Luis Córdova: “Sin la ley aprobada por la Asamblea, no habría este decreto de porte de armas”

Luis Córdova es docente de la Universidad Central del Ecuador y director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia.

En esta entrevista habla sobre cómo una ley aprobada por la Asamblea —Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para fortalecer las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral— y cómo esta impactó en la decisión presidencial de flexibilizar el porte de armas. 

Córdova explica que esta ley reformó nueve leyes relacionadas a la seguridad, y advierte de ciertos riesgos que podrían significar un excesivo poder de control desde el Estado hacia los ciudadanos.

La ley reformatoria a varios cuerpos legales para fortalecer las capacidades institucionales y la seguridad integral entró en vigencia en marzo. Usted ha alertado sobre su contenido públicamente. ¿Nos puede dar el contexto de esto?

La Ley Orgánica reformatoria de varios cuerpos legales sobre Seguridad Integral tiene nueve cuerpos legales. De esos, sólo las reformas del Código Orgánico Integral Penal tienen una transitoria que establece que entrarán en vigencia 30 días después.

Entonces las demás ya están reformadas. ¿Cuáles son las leyes?

Estas leyes son la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado, Ley de Defensa Nacional, Código Orgánico Integral Penal, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica de Extinción de Dominio, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley de Telecomunicaciones y el famoso Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), que es el que regula a la Policía.

Me parece importante contextualizar por dos razones. Primero, porque la liberalización o flexibilización de la tenencia y porte de armas ha sido una demanda, viejamente establecida por algunos sectores, como los ganaderos del Litoral y del Guayas.

Este gremio decía que no hay seguridad, no hay Estado y que por eso necesitan armas para defenderse.

Exactamente. Y no es casual que el ex presidente de esa asociación sea ahora el gobernador del Guayas, Francesco Tabacchi.

Lo segundo para contextualizar es que esta ley [Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para fortalecer las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral] se vino discutiendo desde enero del 2022 hasta su aprobación en la Asamblea en enero del 2023. 

En todo ese periodo de discusión, según el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, Ramiro Narváez, jefe de bloque y asambleísta por Izquierda Democrática, se han recibido comentarios y aportes de todos los sectores.

Entonces, según la versión que él dio, cuando presentó esto [el proyecto de ley] a los asambleístas, tal vez les encandiló porque dijo que esta es una ley en la que se incorporan tipo penales como por ejemplo el de la extorsión, participación y reclutamiento de menores adolescentes en crimen organizado.

Se hicieron presentaciones de cosas aparentemente positivas para la crisis de seguridad pero cuando uno lee el contenido realmente es absolutamente preocupante. 

Pero entonces, ¿qué se discutió en la Asamblea Nacional?

Yo no conozco las observaciones que se hicieron en el primer debate. Solo leí el informe aprobado del segundo debate y el de la ley que finalmente es exactamente el mismo. 

Esto nos dice que la decisión del presidente Lasso de emitir un decreto para flexibilizar el porte de armas no fue tomada el sábado 1 de abril de 2023. 

Es una decisión que se venía trabajando con premeditación. 

Aún más cuando se toma en cuenta que el 15 de marzo de 2023, la Armada Nacional emitió una resolución con un reglamento para regular a las empresas de seguridad privada en espacios acuáticos. 

Es decir, todos ya sabían que se iba a venir este decreto ejecutivo.

Es decir que entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo sí había comunicación sobre este tema, y más bien quienes no conocían de esto era el resto de ciudadanos.

Por supuesto. 

Además, me parece que la publicación de esta ley y la sanción final del Presidente se mantuvo en stand by por los resultados contraproducentes de la consulta popular. Porque esta ley permite inclusive que los países en donde están los proveedores de plataformas de internet puedan secuestrar los datos en su territorio.

¿Qué significa esto?

Nosotros sabemos que Google, Microsoft, todas las plataformas de Internet que usamos, tienen sus bases de datos en territorio de Estados Unidos. Con esta ley que se acaba de aprobar, Estados Unidos podría secuestrar todos los datos de aquellos que, supuestamente, están involucrados en crimen organizado y procesarles desde la justicia estadounidense. 

Si en el referéndum se aprobaba la pregunta sobre la extradición, esto calzaba como un perfecto rompecabezas. 

Esta era la ficha que entraba a la perfección. Pero cuando se cae la pregunta del referéndum, se quedan un poco atónitos sobre qué hacer y no les ha quedado más que ir avanzando con esta decisión. 

Por eso digo que no se puede avanzar en esta ley si no se entiende la estrategia que está impulsando Estados Unidos sobre Ecuador para intervenir en todos los sectores bajo el cuento de, por un lado, alejar a China, y por otro, ayudarnos con la lucha contra la delincuencia.

¿Y cuáles son las alertas principales sobre estas reformas? ¿Qué debería preocuparnos y en qué deberíamos concentrarnos? 

Me parece que hay tres cosas fundamentales. La primera que tiene que ver con la permisividad: se crea toda una sección en el Código Orgánico Integral Penal con varios artículos para facilitar lo que ellos llaman la “captación de datos informáticos”.

¿Qué significa?

En  esta captación de datos informáticos se crea la figura del agente informático encubierto según la cual, el fiscal, sin autorización judicial y solo por pedido de la Policía, puede autorizar que un policía se infiltre con identidad cubierta en foros [virtuales]. 

Así dice textualmente la norma. Se puede infiltrar en chats y el resto de plataformas para realizar patrullajes y barrido informático para prevenir delitos o para recopilar evidencia de delitos que se han cometido.

¿Esto significa, por ejemplo, que en un chat de periodistas o de abogados podría infiltrarse un policía sin que un juez haya autorizado y sacar información que sea sensible?

En un estado de derecho, si un policía consigue información sin autorización judicial eso no sirve como forma de incriminación. Ahora, sí va a servir. Y no sólo eso, sino que se autoriza [el uso de] todos los datos digitales de las cámaras de videovigilancia que están en los espacios públicos para que puedan ser medios de prueba en audiencias. 

Incluso se agrega aquellas imágenes o audios captados por tecnología de provisión y de dotación de militares y de Policía. 

Es decir, ¿espionaje?

Claro. Es decir, claramente se abren las puertas para que construyamos un gran aparato de espionaje, desde la Policía y de las Fuerzas Armadas, sin control judicial. 

En otras palabras, sin control democrático porque lo único que nos garantiza que alguien que está vigilando a alguien lo haga con mesura y con contención es que exista un debido proceso. 

¿Es decir, una orden judicial?

Exacto. Si es que esto no existe estamos ya hablando más de un Estado policiaco y totalitario que de un Estado democrático 

¿Y esto puede ser utilizado también en contra de opositores, por ejemplo?

Por supuesto. Recordemos la experiencia de Rafael Correa. 

Ellos contratan en el 2012 el paquete del famoso programa Galileo, de fabricación italiana, que fue denunciado en 2015. 

Se hizo pública una denuncia de que se compraba solo por parte de los gobiernos, incluso hay un libro muy importante de Juan Carlos Calderón en el que demuestra con lujo de detalles cómo se utilizó esta tecnología para espiar a líderes sociales de la Conaie y a los Yasunidos.

Entonces, ¿no es muy distinto? 

Es mucho más grave porque el programa Pegasus —de fabricación israelí— que, muy probablemente, será la adquisición estrella del gobierno ecuatoriano…

 ¿De este gobierno?

De este gobierno. Porque recordemos que en noviembre estuvo aquí una comisión israelí y el Ministro habló de 700 millones de dólares en compras.

¿Ese monto podría estar destinado para financiar el programa Pegasus?

Podría ser esto y otras cosas más. Pero este programa Pegasus es mucho más grave porque infiltra y genera una identidad de espejo desde la cual se puede rastrear absolutamente todo.

¿Sería legal su uso?

Es evidentemente inconstitucional. 

Es evidentemente una violación flagrante de los derechos humanos. Pero a la luz de esta ley, al menos tendrían un respaldo para justificar y tratar de evadir la justicia. Creo que esta es la primera cosa que hay que poner alerta. 

La segunda cosa muy grave son las prerrogativas que han logrado las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional bajo el argumento de dar seguridad. 

Uno de los problemas centrales que reforma esta ley es que para todo contacto que tenga que ver con sectores estratégicos y servicios públicos, se deberá constar con una cláusula especial de seguridad. 

Es decir, para que la Policía y las Fuerzas Armadas den garantías de seguridad a un inversionista que quiera hacer un nuevo pozo petrolero o quiera hacerse cargo de alguna concesión minera.

Esto puede ser entendido como que el Estado está intentando dar garantías a las inversiones. ¿Por qué eso sería algo malo? 

El Estado está intentando dar garantías a las inversiones con el uso de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. 

¿Por qué es algo malo? 

Porque el modelo extractivista lo que hace es vulnerar los derechos colectivos de los ciudadanos y los pobladores de las localidades.

Es decir, ¿puede ser una imposición a la fuerza?

Lógico. 

¿Por qué? 

Por ejemplo, hubo tanta conflictividad en torno al proyecto minero en Intag porque no se ha hecho consulta previa, libre e informada, cuando esa es una un derecho colectivo registrado.

Ya no habría necesidad de que alguien se oponga porque van a poner a militares y, por la fuerza, imponer un modelo económico. Esto es enormemente peligroso porque ya tenemos experiencia de lo que ha ocurrido en Colombia, en donde los paramilitares se iniciaron financiados por la Asociación de Ganaderos del Urabá. 

Eran ganaderos que bajo el argumento de luchar contra los extorsionadores, los delincuentes y los guerrilleros, crearon ejércitos privados para defenderse. Y de ahí la historia de la guerra que se generó, de la sangre que se generó en Colombia. 

Acá estamos a un tris de que eso ocurra.

¿Todo esto que usted menciona podría abrir la puerta al paramilitarismo? 

Por supuesto que sí.

Con la tenencia y el porte de armas, tal como está ahorita, se abre esto porque va a haber un enorme mercado, mucho más grande, de armas en el Ecuador que fácilmente van a ser traficadas. 

Esto de que las armas registradas no van a ser usadas para delito es una tomadura de pelo. 

No solo que son usadas sino que las armas de dotación militar y policial terminan siendo usadas por la delincuencia porque no hay mecanismos de transparencia que permitan verificar y supervisar qué están haciendo con el rastrillo policías militares.

Ya ocurrió en el cuartel Modelo de Guayaquil, donde se perdieron armas.  

Por supuesto. 

A mí me parece que aquí hay una confluencia de intereses bastante delicados. 

El primero, si es que esta decisión no se tomó el día sábado sino que estuvo pensada desde mucho atrás ¿porque se tomó el día sábado? Esa es la pregunta. 

Usted mencionaba al inicio tres elementos fundamentales a tomar en cuenta en estas reformas. El primero es el ciberespionaje. ¿El segundo?

El segundo elemento es el papel de las Fuerzas Armadas y el poder de preeminencia que están adquiriendo sobre el poder civil en ámbitos que no son de seguridad y defensa. 

Ahora resulta que los sectores estratégicos son también considerados seguridad y defensa. 

Esto se inscribe en la lógica de la doctrina que está impulsando y promoviendo el Comando Sur de los Estados Unidos. 

Ellos le denominan la disuasión integrada, que es una nueva forma de denominar a la vieja doctrina de seguridad nacional donde el enemigo está internamente, en la sociedad. Ahora el enemigo no son los comunistas sino el crimen organizado, los narcotraficantes.

¿Y bajo esa lógica se justifica retirar ciertos derechos a la población por un “bien mayor”?

Exacto. Y además se justifica que las Fuerzas Armadas se inmiscuyan en la economía, en la sociedad civil.

¿Esto es entregarle demasiado poder a las Fuerzas Armadas y a la Policía, en donde además ha permeado el crimen organizado?

Es abrir la puerta. Es abrir la caja de Pandora para que salgan todos los demonios que aún nos falta por conocer.

Como sociedad estamos enfrentando un problema absolutamente grande por dos razones. Porque ni los medios están observando la lógica con la que se está construyendo la política de seguridad y todo nos parece que es una locura. 

Pero en realidad está clarísimo hacia dónde apuntan y lamentablemente los actores políticos de oposición al gobierno no les interesa estar porque me parece que, sobre la base de esto, se está forjando un pacto político que le dé estabilidad al gobierno de Lasso. 

Creo que no va a haber éxito en el juicio político. Y este pacto tiene que ver con los negocios más rentables del país, no solo minería y petróleo, sino algo que es más importante y que hasta el día de hoy nadie dice una letra: la renegociación de los contratos de telefonía celular. 

En mayo tiene que firmarse sí o sí porque ya se acabaron las concesiones de telefonía. Y esos son contratos de telecomunicaciones, el recurso estratégico económico más importante del mundo y del Ecuador: los datos. 

Es el nuevo petróleo del siglo 21. Entonces ¿quiénes controlaron y quiénes armaron todo el teje y maneje de las telecomunicaciones? ¿Quién estuvo a cargo de los sectores estratégicos durante los 10 años del correísmo? El señor Glas. Y acordémonos que en el Ecuador la única empresa que tiene la fibra óptica…

Telconet

Y la cercanía que ha tenido. Entonces, eso que se está pactando realmente es la continuidad o no del gobierno de Lasso. Y por eso los asambleístas apoyaron esta ley tan atroz en temas de seguridad, tal como lo hicieron con la Ley Tributaria.

¿Cómo se benefician UNES y el Partido Social Cristiano con todo esto?

Me parece que se benefician porque hay un reparto de por medio. De quiénes van a aprovechar, no sólo de los contratos, sino del acceso a esos datos y del uso de estos datos.

Recordemos que ahora mismo Telefónica o Movistar está proveyendo como servicio no sólo telefonía celular, datos, televisión, sino inteligencia de mercado porque con todos los datos cautivos que tienen, pueden hacerlo. 

Este es el nuevo mecanismo de la economía global. Entonces no estar discutiendo esto es la peor omisión que podemos hacer como sociedad. 

Todo lo que han montado de juicio político y todo lo que están alimentando es para distraernos sobre lo que realmente importa en el país que es quién va a llevarse este gran negocio. Lo que está en juego es precisamente lo que discutíamos, el derecho a la privacidad de mis datos. 

Ya vemos lo que ha pasado en Estados Unidos con TikTok por las vulnerabilidades que existen. Vimos cómo hace años el propio Donald Trump llevó al Congreso al dueño de Facebook.

Ecuador es el único lugar donde creemos que estar con celulares con seguridad cuando realmente es la puerta para la vulnerabilidad.

¿Cuál es el tercer punto al que hay que poner atención de esta reforma?

El tercer punto qué me parece clave en esta Ley tiene que ver con la expansión de esta guerra contra el narcotráfico. Se expanden nuevamente los delitos de tráfico de tenencia de estupefacientes, se crea una figura bien preocupante que es la del colaborador del crimen organizado. 

Esta figura es peligrosísima. Está en la reforma del COIP. Se reforma el artículo 369 del COIP y se incorpora en un inciso que dice “ colaborador”. 

Por colaborador se entenderá a quien ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos, científicos, ya sea de manera ocasional o permanente remunerados o no con el propósito de servir o contribuir a fines ilícitos de la organización“. 

O sea, un contador que le contratan el día de mañana para que haga una declaración y le dicen estos son los estados de cuenta y él hace la contratación, perfectamente puede ser mañana incriminado por el crimen organizado.

Si es que el contador no sabe que esa organización es de crimen organizado porque es contratado por una empresa cualquiera, dice usted.

Claro, ¿porque acaso el crimen organizado actúa con un membrete que dice “yo soy delincuente”?

El crimen organizado se infiltra en la empresa privada formal. Actúa desde estructuras formales. Se vale de ingenierías y de arquitecturas financieras para mover sus capitales.

Con esta norma, cualquier persona, incluso periodistas, incluso asesores de comunicación o de imagen que, técnicamente, les preste alguna ayuda  [sin saber] podrían, el día de mañana, terminar vinculados a una estructura criminal.

O sea, la expansión de este derecho punitivo es de tal nivel de magnitud que lo que se ha hecho es realmente socavar enormemente la posibilidad de que de aquí en adelante podamos tener garantías para una investigación justa.

En estas reformas se ha hablado también de la fabricación de armas.

El decreto ejecutivo 707 permite esto de las armas. 

Ratificando lo que ya estaba desde el 2013, prohíbe la fabricación de armas artesanales, pero le permite la fabricación de armas y de explosivos, gases y todo esto sólo empresas cuya mayoría accionaria le pertenezca a las fuerzas armadas o al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). 

¿Por qué eso es un problema?

Porque parece que con eso nosotros estamos duplicando el poder económico de las Fuerzas Armadas.

Pero, ¿no sería peor entregarle eso a una persona civil?

No, no. Simplemente debería prohibirse la fabricación de armas porque no tenemos control sobre lo que ya existe. 

Crear la posibilidad de una fábrica de armas sería abrir las puertas para que esto sea mucho más complejo. Ahora ¿por qué se hace todo esto? 

Creo que ahí hay intereses de por medio, muy graves. De las fuentes oficiales que hemos conocido, Israel está interesado, por ejemplo, en poner una escuela de Inteligencia para Sudamérica. 

Para que sea más barato [instalarla], una escuela de Inteligencia debería generar su propia tecnología. Entonces yo creo que hay intereses económicos jugosos, con datos de por medio, que están emocionando al gobierno por la posibilidad de hacerse negocio ellos, no para el beneficio del país, sino para ellos. 

Eso explica, además, una animosidad muy fuerte por entregar los espacios de seguridad a empresas de seguridad privada porque si se revisa, y esto es información pública, la gran parte de accionistas de las principales empresas de seguridad privada son oficiales de policías y militares en servicio pasivo. 

Esto es conocido desde hace tiempo atrás y lo que hace es realimentar, acumular un enorme poder económico.

Dos temas finales ¿cuáles son los efectos inmediatos de estas reformas para los ciudadanos?

Me parece que el efecto inmediato es la pérdida de garantías del debido proceso, la exposición a ser procesados. Si tú eres incómodo para el gobierno de turno podrían involucrarse como parte del crimen organizado bajo cualquier condición. 

Es una forma de represión, no van a esperar que salgan a las calles. A los nuevos dirigentes les podrán involucrar al crimen organizado bajo cualquiera de estas figuras y será muy difícil que se hagan protestas en las calles. 

Por otra parte, esta es una amenaza enorme porque tendremos a agentes de guardias privados de seguridad convertidos en delatores, que es otra de las reformas. Ahora se les obliga a delatar cualquiera acto de sospecha, no dice un acto de delincuencial, dice que si sospecha que está cometiéndose algún delito, tiene que inmediatamente llamar y comunicarlo. 

Además les da la autorización para que los guardias civiles de puntos fijos tengan que hacerse cargo también de sus alrededores. Esto es una locura, solo es propio de la Gestapo en la en la Alemania nazi o en los espacios totalitarios.

Con todas estas medidas, ¿no va a reducir la criminalidad?

Por supuesto que no lo va a hacer porque la criminalidad no solo tiene que ver con estructuras organizadas, sino principalmente con inteligencia financiera en la ley. 

Lo sorprendente es que queremos enfrentar al crimen organizado y no hay una sola norma que potencie a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

¿Para detener el dinero ilegalmente adquirido?

Es decir, no se quiere investigar el flujo de los capitales porque al rato que se investigue, tal vez se encuentra con sorpresas incómodas para los empresarios. 

Es ahí a donde debería apuntarse, a transparentar los mecanismos de rendición de cuentas. Debería apuntarse en una reforma integral de los aparatos para desmilitarizar a la Policía que está enormemente inmiscuida en una lógica belicista. Y deberíamos fortalecer a la justicia.

El presidente de la Judicatura acaba de poner una acción de protección para pedir presupuesto. Nada de eso está en la ley. 

Estas reformas se hacen a partir de una premisa absolutamente falsa de que Policía y Fuerzas Armadas son instituciones impolutas, y que más bien si les damos más fuerza, ellos van a ser nuestros guardianes. 

Por favor, eso no es sostenible bajo ningún concepto.

¿Cuál es la responsabilidad de la Asamblea Nacional en esto?

La Asamblea tiene una enorme responsabilidad. Primero porque tendrá que explicar por qué esta segunda ley fundamental para el proyecto de Lasso acaba de pasar a la conveniencia de todos los sectores.

¿Sin la Asamblea no habría este decreto presidencial? 

Sin esa ley no habría ese decreto. Primero porque tenían que modificar el tipo penal. 

Sin esta ley no sería efectivo el decreto ejecutivo de porte de armas. Los asambleístas son totalmente responsables.