Cuando el crimen entra a la escuela

Ramiro* tiene 16 años y cuando empezó a llegar tarde a casa, le decía a su madre que había estado con sus amigos del colegio o con su novia. Luego, comenzó a decirle que había estado en peleas, que había sacado un cuchillo y que, junto a compañeros de clase, había robado fuera de su colegio. Así su madre se dio cuenta que había sido reclutado. Ramiro llevaba pocos años en Quito, la capital de Ecuador, donde había inmigrado con su familia precisamente para alejarlo del crimen que ya lo acechaba en Colombia. 

Pablo*, de 15 años, había empezado clases hace apenas unas semanas cuando un grupo de hombres comenzó a esperarlo a la salida del colegio en el sur de Quito. Lo invitaban a jugar voleibol, a reunirse con ellos, a tomar alcohol. Pablo empezó a faltar a clases y la escuela alertó a su mamá. Ella le preguntó a su hijo, lo golpeó y así él le contó que colaboraba con bandas criminales. Era “campanero”, quienes vigilan el movimiento de la Policía y grupos rivales. Pablo y su familia también llegaron  a Quito tras huir de las bandas delincuenciales en un país vecino. 

Marco* tenía 12 años y cursaba octavo de básica en Guayaquil cuando fue reclutado. Hoy, con 20 e internado en un centro de rehabilitación, recuerda ese primer contacto a las afuera del colegio. “No hubo amenazas, ni pistolas”, dice, como si disculpara a quienes lo volvieron sicario. El hombre que fue a buscar a Marco se convirtió después en su jefe. Pero no lo supo en ese momento. Solo veía a alguien que lo trataba bien, que lo miraba, que le hablaba de igual a igual y lo hizo sentir parte de una ‘hermandad’ ofreciéndole que tendría “respeto”.

“Te dicen: ‘habla, mi brother’, y ya. Te van conociendo de a poco. Un día te dicen: ‘ñaño, toma, vacílate esa cadena de oro.’ Tú la ves brillar y algo te mueve por dentro. Otro día ya aparece la droga. Te dan plata, te dan favores, te consiguen cosas. Si tienes un problema con alguien, ellos lo resuelven. Si necesitas moverte, tienen transporte. Y si alguna vez necesitas esconderte, tienen dónde”.

En Ecuador, donde Ramiro, Pablo y Marco fueron reclutados, cada día asesinan en promedio a 25 personas y los grupos de delincuencia organizada que controlan comunidades, puertos y cárceles han extendido su dominio a un nuevo territorio: las escuelas. Según un estudio de Unicef de 2025, que encuestó a 157 docentes y trabajadores sociales, el 24% del reclutamiento que ellos reconocen ocurrió por medio de compañeros del colegio y el 12% a través de jóvenes que aparecen frecuentemente fuera de la escuela. La alerta llega temprano: un reporte del Ministerio del Interior revela que el reclutamiento en los planteles ecuatorianos comienza desde los 10 años. 

Este reportaje de Lupa Media, GK y CONNECTAS cuenta lo que ocurre dentro de las escuelas: reclutamiento, robos, extorsiones y microtráfico protagonizado por algunos estudiantes que han sido cooptados por grupos criminales.  En algunos casos la cooptación ha llegado incluso a los docentes. 

El Estado reconoce el problema en estudios, reportes e informes; pero sus respuestas no alcanzan: a las víctimas las envían a clases virtuales sin supervisión, mientras que docentes y autoridades escolares admitieron para este reportaje que temen denunciar porque también son amenazados y presionados por las bandas o por sus propios estudiantes vinculados a estas estructuras criminales. 

Jorge Escala, exdirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), lo resume: “El maestro que pone la denuncia corre el riesgo de no volver a la escuela porque no hay la protección por parte del Estado, lo exponen hacia su victimario. El maestro presenta la denuncia y de manera inmediata sufre la retaliación de las bandas delincuenciales. Entonces, en esas condiciones prefieren renunciar”. La UNE ha pedido declarar en emergencia al sistema educativo. 

Docentes y expertos consultados coinciden en que el fenómeno del reclutamiento en las escuelas en Ecuador se convirtió en un problema para el sistema educativo después de la pandemia por el covid-19. Una funcionaria del sistema educativo y de protección de Manabí, que conoce casos de reclutamiento en la provincia costera, identifica un punto de quiebre en 2022, cuando los estudiantes regresaron a las aulas tras el encierro.

“Nos encontramos con unos niños distintos”, recuerda. Dice que empezaron a llegar a las aulas adolescentes que hablaban de armas con naturalidad, aumentó mucho el consumo de drogas y reproducían escenas de violencia. “Ya no jugaban a las cogidas ni al elástico; jugaban a los pistoleros”, dice.

Recuerda a estudiantes que llevaban municiones en los bolsillos o en las mochilas, y a familias que relataban escenas antes impensables: niños de nueve o doce años disparando en sus barrios.

Ese cambio coincidió con la expansión de las economías criminales en Ecuador. Aumentaron los homicidios de 1.189 casos en 2019 a 9.282 en 2025, el microtráfico, las extorsiones de 1.616 denuncias en la Fiscalía a 16.129 en 2025 y la disputa territorial en las calles. 

El Ministerio de Educación empezó a dimensionar este fenómeno en las escuelas también en 2022; explicó a este equipo que fue ese año cuando comenzó a registrar de manera estandarizada cómo se usaba y se consumía drogas en las escuelas. Desde entonces ha reportado 8.742 casos de consumo de drogas hasta 2025. Además, entre 2024 y febrero de 2026, hubo 27 casos de armas detectadas o incautadas en instituciones educativas.

Según los investigadores educativos Diego Paz y Fausto Díaz, la virtualidad durante la pandemia dejó a los niños desprotegidos, sin el acompañamiento de adultos referentes que pudieran activar protocolos de protección. Dicen que en los barrios más golpeados por la violencia, estudiantes dejaron de tener el acompañamiento cotidiano de docentes y otros adultos, mientras sus familias enfrentaban pobreza, escaso acceso a internet y largas jornadas de trabajo fuera de casa.

Ese vacío fue aprovechado por las organizaciones criminales que disputaban el control de esos territorios. Pero, como recuerda el presidente de la UNE , Andrés Quishpe, dentro de esos territorios también están las escuelas. No es que las bandas busquen apropiarse de los colegios. Primero controlan el barrio. Después, ese dominio se refleja en las instituciones educativas.

Por eso, cuando las clases presenciales se reanudaron —principalmente en la Costa ecuatoriana, como en la provincia de Manabí —, su influencia ya no se limitaba a las calles: también había alcanzado los espacios donde convivían los estudiantes.

Una investigación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), publicada en 2025 a partir de los resultados de la prueba Ser Estudiante 2022-2023, dice que la violencia comunitaria y la violencia escolar están directamente correlacionadas. Mientras más violento es el entorno donde funciona una institución educativa, mayores son las afectaciones a su clima escolar, la percepción de inseguridad y las experiencias de violencia reportadas por la comunidad educativa.  

“La mayoría de los colegios [en el cantón en el que trabaja, que no puede ser revelado por seguridad] ya están territorializados por las bandas; cada una tiene sectores bajo su control”, dice la funcionaria que trabaja en Educación. Cuando habla de “territorializados”, se refiere a que determinados colegios quedan bajo la influencia de grupos criminales específicos. 

Pero hay algo más que empezó a cambiar después de la pandemia.

Paz y Díaz explican que el reclutamiento hoy es cada vez más difícil de detectar porque ya no implica necesariamente que los adolescentes abandonen la escuela.

Antes, lo común era que los chicos dejaran los estudios. El testimonio de Marco, lo resume: “Al principio intenté las dos cosas: ir al colegio y seguir en el grupo. Cuando lo pienso, me parece una huevada. ¿Cómo vas a estar sentado en un pupitre si la noche anterior anduviste en una balacera? La cabeza no daba”.

El joven dice que los profesores notaban que le pasaba algo raro. Llegaba con sueño, distraído, a veces con golpes. Pero nadie preguntaba de verdad. Si alguno preguntaba, cuenta, era para cumplir lo que dice el protocolo con la típica pregunta: “¿Todo bien en casa?”, con esa mirada de preferir no saber. Mientras, él aprendió a callar y dejó de ir a clases.  “Y nadie fue a buscarme. Quizás si alguien me hubiera buscado…”.

Ramiro, a diferencia de Marco, nunca dejó de ir al colegio. Pero su madre empezó a notar que el grupo con el que salía estaba cambiando su comportamiento. Por eso pidió a profesores y directivos que pudiera continuar sus estudios desde casa. 

“El reclutamiento en el sistema educativo tiene un antes y un después”, dice Katherine Herrera, experta en seguridad, crimen organizado y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Entre 2022 y 2024, dice, muchas estructuras criminales seguían utilizando el modelo tradicional: captar adolescentes en los barrios, alejarlos de la escuela e incorporarlos a actividades ilícitas como vender droga, cobrar extorsiones o vigilar calles.

Pero a partir de 2025 comenzó a consolidarse otra lógica: “Ya no les conviene que salgan. Lo que más les conviene es que estén adentro”, dice Herrera. 

La experta dice que una modalidad no reemplazó a la otra. El barrio sigue siendo el principal espacio de captación. Lo que ocurre es que el crecimiento del microtráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas y la trata de personas reorganizó a las estructuras criminales en Ecuador. La fragmentación de las bandas y la aparición de grupos más pequeños hicieron rentable convertir a las propias escuelas en mercados y espacios de reclutamiento.

El negocio detrás del reclutamiento 

“Al comienzo te dan cosas para que te vayas comprometiendo. Coges la droga, aceptas la plata, te montas en la moto. Y en ese momento ya te metiste”, dice Marco. 

En su relato hay una palabra que se repite con frecuencia: la droga.

“En ese mundo no hay psicólogo ni nadie que te escuche. Hay droga y hay mujeres a montón. Y uno agarra lo que pueda”,  dice.

Herrera explica que las organizaciones criminales “muchas veces los hacen codependientes de la droga. Ahora están nuevamente retomando esa práctica. Y le dicen: ‘Bueno, si quieres tener  este tipo de droga necesito que tú me vendas esto. Necesito que tú comiences a vacunar (hacerlos adictos) a tus compañeros. Comienzas a ver los perfiles de cuáles tienen más posibilidades económicas’”. La experta también señala que los perfilamientos también los usan para otro tipos de delitos, por ejemplo,  el secuestro exprés.

La extorsión también llegó a los colegios. La funcionaria de Manabí recuerda el caso de una unidad educativa donde, a inicios de 2025, cinco estudiantes ingresaban a las aulas para exigir dinero a sus compañeros. Se identificaban con alias, como pasa en las organizaciones criminales, y decían: “Bueno, aquí todos tienen que pagar 25 centavos”. 

Las extorsiones en colegios de Ecuador se han vuelto comunes entre los estudiantes, sobre todo en la Costa. Ilustración de Diana Salazar para GK.

Esa apropiación de la identidad criminal también empezó a reflejarse en las tareas escolares. En lugar de escribir sus nombres en exposiciones o carteles, algunos alumnos firmaban con sus alias. “Es una forma de marcar territorio, de decir: ‘Aquí mandamos’”, explica.

No solo en Manabí hay casos de extorsión entre estudiantes. En Quito, cuatro adolescentes de 16 y 17 años fueron retenidos durante un operativo policial en el sur de la ciudad en julio de 2026. Un adulto con droga también fue detenido.

Los adolescentes serían parte de un grupo que presuntamente extorsionaba a estudiantes de un colegio del sur de la ciudad, según la Fiscalía de la Unidad de Justicia Juvenil. Dos de ellos eran del mismo plantel, seleccionaban a los estudiantes y les exigían dinero a cambio de supuestamente brindarles protección. 

Quienes se negaban a pagar eran intimidados, amenazados e incluso golpeados. La Fiscalía señaló que operaban principalmente afuera del colegio, sobre todo a la hora de salida, donde golpeaban y amedrentaban a otros compañeros. Para sustentar la formulación de cargos contra los implicados, la Fiscalía presentó una valoración psicológica de una de las víctimas que reveló que, por las agresiones que había sufrido, un adolescente de 15 años tenía pensamientos suicidas.

Al extorsionar en una escuela del sur de Quito, según Herrera, un niño puede recoger hasta 200 dólares semanales por cobrar un dólar diario a sus 40 compañeros como “vacuna”. 

“Nos embobamos con 30 o 40 dólares porque para nosotros es bastante”, dijo una joven de 16 años entrevistada por Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés) en Esmeraldas.

El problema ocurre cuando los adolescentes reclutados quieren dejar de vender droga o extorsionar y deciden dejar el grupo. Marco dice que “una vez que entraste ahí, ya te vieron la cara. Ya saben quién eres, quién es tu familia. Ya eres uno de ellos, aunque tú no estés convencido”. 

Salir tiene un costo. “Siempre había que darle un ‘cariñito’ al que se voltea. Meter un disparo a un familiar tuyo, o a alguien cercano. Eso era para demostrarte que no podías irte. Y si querías hacerlo, buscaban otras formas de presionarte. Y si no cedías, e intentabas salirte, te mataban. Así de claro”. 

A pesar de eso, Marco logró salir. En 2024 hubo una balacera en la que mataron al que se identificaba como su jefe. El que años atrás se paró afuera del colegio con una cadena de oro y una sonrisa para reclutarlo. Esa muerte le abrió la puerta de escape.

Algo parecido le ocurrió a Ramiro cuando decidió alejarse. Comenzaron las amenazas. Después de dejar de asistir presencialmente al colegio, empezó a recibir amenazas de esos “amigos”.

Para su familia, que ya había huido una vez por un intento de reclutamiento, esas amenazas revivieron un trauma que creían haber dejado atrás, en otro país. Decidieron mudarse otra vez y mantener al adolescente estudiando desde casa. Hasta hoy sigue matriculado en el mismo colegio, pero no ha vuelto a las aulas.

Pese a las amenazas, los expertos insisten en que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes nunca es voluntario. Unicef lo recuerda en su estudio de 2025: siempre existe algún tipo de coerción, aunque no sea evidente. Un adolescente no tiene la madurez ni la capacidad legal para consentir su ingreso a una estructura criminal.

Verónica Supliguicha, cofundadora de la Fundación Alas de Colibrí, que atiende a víctimas de trata, dice que las organizaciones criminales captan a niños y adolescentes aprovechando sus condiciones de vulnerabilidad, pueden prometerle comida o amenazar con hacerle daño a la mamá. Asegura que, para estas estructuras, los menores son “total y absolutamente reemplazables en 24 horas”.

María José Escobar, gerente senior del programa Comunidades Seguras de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), concuerda con Supliguicha: las estructuras criminales los consideran una “mano de obra descartable” porque son los que dan la cara y le permite a los criminales en muchos casos evadir la justicia. Al permanecer en la escuela, en sus barrios y en sus hogares, pasan más desapercibidos que un adulto y pueden moverse en espacios a los que las organizaciones criminales difícilmente tendrían acceso directo. 

Desprotegidos 

Cinco encapuchados, vestidos de negro y armados, secuestran a un estudiante en el patio de un colegio de Los Vergeles, en Guayaquil. Lo suben a una motocicleta y salen por la puerta principal. Esa escena que quedó grabada en un video empezó a circular en redes sociales el 31 de mayo de 2026 acompañado de una frase: “Guayaquil es tierra de nadie”.

Cuatro horas después, el Ministerio de Educación aclaró que era un “simulacro preventivo”, supervisado por las autoridades educativas, como parte del Programa de Comunidades Educativas Seguras y Protectoras. Según la institución, la actividad fue planificada para capacitar a la comunidad educativa y fortalecer los mecanismos de respuesta ante posibles escenarios de riesgo.

“Antes enseñábamos simulacros de terremotos. Ahora enseñamos a los niños a esconderse de una balacera”, dice una profesora de Manabí.

En Ecuador, estudiantes reclutados en aulas extorsionan a sus compañeros y usan alias. Ilustración de Daniela Hidalgo para GK.

Ese programa demuestra que el propio Ministerio reconoce que el crimen organizado ya se ha infiltrado en las unidades educativas. Sin embargo, la maestra considera que los protocolos están orientados a reaccionar cuando ocurre un ataque y no a prevenir el reclutamiento ni a proteger a un niño o adolescente que ya está siendo captado por una banda criminal.

Cuando un estudiante enfrenta amenazas físicas, psicológicas o sexuales, las autoridades educativas deben activar medidas de protección sin esperar una sentencia judicial, de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación. Pero  la norma no contempla amenazas por grupos de delincuencia organizada a estudiantes. 

Eso podría cambiar. El 29 de septiembre de 2026, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para prevenir y erradicar el reclutamiento, uso o utilización de niños y adolescentes. La reforma amplía las conductas que pueden ser sancionadas: no solo contempla a quien recluta a un menor de edad, sino también a quien lo usa o utiliza para cometer delitos, por ejemplo, para vigilar, dar alertas o prestar apoyo logístico, aunque el niño no haya sido incorporado completamente a una organización criminal.

El proyecto también reforma la Ley de Educación e incluye medidas para detectar estos casos y garantizar la continuidad educativa de los niños y adolescentes afectados.

El Ministerio de Educación, consultado para este reportaje antes de que se aprobara la ley, dijo que junto al Ministerio del Interior trabaja en un documento específico para identificar, prevenir y abordar el reclutamiento en contextos asociados a grupos de delincuencia organizada. 

Mientras tanto, las escuelas recurren a las mismas medidas previstas en la Ley de Educación para otras formas de violencia, como el abuso sexual, el acoso escolar o los conflictos familiares. La norma establece que las autoridades educativas deben denunciar la vulneración de derechos ante la autoridad competente en la justicia y, al mismo tiempo, gestionar medidas administrativas de protección para garantizar que el estudiante pueda seguir estudiando.

Es decir, según el artículo 58 de la Ley de Educación, mientras la Fiscalía investiga, el sistema educativo debe adoptar medidas inmediatas, administrativas, para proteger a la víctima: separar a las partes involucradas, cambiar temporalmente la modalidad de estudios o aplicar otras acciones que evitaran una nueva vulneración de derechos. 

Ese mecanismo se incorporó en 2021, cuando se reformó la Ley. Un exfuncionario del Ministerio de Educación —hoy dedicado a la defensa de los derechos de la niñez, que pidió mantener su nombre en reserva y participó en la elaboración de esas reformas— dice que el capítulo de protección de derechos se incorporó de forma apresurada durante la campaña electoral de ese año y dejó vacíos sobre cómo aplicar las medidas y quién debía darles seguimiento. 

En muchos casos, la respuesta termina siendo que el adolescente deje de asistir a clases. 

Cuando Ramiro, el adolescente que había sido reclutado dentro de su colegio tras huir de Colombia, se fue a recibir clases en su casa, no hubo un proceso formal. No hubo una denuncia ni un certificado de riesgo. Bastó una conversación con los directivos, de que había sido amenazado por sus propios compañeros que lo habían reclutado, para que comenzara a recibir guías de estudio. 

Cuando la mamá de Pablo descubrió que había sido reclutado y era utilizado como campanero, intentó alejarlo del grupo. Cada vez que salía a trabajar, ella lo dejaba encerrado con candado en su habitación. Pero el adolescente siempre encontraba la forma de escapar. Apenas volvía a pisar la calle, se reunía otra vez con los integrantes de la organización.

Un adolescente reclutado huyó de su casa varias veces para poder juntarse con la banda criminal. Ilustración de Diana Salazar para GK.

La madre buscó ayuda. Y por recomendación de una organización internacional, pidió al colegio que dejara de asistir presencialmente. Temía que cada día de clases fuera también una nueva oportunidad para que el grupo volviera a captarlo. El colegio aceptó que continuara estudiando desde casa mediante guías impresas.

La decisión buscaba protegerlo. Pero ocurrió lo contrario.

Sin la escuela y sin un acompañamiento permanente, siguió buscando la forma de salir para reencontrarse con el grupo criminal. La educación desde casa no rompió el proceso de reclutamiento, profundizó su aislamiento.

Pocas semanas después desapareció durante casi 14 días. Cuando lo encontraron, estaba más flaco, desorientado y había consumido varias drogas. Su madre tomó entonces una decisión desesperada. Lo sacó nuevamente del país y lo ingresó en una institución de protección para adolescentes.

Hasta hoy, la psicóloga del caso no sabe qué pasó con los adultos que comenzaron a esperarlo a la salida del colegio y que lo reclutaron, o si alguna autoridad inició una investigación para identificarlos.

“La figura [enviar a los estudiantes a recibir clases en casa] existe para proteger, pero puede terminar alejando al estudiante sin asegurar un verdadero acompañamiento”, dice Paz. 

Sin un buen seguimiento, el estudio en casa también puede terminar interrumpiendo el proceso educativo del estudiante. Un padre de Manabí dice que el 23 de enero de 2026 él y su hijo de 16 años fueron atacados afuera del colegio donde estudiaba el adolescente. Su hijo recibió un balazo en la mandíbula. El colegio autorizó que recibiera un mes de clases en casa. Pero hasta mediados de mayo, todavía no le habían indicado cómo continuaría sus estudios.

Para Katherine Herrera, el problema es estructural. “No hay una política pública eficiente que prevenga el reclutamiento ni que proteja a las víctimas que forman parte de estas estructuras criminales”, dice. Además, advierte que no existe evidencia de que mantener a un adolescente en casa lo aleje del riesgo. “Es una medida que termina tratando el problema como si fuera únicamente familiar, cuando el Estado debería asumir una obligación de respuesta y solución a esos problemas”.

A esa falta de herramientas se suma otro obstáculo: el miedo.

Quishpe, de la UNE, dice que quienes deberían activar las alertas también se han convertido en víctimas. Cuando un docente intenta impedir el reclutamiento o impulsar acciones de prevención, puede terminar recibiendo panfletos, amenazas en redes sociales o intimidaciones directas. 

Algunos, incluso, son usados por el crimen. 

En Guayaquil, por ejemplo, en una institución educativa del sector de Balerio Estacio, a los padres de familia les cobran una cuota mensual de dos dólares por cada hijo bajo el argumento de garantizar la “seguridad de la escuela”, dice una joven que, además, es técnica de una fundación que trabaja con adolescentes refugiados. 

El cobro lo hacen los propios docentes, quienes llevan un registro en una agenda. Después entregan el dinero al director del plantel y este, a su vez, a miembros de grupos de delincuencia organizada que suelen llegar en motocicleta para retirarlo.

Marco, quien fue reclutado cuando tenía 12 años en Guayaquil, recuerda que en su colegio los profesores sabían lo que ocurría. Pero no se metían. 

“Es que al profe que se metía le daban vire. Así que preferían no ver, no escuchar, no hablar. No porque no les importara, sino porque sabían lo que podía pasar si abrían la boca. En ese colegio había chicos de Los Tiguerones, Mafia Glen; casi todos eran sicarios, como yo”. 

Solo entre 2025 y 2026, seis docentes fueron asesinados tras recibir amenazas vinculadas con extorsiones e intimidaciones. Otros continúan siendo amenazados. 

En agosto de 2025, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció la desarticulación de una banda dedicada a extorsionar a docentes de unidades educativas. El operativo dejó 15 detenidos tras allanamientos en Nueva Prosperina, Esteros, Guasmo Sur, Floresta y el Centro de Privación de Libertad Provisional (CDP) de Guayaquil. Según las autoridades, los sospechosos amenazaban a profesores e incluso realizaban atentados con armas de fuego y explosivos para exigir pagos.

Así, muchas escuelas en Ecuador dejaron de ser un lugar seguro y de oportunidades. El crimen, en cambio, se expande y reproduce cada día con más fuerza desde las infancias.