La pésima idea de transformar el Ministerio de la Mujer

Transformar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es un error. Y no, no es solo un cambio de nombre como el gobierno lo quiere posicionar. Es caer en errores del pasado y, además, una forma de diluir la trascendencia de los problemas que las mujeres aún enfrentamos en el país. 

El viceministro de gobierno, Esteban Torres, dijo el  20 de mayo de 2024 que hacen el cambio de Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos a Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos “para cubrir con mayor espectro y darle más facultades a aquel ministerio”. Torres fue desmentido pocas horas después por el propio Ministerio, que dijo que no cambiará de nombre y solo “se adicionará lo relativo de política criminal”.

Entonces, ¿quedaría Ministerio de la Mujer, Derechos Humanos y Política Criminal? Aún no queda claro.

Pongamos las cosas en contexto. El gobierno de Daniel Noboa tomó la decisión de incluir la política criminal en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos porque es su obligación. 

Según una serie de reformas aprobadas por la Asamblea Nacional en marzo de 2023 (sí, en la que Torres era asambleísta) para fortalecer “las capacidades institucionales y la seguridad integral”, debe haber un ministerio encargado de la política criminal y derechos humanos.

El gobierno está cumpliendo con un mandato, pero más allá de la metida de pata (¿o no?) del viceministro Torres, parecería que hay detalles que quedan sueltos o son  tomados como secundarios, pero son esenciales para las mujeres y las niñas de este país. 

Por ejemplo, al Ministerio se le sumarán más facultades. ¿Con qué recursos? Si los que existen, no alcanzan. La reforma presupuestaria de 2024 redujo un 23% el presupuesto para el Ministerio de la Mujer, con respecto al año anterior. 

Eso quiere decir que este 2024 el país tendrá 1,3 millones de dólares menos para la prevención y reducción de la violencia de género y otros tipos de violencia en el país. 

Ya sabemos que no invertir en prevención es una pésima idea. Según estudios de PreViMujer, la iniciativa de la cooperación alemana para prevenir la violencia de género, de lo que el Estado invierte en violencia contra las mujeres, sólo el 1% va para prevención. 

Sin presupuesto, es imposible tener avances. Ahora que el Ministerio tendrá más responsabilidades que abordar, ¿está garantizada la aplicación del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, el Observatorio de Género y el Registro Único de Violencia? 

La ministra de la Mujer, Arianna Tanca, dijo en una entrevista a Visionarias que el Ministerio de Finanzas está evaluando “la posibilidad de aumentar el presupuesto del ministerio”. Es decir, no existe una confirmación. 

No es un secreto que el país atraviesa una crisis económica profunda y eso ya ha golpeado a las mujeres, adolescentes y niñas. Por ejemplo, el primer trimestre de 2024, una vez más, la mayoría de las 5 casas de acogida y 22 centros de atención para víctimas de violencia que tienen convenios con el Estado recibieron los fondos hasta con dos meses de retraso.

Como lo he escrito ya innumerables veces, los retrasos de los desembolsos para estos refugios obligan a las administradoras a fiar a las tiendas de barrio para poder darles de comer a las mujeres que llegan ahí, junto a sus hijos pequeños, huyendo de sus hogares para no ser asesinadas. Este es solo un ejemplo de la desatención que causa la falta de planificación, estrategia y recursos de los gobiernos de turno. 

La falta de dinero no es el único problema de transformar el Ministerio de la Mujer.

El viceministro Torres dijo que el Ministerio tendrá “una operación mucho más integral”; la ministra Tanca dijo que es “una nueva competencia” que asumirán. 

Pero la historia de este país nos ha demostrado que cuando se transforman instituciones públicas dedicadas a un tema específico, luego estos quedan sueltos, secundarios y hasta desatendidos. Eso sucedió con el extinto INFA.

Durante 57 años, el INFA —una institución privada— recibió fondos estatales hasta que fue eliminado en el 2013 durante el gobierno de Rafael Correa. 

Ese año, las funciones del INFA pasaron al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Cuatro años después, en 2017, el mismo gobierno le quitó esas funciones al MIES y se las traspasó al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que además de administrar las cárceles del país debía “gestionar y proveer servicios de acogimiento familiar de niños y adolescentes, y otorgar los servicios especializados de protección especial para la restitución de derechos vulnerados de niños y adolescentes y sus familias”.  

Un año después, en 2018, el Ministerio de Justicia fue eliminado. 

En medio de esas decisiones políticas de escritorio, la niñez en el Ecuador se quedó sin una institución que vele solo por ellos. 

¿Hay riesgo de que algo así suceda con las mujeres?

§

No es la primera vez que los derechos de las mujeres se ponen en segundo plano en Ecuador. Para entender por qué un anuncio así genera tanto rechazo hay que entender lo difícil que ha sido para las mujeres conseguir lo que tenemos ahora —y lo frágil que ha demostrado ser.

En 1994 entró en vigencia la Ley 103 de violencia contra las mujeres que creó las comisarías de la mujer, y mecanismos específicos para proteger a las mujeres. Un año más tarde, países de casi todo el mundo establecieron cuáles son las obligaciones del Estado, la sociedad civil, la cooperación internacional, para el avance de los derechos de las mujeres. Ecuador ya era parte de esa conversación. 

Tres años después en el país, el movimiento de mujeres logró que los consejos de igualdad se conviertan en organismos jerárquicos en el Estado. Y en los años siguientes, lograron que se promulguen leyes como la de maternidad gratuita —que llegó a incluir 71 prestaciones para garantizar la atención de salud sexual y reproductiva. 

En 1997 crearon el Consejo Nacional de las Mujeres (Conamu) que estaba adscrito a la Presidencia de la República. Un año después, lograron incluir los consejos de igualdad en la Constitución. “En todo este periodo se instala la responsabilidad del Estado en materia de garantía y protección integral de los derechos de las mujeres”, me dijo Rocío Rosero, feminista histórica y ex directora ejecutiva del Conamu. 

Pero todos estos logros fueron desmantelados por el correísmo. 

El gobierno de Rafael Correa hizo que los consejos de igualdad pierdan su jerarquía; los relegó a un rol de observancia solamente. Eliminó la ley de maternidad gratuita arguyendo que no hacía falta programas especializados porque la salud “ya es de todos”. Eliminó programas especializados para atender a las mujeres y niñas. Con una transitoria dejó sin efecto la ley de violencia, al eliminar dos capítulos que la dejaron inservible. 

A las mujeres les costó cuatro largos años reconstruir una parte de lo que Correa desarmó, y lograron, en 2018, que se expida una nueva ley para prevenir y eliminar la violencia. 

Es entendible que hoy reclamen la decisión del gobierno porque sienten que les estuvieran quitando, una vez más, lo alcanzado. Y, con este nuevo enfoque del Ministerio, se corre el riesgo  de invisibilizar a las mujeres y niñas. 

Aunque el gobierno debía acoger la reforma de la Asamblea e incluir a la política criminal en la cartera de derechos humanos, no debería olvidarse que este Ministerio es el organismo rector de la política nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. Que hay otras leyes, como la de 2018, que así lo respaldan. 

No puedo adelantarme pero seguramente el peso de la atención y presupuesto se pondrá en las palabras que amenazan con reemplazarnos a las mujeres: la política criminal. 

Porque ese es, precisamente, el enfoque de este gobierno que ha buscado —de todas las maneras posibles— disminuir la violencia y la criminalidad. Y está bien. 

Los ecuatorianos queremos salir a las calles sin que nos maten, roben, extorsionen. Pero no puede ser lo único. Con esta decisión parecería que el gobierno no entiende que las vidas de las mujeres también importan y que nos enfrentamos a riesgos específicos que son urgentes de atender. 

¿Cuáles? Ecuador cerró 2023 con 321 asesinatos de niñas, adolescentes y mujeres por razones de género, según la Alianza para el Mapeo de los Femicidios en Ecuador. En promedio cada 27 horas una mujer fue asesinada brutalmente en el país. Esta, y las otras violencias que sufren las mujeres, no pueden tener menos atención de la que ya tienen.

Cambiarle el nombre al Ministerio y sumarle competencias, podría, una vez más, pasarle factura a las mujeres y niñas.