El traslado de la cárcel de máxima seguridad de Archidona a Salinas, explicado

La construcción de una cárcel de máxima seguridad en Archidona, propuesta por el presidente Daniel Noboa, causó conflictos en la provincia amazónica de Napo tras el comienzo del proceso de contratación el 25 de noviembre de 2024. La resistencia de la comunidad, conformada por el 39% de población kichwa en el área urbana, comenzó el 3 de diciembre y se extendió por 14 días, hasta cuando el gobierno anunció el cambió de su locación.

La adjudicación del proyecto se realizó el 10 de diciembre, tras ocho días de protestas.

Ese día, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) emitió la resolución de adjudicación del contrato para la “construcción y equipamiento del Centro de Privación de Libertad en Archidona” según la descripción del proceso de contratación en el sitio web del Sistema Oficial de Contratación Pública. 

Ante la resistencia de la comunidad, el gobierno declaró como reservado el proceso de contratación y toda la información relacionada con la cárcel. Pero el 16 de diciembre, el Ministerio de Gobierno dijo que trasladará el proyecto de la construcción carcelaria de Archidona a Salinas, en la provincia costera de Santa Elena. 

El traslado del proyecto carcelario 

Luego de 14 días de resistencia por parte de la comunidad y de líderes indígenas amazónicos, el gobierno no se había pronunciado y siguió adelante con la adjudicación. Pero luego de un oficio enviado por el alcalde de Salinas, Dennis Córdova, a José De La Gasca, ministro de Gobierno, acordaron el traslado del proyecto a Salinas. 

Según Córdova, en su Municipio la construcción carcelaria tiene “algunos beneficios económicos y sociales significativos para la comunidad local”, como la generación de empleo, impulsar el comercio local —porque “crece la demanda en sectores como transporte, alojamiento y alimentación”— y el fortalecimiento de la seguridad. 

Además, en el oficio enviado, Córdova dice que Salinas tiene una extensión territorial de 68,7 kilómetros cuadrados, y que el 60% es rural.

El alcalde confirma que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas “cuenta con el espacio físico para la implementación de un proyecto de infraestructura penitenciaria”. 

En la respuesta del gobierno, dicen que el proyecto de “tener una cárcel de máxima seguridad” será “en un nuevo punto estratégico” que definirán con las autoridades del cantón Salinas. 

Además, que la cárcel de mínima seguridad que existe actualmente en Archidona “será repotenciada en la medida de sus capacidades”, ya que “cuenta con una infraestructura deficiente”. 

El proyecto carcelario 

El proyecto estaría adjudicado a la empresa española Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., subsidiaria de la empresa estatal China Road And Bridge Corporation, que actualmente está construyendo la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. 

Es otro proyecto carcelario de máxima seguridad del gobierno de Noboa, del que habló en noviembre de 2023 que formaría parte del Plan Fénix para el “urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano controlado por mafias”.

La construcción de la Cárcel El Encuentro comenzó en junio de 2024 y en octubre el presidente Noboa visitó el lugar para supervisar la obra. Noboa dijo que con la cárcel “buscamos tener un sistema penitenciario más avanzado; con el aislamiento necesario en máxima seguridad para las personas privadas de la libertad”. Y resaltó el avance en la construcción de la obra. 

Meses después de esa visita, la madrugada del 25 de diciembre, hubo explosiones en la comuna Juntas del Pacifico, donde se está construyendo la cárcel. Las bombas, que según las autoridades fueron colocadas por miembros de bandas delincuenciales, detonaron simultáneamente y dejaron un trabajador fallecido y una persona herida. La Fiscalía abrió una investigación previa del caso. 

El gobierno, a través de un comunicado, condenó “este ataque terrorista” y dijo que “no nos doblegarán ni cederemos ante quienes pretenden sembrar el caos”. 

Estas cárceles, la de El Encuentro y la que originalmente sería en Archidona, según dijo el Presidente en noviembre de 2023, están inspiradas en las cárceles del El Salvador, tendrán:

• Módulos de supermáxima, máxima y alta seguridad
• Inhibición de señal celular y satelital
• Sistemas electrónicos con tecnología de punta
• Control de acceso digital y análogo
• Triple seguridad perimetral
• Autogeneración eléctrica
• Tratamiento de aguas
• Construcción blindada
• Guardias sin rostro
• Licencias y permisos ambientales

Según la adjudicación del contrato por parte del SNAI, la justificación del proyecto de la cárcel que ahora será en Salinas, es el hacinamiento carcelario en el país y que por el crecimiento de la población carcelaria hay “un crecimiento proporcional” de personas que requieren atención prioritaria o que son de grupos vulnerables que necesitan “espacios adecuados a sus necesidades físicas o mentales y que deben estar separados de la población [carcelaria de alta peligrosidad]”.

El proyecto tendrá un costo de alrededor de 52 millones de dólares y el plazo de entrega es de 300 días a partir “del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del Contrato”.

La resistencia en Archidona 

El 3 de diciembre, ocho días después de la adjudicación del proyecto, empezaron las protestas en Archidona, Tena y otras ciudades amazónicas. Ese día, Amanda Grefa, alcaldesa de Archidona, y varias organizaciones indígenas y sociales de Napo, se declararon en resistencia frente a la construcción del proyecto carcelario.

Lo primero que hicieron fue bloquear las principales vías que conectan Archidona con las ciudades de Tena, capital de la provincia de Napo, Orellana, capital de la provincia amazónica con el mismo nombre, y Quito, capital del Ecuador y de la provincia andina de Pichincha.

En una entrevista con Radio Pichincha, el 5 de diciembre, Grefa dijo que se declaran en resistencia porque el gobierno no respetó “el derecho de los habitantes de Archidona a la consulta previa, [libre e informada] y tampoco existió un acercamiento con las autoridades locales para la planificación del proyecto”.

Grefa también dijo que tiene miedo por la seguridad de los estudiantes del sector donde se iba a construir la cárcel, porque hay cuatro unidades educativas cercanas al lote. También dijo que una nueva cárcel en la ciudad incrementaría la inseguridad, el cobro de vacunas y afectaría al comercio y al turismo del sector, como ha pasado en otros sectores del país que tienen cárceles de máxima seguridad.

En los días siguientes a la entrevista, las protestas aumentaron y se fueron uniendo más comunidades y nacionalidades indígenas contra el proyecto. Los protestantes fueron hasta Baeza, también en Napo, y bloquearon las vías de acceso a las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos.

Además, organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (Pakkiru) se unieron a la resistencia en Archidona.

El 16 de diciembre en la mañana, la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe) y la organización provincial de Pastaza (Owap) también anunciaron el respaldo contra la construcción de cárcel en Archidona.

Cerca de las 7 de la noche del 16 de diciembre, la Confeniae publicó un pronunciamiento en sus redes sobre la decisión del gobierno de trasladar el proyecto carcelario a Salinas. En el comunicado dice que han verificado que el contrato del proyecto “aún se mantiene vigente en el portal del Sistema de Contratación Pública”. 

Sobre la decisión del gobierno de repotenciar la cárcel de mínima seguridad de Archidona, dice que “sigue manteniendo la información clasificada sobre dicha repotenciación”. Y que por eso se mantendrán en resistencia hasta que el gobierno ataque tres puntos: 

1. Que el contrato sea dado de baja y anulado definitivamente
2. La renuncia de Gary Ribadeneyra, gobernador de Napo “por haber traicionado al pueblo nápense”
3. Transparentar de inmediato la información sobre cuál será la repotenciación de la prisión en Archidona

Ribadeneira fue nombrado como gobernador el 8 de diciembre de 2024 por Daniel Noboa, tras la renuncia de la exgobernadora Marlene Cabrera, el 7 de diciembre, por la falta de respuestas del gobierno ante las protestas en Archidona.