Entre octubre y noviembre de 2024, Ecuador es evaluado por Comité de la ONU que supervisa el cumplimiento de los derechos humanos.
Ecuador se encuentra bajo el escrutinio del comité en la cosmopolita ciudad suiza de Ginebra.
Este examen no es un evento aislado, sino una revisión periódica a la que se someten todos los Estados miembros de la ONU para evaluar su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conocido por sus siglas PIDCP), un tratado clave en la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política, entre otros.
Esta revisión es particularmente significativa para Ecuador, un país que históricamente ha enfrentado grandes desafíos en materia de derechos humanos.
Más recientemente, el aumento de la violencia, las amenazas a los defensores de derechos humanos, la situación de los refugiados y migrantes, los riesgos físicos y organizacionales que enfrentan los periodistas y los medios de comunicación.
La evaluación no solo busca identificar avances, sino aquellos aspectos donde se necesita un cambio urgente para garantizar el respeto y la protección de los derechos civiles y políticos en el país.
¿Por qué Ecuador está siendo evaluado?
Como parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Ecuador, al igual que todos los países signatarios, está sujeto a evaluaciones periódicas por parte de órganos de la ONU.
El Comité de Derechos Humanos, que supervisa el cumplimiento del pacto, se reúne tres veces al año para revisar los informes nacionales y otros documentos relacionados con la situación de los derechos humanos en los países miembros.
Las evaluaciones se hacen cada 7 años, aproximadamente. Son momentos clave para exponer las vulneraciones de derechos y evaluar al Estado en su cumplimiento de obligaciones.
Este procedimiento se hace para asegurar que los países están implementando de manera efectiva las obligaciones que asumieron al ratificar el tratado.
En una nota informativa para ONGs sobre la 142ª sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que se lleva a cabo del 14 de octubre al 8 de noviembre de 2024, se detalla que los dieciocho expertos del comité escucharán a organizaciones no gubernamentales (ONGs) y otros actores sociales que presentaron informes por escrito (también conocidos como alternativos o sombra) que contrarresten los informes que deben presentar los Estados.
El 28 de octubre de 2024, intervendrán ante el Comité funcionarios del Estado —entre ellos, del gobierno de Daniel Noboa—, y luego serán escuchados representantes de la sociedad civil. Entre ellas, la directora editorial de GK, Isabela Ponce, quien expondrá sobre la situación de riesgo que enfrentan periodistas y medios de comunicación.
Sobre esa información, el Comité hará sus observaciones finales en una sesión a puerta cerrada. Estas observaciones destacarán avances, preocupaciones y recomendaciones para mejorar el cumplimiento del PIDCP.
El informe de 2024 abordará no solo el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por Ecuador, sino también la implementación de las recomendaciones anteriores.
El Comité examinará con detalle la evolución de temas críticos, tales como el respeto a la libertad de expresión y la seguridad de los defensores de derechos humanos, dos aspectos que han generado gran preocupación en los últimos años.
Estas observaciones servirán de base para que Ecuador adopte nuevas políticas o mejore las existentes, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su condición social, política o económica, puedan disfrutar de los derechos civiles y políticos garantizados por el tratado.
Además, se espera que el Comité dé seguimiento a las recomendaciones, exigiendo a Ecuador que presente informes periódicos sobre los avances en la implementación de las mismas.
El crítico contexto de los derechos en Ecuador
En los últimos años, el país ha enfrentado un aumento significativo en la violencia, especialmente en ciertas ciudades, como los puertos de Guayaquil y Esmeraldas, focos infecciones del narcotráfico y el crimen organizado.
Esta situación ha generado una grave crisis de seguridad, que ha generado preocupación nacional e internacional.
Además, Ecuador es un país clave de tránsito y destino para refugiados y migrantes, en su mayoría venezolanos.
Esto ha planteado desafíos en la protección y asistencia humanitaria de estos grupos vulnerables, cuyas condiciones están bajo revisión por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2024.
Otro aspecto crítico es la situación de los defensores de derechos humanos, en particular los que trabajan en temas ambientales. Varias organizaciones sociales han denunciado casos de persecución judicial y amenazas, lo que ha suscitado preocupaciones sobre las limitaciones al trabajo de estos activistas en Ecuador.
En ese entonces, cuando el Estado estaba en manos de Rafael Correa, se identificaron necesidades de mejoras en áreas, como la protección a los defensores de derechos humanos, la situación de los pueblos indígenas, la libertad de expresión y la falta de una respuesta efectiva frente a la violencia de género.
Las recomendaciones formuladas entonces sirvieron de base para el monitoreo actual, en el que se busca analizar qué avances se han logrado desde esa evaluación.
El Comité reconoció algunos aspectos positivos como la adopción del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2014, la creación de la Ley Orgánica para los Consejos Nacionales para la Igualdad en ese mismo año.
También destacó la ratificación de instrumentos internacionales como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
Sin embargo, hizo más de treinta recomendaciones para las que concedió un año al Estado para que tome acciones.
Las principales preocupaciones y recomendaciones de 2017
En ese entonces, el director de la organización que defiende la libertad de prensa en Ecuador, Fundamedios, César Ricaurte, calificó las recomendaciones hechas por el Comité como “contundentes”. De su lado, el entonces canciller, Guillaume Long, las calificó de “positivas” para su régimen, aunque se quejó de “cierto sesgo”.
En materia de igualdad de género, dijo el Comité, aunque hubo avances, persistían problemas como la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y la baja participación de mujeres en cargos de elección unipersonal a nivel local.
Recomendó intensificar esfuerzos para eliminar estereotipos de género y garantizar la participación equitativa de las mujeres.
En cuanto a la discriminación y violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género que se vivían en un régimen ultraconservador como el de aquel entonces, al Comité le preocupaban los informes sobre discriminación y violencia contra personas LGBTI, incluidos “tratamientos” en supurstos centros de rehabilitación para «curar» la identidad de género.
En ese ámbito, el Comité pidió al Estado redoblar esfuerzos para prevenir discriminación y garantizar sanciones apropiadas a los responsables de estos abusos.
Sobre violencia contra la mujer, el Comité dijo que, a pesar de ciertas medidas adoptadas, la violencia contra la mujer sigue siendo un problema grave, con pocas sentencias condenatorias.
Recomendó mejorar la capacidad de los operadores de justicia para combatir la violencia de género.
Sobre la interrupción voluntaria del embarazo, el Comité criticó la penalización del aborto en Ecuador, excepto en circunstancias muy limitadas.
La recomendación del Comité fue revisar el COIP para incluir excepciones adicionales como en casos de violación e incesto.
Ese cambio solo fue posible gracias al fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto por violación en 2021.
Ya para entonces, el Comité puso una alerta sobre las condiciones en las prisiones ecuatorianas.
Se señalaba el problema del hacinamiento y la violencia en las cárceles, donde se reportaron 16 muertes violentas entre 2014 y 2016, una cifra que ha aumentado dramáticamente desde 2021.
Entonces el Comité recomendó mejorar las condiciones penitenciarias y prevenir la violencia.
En materia de libertad de expresión y reunión pacífica, una de las de mayor cuestionamiento al gobierno de Rafael Correa, el Comité expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones y disposiciones legales que restringen la libertad de expresión, como la Ley Orgánica de Comunicación.
La recomendación del Comité fue asegurar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y revisión de leyes que pueden limitar esta libertad.
Tras el gobierno de Correa, su sucesores Lenín Moreno y Guillermo Lasso desmontaron varias de las estructuras punitivas del Estado contra la prensa, la ley de comunicación fue reformada y ahora se discute un nuevo reglamento a esa pieza de legislación.
Sobre los derechos de los pueblos indígenas se mencionó la falta de consulta previa en concesiones petroleras en territorios indígenas.
La recomendación del Comité fue implementar un marco legal que garantice la consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas.
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