El caso Gabela, explicado

El caso Gabela pudo iniciarse la noche del 19 de diciembre de 2010. Ese día unos desconocidos siguieron a Sofía Gabela, la hija del general de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, hasta el interior de su casa, en una urbanización privada en Samborondón. Durante una hora y media, el vehículo la había seguido en su trayecto hasta regresar a su casa.

Los criminales consiguieron entrar sin problema a la urbanización. No se supo cómo lo lograron.

Cuando Sofía estaba fuera de casa a punto de entrar, los hombres corrieron hacia ella. Los gritos de Sofía Gabela despertaron a su padre, quien salió corriendo a auxiliarla. En el vestíbulo de su casa, el general Jorge Gabela recibió un disparo. 

Su hija vio cómo, a la altura de una de sus clavículas, la bala lo hería. Fue atendido de inmediato. Luego de dos operaciones que intentaron corregir los daños, el general falleció el 29 de diciembre de 2010.

Las investigaciones de las autoridades de entonces arrojaron como resultado que el general Gabela fue asesinado por delincuencia común, por criminales que habían seguido a su hija para robar en su casa. Pero de la casa no se robaron nada. Esta versión de funcionarios —algunos ministros— del gobierno de Rafael Correa se ha mantenido a lo largo de 13 años.

Pero, para muchas personas cercanas al caso —como Patricia Ochoa, viuda del general— esta explicación no es y nunca fue cierta.

Por eso, en realidad, esta historia también podría iniciar en otro momento: el 27 de octubre de 2009. 

Ese día se accidentó el primer helicóptero Dhruv, un tipo de nave multifunción, de carácter militar, fabricada por la empresa de origen indio Hindustan Aeronautics Limited (HAL). En agosto de 2008, el Ministerio de Defensa compró siete de estos helicópteros por un valor de 45,2 millones de dólares. 

La compra se hizo luego de que Jorge Gabela dejara de ser comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) —cargo que cumplió entre 2007 hasta abril de 2008. ¿Por qué? Porque Gabela se negó a que se hiciera esa compra porque, él argumentaba, los Dhruv no tenían garantías técnicas para su operación en Ecuador.

Una vez que Jorge Gabela salió de la Comandancia de la FAE, el general Rodrigo Bohórquez, su sucesor, concretó la compra. La primera de este tipo que HAL hacía en América Latina.

La Comisión que se creó por insistencia de la familia

Con el accidente de octubre de 2009, que dejó dos heridos, la preocupación del general Gabela sobre esta compra se hizo realidad. 

Y eso significó que muchas de sus denuncias sobre las compras de estos helicópteros, realizadas por el general Gabela, volvieran a surgir. Especialmente en la Asamblea Nacional y en denuncias realizadas por asambleístas ante la Fiscalía.

El del 27 de octubre de 2009 no fue el único de los Dhruv que se accidentó. Entre 2009 y 2015, cuatro de los helicópteros tuvieron accidentes y los tres que quedaron no pudieron ser utilizados más. En los accidentes fallecieron tres soldados.

Gabela tenía razón y su familia sostiene que su muerte podría relacionarse con su rechazo a la compra de los helicópteros. “Estoy convencida de que a mi esposo lo mataron por denunciar la corrupción”, ha dicho en varias ocasiones Patricia Ochoa, viuda del general. Ella también ha denunciado el seguimiento al que estaba sometido su esposo y su familia por parte de las Fuerzas Armadas. 

De acuerdo a la revista Plan V, miembros de inteligencia de la FAE le habrían dicho a Gabela que “personal de inteligencia del Comaco (Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador) le estaba siguiendo”. Para los Gabela, luego del primer accidente del Dhruv, estos seguimientos se hicieron más intensos. 

Cuatro personas fueron detenidas y acusadas por la Fiscalía por el asesinato de Gabela —bajo la etiqueta de delincuencia común. En julio de 2012, tres de ellas recibieron una sentencia de 25 años como autores del crimen y otra fuera sentenciada a 12 años como cómplice. A pesar de ello, la familia siguió insistiendo. El rostro de Patricia Ochoa se volvió familiar en los medios de comunicación del país.

Ella desconfiaba del resultado de la investigación fiscal y del juicio.

La Ministra de justicia Ledy Zuñiga entrega el informe sobre la muerte del general Jorge Gabela a su esposa, Patricia Ochoa. Fotografía de agencia Andes bajo licencia CC BY-SA 2.0

Pedía que se volviera investigar el asesinato de su esposo, porque para los Gabela había una relación directa entre la compra de los defectuosos Dhruv y el asesinato del general.

El 3 de octubre de 2012, a través del decreto 1317, el presidente Rafael Correa creó una comisión interinstitucional para investigar una vez más el asesinato. Esta comisión interinstitucional estuvo integrada por más de 20 funcionarios del gobierno de Correa. Entre ellos:

• Vinicio Alvarado, entonces secretario de comunicación 
• Homero Arellano, entonces ministro coordinador de Seguridad 
• Miguel Carvajal, entonces ministro de Defensa 
• Fernando Cordero, entonces presidente de la Asamblea 
• María Fernanda Espinosa, entonces canciller 
• Lenín Lara, entonces ministro de Justicia
• César Navas, entonces ministro del Interior 
• Johanna Pesántez, entonces ministra de Justicia 
• José Serrano, entonces ministro de Justicia y del Interior 
• Pedro Solines, entonces secretario de la Administración
• Ledy Zúñiga, entonces ministra de Justicia

Eso sí, esta nueva investigación tuvo algo nuevo: un peritaje internacional. El gobierno contrató al perito argentino Roberto Meza, quien ya había trabajado en otros peritajes para el mismo régimen.

El resultado de la investigación 

Para 2013, el trabajo del perito Meza finalizó con tres productos. Los dos primeros, sobre la investigación realizada, fueron entregados.. El tercero, que hacía referencia a los presuntos autores intelectuales del crimen, simplemente desapareció.

Es decir, no existe registro público de ese informe. Esto, pese a que Meza confirmó ante medios que lo había entregado.

En 2018, la Contraloría General del Estado determinó que ese informe no fue entregado en su momento, en 2013, en la época de Correa. Ese mismo 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno, un informe elaborado por la Asamblea Nacional concluyó que hubo inconsistencias en el manejo de este tercer producto y que este sí fue entregado al Ministerio de Justicia. Pero en los archivos de este ministerio solo se encontró un informe que sostenía que el crimen de Gabela fue producto de delincuencia común. Un resultado que no era al que el perito Meza había llegado.

Ese informe que apareció no tenía firmas de responsabilidad; es decir, no se sabe quién lo hizo. 

Ese 2018, la Asamblea pidió que la Fiscalía y Contraloría investiguen quiénes son los responsables de lo que pasó con este tercer informe del perito Roberto Meza. 

Esto abrió nuevas esperanzas a la familia de Gabela de encontrar una respuesta. Pero los problemas siguieron apareciendo. El mismo año —2018— Patricia Ochoa presentó una demanda por acceso a información pública, para que le dieran ese tercer informe. La justicia falló en su contra en primera instancia y durante la apelación.

En medio de estos procesos, la presidencia de Lenín Moreno entregó lo que se supone eran partes de ese tercer informe, que habían encontrado en el Ministerio de Justicia. Pero la información fue insuficiente.

Una vez que la justicia falló en contra de Patricia Ochoa, la Defensoría del Pueblo auspició el pedido de acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional el 30 de agosto de 2018. Este pedido fue admitido en mayo de 2019.

Y luego de casi 4 años, llegó una sentencia favorable. La Corte Constitucional sentenció el 9 de febrero de 2023 a que la Presidencia de Ecuador entregue, en un lapso de tres meses, ese tercer informe a la viuda del general Gabela.

Una decisión que, en teoría, podría darle la vuelta al caso. Pues ese tercer informe podría dar luces y permitir que se reabra el caso Gabela.

Una nueva comisión

Con la sentencia de la Corte Constitucional publicada, el gobierno de Guillermo Lasso empezó a trabajar en un mecanismo para conseguir ese tercer informe. El 14 de marzo, la Presidencia presentó una nueva comisión que se encargará de coordinar la entrega del informe del perito Meza.

Esta comisión está integrada por:

• Jeannine Cruz: ex asambleísta y actual presidenta del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom). Además fue parte de la mesa legislativa que elaboró el informe de 2018.
• Sebastián Palacios: ex asambleísta y actual ministro de Deporte. También fue parte de la mesa legislativa que elaboró el informe de 2018.
• Arturo Moscoso: director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador.

El perito Roberto Meza confirmó a Ecuavisa que el martes 21 de marzo de 2023 se reunirá por primera vez con la comisión para acordar las condiciones para que él regrese a Ecuador. Una de las más importantes es la seguridad para él y su equipo. 

Meza llegaría a fines de marzo a Ecuador para trabajar en la reconstrucción del informe. 

La Presidencia tiene hasta el 17 de mayo de 2023 para entregar el informe.