A la 1:45 de la tarde hoy, 13 de septiembre, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, anunció en un tuit que solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que señale un día y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de 15 personas investigadas por presunto peculado en la adquisición de los helicópteros Dhruv hecha en 2008.
Entre las personas investigadas están los ex ministros de Defensa, Javier Ponce y Wellington Sandoval. Además, serán procesados tres generales de la Fuerza Aérea: Carlos Morales, ex director ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional, Leonardo Barreiro, ex jefe de Estado Mayor de la Fuerzas Aérea Ecuatoriana (FAE) y Rodrigo Bohórquez, excomandante de la FAE.
El caso Dhruv, explicado brevemente
De las siete naves, cuatro se accidentaron entre 2009 y 2015.
El primer helicóptero se accidentó el 27 de octubre de 2009 durante una ceremonia militar en el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Como resultado hubo dos heridos. El segundo fue el helicóptero presidencial, que se precipitó al suelo en Chimborazo el 20 de febrero de 2014 mientras cubría la ruta Guayaquil-Quito. En aquel accidente murieron tres militares.
El 13 de enero de 2015, en una misión de entrenamiento, un tercer Dhruv cayó sobre un reservorio en Chongón, cerca de Guayaquil. Nadie murió en el incidente. Seis años después, el 27 de enero de 2015, pocos minutos después de haber despegado del Tena, el mismo helicóptero cayó y tampoco hubo víctimas mortales.
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El general Jorge Gabela tuvo tal convencimiento sobre el peligro que representaban estos helicópteros y se opuso públicamente a su adquisición. El 3 de febrero del 2010 se presentó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para hablar sobre el proceso de adquisición de los helicópteros Dhruv y ahí manifestó que mientras estuvo en el cargo fue “perseguido” por no dar paso a su compra.
El excomandante Jorge Gabela fue atacado con un arma de fuego el 19 de diciembre del 2010, mientras estaba en la puerta de su casa, en Samborondón. Murió diez días después en la clínica Luis Vernaza, de Guayaquil. Desde entonces, Patricia Ochoa, su esposa, ha sostenido que su intuición le dice que el motivo del asesinato fue que Gabela se opuso a la compra de los helicópteros, pero que no dispone de las pruebas necesarias para comprobarlo.
No es la única que ha relacionado el asesinato de Jorge Gabela con la compra de los helicópteros, ya que fue un opositor declarado. El perito Roberto Meza, contratado por el Estado en el 2013 para investigar este caso, dijo que el asesinato tuvo relación directa con las denuncias sobre la compra de helicópteros Dhruv, declaraciones que fueron sustentadas en el “tercer informe” que él elaboró y cuya ubicación se desconoce.
Al inicio, la muerte de Gabela se investigó como un asesinato vinculado a la delincuencia común, incluso, varias personas fueron investigadas en este caso: T. Melendres, J. Sánchez, J. Arias, T. Terán y M. Torres, pero las nuevas investigaciones están dirigidas hacia la ejecución extrajudicial, realizada en el gobierno de Rafael Correa.
El 18 de diciembre de 2020, la Fiscalía pidió que se reabra la investigación de la compra de los helicópteros Dhruv que fue archivada en 2016. Según un comunicado de la Fiscalía de ese entonces —que estaba dirigida por Galo Chiriboga—, la decisión se tomó después de que la “Contraloría no determinó indicios de responsabilidad penal. Sin este requisito de procedibilidad, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, decidió desestimar la indagación previa”. En esa época, toda investigación por peculado precisaba de un informe de la Contraloría que señalara la existencia de indicios de responsabilidad penal. Este requisitos fue derogado en 4 de julio de 2019, después de que nueve jueces de la Corte Constitucional declararon inconstitucional el artículo 581 del COIP, numeral 3 inciso final.
Un año antes, el Ministerio de Defensa determinó que se habían respetado los procedimientos técnicos y legales para realizar la adquisición de los helicópteros. El mayor Marco Flores, jefe de mantenimiento de las aeronaves de la aviación del Ejército de ese entonces, dijo que “una vez realizado el procesamiento de la información pertinente llegamos a determinar que una de las empresas cumplía con todos los parámetros establecidos”.
¿Cuál es el delito que se investiga?
Se investiga peculado, que estaba tipificado en el Código Penal que ahora está derogado. En el COIP también se encuentra tipificado este delito en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que dice que los servidores públicos que abusen, se apropien o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Además que quedarán incapacitadas de por vida, para el desempeño de todo cargo público o en entidad financiera.
