Las reformadoras

“Siento que a mí me pasaban cosas que no eran normales que te pasen”, dice Ljubica Fuentes. 

Con una voz dulce y una sonrisa tranquila, recuerda que al principio sólo era ella con su teléfono. Pero, muy pronto, tuvo que buscar ayuda porque no se alcanzaba a responder todos los mensajes. 

Ljubica Fuentes inició el proyecto cuando aún era estudiante de derecho. Hoy, su iniciativa es una Fundación. Fotografía de Vanessa Terán para GK.

A Cristina Maldonado, que también estuvo desde el inicio, lo que más le impactó fue la similitud de las historias. “Éramos de diferentes carreras pero a todas nos había pasado al menos uno de estos eventos con alguno de los profesores o compañeros”, dice. Al comienzo no entendía bien cómo la Coalición podía funcionar, pero muy pronto encontró un espacio para recibir y dar apoyo. 

Por una de estas vivencias, Maldonado, entonces estudiante de la Universidad Central, tuvo que repetir una materia. “Imagínate, recién tenía 19 añitos. Tuve unos inconvenientes con uno de los ingenieros”, dice. Un día, ella llegó para preguntarle a un profesor cómo podía recuperar la nota de una actividad a la que había faltado y, cuando le dio la mano para saludarlo,  él “simplemente me haló hacia él y me dio un beso en la mejilla, frente de todos”. 

Luego, él la invitó a su despacho para supuestamente discutir la inquietud. Este tipo de episodios eran —y aún son— muy frecuentes: una de cada 3 estudiantes mujeres ha vivido violencia en su universidad, según el estudio De la evidencia a la prevención, hecho por PreViMujer y la Universidad San Martín de Porres de Perú.

Nicole Aguilar, Subdirectora de la Fundación y Julia Núñez, Voluntaria, trabajan para combatir la violencia contra las mujeres en las universidades. Fotografía de Vanessa Terán para GK.

Por eso, cuando Ljubica Fuentes creó la cuenta de Instagram, parecía algo que muchísimas estudiantes esperaban. Cuando las contacta una mujer que ha vivido violencia en la universidad, la escuchan, y le piden que redacte una carta con su testimonio. También le explican los procesos que puede seguir. Por ejemplo, si quiere o no denunciar ante las autoridades de la universidad.

Algunas veces sólo quieren sentirse escuchadas y respaldadas. Quienes sí quieren continuar con un proceso legal, son derivadas a organizaciones que dan patrocinio jurídico gratuito. Hay otras que piden acompañamiento psicológico y también se las remite a una red de profesionales. 

El trabajo que hace la Fundación Ciudadanas del Mundo deberían hacerlo las universidades. La Ley Orgánica de Educación Superior fue reformada en agosto de 2018. Ese año se incluyó que las universidades tienen la obligación de implementar políticas para erradicar cualquier forma de violencia, y de crear programas de prevención para identificarla. También insta a las instituciones a establecer mecanismos para que las estudiantes puedan denunciar, y para que puedan ser reparadas.

Ese mismo año, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) publicó el Protocolo de prevención y atención en casos de conflicto, violencia, acoso y discriminación basada en género y orientación sexual. En teoría, debería aplicarse “para todos los miembros de la comunidad académica de los institutos superiores públicos”. 

El pañuelo representa una lucha para diferentes movimientos. En la Fundación Ciudadanas del Mundo, antes Coalición Feminista Universitaria, luchan por prevenir, visibilizar y atender los casos de violencia contra las mujeres y la población LGBTI. Fotografía de Vanessa Terán para GK.

Pero Ljubica Fuentes dice que en la Universidad Central el protocolo está de adorno. Por eso, la Fundación Ciudadanas del Mundo no sólo acompaña a las estudiantes sino que las capacita. 

En 2019, Fuentes logró acreditarse en la Escuela de la Función Judicial para dar capacitaciones a los alumnos de su universidad, incluidos líderes estudiantiles. “Era muy chistoso porque yo cargaba el banner y un amigo llevaba el infocus, e íbamos curso por curso tocando puertas”, recuerda Ljubica Fuentes. El taller no era obligatorio. Dependían de que los profesores de cada aula les dieran tiempo de sus clases para dar las capacitaciones. 

El objetivo era que más gente aprendiera a identificar las actitudes violentas que están normalizadas. 

De puerta a puerta, lograron capacitar a 1.200 personas de la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Luego hicieron un seminario en línea al que asistieron 400 personas. 

“Llegamos a tener 80 personas trabajando voluntariamente en la Coalición. Tuvimos un grupo de difusión de WhatsApp de más de 600 personas, entonces eso te dice mucho”, dice Fuentes. 

En enero de 2022, decidieron formalizar el grupo de amigas: crearon la Fundación Ciudadanas del Mundo. Lo hicieron porque así podían postular a fondos concursables, buscar inversión para ser sustentables. 

Esto también les abrió la puerta para llegar a universidades en distintas provincias del país. 

Hoy la Fundación Ciudadanas del Mundo está formada por cinco personas que trabajan en cinco áreas: capacitación, investigación, finanzas, legal, incidencia y diversidades. Tienen 25 voluntarias que, como describe Fuentes agradecida, están 100% comprometidas. 

Alexandra Paillacho y Camila Ruales son voluntarias de la Fundación Ciudadanas del Mundo. Fotografía de Vanessa Terán para GK.

El alcance del trabajo también las motiva a seguir. “Ya no es un grupo donde hago labor social, somos una red de apoyo muy grande. Nos hemos sostenido bastante. Nos hemos apoyado en todo, en lo personal y en lo académico. Para mí es mi espacio seguro”, dice Cristina Maldonado. 

Uno de los programas más exitosos que tienen son las Escuelas Púrpuras, una serie de talleres para estudiantes universitarios que quieren aprender conceptos básicos en género, sexo, espacios seguros. Ammy Soto participó en la primera edición de las Escuelas Púrpuras y hoy coordina el taller. “El espacio me ha permitido sanar desde las historias de otras mujeres y ha contribuido significativamente a mi desarrollo profesional y personal”, dice Soto, universitaria de 19 años, oriunda de Catacocha, Loja. Para cada taller sólo tienen cupo para 35 personas. En la penúltima edición recibieron más de 250 postulaciones. 

Donde no han encontrado tanta apertura es, precisamente, en las universidades. Han tocado las puertas de las áreas de bienestar universitario, los rectores, los decanatos, entre otras, para proponer planes de capacitación continuos. Pero la respuesta, casi siempre, ha sido negativa.

Michelle Oyana, Coordinadora encargada del área legal y Alexandra Paillacho, Voluntaria trabajan en la Fundación Ciudadanas del Mundo. Fotografía de Vanessa Terán para GK.

“Las universidades piensan que entre más casos de acoso tienes es porque más acoso hay en tu universidad. Cuando es completamente al revés, entre más casos visibilizas y resuelves, más oportunidad tienes de decir: ‘estoy trabajando con este tema’”, opina Fuentes.

Contactamos a Galicia Rodríguez, presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Disciplinarios de la Universidad Central del Ecuador, y a Nilka Pérez Larrea, su directora de Bienestar Universitario, para conocer cómo la Universidad aborda los casos de violencia contra las mujeres, y cómo coordinan con la Coalición. Pero hasta el cierre del reportaje, no tuvimos respuesta. 

Capacitaciones y reformas de estatutos para generar espacios más seguros 

Sororas Violeta nació en 2020 para brindar apoyo a las estudiantes que viven violencia mientras estudian la universidad. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.

La primera vez que las Sororas Violetas se reunieron, fue en una videollamada. Eran las 9 de una de las interminables noches de enero de 2021, en las aún muy duras épocas de la pandemia del covid-19, cuando poco más de cien mujeres —entre estudiantes, egresadas y abogadas— respondieron a una convocatoria urgente. 

No todas se conocían pero compartían algo: estaban indignadas por el testimonio de Natalia*, una alumna de Derecho de su universidad. En Twitter contó que un compañero había abusado sexualmente de ella, y que él aspiraba a un cargo de representación estudiantil. 

Esa noche, recuerda Génesis Ramírez, abogada y una de las fundadoras de Sororas Violetas, otras mujeres también compartieron sus historias. Algunas dijeron que habían vivido violencia del mismo estudiante señalado. Otras contaron que habían sido víctimas de compañeros o profesores. “¿Dónde estaba el protocolo de la universidad? ¿Dónde estaban las medidas que supuestamente aplican? ¿Están funcionando?”, se preguntaron, recuerda Génesis Ramírez.

El pañuelo morado es un símbolo del feminismo que las Sororas Violeta han adaptado para su colectiva. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.

Esa noche, la mayoría se enteró que en la Universidad Católica de Quito sí había un protocolo para atender violencia. “En ese momento dijimos ‘tenemos que hacer algo porque esto no puede seguir pasando’”, cuenta Ramírez, el cabello lacio encima de los hombros y la mirada firme, dos años y medio después de esa reunión.

De esas 100 mujeres en la videollamada, algunas dieron apoyo a quienes se atrevieron a hablar. Pero luego perdieron el contacto. Cerca de 30 se siguieron reuniendo para pensar qué podían hacer juntas. Escribieron estatutos, protocolos, principios de la organización que estaban creando, y que bautizaron Sororas Violetas. 

De esas 30, seis mujeres siguen hoy, con el mismo compromiso y objetivo que las convocó en 2021: visibilizar lo que viven algunas estudiantes en la Universidad Católica de Quito (PUCE). 

Esa primera llamada de 2021, dice Génesis Ramírez, les sirvió para darse cuenta que las estudiantes necesitaban un espacio confidencial para hablar de estos temas. Crearon una cuenta de Instagram donde publicaron un breve manifiesto que concluía con una frase que se ha convertido en su mantra: Nunca más solas. 

En esa cuenta empezaron a recolectar testimonios de quienes querían hacer sus casos públicos. 

Para resolver el problema de que muy pocos conocían el protocolo de atención de casos de violencia de la PUCE, hicieron un video interactivo sobre cómo funciona el documento, qué tiene, cómo se activa. “Y les recordamos a las mujeres que si necesitan, podemos acompañarlas a activarlo”, dice Ramírez.

Génesis Ramírez es abogada y una de las que lidera el colectivo Sororas Violetas. Fotografía de Vanessa Terán para GK.

Sobre la difusión de ese protocolo para atender casos de violencia, la directora del departamento de Bienestar Estudiantil de la PUCE, Gabriela Cornejo, dice que hacen un “trabajo constante en distintas vías”. Dice que el documento está publicado en el aula virtual y que el departamento de comunicación de la universidad pública recordatorios sobre la ruta. También, dice Cornejo, los estudiantes nuevos reciben una capacitación donde se menciona al protocolo.

Para las Sororas Violetas, sin embargo, esos esfuerzos no son suficientes. Por eso, parte de su incidencia es siempre recordar que pueden activar esa ruta de atención. Sin embargo, el hito que mostró el alcance que podían tener fue cuando lograron que se reforme el estatuto de la Asociación Escuela de Derecho. 

En su universidad, la Federación de Estudiantes de la PUCE (Feuce) representa a los alumnos ante las autoridades. Debajo de la Federación, hay asociaciones que corresponden a diferentes facultades. La de Jurisprudencia, que se llama Asociación Escuela de Derecho es, quizás, una de las más activas. La organización se rige por un estatuto que, hasta 2021, no contemplaba mecanismos para abordar la violencia contra las mujeres. 

Michelle Aucancela, miembro de Sororas Violeta, es abogada y combina su trabajo en derechos humanos con el activismo en la prevención de violencia en la universidad. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.

Ramírez recuerda que, tras una reunión con los miembros de la Asociación y los representantes de las organizaciones políticas de la facultad, lograron que se prohíba la inscripción de candidaturas a cargos de representación estudiantil a quienes hayan cometido violencia de género. También lograron que la Asociación incluyese sanciones específicas para casos de violencia contra las mujeres, y crease medidas cautelares para estos mismos casos. 

Además, impulsaron que se cree una Comisión de Género en la facultad de Jurisprudencia. Michelle Aucancela, abogada y cofundadora de Sororas Violetas, cuenta que una vez lograron sentarse con autoridades de la universidad, como el departamento de Bienestar Estudiantil. 

En esa reunión, presentaron un informe con los casos de mujeres que habían activado el protocolo de la universidad. 

Uno era de una estudiante que denunció haber sido víctima de abuso sexual y quiso seguir el protocolo. El Comité de Ética de la universidad, que se activó por el caso, lo remitió a la Fiscalía. “Cuando hay un delito, la universidad tiene la obligación de poner la denuncia en la Fiscalía porque son temas penales dentro de la universidad”, dice Cornejo. Pero la estudiante se quejó con las Sororas Violetas de que la universidad no le había consultado lo de la denuncia en la Fiscalía. Ella se enteró de que se había abierto un proceso judicial cuando la llamaron a su casa a avisarle. 

María Judith Valencia, de Sororas Violeta, se graduó de abogada en la Universidad Católica de Quito, pero sigue trabajando para capacitar a las estudiantes en temas de prevención y atención de violencia. Fotografías de Vanessa Terán Collantes para GK.

En ese mismo espacio, las Sororas Violetas les explicaron por qué la atención fue revictimizante.

“Nos felicitaron, dijeron que nos llamarían, pero han pasado casi dos años y no sabemos nada más”, se queja Michelle Aucancela. Gabriela Cornejo, directora del departamento de Bienestar Estudiantil, recuerda esa reunión. “Presentaron un documento impecable. Había un montón de cosas que ya sabíamos, pero que unas estudiantes vengan y te lo digan, desde un marco jurídico, permitió una reflexión interna”, dice Cornejo. Según ella, a partir de esa reunión se tomaron acciones más concretas, de las que no puede dar detalles. 

Parte del trabajo de Sororas Violeta es dar acompañamiento y apoyo a las mujeres que enfrentan violencia. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.

Aucancela, Ramírez y las otras cuatro mujeres que están más activas en su organización reconocen que este es un trabajo de insistencia. Las seis ya están graduadas de la universidad y, su foco como Sororas Violetas, está en capacitar a las estudiantes para que se sumen a la colectiva y sean ellas quienes acompañen a otras mujeres que requieran apoyo en contextos violentos. “Queremos dotarlas de herramientas. Decirles ‘esto es lo que puedes hacer’, para que no dependan tanto de nosotras”, dice María Judith Valencia, también miembro de la colectiva. 

Evitar la deserción, un objetivo primordial 

AFU busca ser ese oído de las multitudes y también dar voz y ser voz dentro de los espacios para que sean visibilizadas las distintas problemáticas que tienen los estudiantes en la Universidad de Cuenca. Fotografía de Xavier Caivinagua para GK.

“Él es el intocable”, dice Karol Redrobán, ex presidenta de la Asociación Femenina Universitaria (AFU) de la Universidad de Cuenca. Habla de un docente que por más de 20 años ha sido señalado por estudiantes y profesoras, por violencia. La universidad no ha tomado medidas.

La primera y, por ahora, única vez que estudiantes presentaron una denuncia contra él ante la Comisión de Acoso de la universidad, fue a inicios de 2023. Pero por miedo de que las dejen del ciclo u otra represalia, no siguieron con el proceso. Aún así, desde la Comisión activaron el protocolo y medidas preventivas. Delegaron el caso a la directora de Bienestar Universitario e hicieron un llamado de atención al docente. 

En la Comisión tomaron estas medidas para que exista un precedente y que no “siga siendo un secreto a voces”, dice Redrobán, de una mirada profunda que se acentúa con sus lentes. Ella dejó su cargo en agosto de 2023, pero sigue de cerca el trabajo de la AFU.  

Representantes AFU de la facultad de ciencias económicas y administrativas Doménica Pesántez y Gisselle Molina. Fotografía de Xavier Caivinagua para GK.

La AFU nació en Quito en 1952. Hoy tiene sedes en distintas universidades del país. 

Tatiana Nieto es la presidenta actual de la AFU de la Universidad de Cuenca y dice, decidida, que busca ser “ese oído de las multitudes y también dar voz y ser voz dentro de los espacios para que sean visibilizadas las distintas problemáticas que tenemos como estudiantes”. Nieto tiene 20 años y un lunar sobre el labio. Está en quinto ciclo de la carrera de Género y Desarrollo. 

En la Universidad de Cuenca, Nieto y Redrobán coinciden en que las denuncias más comunes son entre estudiantes. Existen relaciones de poder entre alumnas y docentes, concuerdan, pero que no se denuncian “por el miedo a las represalias”. 

Representantes de AFU de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de Cuenca Katherine Naula y Tatiana Mejía. Fotografía de Xavier Caivinagua para GK.

Cuando hay un caso de violencia, la AFU funciona como una guía y una primera respuesta. Son cerca de 20 personas entre la presidenta, vicepresidenta, tesorera, vocales y dos representantes de ocho facultades. Todas están capacitadas para dar talleres o hacer campañas informativas sobre prevención de violencia de género. 

Cuando reciben un caso, le explican que hay un protocolo. La Universidad de Cuenca usa el que emitió la Senescyt en 2018 que, para que se adapte más a las características de la institución, lo han actualizado tres veces. 

AFU es una primera respuesta ante los casos de violencia en la Universidad de Cuenca. En la Fotografía, Eduarda Abad vicepresidenta actual, Tatiana Nieto presidenta actual y Karol Redrobán presidenta saliente. Fotografía de Xavier Caivinagua para GK.

“Si es pertinente, lo enviamos a la Comisión de Acoso”, dice Karol Redrobán. La Comisión está integrada por un delegado de la facultad de jurisprudencia con experiencia en temas de género, la directora de carrera de género y la representante estudiantil que, en este caso, es la presidenta de la AFU. “Yo como presidenta tengo voz y voto para dar medidas de protección, ver cuáles son las sanciones hacia el presunto agresor y también exigir medidas de reparación”, explica Tatiana Nieto. Pero, al igual que en la PUCE, en Quito, en la Universidad de Cuenca muchos estudiantes no saben que existe un protocolo y quienes sí lo conocen, no saben cómo funciona. 

La Universidad de Cuenca implementó el protocolo en 2019, según respondió la institución a un  pedido de información que hicimos para este reportaje. Según la universidad, ha hecho, entre marzo y agosto de 2023, cerca de “20 inducciones en diferentes espacios de la universidad, dirigidas a estudiantes de las 12 facultades”. 

En enero del 2021, luego de 153 años de historia, María Augusta Hermida se convirtió en la primera rectora mujer de la Universidad. Tener una mujer rectora, opina Tatiana Nieto, hace que haya más apertura sobre lo que la AFU hace. “La relación entre la rectoría y AFU es estrecha y colaborativa. Nos apoyamos mutuamente en diversas actividades y procesos, reconociendo la importancia de la participación estudiantil en la mejora continua del protocolo”, respondió la Universidad en el pedido de información. 

Entre 2019 y septiembre de 2023, la Universidad dice que ha atendido 49 casos de acoso. Cuando hay un caso, siguen un proceso: detección y denuncia, intervención psicosocial y asesoría legal, investigación por parte de la comisión permanente, resolución por parte del Consejo Universitario, reparación, seguimiento y acompañamiento a la víctima.

Representantes AFU de las facultades de ciencias agropecuarias, Erika Valdiviezo y de jurisprudencia, Nayeli Ambuludi Pacheco. Fotografía de Xavier Caivinagua para GK.

Redrobrán dice que a las denuncias presentadas contra docentes “no les dan paso”. Cuando eso sucede, dice, tienen que hacer “bulla para que tenga un choque mediático”. “Así la rectora personalmente llama a la Comisión y dice ‘bueno, sigan con este caso’. Siempre tratan de que la imagen institucional de la Universidad no se vea afectada”, dice Karol Redrobrán. 

La rectora, María Augusta Hermida, nos dijo a que “en el caso de denuncias hacia docentes con altos cargos o a tiempo completo, se siguen los mismos procedimientos que para cualquier otro caso”. Insistió en que “no hace distinciones en la aplicación del protocolo y, en el pasado, docentes han sido sancionados con la destitución”.

Karol Redrobán, con una sonrisa que deja ver sus brackets, dice que en 2022, luego de la denuncia contra el profesor “intocable”, la Comisión aplicó alertas tempranas por primera vez. Es decir, le notificó a él que tenía una denuncia en su contra “para que no siga ejerciendo violencia”, dice Redrobán. La queja quedó por escrito y será revisada en caso de que él repita este tipo de comportamientos. Para la AFU, este precedente permite que la víctima sepa que su caso está siendo atendido y se sienta escuchada. 

Con esta atención, la AFU intenta cumplir parte de su objetivo de garantizar que las estudiantes no dejen la universidad por la violencia que viven. El estudio de PreviMujer sobre la violencia en las universidades ecuatorianas dice que cuando una estudiante vive algún tipo de maltrato en este espacio, la probabilidad de que falte a clases, aumenta.

El esfuerzo para ocupar espacios históricamente discriminatorios

Sherly Vizcaino, estudiante de ingeniería mecánica, Evelyn López, estudiante de ingeniería civil, Tiffany Suárez, estudiante de ingeniaría en telecomunicaciones y Estefany Vizuete estudiante de ingeniería mecánica de la Politécnica son algunas integrantes de la Cevad. Fotografía de Emilia Paz y Miño para GK.

En 2021, un caso de acoso, de un docente hacia una estudiante, llegó a las instancias superiores de la Escuela Politécnica Nacional de Quito. Ese fue el hito para que la universidad elaborara su protocolo de Prevención y Actuación frente a Casos de Acoso Sexual, Discriminación y Violencia. 

Estefany Vizuete, estudiante de ingeniería mecánica, el cabello lacio y un arete en la nariz, nos dijo que el caso de acoso llegó al Consejo Universitario — conformado por las autoridades universitarias, representantes de los profesores, de los estudiantes y de los empleados y trabajadores — y al ver que no tenían un protocolo, varias asociaciones universitarias armaron un plantón en enero de 2022 para exigir medidas ante los casos de violencia en la universidad. Dos meses después, el Consejo Politécnico de la universidad presentó uno.  

Según el protocolo, la Dirección de Bienestar Politécnico es la encargada de hablar directamente con la víctima o denunciante para explicarle el tipo de apoyo que ellos brindan — médico, psicológico, legal, de protección y de acompañamiento — en caso de violencia. 

El protocolo tiene cuatros pasos, comunicar lo que sucedió, aplicar medidas de protección, investigación del caso y por último las sanciones. Por ahora el último paso se queda a medias, porque el reglamento de sanciones «está aún en proceso de implementación», según Arturo Ruiz, director de Relaciones Institucionales de la EPN. 

Para Ruiz, elegir en el 2019, a una mujer como rectora, por primera vez en 154 años, permitió que haya una conversación sobre la violencia de género. “Fue un punto disruptivo en una universidad tradicionalmente liderada y gestionada por hombres”, dice Ruiz.

Antes del protocolo, quienes brindaban apoyo a las víctimas, desde distintos frentes, eran los colectivos universitarios, muchos de ellos integrados solo por mujeres. Una de ellas es la Comisión para la Eliminación de la Violencia, Acoso y Discriminación (Cevad). Su presidenta actual es Estefany Vizuete. 

La Cevad está conformada por estudiantes de distintas carreras y facultades. Buscan generar propuestas, ideas y dar acompañamiento a las personas que sufren violencia. Sin embargo, cuando se formó en 2021, tuvo que seguir un proceso para ser reconocida por el estatuto de la Federación Estudiantil de la Escuela Politécnica Nacional (Fecon), la organización que representa a los estudiantes en la Poli.

Estefany Vizuete presidenta actual de la Comisión para la Erradicación de la Violencia, Acoso y Discriminación y Evelyn López, integrante de la Cevad. Fotografía de Emilia Paz y Miño para GK.

Paula León fue primera presidenta de la Cevad en 2021 y se encargó de legalizarla. En ese año fue  reconocida por los gremios estudiantiles, pero, “la Politécnica no reconoce a la Cevad como lo que es, reconoce a la Federación Estudiantil”, dice Vizuete. Por eso, explica, aunque el protocolo es la respuesta institucional ante los casos de violencia, la Cevad da acompañamiento en este protocolo. Es decir, como representación estudiantil ven que todo se cumpla y brindan apoyo a las estudiantes que denuncian. 

La Cevad también hace seguimiento: saben que hoy hay al menos 22 casos pendientes de denuncias por algún tipo de violencia.

Una violencia muy recurrente en la EPN es la simbólica. “Hay un intenso menosprecio hacia las mujeres por seguir carreras de ingenierías y ciencias”, dice de forma enérgica Estefany Vizuete. “Cuando las estudiantes de ingeniería civil tienen que ir a la obra, no les ponen a cargar o a llevar cosas pesadas o a excavar, cosas que cualquier ingeniero civil debe conocer, les ponen a tomar fotos o a llevar apuntes”, explica Vizuete. Eso las incomoda. 

En las aulas, la situación no es distinta. “Cuando hay investigaciones o trabajos, suele haber comentarios de parte de profesores, generalmente mayores, que dicen ‘tendrán una mujercita en el grupo para que al menos redacten bien el documento o para que se vea bonito’”, cuenta Estefany Vizuete.

A pesar de todo, Estefany Vizuete dice que “hay una conexión mucho mejor entre el personal administrativo que trata estos temas, las víctimas y los representantes universitarios”. El semestre anterior, hicieron una socialización del protocolo, algo limitada al ser una dinámica de puerta a puerta.

En el ciclo actual, dice Vizuete, sintió más el trabajo que hace la Poli por este tema. “Tomaron las riendas para sistematizar la prevención de la violencia”, dice y apunta que la EPN está trabajando en un plan para prevenir la violencia contra las mujeres junto a la Cooperación Técnica Alemana (GIZ). Hicieron reuniones con distintos miembros de la comunidad universitaria, y les mostraron el protocolo. Mientras, la Cevad difunde más su buzón anónimo y un formulario donde los estudiantes pueden explicar su caso. 

Los comentarios sexistas, los tratos violentos, y la discriminación que viven las universitarias ecuatorianas no van a desaparecer de un día para otro. Y las organizaciones que trabajan para visibilizar esta violencia lo saben. 

Pero también saben que lo que hacen ha cambiado la vida de cientos de mujeres en el país. Ellas ya no están solas. 

Ahora tienen apoyo, conocen sus derechos y muchas se han sumado a la causa de hacer de las universidades espacios más seguros para las mujeres.