La Ley Económica de Daniel Noboa, aprobada el 19 de diciembre de 2023, busca controlar el lavado de activos: obligando a que los pagos mayores a 500 dólares se hagan a través de cualquier entidad del sistema financiero. ¿La razón? La baja cantidad de personas bancarizadas en la economía ecuatoriana, la convierten en un imán para el lavado de activos y dificulta las labores de control.
Desde hace más de un año, el gobierno tiene una ley que, bien aplicada, garantizaría la rápida bancarización de la economía: la ley Fintech, formalmente llamada Ley Orgánica para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos.
La ley, que todavía no tiene reglamento, podría traer grandes beneficios a una economía dolarizada como la ecuatoriana ya que una economía digitalizada —lo que también propone la ley— incrementa la bancarización, estimula el Producto Interno Bruto (PIB), y mejora la recaudación tributaria.
Para que la Ley tenga éxito, se requiere una visión clara de política pública: la regulación debería buscar el beneficio de los usuarios y la libre competencia. Un caso de éxito cercano al ecuatoriano es Brasil. En los últimos 10 años se ha convertido en uno de los países de mayor digitalización de pagos y con la tasa de bancarización de mayor crecimiento en el mundo.
La digitalización de los servicios financieros tiene efectos positivos en las economías donde se ha implementado con éxito. Por un lado, aumenta la inclusión financiera porque más personas que no tenían cuentas de banco, por la facilidad de la digitalización, ingresan al sistema financiero formal permitiéndoles acceder a créditos y ahorros.
Si queremos replicar el éxito brasileño debemos tener una visión clara de lo que queremos lograr con la ley.
La Ley Fintech se publicó en el registro oficial el 22 de diciembre de 2022. Tiene la expresa finalidad de “fomentar la innovación y el desarrollo, adopción y uso de nuevas tecnologías en productos financieros para mejorar la inclusión financiera, la productividad, y contribuir a reducir brechas de desigualdad socioeconómica.”
La digitalización incluye adoptar pagos digitales que pueden aumentar el Producto Interno Bruto (PIB) ya que estimula el consumo, mejora la eficiencia de las transacciones y reduce la economía informal.
Las transacciones digitales mejoran la recaudación de impuestos ya que facilitan un mejor control, aumentando así los ingresos públicos disponibles para inversión social.
Finalmente, un ecosistema financiero digital puede proporcionar mayor resistencia contra choques económicos, fortaleciendo así la resiliencia económica. Un ejemplo de esta resiliencia se vio en la pandemia del covid-19, cuando el comercio electrónico y las transferencias digitales se dispararon.
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La Ley Fintech introduce y regula nuevos conceptos como los medios de pago electrónicos (como billeteras móviles), los servicios financieros tecnológicos (como neobancos que brindan su servicio exclusivamente vía teléfonos inteligentes), y el ambiente de pruebas regulatorios. Esta última es una normativa especial para nuevos actores que les permite operar temporalmente sin cumplir con toda la regulación existente.
En teoría, estas adiciones a la regulación deberían incentivar la innovación. Sin embargo, en la práctica no son suficientes si no vienen acompañados de una clara visión de promover la competencia y de mejorar la experiencia de los consumidores.
Para entender cómo una política pública bien diseñada y ejecutada puede funcionar, debemos, nuevamente, ver a Brasil.
En la última década ha logrado grandes resultados en su política de bancarización de su población. En 2011, sólo el 56% de la población estaba bancarizada; en 2023 ascendió a 84%. Entre los cambios implementados estuvo la creación y masificación de su plataforma digital de pagos llamada Pix.
Pix es un sistema de pagos en tiempo real introducido por el Banco Central de Brasil que ha revolucionado el panorama de los pagos digitales en este país. Lanzado en noviembre de 2020, abarca todo el sistema financiero incluyendo bancos y fintechs. Se ha convertido en el método de pagos y transferencias preferido entre los brasileños.
Pix se diferencia de otros sistemas de pagos interbancarios de varias maneras. Primero, permite la transferencia de fondos de forma instantánea las 24 horas del día, siete días a la semana, incluyendo fines de semana y feriados. Segundo, está diseñado para interoperar entre múltiples instituciones financieras, incluyendo bancos, empresas fintech, y proveedores de servicios de pagos.
Esto lo hace fácil de usar tanto para consumidores como empresas.
Además, Pix utiliza identificadores personales como correo electrónico, número de cédula, o una clave única, lo cual simplifica las transacciones y elimina la necesidad de compartir información bancaria con terceros.
Pix permite el pago con código QR que facilita transacciones fáciles y seguras. Finalmente, es gratis para consumidores y de bajo costo para negocios, lo cual hace que sea más costo-eficiente que cualquier otro método de pago.
En consecuencia, el uso de Pix se ha masificado rápidamente y Brasil ahora es reconocido como el país que más rápidamente digitalizó sus pagos. Más rápido incluso que China e India. La disponibilidad ininterrumpida, la facilidad de uso, pero por sobre todo, la interoperabilidad son claves para su éxito. Y este último punto no es menor, sin interoperabilidad un sistema de este tipo no tiende a la ubicuidad, y se volvería un sistema más entre muchos.
La creación y el éxito de Pix es el resultado de una serie de acciones lideradas por el Banco Central brasileño durante la última década. El cambio regulatorio en Brasil comenzó de lleno en 2013 cuando el gobierno promulgó la Ley 12,865, que otorga al Banco Central poderes regulatorios.
Las nuevas regulaciones implementadas desde entonces tuvieron como objetivo crear competencia y asegurar un tratamiento no discriminatorio de los participantes, tomando en cuenta la protección de los comerciantes, otorgándoles la libertad de elegir libremente las instituciones con las que quieren trabajar.
Como resultado, el mercado brasileño de pagos digitales se ha dinamizado. Hasta finales del 2021 BID Lab (el brazo de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo) y Finnovista, una firma que promueve los ecosistemas fintech en la región, identificaron 771 empresas fintech brasileñas. Esto representa un crecimiento de 235% desde 2017.
Una startup en particular se ha convertido en el caso de estudio emblemático de esta transformación: Nubank. Es el más grande neobanco en el mundo y abrió sus operaciones justamente en 2013. Su primer producto en el mercado fue una tarjeta de crédito Mastercard sin costos anuales, que se gestiona desde su aplicación móvil.
Luego, en 2017, lanzó su cuenta digital NuConta. Ahora el neobanco cuenta con 89.1 millones de clientes y opera en Brasil, México y Colombia.
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Ecuador cuenta con una ley fintech similar a la brasileña y a muchas otras en la región. Lo que diferencia a Brasil, es que el gobierno delegó al Banco Central y al Consejo Administrativo de Defensa Económica la regulación de tecnología financiera. Estas entidades han liderado una política pública exitosa que se ha centrado en priorizar los intereses de los consumidores y de los usuarios de las plataformas por encima de los proveedores de servicios incumbentes.
En Ecuador, en cambio, han habido dos intentos fallidos por digitalizar los pagos y promover la bancarización de la población. El primer intento, lanzado en 2015 durante el gobierno de Rafael Correa, no logró establecer la confianza del consumidor ecuatoriano porque se veía como un intento de desdolarizar la economía.
El segundo intento, BIMO, promovido por los bancos y cooperativas, fue sepultado por estos mismos actores porque a los bancos no les interesa promover un sistema de pagos que compita con los procesadores de pagos que ellos mismos controlan.
La interoperabilidad entre todos los actores del sistema financiero es algo que quienes conforman el sistema financiero por lo general tratan de evitar.
En Ecuador, hemos visto en los últimos años a un par de bancos lanzar sus propias billeteras móviles. Pero su utilidad es mínima porque son jardines cerrados. Es decir están hechas para transacciones entre clientes del mismo banco. Si bien esto puede beneficiar a un banco u otro, su efecto no es masivo, como un sistema interconectado donde no importa dónde ahorra su dinero el usuario.
La Ley Fintech abre la puerta a la interoperabilidad. Establece un plazo de ocho años para que las entidades del sistema financiero estandaricen sus cuentas bancarias. Además delega a la Junta de Política y Regulación Financiera para que disponga las condiciones del servicio de banca abierta (Open Banking) con el fin de facilitar la interoperabilidad.
Para que la economía ecuatoriana pueda gozar de los beneficios que un sistema financiero abierto y digitalizado ofrece, la Junta Financiera debería empujar con fuerza la interoperabilidad obligatoria de todo el sistema. Mientras más pronto lo haga, mejor.
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