La Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual fue aprobada por la Asamblea Nacional el 17 de diciembre de 2022. Este es el primer proyecto económico urgente enviado por el gobierno de Guillermo Lasso que se aprueba de forma unánime por el Legislativo. Los otros han sido rechazados o aprobados en medio de controversias y confusiones. En los próximos 30 días, el presidente Lasso deberá decidir si aprueba u objeta la ley total o parcialmente.
Según un comunicado de la Asamblea Nacional del 17 de diciembre, el objetivo de la ley es “dar impulso a la inversión, competitividad internacional y producción audiovisual y cinematográfica”. Por eso el texto propone modificaciones para las inversiones de la economía digital, beneficios tributarios para fomentar la producción audiovisual y cambios en el currículum educativo.
Estos son 5 de los principales cambios de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual.
La transformación digital
Según la ley aprobada por la Asamblea, la transformación digital es “el proceso continuo de adopción multimodal de tecnologías digitales que cambian fundamentalmente la forma en que los servicios gubernamentales y del sector privado se idean, planifican, diseñan, implementan y operan”.
Se hace con el objetivo de que se mejore su eficiencia, seguridad, certeza, velocidad y calidad de los servicios, dice el texto. Además, para que se optimicen costos y se mejoren las condiciones de transparencia de los procesos.
En sus 88 artículos, la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual hace varias modificaciones para tratar de avanzar hacia este proceso. Uno de los más grandes está relacionado con la educación.
En su artículo 33 la ley dice que las escuelas, colegios y universidades deben “determinar dentro de sus ofertas educativas programas o materias que, por su naturaleza, puedan ser cursadas por los estudiantes de manera virtual, incluyendo su educación”. El texto dice que las condiciones de este y otros cambios serán profundizadas en el futuro reglamento de la ley.
Parte de las modificaciones es que las instituciones de educación superior públicas y privadas, deben adecuar programas de estudios “al entorno virtual”, dependiendo de la naturaleza de la carrera o del posgrado, para que sus estudiantes puedan escoger.
Además, las instituciones de educación superior deberán tener al menos un 5% de profesores titulares contratados que trabajen de forma virtual, sin perjuicio de su lugar de residencia. El objetivo de este cambio, dice la ley, es:
- Contribuir al desarrollo del aprendizaje en línea
- Fomentar la internacionalización de la oferta académica
- Promover el intercambio de experiencias y la integración de docentes dentro y fuera del país
Para cumplir con esto, la ley dice que el Estado debe promover la educación y alfabetización digital en el Sistema Nacional de Educación, para que los estudiantes adquieran las capacidades necesarias para adaptarse a las nuevas tecnologías. El encargado de coordinar esos programas será el Ministerio de Telecomunicaciones, el ente encargado de la transformación digital.
La producción audiovisual
Los cambios relacionados a la producción audiovisual en el país han sido de los más discutidos.
Originalmente, la propuesta del despacho del presidente Guillermo Lasso se enfocaba en darle al sector un régimen especial de exoneración de impuestos.
Esta exoneración de impuesto para compra e importación de equipos ya se venía hablando desde hace 4 años, pero no se había concretado. Desde que se propuso originalmente y en el proceso del debate de la ley, el sector audiovisual insistió que la exoneración de impuestos y la facilidad para importar equipos no era suficiente.
Por eso, diversos profesionales y asociaciones ligadas al sector se juntaron para exponer sus propuestas a la Comisión de Desarrollo Económico, de la Asamblea Nacional, que fue la encargada de revisar el proyecto del Ejecutivo, ajustarlo y presentar el informe para segundo debate en el pleno. Un informe que fue aprobado casi duplica el número de artículos del proyecto de ley que envió Lasso.
Los cambios serán:
- Dar un Certificado de Inversión Audiovisual (CINA): un documento que funcionará como crédito tributario de los impuestos del Servicio de Rentas Internas (SRI). La institución dará el certificado a favor de productoras nacionales y extranjeras para que el crédito tributario se aplique hasta por el 37% de los costos en los que incurran en Ecuador por las producciones, incluyendo servicios audiovisuales y logísticos.
- Exonerar del impuesto de salida de divisas (ISD) a:
- Los pagos por la importación de equipos y otros bienes destinados a la producción, promoción y difusión audiovisual local y extranjera en Ecuador.
- El pago de los salarios, honorarios, remuneraciones o viáticos a personas naturales y jurídicas que residan en el extranjero y que presten servicios a la producción audiovisual nacional y extranjera en Ecuador.
- Exonerar del impuesto a la renta en pagos hechos por personas naturales o jurídicas que residan en el extranjero pero que trabajen en la producción audiovisual hecha en Ecuador.
- Exonerar del impuesto al valor agregado (IVA) a los servicios digitales avalados por el SRI cuando preste sus “conocimientos, bienes o cualquier otra clase de apoyo técnico a la al desarrollo, preproducción, producción, postproducción y distribución” de todas las etapas de producción de contenidos audiovisuales nacionales.
Aquí puedes leer más sobre los incentivos para el sector audiovisual.
Los asambleístas cantando el himno nacional en la sesión en la que aprobó la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea bajo licencia CC BY-SA 2.0.
La firma electrónica
La ley propone expandir el uso de la firma electrónica. En su artículo 22, la ley aprobada por la Asamblea dice que los organismos de administración pública y del sector privado “deberán implementar y aceptar dentro de sus diferentes procesos el uso de la firma electrónica por parte de los administrados”. Sin embargo, en un artículo posterior especifica que se deberá verificar su veracidad con un software autorizado por el Ministerio de Telecomunicaciones.
Además, dice que “bajo ningún concepto o escasez de recursos” los organismos del Estado podrán negar la recepción de los documentos con firma electrónica ni exigir que se presente la firma física.
La ley también modifica varios cuerpos legales para que la firma electrónica sea aceptada en las letras de cambio, pagarés, entre otros documentos.
Aquí puedes ver un paso a paso para obtener la firma electrónica.
La ciberseguridad
La seguridad es indispensable para el desarrollo tecnológico. Para tratar de garantizarla, la ley dice que se hará un Marco de Seguridad Digital que involucra a varias instituciones, como:
- El Ministerio de Defensa que dirige, supervisa y evalúa las normas en materia de ciberdefensa.
- El Centro de Inteligencia Estratégica que es la autoridad técnica normativa que emite, supervisa y evalúa las normas sobre inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital.
- El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Policía Nacional, Fiscalía General del Estado y Corte Nacional de Justicia que dirigen, supervisan y evalúan las normas sobre ciberdelincuencia.
- Otras entidades de la administración pública que establecen, mantiene y documentan un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
La ley también modifica la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para especificar que una de las funciones de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) es garantizar la ciberseguridad.
Además, dice que el Ministerio de Telecomunicaciones, como ente rector de la transformación digital, debe “emitir las directrices y establecer los parámetros en materia de la seguridad de la información y ciberseguridad”.
La protección de datos es una preocupación recurrente en el país. En 2019 se filtraron datos sensibles de millones de ecuatorianos por faltas de seguridad de la empresa Novaestrat. Ahí se hicieron públicos datos como nombres, fechas de nacimiento, direcciones físicas, correo electrónico y números telefónicos e información financiera.
También en 2019, una base de datos de la compañía de seguros Liberty expuso información personal y sensible de personas que no eran sus clientes. En febrero de 2021 una base de datos del Banco Pichincha estuvo expuesta por un fallo en los sistemas de uno de sus proveedores.
Los problemas de protección de datos no solo pasan en Ecuador. En marzo de 2022, un informe del Instituto Latinoamericano de Ciencia y Tecnología Simón Rodríguez reveló que las empresas, gobiernos y bancos a nivel global están preocupados por el incremento de denuncias por delitos informáticos. El reporte dice que estos crímenes movilizan más dinero que el narcotráfico a nivel global y que obtienen alrededor de 6 billones de dólares anuales.
Los residuos digitales
La ley dice que el Ministerio de Telecomunicaciones deberá hacer un reglamento para tratar de evitar que la cantidad de residuos digitales en el país se incremente. Solo en 2019, Ecuador generó 86 mil toneladas de desechos electrónicos y eléctricos, según el Monitoreo Regional de Residuos Eléctricos de la Organización de las Naciones Unidas.
Ese reglamento deberá establecer que la importación solo sea de tecnología nueva y que los desechos tecnológicos que ya hayan cumplido su vida útil tengan un manejo adecuado. El objetivo, dice la ley, es “realizar un manejo ecológicamente responsable” y evitar que el país se convierta en un botadero de estos desechos.
En julio de 2022, el Ministerio de Ambiente dijo que se estima que cada ecuatoriano genera 5,3 kilogramos de estos desechos al año, pero apenas se gestiona entre el 3 y 5% del total de los desechos tecnológicos.
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