maniatados y calcinados en Taura, una pequeña comuna rural a una hora de Guayaquil, donde hay una base aérea. De inmediato, se levantaron alertas de que podría tratarse de los cuatro niños y adolescentes perdidos. 

Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que, en efecto, los niños habían sido llevados a Taura. Ahí, según la versión del gobierno, los militares habrían liberado a los niños. 

Un hombre que rindió una versión en la Fiscalía aseguró que los cuatro tenían señales de haber sido golpeados. El mayor de los cuatro, Ismael Arroyo, habría tenido la cabeza partida, dijo el testigo. El hombre les habría prestado un celular para que llamaran al padre de uno de ellos, que logró hablar con él. Fue la última vez que escuchó a su hijo. 

El piquete que se llevó a los niños estaba compuesto por dieciséis militares. Según el abogado de los soldados, Jesús López, los militares capturaron a los niños en una persecución antidelincuencial. Sin embargo, el fiscal del caso descartó que existiesen indicios para creer que los cuatro menores hubiesen estado cometiendo errores. 

López admitió que los militares dejaron en libertad a los niños en Taura. Esto, según el abogado, es una falta administrativa de sus defendidos, pero no configura el delito de desaparición forzada. Ni la Fiscalía, ni el juez que conoce el caso, admitiría ese argumento. 

Solos, en un lugar desconocido, los niños comenzaron a deambular por el pequeño poblado, ya entrada la noche. Cuando el padre de los niños volvió a llamar al hombre cuyo celular utilizaron los niños para contactarlos, este les dijo que los habría “llevado la mafia”.

La versión del gobierno y las Fuerzas Armadas ha sido cuestionada y puesta en entredicho por las familias de los cuatro niños y por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, organización que ha dado asistencia a los familiares. 

Desde entonces, se desató una búsqueda desesperada por los niños y, luego, por determinar si se trataban de los cadáveres calcinados encontrados en Taura. 

Llegó a su devastador final a las dos y media de la tarde del último día del año, cuando la Fiscalía confirmó que los cuatro cuerpos encontrados en Taura corresponden a los cuatro niños de las Malvinas. 

Pocas horas antes de que se supiera la identidad de los cadáveres encontrados en Taura, la Fiscalía pidió prisión preventiva contra los 16 militares que participaron en el operativo. El juez que conoce el caso, acogió el pedido. 

Los niños llevaban más de 23 días desaparecidos

Luis Arroyo, padre de Josué e Ismael, le dijo al canal Ecuavisa que la noche del 8 de diciembre de 2024 recibió una llamada en la que le dijeron que los cuatro niños estaban cerca de Taura, una zona agrícola en las afueras de Guayaquil, donde también hay una base aérea. 

El hombre al otro lado del teléfono le dijo a Luis Arroyo que había encontrado a sus hijos y que fuera a recogerlos. Arroyo contó a Ecuavisa que pidió hablar con uno de ellos. Ismael, el mayor, le dijo que habían sido golpeados por militares, que los habían dejado botados, desnudos, que por favor los fueran a rescatar. El hombre que contactó a Luis Arroyo, le envió una ubicación de GPS. 

Desesperada por la conversación, la familia Arroyo Bustos llamó a la Policía. Al rato, según contó Luis Arroyo, el mismo hombre lo volvió a llamar y le dijo que casi lo llevaban preso y le reclamó por haber avisado a la Policía. Le dijo, también, que la mafia se habría llevado a los cuatro jóvenes. 

En otro video del 19 de diciembre de 2024, Luis Arroyo contó que la Policía fue al punto que arrojaban las coordenadas del GPS que él había recibido, pero sus hijos no estaban ahí. 

“Entonces yo, desesperado, acudí a la Fiscalía a poner la denuncia por el secuestro. Me dijeron que espere, que me iban a asignar un agente de la Unase el mismo día. El agente no llegó. Recién apareció el lunes a las doce del día, le entregué las pruebas contundentes que tenía: el número de teléfono, la ubicación en tiempo real, y le indiqué que había hablado con mi hijo”. 

Arroyo también dijo que tuvo que rogarle a la fiscal del caso para que le mostrase los videos que tenía y ahí vio cómo los militares los golpeaban y maltrataban.

“Mis hijos son estudiantes, deportistas, no tienen tatuajes, son unos chicos sanos del barrio, salieron a jugar pelota…estamos impotentes al saber que no tenemos respuestas”, dijo Luis Arroyo entre un llanto desesperado en ese video. 

En otro video publicado el 20 de diciembre de 2024 aparece Katty Bustos, la madre de Josué e Ismael. Vestida con una camiseta morada y sollozando, la señora dice: “Yo no tengo más palabras para decir, estoy cansada de que la gente me pregunte qué pasó, ya no sé ni qué decir. No sé nada de ellos, no tengo comunicación con ellos. No quiero que me estén preguntando de los hijos”, dice, desconsolada.  

La desaparición de cuatro niños en Guayaquil se dio en medio de un estado de excepción focalizado en siete provincias, incluida Guayas. Implica suspender algunos derechos, como la libertad de reunión, y dispone la movilización de la Policía y las Fuerzas Armadas. 

Desde la semana del 16 de diciembre de 2024, ciudadanos y organizaciones defensoras de Derechos Humanos compartieron las fotografías de los cuatro jóvenes denunciando desaparición forzada con el hashtag que se viralizó los siguientes días: #LosCuatroDeGuayaquilEcuador 

Entre enero y noviembre de 2024, la Fiscalía recibió 9 denuncias por desaparición forzada y 15 por ejecuciones extrajudiciales, y más de 80 de tortura. 

Las reacciones por la desaparición de cuatro niños en Guayaquil

El 20 de diciembre, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, junto con las familias de los niños desaparecidos presentaron una demanda de hábeas corpus.

“Exigimos que urgentemente se investigue este hecho como una desaparición forzada y no como un presunto secuestro. Existen evidencias suficientes para determinar una presunta participación de Fuerzas Armadas conforme lo señala el artículo 46 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”, escribió la organización en un comunicado. 

El 24 de diciembre, una jueza aceptó el hábeas corpus y reconoció que existió desaparición forzada. También ordenó que se activen protocolos de búsqueda de los menores en todo el país y que se cree una comisión multidisciplinaria que investigue los hechos independientemente del proceso judicial.

También pidieron, el 21 de diciembre, apoyo del grupo de trabajo de desaparición forzada de las Naciones Unidas. Tres días después, el Comité respondió el pedido y dijo que solicitó al Estado ecuatoriano que “adopte medidas inmediatas para la búsqueda, localización y protección de las personas desaparecidas”. 

El viernes 20 de diciembre, las Fuerzas Armadas publicaron un comunicado en el que dice que apoyan la búsqueda con tres acciones: operaciones de la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía Nacional (Unase), apoyo a la Fiscalía para esclarecer el caso, y “medidas necesarias que este tipo de eventos ameritan”, sin especificar a qué se refieren. 

GK se contactó con el encargado de Comunicación de la Fuerzas Aéreas Ecuatorianas para tener más información sobre los militares investigados en este caso. “Como todo está en investigación, Fiscalía se encargará de determinar lo que haya que determinar”, respondió. 

El 21 de diciembre, la Fiscalía dijo que el caso se trasladó de Guayaquil a Quito y estará a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza. Esta unidad fue creada en 2023 para investigar, específicamente, infracciones que se presume fueron cometidas por agentes estatales e involucren hechos como desaparición forzada, que puedan ser tipificados inicialmente de manera distinta.

Una funcionaria de la Fiscalía explicó en el chat de prensa de esta institución que, “en este contexto, cuando un caso inicia como secuestro, pero durante el desarrollo de la investigación emergen indicios claros que señalan la posible participación de agentes del Estado, el caso debe ser retipificado y trasladado al conocimiento de esta unidad especializada nacional”. 

El 24 de diciembre, la Fiscalía, que denominó a la desaparición de cuatro niños en Guayaquil como Caso Malvinas, solicitó fecha y hora para formular cargos contra 16 militares por presunta participación en la desaparición forzada. 

Ese mismo día, el Ministerio de Defensa dispuso al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas poner bajo custodia a los 16 militares investigados. Dijo que estarían custodiados por oficiales de inteligencia militar para evitar que se fuguen.

El 31 de diciembre, un juez dictó prisión preventiva para los 16 militares, que se convirtieron en procesados del delito de desaparición forzosa.

La aparición de los cadáveres y su identificación tendrá repercusiones en el proceso penal abierto en contra de los militares.

La tardía respuesta del gobierno

El gobierno de Daniel Noboa ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos por su demora en reaccionar ante el caso.

Recién la noche del 21 de diciembre de 2024, el Ministerio de Defensa publicó un video en el que se ve, en una mesa rectangular, al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, al ministro de Gobierno, José de la Gasca, al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, a la ministra del Interior, Mónica Palencia, y al Comandante General de la Policía, Víctor Hugo Zárate. 

Juntos, conforman el bloque de seguridad del gobierno. 

El video, de tres minutos, empieza con Loffredo quien se solidarizó con las familias e inmediatamente atribuyó la desaparición a “grupos delincuenciales”. Luego le da paso a Vela quien también deslindó a los militares de la desaparición: “Seamos enfáticos. Debido a la información que se vierte en medios y redes sociales, en donde uno de los padres afirma haber conversado con uno de sus hijos luego de intervención militar, se descarta cualquier participación de la fuerza pública en hechos posteriores a la referida intervención, y que sería causa de la desaparición”. 

Ambas declaraciones parecerían ignorar no sólo la declaración de Luis Arroyo sino las evidencias que ya se han confirmado como los videos de los militares llevándose a los menores de edad en un vehículo. 

Sobre los presuntos abusos de los militares a los niños en Guayaquil, Vela dijo, en respuesta a uno de los padres que le pidió ayuda para esclarecer el caso, “tenga la plena seguridad de que las Fuerzas Armadas no van a interferir en las investigaciones ni va a encubrir hecho alguno”. 

Luego, Zárate intervino y dijo que han colocado todas sus “capacidades investigativas para resolver el presente caso”. 

Finalmente, Loffredo cerró criticando que el caso sea utilizado con intereses políticos pero, a su vez, hizo un comentario con ese tinte. Dijo que se está manejando una narrativa que pretende vincular a las Fuerzas Armadas con grupos delincuenciales para debilitar su trabajo. “Calificar desde lo político este lamentable hecho como una desaparición forzada es hacerle el juego al crimen organizado y a las mafias”, concluyó el ministro de Defensa. 

Dos días después, el ministro Loffredo dijo, en una entrevista con Radio City, que “los niños ya no estaban bajo la custodia de los militares, estaban libres y en contacto con sus padres”, reconociendo que los cuatro sí fueron detenidos y llevados por las Fuerzas Armadas. 

Ese mismo día, el presidente Daniel Noboa sugirió “que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales”. Declarar a los niños como héroes, dice el director del CDH, Billy Navarrete, no aporta en absolutamente nada. “Más bien politiza un hecho en el cual todas las autoridades del gobierno, particularmente el presidente e instituciones del bloque de seguridad, deben abstenerse a opinar”. 

Según Navarrete, cualquier tipo de calificación de que no se trata de desaparición forzada es impertinente. “El caso está en manos de la Fiscalía y esas instituciones de gobierno deben responder a todos los cuestionamientos que les hace desde la institución”. 

La desaparición de cuatro niños en Guayaquil es parte de la aguda crisis de violencia que padece el Ecuador, convertido en enclave y territorio de disputa del narcotráfico transnacional. El país cerró el 2023 con la tasa de homicidios más alta de América Latina, y donde el gobierno actual ha identificado a al menos 21 grupos de delincuencia organizada. 

Estas organizaciones criminales reclutan a menores de edad, por lo general de barrios pobres, y les pagan para que sean, entre otras cosas, gatilleros. 

La activista afrodescendiente Juana Francis Bone dijo que es un caso que refleja discriminación racial. “La criminalización de las infancias negras por parte del Estado ecuatoriano sigue vigente. A través de acciones sistemáticas, las vidas de niños y niñas afroecuatorianos son marcadas por la violencia, la discriminación y el abandono institucional. Este patrón refuerza el racismo”, escribió Francis Bone.

El caso ya ha sido alertado por organizaciones internacionales como Human Rights Watch. Juanita Goebertus, la directora de la división de las Américas, escribió en su cuenta de X: “Estamos sumamente preocupados por la desaparición de 4 niños en Guayaquil. Urgimos a las autoridades a esclarecer estos hechos, determinar si miembros de las fuerzas de seguridad participaron y dar a conocer el paradero de los niños”.

Este caso recuerda el de los hermanos Andrés y Santiago Restrepo, de 14 y 17 años, desaparecidos por la Policía Nacional en 1988. En enero de 2025 se cumplen 37 años de su desaparición forzada. Sus cuerpos nunca fueron encontrados.

Su padre, Pedro Restrepo, exigió justicia y respuestas al Estado todos estos años. En 2024, su hija, María Fernanda Restrepo, dijo que su padre estaba muy enfermo en el hospital y exigió al Estado que provea las condiciones necesarias para que pudiera ser trasladado a casa y ahí recibir cuidados paliativos.  

El lunes 23 de diciembre a las 9:00 hubo un plantón en las afueras de la Fiscalía de la Merced, en el centro de Guayaquil, para exigir al Estado la búsqueda de Saúl, Steven, Ismael y Josué.

La Asamblea Nacional se pronuncia

El 23 de diciembre de 2024, la Asamblea Nacional sesionó telemáticamente para tratar la desaparición de cuatro niños en Guayaquil, luego rebautizada caso Malvinas. Luis Arroyo intervino y dijo que quiere respuestas sobre el paradero de sus hijos. Fueron “malos servidores” ejecutando un “mal procedimiento”, dijo en referencia a los militares que los detuvieron. 

También recordó lo que ya ha dicho en otros espacios públicos: que los niños no pertenecen a ninguna banda, no tienen tatuajes, “van a la escuela y les gusta jugar bola”. 

Ronny Medina, padre de Steven, de 11 años, dijo que ya no tienen vida. Que no comen ni duermen pensando en “qué les estarán haciendo”. Pidió que “pongan las manos en el corazón y en nuestros zapatos”. Johana Arboleda, madre de Saúl Arboleda, de 15 años, pidió a la Asamblea y a la Fiscalía que les devuelvan los niños “que los militares así como se los llevaron, así que los traigan”. 

Luego de la intervención, Billy Navarrete dijo que, cuando los padres fueron a la Fiscalía a denunciar la desaparición de sus hijos, una funcionaria de la institución les dijo “que callen, que no digan nada”. La funcionaria fue movida de su cargo, según Navarrete. El director del CDH dijo que un grupo de policías estaban tomando fotografías de las casas y autos de los familiares de los cuatro niños, mientras ellos estaban en el plantón afuera de la Fiscalía en Guayaquil. Y que eso es intimidación. 

Luego de sus intervenciones debían hablar César Córdova, Defensor del Pueblo, Giancarlo Loffredo, Ministro de Defensa, Jaime Vela, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y Celiano Cevallos, comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Sin embargo, solo Córdova se conectó. 

Córdova dijo que los niños son parte de un grupo prioritario por su vulnerabilidad al ser menores de edad, en situación de extrema pobreza y afrodescendientes. 

Córdova dijo que la Defensoría pidió información al jefe del Comando Conjunto sobre lo que pasó y que hasta ahora no han recibido respuesta. También dijo que se elaboró un informe intermedio con carácter de reservado en base a la información que les envió la Fiscalía. 

Al final de su sesión, la Asamblea decidió remitir una “Petición de Acción Urgente” sobre lo que pasó al Comité Contra la Desaparición Forzada y que la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes comience un proceso de fiscalización “con respecto a la desaparición forzada de cuatro menores de edad”.