Profesionales que trabajan en el sector audiovisual ven en la Ley para la Transformación Digital y Audiovisual, una oportunidad. 

Última Actualización: 17 diciembre, 2022
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Durante años, realizadores, directoras de fotografía, productores, actores, actrices, entre otros, lo han dicho: ¿cómo es posible que estudios extranjeros escojan rodar en Colombia cuando en Ecuador las distancias entre distintas y hermosas locaciones son más cortas y estamos dolarizados? ¿No hay forma de generar competencia? Pues el proyecto de Ley para la Transformación Digital y Audiovisual podría convertir a Ecuador en un destino más atractivo para el sector.


Este proyecto de ley —enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su tratamiento el pasado 23 de noviembre de 2022— incluye un apartado dedicado al sector audiovisual, que reúne a realizadores, a productoras, equipo técnico y actores encargados de realizar cine, series y comerciales. 

Inicialmente, la propuesta del despacho del presidente Guillermo Lasso se enfocaba en darle al sector un régimen especial de exoneración impositiva —especialmente dirigido a la compra de equipos, por ejemplo los de filmación. Esto bajo el concepto de “transformación digital”, para facilitar la importación de estos equipos. Además, la propuesta inicial,  exoneraba el impuesto de salida de divisas y el impuesto a la renta para pagos hacia el exterior; así como la exoneración del impuesto al valor agregado para el pago a técnicos que trabajen durante el desarrollo, la preproducción, producción, posproducción y distribución de una obra audiovisual hecha en el país.

La exoneración de impuestos para compra e importación de equipos no resultaba una novedad, ya que es algo que se venía hablando desde hace 4 años, aproximadamente. Sobre todo con la propuesta del entonces ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, de agosto de 2019, que apostó por aranceles cero y la economía naranja, como mecanismo para generar industria. Pero en la práctica solo fueron propuestas de poco alcance y que no cambiaron nada.

Pero el sector audiovisual insistió en los últimos cuatro años que la exoneración de impuestos y la facilidad para importar equipos no es suficiente. Profesionales como la productora y gestora Mariana Andrade han insistido que  en el proyecto que envió Lasso no se estaban incluyendo en cuenta los beneficios que ofrecen otros países de la región para que la producción de varios estudios y de plataformas de streaming se haga en su territorio. Beneficios como créditos tributarios. 

Por eso, diversas asociaciones ligadas al sector  —como la Corporación de Productores Audiovisuales del Ecuador COPAE—, entre directores y productores reconocidos del país, entre ellos Camilo Luzuriaga, se juntaron para exponer sus propuestas a la Comisión de Desarrollo Económico, de la Asamblea Nacional, que fue la encargada de revisar el proyecto del Ejecutivo, ajustarlo y presentar el informe para segundo debate en el pleno. Un informe que casi duplica el número de artículos del proyecto de ley que envió Lasso.

Este debate final se realizará el sábado 17 de diciembre de 2022, antes de que la Asamblea Nacional salga a vacancia.

La principal propuesta que beneficiaría al sector

Desde el sector audiovisual, a través de cartas y de la presencia en mesas de diálogo dentro de la Comisión de Desarrollo Económico han insistido en algo que fue incluido en el informe final: un Certificado de Inversión Audiovisual (CINA). 

Este es un certificado a favor de productoras nacionales y extranjeras que sería emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) hasta por el 37% de los costos y gastos en los que incurran en Ecuador las producciones, por servicios audiovisuales y logísticos. El CINA funcionaría como crédito tributario de los impuestos que maneje el SRI. Este certificado se suma a las exoneraciones tributarias que el proyecto contemplaba en su inicio.

Este certificado se propuso en base a la experiencia colombiana donde, desde 2012, con la aprobación de la ley 1556 para el fomento de la actividad cinematográfica, se han instaurado dos medidas. Una es el Cash rebate, el reembolso en efectivo en el que se devuelve el 40% del costo de gastos directos en servicios audiovisuales y el 20% de gastos indirectos o logísticos, como hotelería y transporte. Y otro es un Certificado de Inversión Audiovisual que permite un descuento tributario de hasta el 35% del valor total de los servicios pagados en territorio colombiano.

En la propuesta ecuatoriana queda de lado la idea de que el Estado reembolse dinero, como en Colombia. Es decir, no hay cash rebate. Pero con un Certificado de Inversión Audiovisual dos puntos porcentuales más alto que el de Colombia, sería posible entrar en la competencia, y que producciones extranjeras —y hasta nacionales, por parte de canales de televisión— se realicen con más facilidad en el país.

Además, esta ley propone que en estas producciones, durante todas sus etapas de desarrollo, producción, postproducción y distribución se contrate a “proveedores de obras, bienes y servicios de origen local y nacional”.

La posición de realizadores y productores

Las organizaciones que se han juntado para aportar en esta nueva normativa son varias, entre ellas:

  • Corporación de Productores Audiovisuales del Ecuador (COPAE)
  • Asociación de Productores Audiovisuales del Ecuador (APAE)
  • Cámara de la Industria Audiovisual del Ecuador (CIAE
  • Asociación de Documentalistas del Ecuador (ADEC)
  • Trabajadores Audiovisuales del Ecuador (TAE)
  • Sociedad de Gestión Colectiva de los Derechos de los Productores Audiovisuales.
  • Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos.

Para todas, el certificado podría significar un antes y un después de la industria.

Eso lo tiene claro Nora Salgado, productora dedicada a la publicidad y al desarrollo del cine documental y de ficción. “A mí me dicen, Nora no me vendas tu productora, véndeme tu país. Y es así como funciona hoy por hoy en la región, cómo se consiguen los proyectos. Yo estoy hablando desde los proyectos publicitarios, pero lo mismo pasa en el cine”. 

Al no tener Ecuador estas ventajas económicas que promuevan las producciones internacionales, el país no es parte de ningún mapeo de producción audiovisual, sea regional o mundial. “Y al tener estos beneficios —incluyendo las exenciones para importar mejores equipos— lo que hacemos es tener más posibilidades de atraer más inversión. 

Esta Ley explica Salgado, también permitiría mayor industrialización en Ecuador, y agrega que “faltan un montón de equipos, pero no tiene sentido adquirir esos equipos costosísimos porque no hay los proyectos que requieran esos equipos, y esos proyectos no vienen al país porque no hay esos equipos. Es el huevo y la gallina”.

Para Miguel Garzón, realizador y productor y vicepresidente de la directiva de la Corporación de Productores Audiovisuales del Ecuador, las plataformas y servicios de streaming, como Netflix y Amazon, han cambiado el panorama de la producción audiovisual mundial. “Habrá una inversión de miles de millones de dólares de esas plataformas en Latinoamérica en los próximos años y Ecuador realmente se puede quedar sin recibir absolutamente nada de esa inversión porque no hay el marco jurídico que haga que las plataformas quieran venir aquí [a realizar sus producciones] en lugar de Uruguay y Colombia y a otros países”.

Para Garzón, ese marco jurídico es necesario porque se trata de competir, de que vengan más producciones a Ecuador y así, que el audiovisual ecuatoriano dé un salto. 

El director Camilo Luzuriaga —también parte de COPAE— dice que, de aprobarse la Ley, podría aumentar el empleo en este sector. “Va a ver trabajo si es que vienen a producir a Ecuador las grandes productoras internacionales. Si no vienen, la situación laboral seguirá siendo idéntica: freelanceando para completar con las justas el presupuesto familiar”, dice Luzuriaga. El cineasta recuerda que tiene colegas que están cambiando de actividad o que migran a Madrid, Bogotá, Toronto, Vancouver, Lima. “Eso es exportar cerebros y sabemos que la migración no es fácil”, dice Luzuriaga. Para él, el principal impacto, va a darse en el índice de empleo: “sabemos que por cada profesional de la industria que se contrata hay de 2 a 5 de otras industrias que son contratados”, dice el realizador de La Tigra

Según un estudio de la consultora Olsberg SPI, sobre el impacto de la producción de cine y televisión en la recuperación económica luego del covid-19. En él se demuestra cómo aproximadamente el 67% de los costos de producción complementarios se invierten en sectores comerciales que no son el audiovisual. Entre ellos la hotelería, alimentación, construcción, moda y estética, musical y de artes escénicas, seguridad, salud y otros.

Por eso no resulta extraño que las distintas asociaciones del sector audiovisual cuenten con el apoyo de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, Fenacaptur. Raúl García, presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Pïchincha, Captur, dice que “hacer audiovisuales desde Ecuador es mostrarle al mundo que es el Ecuador. En el caso turístico, si no tenemos esa herramienta, cómo la gente puede descubrir este maravilloso mundo”.

De acuerdo a la Film Commission de España, el 36% de los turistas que visitan un lugar lo hacen porque lo vieron en la pantalla. 

Si el proyecto se aprueba, luego habrá que esperar si el presidente Lasso lo ratifica o lo veta. 

La oportunidad que esta ley traería al Ecuador es explicada por Miguel Garzón, quien cuenta que conoció a una persona que trabaja en Netflix y le dijo que no hay razón para que se elija a Sudáfrica, por ejemplo, sobre Ecuador para hacer una producción. En Ecuador, le dijo, “ la franja horaria es mucho más acorde, a lo mejor hay la suficiente diversidad geográfica, la moneda es el dólar estadounidense —con lo cual hay una estabilidad en el presupuesto—, es mucho más fácil la comunicación y los costos de transporte son mucho menores que ir a Sudáfrica”. 

Pero, como dice Garzón, se necesitan incentivos, como esta ley:  “Netflix no va a venir si no hay algún estímulo que le haga considerar a Ecuador en lugar de otros países”. 

Eduardo Varas 100x100
Eduardo Varas
Periodista y escritor. Autor de dos libros de cuentos y de dos novelas. Uno de los 25 secretos mejor guardados de América Latina según la FIL de Guadalajara. En 2021 ganó el premio de novela corta Miguel Donoso Pareja, que entrega la FIL de Guayaquil.
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