La amenaza a la fiscal general, explicada

La mañana del jueves 1 de junio se hizo pública una amenaza a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. 

A través de un comunicado, la Fiscalía dijo que Salazar habría recibido amenazas en contra de su integridad. “Además de los recientes y continuos ataques a la institucionalidad del Estado, en las últimas horas, las amenazas directas a la integridad de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado y de su familia han escalado”, dice el comunicado.

En él se adjunta una imagen de la pantalla con el video que, supuestamente, recibió la fiscal.

Además, el ex asambleísta y precandidato presidencial Fernando Villavicencio publicó en su cuenta de Twitter el video que habría recibido Salazar.

En el video se ve un grupo de al menos seis hombres armados con los rostros cubiertos. 

“La vez pasada te me salvaste porque alguien habló por ti pero esta vez no creo que te me salves”, dice una voz masculina en el video. 

“Tengo todas tus ubicaciones, hasta de tu Ciudadela El Condado. Ya vas a cumplir años, no quiero arruinar su fiesta matándote a tu hija porque antes de matarte te hago llorar y sufrir”, continúa uno de los que está en la imagen.

El video difundido por Villavicencio dura cincuenta segundos.  “Si no te vas  por las buenas te vas por las malas”, dice la voz. “Dianita, no hagas que use todo mi poder, mi gente, mis armas, que son más de lo que tú piensas”, dice. 

Tras las amenazas, también hubo una reacción de la Policía Nacional. “Nuestro total respaldo a la señora Fiscal General de la Nación ante las intimidaciones en contra de ella y su familia”, escribieron en su cuenta de Twitter.

El Presidente Guillermo Lasso también reaccionó. 

Dijo que la fiscal tiene su “apoyo” y que le dará “toda la protección necesaria”.

En la tarde del mismo día, Salazar anunció que solicitó fecha y hora para formular cargos contra el ex vicepresidente Jorge Glas y otros dos funcionarios por su presunta participación en el delito de peculado. Las irregularidades se habrían dado en la adjudicación del contrato de la vía Manta-Colisa. 

El perjuicio sería superior a 68 millones de dólares, provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad —creada especialmente para recaudar fondos destinados a la reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de 2016. 

La fiscalía también ha reabierto el caso Singue —que involucra también a Jorge Glas y otros ex funcionarios—, que fue declarado nulo en noviembre pasado. El tribunal que tomó la decisión consideró que había existido una vulneración a los derechos de los procesados 

Sin embargo, la fiscalía decidió reabrir la investigación previa en contra de 14 personas, incluido Glas.  

Las acusaciones a Diana Salazar

Esta semana, una agrupación de abogados llamada Colectivo Acción Jurídica Popular denunció públicamente a Diana Salazar. La acusan de, supuestamente, haber plagiado la tesis que presentó para obtener su título de abogada en la Universidad Central, en 2005.

Según la acusación de Angélica Porras —quien es parte del colectivo y también es abogada del ex defensor del Pueblo, Freddy Carrión, sentenciado por abuso sexual— detectaron el plagio a través del uso de varios programas de software. 

El programa habría detectado varios tramos del texto que corresponderían a otros autores y no fueron citados en el trabajo académico con el que Salazar se graduó. 

La Fiscal ha negado que su tesis haya sido plagiada y ha insistido en que se trata de un plan de personas sentenciadas por la justicia para “buscar impunidad”. En una entrevista en FM Mundo dijo que “estas acusaciones son absolutamente falsas. Este es un intento desesperado por tomarse la Fiscalía General del Estado”.

Además, dos entidades públicas, el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), han intentado convocar a la fiscal para pedirle cuentas. 

El CPCCS —hoy presidido por Alembert Vera, quien fuera abogado del ex presidente Rafael Correa en el caso El Universo— convocó a la fiscal Salazar para el jueves 1 de junio, a las cuatro de la tarde. 

Salazar no asistió, pues dijo que sólo la Asamblea Nacional tiene competencias para hacer control político sobre su actuación. Sin embargo, la Asamblea fue disuelta el pasado 17 de mayo, tras el decreto de la muerte cruzada del presidente Lasso.

Este no fue el único organismo que intervino. El Consejo de la Judicatura, presidido por Wilman Terán, también lo hizo.

La noche del lunes 29 de mayo, el pleno del Consejo debía conocer un informe del subdirector de Control Jurídico que asegura que Salazar podría haber accedido a su cargo “valiéndose de posibles artimañas en el acto de presentación de los documentos para el respectivo proceso de selección”.

La Fiscalía dijo “con un informe elaborado de forma maliciosa –y sin sustento legal– el subdirector de Control Jurídico pretende la Judicatura se arrogue funciones y suspenda a la máxima autoridad de Fiscalía”.

El informe recomendaba al Pleno del Consejo de la Judicatura la “medida preventiva de suspensión” de Salazar por un plazo máximo de tres meses, sin remuneración. La sesión no se pudo instalar por falta de quórum. 

Salazar insistió que el control político a su función lo tiene la Asamblea Nacional. El Presidente de la Corte Nacional de Justicia, reaccionó haciendo un “llamado a respetar la institucionalidad”.

María Dolores Miño concuerda con Salazar y Saquicela. Dice que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura no tiene competencias para cesar a la fiscal. 

Mauricio Alarcón, abogado y director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo calificó de “barbaridad” las intenciones de la Judicatura.  “Esto hay que condenarlo”, dijo