Después de recibir la prelibertad, Junior Roldán volvió a ser detenido junto a 29 hombres. Te contamos.

A Junior Roldán —segundo al mando de Los Choneros, involucrado en las masacres carcelarias y líder de la organización Los Águilas— la libertad no le duró ni una hora. Después de recibir una polémica prelibertad la tarde del 15 de diciembre de 2022, dejó la prisión, donde cumplía su condena poblado de privilegios y armas, antes de las 7 de la noche. Dos horas después, iba de regreso a la Unidad de Flagrancia, junto a otras treinta personas. Pero, ¿qué pasó? 

Lo que sucedió entre ese período tiene dos versiones. A las 7 y 01 de la noche, un policía suscribió un reporte policial cuyo titular era: “disparos en contra de Junior Alexander Roldán Paredes”. Era un texto breve, en el que un mayor contaba que, mientras alias JR viajaba por la vía a Salitre, en Daule, a la altura de una urbanización privada, habría sido atacado. Pero no fue herido. De acuerdo con el documento, varias unidades especiales de la policía se movilizaron. 

Poco más de una hora después, al menos 15 hombres fueron detenidos. Estaban acostados, con el rostro contra el suelo. En los vehículos en los que viajaban —al menos diez— fueron halladas sub ametralladoras y granadas de uso militar. Pasadas las 8 y 50, el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó la “alerta de ataque”. 

Pero, veinte minutos después, la Fiscalía ecuatoriana informó que fueron 30 personas las detenidas. Entre ellas, alias JR, fueron detenidas portando “armas de grueso calibre”. De acuerdo con la institución, los hombres capturados serían parte del anillo de seguridad de Roldán. La jueza Yanina Villagómez presidirá la audiencia de formulación de cargos para JR y los otros 29 hombres. 

La Fiscalía, desvirtuando la versión de la Policía, no habló de atacantes. 

#URGENTE | #Guayas: 30 personas, incluido Junior R., han sido retenidas portando armas de grueso calibre al momento de la liberación de alias "Jr". Están siendo trasladados a la Unidad de Flagrancia para las diligencias previas a la audiencia de formulación de cargos. pic.twitter.com/9f268hwZQj

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 16, 2022

El polémico fallo de un juez cuestionado 

El juez Jorge Aldás Macías, de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, otorgó el beneficio de prelibertad que, para personas condenadas antes de la reforma del Código Orgánico Integral Penal de 2014, se aplica cuando una persona presa alcanza el 40% de su pena. JR, como también se lo conoce, cumplió con el 40% de una de sus condenas el 31 de octubre de este año. 

Roldán estaría libre tal como lo estuvo quien fue su jefe: Jorge Luis Zambrano, el fallecido ex líder de Los Choneros que dejó la cárcel tras un polémico y similar dictamen. 

El fallo del juez Aldás Macías, además, llega un día después de la detención de catorce presuntos miembros de Los Lobos. Entre ellos, Luis Arboleda, conocido como alias Gordo Luis, otro cabecilla reincidente detenido tres veces en 2022, a quien el gobierno ha responsabilizado del sicariato del director de la prisión de El Inca, Santiago Loza, el 2 de diciembre último.

La decisión del juez Aldás —cuyas dictámenes, de acuerdo a los registros de la función judicial, acumulan más de 60 hábeas corpus en su contra— ha sido ampliamente cuestionada. Sin embargo, son varios los factores que parecen haber confluido para que alias JR, uno de los líderes criminales más sanguinarios del Ecuador, haya conseguido recuperar su libertad pese a tener, al menos, nueve sentencias condenatorias. Dos de ellas por asesinato. La más antigua data de 2009, cuando fue condenado a 35 años de reclusión. 

La audiencia de prelibertad se instaló a las 11 y 30 de la mañana de este jueves 15 de diciembre. De acuerdo con la Corte Provincial del Guayas, tres autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) presentaron 299 documentos favorables, como parte del Informe de Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Prelibertad, un documento que el SNAI debe entregar obligatoriamente para que un juez o una jueza tenga una referencia a tomar en cuenta para su dictamen. 

Dice la Corte que la documentación “fue ratificada oralmente por los convocados durante su intervención en la audiencia”. 

Estas fueron las autoridades que estuvieron presentes en la audiencia para entregar los documentos: 

• La abogada Génesis Carrión Valdéz, representante de la cárcel regional. 
• El abogado Ramiro Malla Revelo, director de Beneficios Penitenciarios del SNAI.
• El abogado Víctor Jácome, subdirector de Ejecución de Penas y Medidas Cautelares del SNAI. 

La Corte asegura, además, que el fiscal asignado dijo —amparado en el artículo 4 de la resolución 01-2022 de la Corte Nacional de Justicia— que, si un juez convoca a una audiencia para resolver un cambio de régimen de rehabilitación social, “no deberá llamar a comparecer al fiscal, por lo que no serían parte procesal”. 

Pero la versión de la Fiscalía es otra. 

En un comunicado, la institución rechazó la decisión del juez Aldás y dijo que, en realidad, la interpretación del juez fue “subjetiva” y que, para la Fiscalía, es “contraria a la Ley”. La entidad asegura que “fundamentó de forma enérgica su oposición, por cuanto, para que pueda hacerse acreedora a este beneficio, la persona sentenciada no debe ser reincidente”. Alias JR no solo ha sido reincidente, su participación en las matanzas carcelarias —ha sido vinculado penalmente en la investigación de una de ellas— han sido evidenciados en las sanguinarias prácticas aplicadas en cada una de las masacres. 

Para la Fiscalía, la decisión de Aldás representa una vulneración “a la administración de justicia”, pese a que su versión no calza con la de la Corte Provincial del Guayas.

Pero hay un actor no menos importante en esta noticia: el SNAI. Después de confirmar, a través de un corto comunicado, que el Servicio acató la decisión del juez, explicó que el Informe de Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Prelibertad “no es vinculante” y que la capacidad de decisión recae solamente en el juez.  

Pero para un abogado guayaquileño —que trabaja en casos de garantías penitenciarias en la ciudad portuaria y pidió que su nombre fuera protegido porque trabaja en una institución pública— las tres instituciones son corresponsables de la salida de JR. En medio del incremento de la violencia en Ecuador, enciende las alertas aún más en torno a posibles nuevos atentados o muertes, tras el ataque contra Jair Macías, hijo de Adolfo Macías, alias Fito, en Manta. 

“Hace falta voluntad para hacer una depuración cabal. Basta revisar el nombre del juez Aldás en los links de consulta del Consejo de la Judicatura y podrán ver la decena de habeas corpus. Bastaría con que, de oficio, se solicitará una declaración previa de manifiesta negligencia”, cuestiona el abogado.

El abogado tampoco deslinda de responsabilidades al SNAI. “Emite ese informe que, si bien no es vinculante, pero yo, que trabajo con ese tipo de casos, sé que le sirven de referencia a un juzgador para resolver la causa. la Fiscalía también falla. Todos estos funcionarios deberían ser investigados para determinar si hubo un fraude procesal”, dice. Eso podría contrastarse, dice, con los documentos emitidos por el SNAI. 

Y quizá lo que más indigna, dice el jurista, “es que, a más de lo terrible de la decisión, evidencia cómo en algunos casos se agilizan. En otros, muchos que yo he manejado, han sido muy negligentes e incluso he tenido casos en los que personas presas han muerto mientras las causas se tramitaban”.