Los ciudadanos también pueden hacer que su barrio sea más seguro

Cuando se nombra la palabra seguridad, quizá lo primero que viene a la mente es un hombre con un casco, traje oscuro y un arma. También se suele pensar que es un problema que sólo el Estado, lejano y ajeno, puede resolver. Pero los ciudadanos también participan para enfrentar la violencia e inseguridad que vive un país. Proponen y lideran acciones que brindan paz a sus barrios y a sus vecinos. A esto se lo conoce como seguridad comunitaria. 

Cuando se usa el término seguridad, se lo suele acompañar de otra palabra que hace referencia a eso que se quiere proteger, explica el abogado Edison Mafla, académico que lidera el Proyecto Fortalecimiento de Gobiernos Autónomos Descentralizados (Forgad) de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es así como existen la seguridad nacional, seguridad territorial, seguridad jurídica, seguridad bancaria, y seguridad comunitaria. 

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la seguridad comunitaria se da cuando los habitantes de una ciudad son vistos como “sujetos activos en la construcción de la seguridad”. Además, dice la Corte IDH, “tiene que ver con la apropiación de acciones de corresponsabilidad ciudadana en un proceso colaborativo con la policía”.

La consultora en temas de seguridad, violencia y crimen organizado, Nashira Chávez, dice que la seguridad “no es algo que le compete solamente al Estado; es algo que nos compete a todos”. A diferencia de lo que se cree, “la ciudadanía sí tiene el poder de incidir y generar cambios en cuanto a la inseguridad, principalmente desde su participación del espacio público”. 

Según Chávez, sólo ocupar y vivir en ese espacio público hace que los barrios sean más seguros. 

La seguridad comunitaria apuesta a recuperar algo que se ha perdido en las sociedades urbanas: relacionarnos y conocernos entre quienes compartimos el espacio donde vivimos. En las grandes ciudades latinoamericanas “no nos conocemos entre vecinos”, dice Pedro Piedrahita, politólogo experto en seguridad y defensa, y director de la carrera de ciencias políticas de la Universidad de Medellín. 

En cambio, dice Piedrahita, “en algunos países de la región es normal que vas a un pueblo pequeño y encuentras las puertas de las casas abiertas, las personas están en sus salas conversando, en sus cuartos durmiendo, o haciendo cualquier actividad”. Están sin el temor de tener que poner cerrojo a sus puertas. 

Por eso, en las ciudades, dice Piedrahita, la seguridad comunitaria sería una opción para fortalecer los vínculos de confianza entre vecinos. Esto se logra con actividades pensadas por los habitantes de un barrio  que los benefician a ellos, sus familias y la de sus vecinos. Un ejemplo puede ser la regeneración de un parque u otro espacio común, la vigilancia barrial, o proyectos para prevenir la violencia. 

Pero lograr que los ciudadanos se apropien del espacio público requiere que se fortalezca el tejido social. Es decir, no basta con iniciativas de vigilancia o patrullaje comunitaria sino también que mejore la convivencia en el barrio: eventos culturales, sociales o deportivos. 

En Ecuador hay algunos ejemplos concretos. 

La Asociación Comunitaria Hilarte es un proyecto que busca erradicar la violencia desde la infancia a través de la educación y el arte. Trabajan en La Isla Trinitaria, en el suburbio de Guayaquil, una de las zonas más inseguras y violentas de la ciudad.

El coordinador comunitario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Paúl Murillo, explica que este proyecto busca que “niños y niñas, sobre todo afro, puedan completar su proceso educativo” y así ser menos vulnerables a caer en actividades delictivas.

Otra iniciativa vinculada con la seguridad comunitaria en Guayaquil es Raíces Negras de la Fundación Rafama, que trabaja en el Guasmo Sur desde hace más de una década. Ellos garantizan la alimentación de jóvenes afroecuatorianos para que puedan continuar con sus estudios. También promueven el arte afro y la marimba. 

Tanto Hilarte como Raíces Negras, contribuyen a la reducción de la violencia en sus comunidades. El simple hecho de quitarle a un niño o niña  la preocupación sobre si ese día comerá o no y darles un espacio confortable, le permite concentrarse en su desarrollo como persona. Esto, a su vez, hace que no vean a las bandas criminales como el único lugar donde podrán cubrir sus necesidades básicas, o como un sitio dónde sentir que pertenecen.

Ambas iniciativas son parte de la campaña Del miedo a la esperanza, promovida por el CDH, que busca visibilizar iniciativas comunitarias para hacerle frente a la violencia. 

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La seguridad comunitaria desafía el concepto de que la seguridad es sólo el uso de la fuerza. “Para combatir la inseguridad, lo último que debes hacer es usar la fuerza”, dice Nashira Chávez. Antes de eso, hay muchos pasos previos que son más importantes. 

La especialista explica que hay una cadena de valor en la seguridad, que comienza en la prevención. Esta incluye los proyectos sociales, como los de Raíces Negras y la Asociación Comunitaria Hilarte o Nia Kali, en los que a las personas se les permite conocer una realidad posible más allá de la violencia con la que crecen. 

Para explicar por qué enfocarse en el uso de la fuerza es insuficiente, Chávez recuerda que la inseguridad no sólo ocurre porque haya enfrentamientos entre bandas criminales “Ese puede ser el elemento detonante”, agrega Piedrahita. Por eso, coinciden los dos expertos, es necesario analizar otros factores que contribuyen con la inseguridad: los índices de acceso a educación, salud y un trabajo digno, o estadísticas de otras clases de violencia, más allá de las muertes por armas de fuego, tal como los femicidios o suicidios.

Cuando un Estado llega a una situación de guerra contra uno o varios grupos criminales, según Piedrahita, es síntoma de que “la seguridad ha fallado, porque la respuesta de guerra es sinónimo de una seguridad fallida”. Para explicarlo, menciona Colombia y el conflicto interno armado contra grupos paramilitares desde los años sesentas, y México, con una guerra fallida contra los narcos. En ambos países la policía y el sistema judicial han perdido la capacidad de mantener el orden. 

Pero esta idea parecería que no es comprendida en Ecuador ni en la región donde, según Piedrahita, “la seguridad ha sido manejada únicamente desde una visión militar o policial”. Y a veces, esa seguridad se confunde con una especie de guerra interna. 

“Pero la seguridad no es ni debería ser lo mismo que la guerra”, dice. 

En su experiencia dando consultorías y conferencias en diferentes países de la región, ha identificado un patrón: “América Latina fue secuestrada por los militares porque llegaron y se apropiaron del concepto y la definieron de una forma particular, y es una seguridad militarizada”.

Con esta idea coincide Chávez. 

La especialista asegura que desde mediados de los años cuarenta, en Latinoamérica se empezó a creer que la seguridad era un tema exclusivamente del sistema judicial o las fuerzas del orden. “Pero luego entramos en un proceso de democratización, en los años 70 en Ecuador, donde hay una demanda más amplia de seguridad para las personas, más allá de la fuerza que pueda ejercer el Estado”. 

Para que ocurra, se necesita la seguridad comunitaria. 

Esta, explica Piedrahita, tiene tres pilares fundamentales. Primero, que exista un interés en los moradores de proteger su comunidad. Segundo, que haya un elemento de confianza que a su vez genera sentido de pertenencia y unión. Y tercero, que los propios ciudadanos generen mecanismo de convivencia y autocuidado, pero haciéndolo siempre desde la apropiación de los espacios públicos. 

De esta manera, según la Corte IDH, quedan a cargo de los ciudadanos “las tareas de identificar y jerarquizar los problemas del área en que actúan, diagnosticar sus causas inmediatas y definir estrategias de intervención preventiva”.

No obstante, la seguridad comunitaria tiene un límite. Piedrahita es tajante al explicar que el uso de la fuerza no puede estar a manos de la ciudadanía. “Nunca puede ser coercitiva; la comunidad no debería ejercer la fuerza”. Por eso, aunque exista una visión comunitaria donde los ciudadanos lideren, “no se puede convertir en una responsabilidad sólo de la comunidad, el Estado debe estar presente como soporte y apoyo”.