El 2023 ha sido un año sin precedentes para los periodistas en Ecuador. La creciente violencia ha obligado a al menos nueve reporteros a salir del país o de su ciudad de origen para precautelar su vida.
Seis tuvieron que exiliarse en otros países y tres tuvieron que ser reubicados en otras ciudades del Ecuador. Todos lo hicieron por amenazas que recibieron por su trabajo periodístico. Un año antes, en 2022, tres periodistas fueron asesinados, según Fundamedios, organización enfocada en defender la libertad de prensa en el Ecuador.
📣#COMUNICADO | Dos periodistas fundadores de una radio en la región amazónica de Ecuador han tenido que ser reubicados de forma urgente, tras recibir amenazas directas de muerte. Con estos, ya son nueve casos de exilio en este año en el país.
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— MAPP (@MAPP_EC) October 26, 2023
Hasta hace pocos años, este tipo de violencia contra periodistas no era un tema recurrente en el país. Ni siquiera cuando, durante los diez años del gobierno de Rafael Correa, los casos de hostigamiento judicial contra periodistas desde el Ejecutivo fueron frecuentes.
Pero no fue sino hasta que sucedió el secuestro y asesinato de los tres colaboradores del diario El Comercio, en 2018, que Ecuador se sumó a la lista de países donde la vida de los reporteros corre peligro. Esta lista está encabezada por México.
Después del caso de los periodistas de El Comercio, entre 2019 y 2021 no hubo más asesinatos de reporteros como represalia a su trabajo. La situación cambió en 2022.
Según la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAAP), los asesinatos en 2022 y la mayoría de amenazas en 2023 han sido producto del crimen organizado. La MAAP es una coalición de medios y organizaciones que se creó para asistir a los periodistas cuya vida y libertad corren riesgo, producto de su trabajo.
Este contexto de riesgo para los periodistas se da en los años más violentos del país. La tasa de muertes violentas en 2023 será la más alta de la historia: cerrará con 44,9 por cada 100 mil habitantes. En 2023 Ecuador fue incluido en el top 10 de los países con mayor criminalidad del mundo.
Este contexto de violencia en el que los periodistas son amenazados de muerte o asesinados, amenaza a la libertad de prensa en el país.
En octubre, un grupo de periodistas que, como parte de su trabajo, realizaba transmisiones en vivo en la ciudad costera de Manta, recibió amenazas a través de un panfleto firmado en nombre de un grupo de delincuencia organizada. El panfleto decía que tenían a los comunicadores perfectamente identificados. “Quedan advertidos, no se metan con la mafia”, dice la hoja que tiene dibujadas balas en los costados.
La amenaza de muerte, direccionada especialmente a los reporteros cubriendo temas de inseguridad y violencia, causó tanto miedo que cerca de 14 medios dejaron de reportar este tema.
Los periodistas asesinados en Ecuador
En 2022, en Ecuador fueron asesinados tres periodistas.
El reportero manabita Kelvin Mike Cabrera fue asesinado el 24 de julio de 2022 en Portoviejo. Fue impactado por seis disparos la madrugada de ese domingo, mientras estaba con su pareja y amigos.
El comunicador fundó el canal Nexo Digital donde hacía transmisiones en vivo a diario. En ellas presentaba las noticias del cantón y de la provincia.
El 10 de agosto de 2022, Gerardo Delgado, periodista y precandidato a concejal de la ciudad costera de Manta, que militaba para el movimiento político correísta Revolución Ciudadana, fue asesinado en la vía Manta-Montecristi mientras conducía. Fue impactado con proyectiles de arma de fuego frente a su hija.
Delgado fundó el medio de comunicación digital Ola Manta TV. Ahí realizaba coberturas sobre la violencia en la ciudad, la falta de acceso a servicios básicos y las quejas ciudadanas.
En diciembre de 2023, como parte de la investigación del caso Metástasis, la Fiscalía reveló chats del narcotraficante Leandro Norero en los que hablaba sobre asesinar al periodista Patricio Anchundia, por videos que el reportero tenía en su posesión. Pero, por equivocación, habrían asesinado a Delgado.
Henry Vivanco Castro fue encontrado sin vida en su casa, el 13 de noviembre de 2022. Vivía en Huaquillas, provincia de El Oro, en la frontera con Perú. El hermano del periodista dijo que su hermano presentaba signos de tortura.
Vivanco era miembro de la Federación Nacional de Periodistas (Fenape). Fue jurado en el reinado del cantón El Guabo de 2022, evento al que denunció por fraude.
Los periodistas exiliados en 2023
Solo en 2023 nueve periodistas han tenido que salir del país o de su ciudad de origen, por amenazas en su contra.
La primera periodista en dejar el país fue Karol Noroña, quien trabajaba para GK. El 24 de marzo, Noroña tuvo acceso a información de que atentarían contra su vida. En el último año y medio, la reportera se había dedicado a cubrir la crisis carcelaria en el país. En los últimos dos años, al menos 500 personas han sido asesinadas dentro de las cárceles del país.
En abril, la Fundación Periodistas Sin Cadenas registró un segundo caso de un periodista, cuya identidad no fue revelada. El reportero tuvo que salir del país después de ocho meses de amenazas en su contra. El periodista había denunciado las amenazas en la Fiscalía, pero no recibió atención eficiente. Su denuncia quedó registrada como “intimidación” y no como “amenaza de muerte”.
En junio, la periodista y presentadora de noticias de Majestad Televisión, Lissette Ormaza, fue víctima de un atentado en un accidente de tránsito. También había recibido amenazas relacionadas con su trabajo periodístico. Tuvo que dejar la ciudad donde trabajaba para precautelar su vida.
Un mes después, en julio, Mónica Velásquez y Andersson Boscán, dueños del portal La Posta, salieron de Ecuador, después de recibir amenazas contra su vida, y la de sus hijas, por la publicación de filtraciones que revelarían una trama de corrupción en el gobierno de Guillermo Lasso.
En septiembre, un periodista de la Amazonía, cuyo nombre se mantiene anónimo, dejó el país después de ser víctima de varios hechos delincuenciales, y una amenaza de muerte.
El periodista le contó a la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas que en julio un encapuchado armado se le acercó por la espalda y le exigió con amenazas que le entregara su computador y un disco duro.
Esta no era la primera intimidación que recibía por su trabajo. La alerta de Fundamedios relata que el periodista denunció el ataque inmediatamente en una Unidad de Policía Comunitaria. Ahí le pidieron dar referencias físicas del agresor. Al final, ese parte policial no se levantó, y la denuncia en la Fiscalía tampoco prosperó porque “de forma ilegal, le habrían pedido al periodista proveer los nombres y apellidos del atacante que, evidentemente, desconocía”, dice Fundamedios.
En octubre un periodista fue reubicado en otra ciudad luego de que él y su familia recibieran amenazas en contra de su vida. El periodista habría recibido amenazas por parte de un grupo de delincuencia organizada, que lo acusaba de cubrir únicamente los delitos cometidos por ese grupo y no los de otras bandas.
El mismo mes de octubre dos periodistas, fundadores de una radio en la región amazónica, tuvieron que ser reubicados después de recibir amenazas directas. Entre las amenazas, les dijeron que estaban en una lista de personas que debían ser “silenciadas”.
Eso no es todo. Como parte de los chats de Leandro Norero, dentro del caso Metástasis, la Fiscalía encontró conversaciones en las que el prófugo de la justicia por presunta participación en una red de corrupción, Xavier Jordán, le pedía a Norero que atentara en contra de periodistas que escribían notas en su contra.
🚨#SosPeriodismo I Conversaciones reveladas por la @FiscaliaEcuador dentro del #CasoMetástasis, mantenidas entre Xavier Jordán y el narcotraficante Leandro Norero, hablan de manera explícita de atentados en contra de periodistas.
Abrimos 🧵⬇️ pic.twitter.com/fRzX3LrXkO
— Fundación Periodistas Sin Cadenas (@SinCadenasECU) December 21, 2023
El Estado no protege a los periodistas
En noviembre de 2022, la Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley de Comunicación, después de que el entonces presidente, Guillermo Lasso, derogara la anterior. La polémica ley, expedida en 2013 durante el gobierno de Rafael Correa, fue catalogada por organismos internacionales de libertad de expresión como restrictiva, y se la conocía como la Ley Mordaza.
Para que la ley reformada de 2022 pudiera ser aplicada, debía tener un reglamento que estableciera su funcionamiento. Este reglamento debía estar listo en mayo de 2023, pero finalmente se publicó en agosto de 2023.
En este reglamento, que regula los medios de comunicación del país, se describe el mecanismo de prevención y protección de periodistas. El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, le dijo a GK en septiembre de 2023, que esto “implica que el Estado asume su responsabilidad en la protección del trabajo periodístico”.
El reglamento también obliga a que se conforme un Consejo de Desarrollo y Promoción de Comunicación, que debería estar a cargo del mecanismo de prevención y protección a periodistas, y está integrado por los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, Interior y las secretarías de Gestión de Riesgos y Derechos Humanos.
Un fotoperiodista en las protestas de octubre de 2019. Fotografía de Diego Ayala para GK.
Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, le dijo a GK que en los primeros cuatro meses de vigencia del reglamento han mantenido reuniones con representantes de los diferentes ministerios, de gremios y de periodistas. Cruz dice que se han elaborado protocolos, hojas de ruta, y también se ha coordinado con otras instituciones como la Fiscalía y la Policía Nacional.
Pero el mecanismo aún no tiene recursos asignados del Estado. “Se ha solicitado a la cartera de Finanzas, pero no se ha logrado”, dice Cruz. La consejera agrega que, por el momento, los fondos solicitados, y en algunos casos comprometidos, vendrán de la sociedad civil y más específicamente de la cooperación internacional.
Una de las áreas que requiere fortalecimiento y recursos, según Cruz, es la dirección de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía que se activaría en caso de que un periodista lo requiera. “La violencia ha crecido pero no han crecido los agentes fiscales. No hay presupuesto para cuidar a las víctimas”, dice Jeannine Cruz.
Para contrarrestar la falta de acción estatal, a inicios de septiembre de 2023, se creó la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP). Esta iniciativa de la sociedad civil, que reúne a tres organizaciones —Fundamedios, Periodistas sin Cadenas y Nos faltan 3— y dos medios de comunicación —GK, Plan V—, intenta asistir a los periodistas amenazados para precautelar su vida y libertad.
Concretamente, ayudan a los reporteros amenazados a reubicarse en lugares seguros. También visibilizan los casos mediante publicaciones.
El caso El Comercio
El problema con la seguridad de los periodistas en Ecuador se hizo visible por primera vez en 2018, cuando Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, tres colaboradores del diario El Comercio, fueron secuestrados y después asesinados en la frontera con Colombia.
El hecho escandalizó al país. En Ecuador aún no se llevaban cuentas de periodistas secuestrados o asesinados porque a diferencia de otros países que han sido permeados por el crimen organizado y el narcotráfico, como Colombia y México, estas noticias no eran comunes.
Este caso, que marcó un precedente, fue motivo de marchas y movilizaciones. Cinco años después, la investigación no ha continuado y el caso sigue en la impunidad, sentando un mal precedente para la justicia en temas de atención a los casos de agresión contra periodistas.
Otro tipo de agresiones a periodistas
Además de las amenazas y exilios, Fundamedios registra que los periodistas en Ecuador se enfrentan al acoso judicial, a agresiones físicas, virtuales y verbales. Por ejemplo, en contextos de manifestaciones, les restringen el acceso a información, son censurados y son víctimas de abusos de poder.
Fundamedios, que lleva un registro de todas las alertas de los diferentes tipos de agresiones, reportó que solo en noviembre de 2023 hubo 15 agresiones, mientras en octubre fueron 22. El tipo de agresión hacia periodistas más recurrente durante todo 2023 ha sido la amenaza, con un total de 36 casos registrados, y las agresiones generales son de 234 en total.
Fundamedios considera que una agresión puede ser: una amenaza, limitar el acceso a la información, acoso, agresión física, agresión verbal, censura, restricción en el espacio digital, discursos estigmatizantes, auso abusivo del poder estatal, uso abusivo del poder no estatal, asalto, atentado, exilio o asesinato.
Todos estos casos afectan a la libertad de prensa.
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