La aprobada ley económica de Noboa, explicada

Tiene 55 artículos que reforman varios cuerpos de ley, 10 disposiciones generales, 13 transitorias, 6 derogatorias y una final. La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo (también referida en ocasiones  como Ley Económica de Noboa)  fue aprobada el 19 de diciembre de 2023 por la Asamblea Nacional.  Recibió una votación favorable de 107 legisladores, incluyendo el bloque de la Revolución Ciudadana, que agrupa al correísmo. 

El proyecto de ley, que fue enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea  como urgente en materia económica, el 27 de noviembre de 2023, fue revisado por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, que incluyó algunos cambios que las distintas bancadas legislativas pidieron que se hicieran. Fue el informe de esta comisión el que llegó al pleno y fue votado.

El hecho de que fuese un proyecto calificado como económico urgente, significaba que la Asamblea tenía 30 días para discutirlo, aprobarlo o negarlo. Si no lo hacía en ese plazo, habría entrado en vigencia tal cual lo remitió el Presidente. 

Uno de los principales cambios al proyecto enviado por el presidente Noboa fue que, en el tema de la condonación de deudas tributarias, los familiares del Presidente de la República y de los asambleístas no puedan acogerse a ese beneficio.  

Inicialmente, la propuesta del Ejecutivo incluía una amnistía tributaria con la que se buscaba que el Servicio de Rentas Internas (SRI) no cobrara intereses, multas y recargos a las deudas de contribuyentes, a cambio de que solo paguen el capital que ya estaba vencido, máximo hasta 150 días una vez que la ley sea publicada en el Registro Oficial. 

Sin embargo, de acuerdo al mismo SRI, la Exportadora Bananera Noboa es la principal deudora del Estado, por unos 89 millones de dólares.

La bancada de la Revolución Ciudadana propuso este cambio en el proyecto de ley, que incluye a familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad con las autoridades y segundo de afinidad.

Otra de las adiciones de la Asamblea a esta Ley beneficia a las personas que tienen créditos educativos en el país. El texto dice: “Se dispone la remisión del cien por ciento (100%) del interés y recargos generados por las obligaciones de crédito educativo que hayan vencido o por convenios de pago (…) Los beneficiarios de este régimen gozarán de doce (12) meses de gracia para el pago de sus obligaciones”.

Esta propuesta también llegó de la bancada de la Revolución Ciudadana.

Con la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, el gobierno de Daniel Noboa espera recaudar aproximadamente 832 millones de dólares, durante 2024. 

Lo fuerte de la ley: las reformas tributarias

Durante la discusión en el pleno, la asambleísta ponente, Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y coordinadora de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), aseguró que el proyecto “no representa un paquetazo para los ecuatorianos, sino que viene a alivianar la carga fiscal y poner dinero en los bolsillos de la gente en una dinámica ganar – ganar”.

Para esto, la nueva ley se enfoca en tres terrenos: el tributario, el de generación de empleo —a través de las asociaciones público-privadas— y el de las zonas francas.

En el caso de lo tributario, además de lo anotado anteriormente, destacan varios puntos de exoneración al pago del impuesto a la renta, si se cumplen algunas condiciones. 

Entre ellas:

• “A las nuevas inversiones productivas enfocadas en la transición hacia la generación de energías renovables, la producción, industrialización, transporte, abastecimiento y comercialización de gas natural o hidrógeno verde en el Ecuador”. Eso sí, la exoneración al impuesto a la renta no sobrepasará al monto total de la inversión.
• Las inversiones “enfocadas en turismo tendrán derecho a la exoneración al impuesto a la renta por 7 años”. Este tiempo será contado a partir del primer año que esta inversión genere ingresos; la inversión deberá ser de al menos 100 mil dólares y de ese monto, el 10% debe ser destinado al turismo rural.
• Si una empresa genera plazas de trabajo para jóvenes entre 18 y 29 años, y para personas que están obligadas a pagar pensiones alimenticias, se le dará una deducción adicional del 50% “respecto del gasto de sueldos y salarios sobre los que se haya aportado a la seguridad social. El porcentaje subirá al 75% si las empresas ofrecen trabajo a jóvenes recién graduados o que hayan egresado de una universidad pública o instituto técnico. Esto incluye a gente que salga de institutos “pedagógicos, de artes y conservatorios superiores o de instituciones educativas públicas, municipales o fiscomisionales”.
• El porcentaje del 75%,  respecto al gasto de sueldos sobre los que se haya aportado a la seguridad social, también se podrá deducir adicionalmente si es que las empresas contratan a personas que hayan “cumplido con una pena privativa de la libertad superior a un año”. Esto también se aplica a los cónyuges y parejas en unión de hecho de una persona que haya cumplido con su pena.
• Ahora también serán deducibles “los gastos relacionados con la adquisición, uso o propiedad de vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad generadora de la renta”.
• Las operaciones comerciales de más de 500 dólares deberán realizarse obligatoriamente a través de las instituciones del sistema financiero —giros, transferencias, tarjetas de débito y crédito, cheques o medios electrónicos. De esta manera, los gastos podrán ser deducibles para el Impuesto al Valor Agregado.
• Si los locales no entregan comprobantes de venta —facturas— ya no serán clausurados. Eso sí, la multa por no hacerlo es de 30 salarios básicos unificados, aproximadamente 13.800 dólares. Los negocios tendrán 10 días para pagar la multa.

Para la asesora en política pública y equidad, Lorena Escobar, la Ley busca colocar un parche ante el déficit que tiene el país. 

La solución al problema de liquidez que tiene el Ecuador, así como al de la generación de empleo no se va a solucionar con esta Ley, sostiene. 

Sobre todo, cuando se sabe que el déficit fiscal proyectado para finales de 2023 es de 5 mil millones de dólares; es decir, el 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Bajo la perspectiva de Escobar, la Ley permite discutir varios temas que ayuden a generar otros ingresos. 

Desde la corrupción en el sector privado del país —al buscar manera de no pagar impuestos—, hasta la necesidad de gestionar verdaderas reformas tributarias que exijan al sector financiero del país pagar impuestos que se conviertan en un “flujo constante cada año”.

“Hay que hablar con urgencia de otros temas que quizás no sean del agrado de todo el mundo”, dice Escobar. Se refiere, por ejemplo, a la focalización de los subsidios a combustibles. Para ella, hay que aceptar que ese subsidio se va a grupos de poder, a grupos irregulares y ligados al narcotráfico, a la minería ilegal y al contrabando. 

Lo que dice la Ley sobre las Zonas Francas

En el caso de las Zonas Francas, el proyecto enviado por el presidente Noboa se aprobó con cambios y ajuste en las definiciones de lo que son esos espacios, el tipo de bienes y servicios que se podrán ofertar ahí; así como la creación de un Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (CEPAI), encargado de verificar y emitir las declaratorias de las Zonas Francas.

La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo define a las Zonas Francas como “el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional que, por efectos de esta ley, está sujeta a los regímenes de carácter especial determinados en materias de comercio exterior, aduanera, tributaria, financiera, agroindustrial, tecnológicos y de tratamiento de capitales”. En estas zonas se realizarán actividades comerciales y serán consideradas destinos aduaneros.

Para que las empresas sean consideradas como usuarias y operadoras de este régimen debe estar instalada exclusivamente en las áreas declaradas como Zonas Francas. 

Todo lo que se comercie en esos espacios —mercaderías, bienes, materias primas, insumos, equipos, maquinarias, materiales, unidades de carga y otros— estará considerado como fuera del país, por eso estará exento del pago de impuestos locales y formalidades aduaneras.  

Las Zonas Francas no son nuevas en el país, ya que estuvieron vigentes hasta 2010. En ese año fueron reemplazadas por las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE). 

Entre 1991 y 2010 se crearon más de 20 de estos territorios. Incluso algunas siguen operando hasta la actualidad, como la del Aeropuerto de Quito, vigente hasta 2025.

Las alianzas público-privadas, de acuerdo a la ley aprobada

La Ley dedica todo un capítulo a las alianzas público-privadas como un modelo para que se realice mucha de la obra que se necesita en el país. 

Para esto se crea el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas (CIAPP). Este Comité estará encargado de “aprobar y expedir políticas, regulaciones, procedimientos, lineamientos, guías técnicas y documentos estandarizados” para estas alianzas. 

Además se mantendrá la Secretaría de Inversiones Público-Privadas (SIPP), entidad de derecho público, adscrita a la Presidencia, dedicada a coordinar con “las Entidades Delegantes de la Administración Pública Central la selección” de los proyectos de alianzas público-privadas.

Estas alianzas están definidas como “una modalidad contractual de gestión delegada de largo plazo entre una entidad del sector público y un gestor privado para el desarrollo y/o gestión de un activo público o la prestación de un sistema público”. De esta forma, el sector privado asume riesgos y responsabilidades significativos durante la vigencia del contrato. 

La modalidad de contratación para estas alianzas dependerá de lo que decida el CIAPP.

Para la asesora en política pública, Lorena Escobar, si bien las alianzas público-privadas son un punto importante de la ley aprobada, estas no se van a dar de inmediato. 

Escobar considera que si bien se tratan de salidas interesantes las que se proponen en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, son otras cosas que se necesitan para que la inversión se quede y llegue a Ecuador.”Hay otras urgencias, como la seguridad. La gente se está yendo porque no hay condiciones en un país que es considerado el quinto más violento del mundo”, dice.

También la falta de estabilidad política —habrá elecciones en un poco más de un año— y la inestabilidad jurídica —ligada a la corrupción— hacen muy difícil que beneficios tributarios sean lo que atraiga la inversión. A esto, según Escobar, hay que sumarle algo más: la seguridad energética. Es decir, los apagones no ayudan a nada de esto.

¿Por qué se presentó el proyecto de ley?

Horas antes de presentarlo a la Asamblea, Juan Carlos Vega, el  ministro de Economía, dijo en una cadena nacional que la situación económica del país “no genera empleo formal, ni adecuado; por lo cual se vuelve una gran semilla para la inseguridad y la violencia”.  Además, dijo Vega, la legislación actual fomenta el empleo informal. 

Entre las preocupantes cifras que Vega dio sobre cómo el gobierno de Noboa recibe el país están: 

1. Hay atrasos de 2.872 millones de dólares en los pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y a otras instituciones. 
2. El déficit fiscal proyectado para finales de 2023 es de 5 mil millones de dólares, el 5% del Producto Interno Bruto (PIB). 
3. El riesgo país se estaba acercando a los 2 mil puntos, lo que implicaría que el Ecuador no pueda acceder a mercados de deuda y complica la atracción de inversiones. 

En la presentación del proyecto de ley, el gobierno dice que el objetivo de la ley es “fortalecer y rescatar la situación económica ecuatoriana a partir de la implementación de incentivos tributarios, de inversión nacional y extranjera y creación de empleo”. 

Alega, además, que Ecuador “enfrenta una situación económica adversa en materia de inversión, debido a la falta de competitividad del marco normativo en relación a los países vecinos y de la región”. 

Este problema, dice la presentación del proyecto de ley, se refleja en que en los últimos 20 años Ecuador ha recibido menos inversión extranjera directa respecto a su PIB que sus países vecinos. 

Esa falta de inversión tiene un impacto negativo en la generación de empleo. Por ejemplo, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cada mil millones de dólares invertidos en los sectores de energía, transporte, agua y saneamiento generan en promedio 35 mil empleos directos en América Latina y el Caribe.