En Ecuador hay subsidios para los principales productos derivados del petróleo —gasolina, diesel y gas licuado de petróleo (GLP)— desde la década de los 70. Su focalización es una discusión pendiente en Ecuador desde hace décadas. Aunque se ha intensificado desde las movilizaciones de 2019 y 2022, todavía no se ha podido resolver.
El subsidio a los combustibles se da cuando el gobierno reduce el costo de la producción de los combustibles, aumenta el precio que reciben los productores de energía o reduce el precio que pagan los consumidores de esa energía. Es decir, cuando el gobierno paga por una porción de la gasolina, el gas, u otros combustibles para que el usuario tenga que pagar menos, como sucede en Ecuador.
Esos subsidios hacen que los combustibles fósiles se vuelvan más asequibles para los usuarios, desde un punto de vista financiero, que cualquier otro tipo de fuente de energía.
El economista y ex ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, dice que los subsidios son “una ayuda que se da a través del Estado a determinados grupos de la sociedad o a determinadas actividades económicas”. En el caso de Ecuador, dice Acosta, este beneficio para los combustibles se ha mantenido “generalizado en el tiempo sin cambios profundos” desde la década de 1970.
¿Cómo funcionan en Ecuador?
Desde la década de 1970, en Ecuador se subsidia a los principales productos derivados del petróleo: gasolina, diesel y gas licuado de petróleo (GLP).
El ex ministro Acosta dice que Ecuador no ha tenido una política clara de subsidios. “Han sido aceptados por gran parte de la sociedad como una realidad de un país que exporta petróleo”, dice Acosta. Según él, los subsidios se ven como un beneficio para el pueblo que es el dueño de ese crudo.
En los últimos años, ha habido dos puntos de quiebre relacionados a los subsidios. En 2019, el entonces presidente Lenín Moreno decidió eliminar los subsidios a la gasolina —Extra y Ecopaís— y al diésel.
Moreno dijo que “este subsidio ha beneficiado durante décadas” a “los que viven del contrabando”. Además dijo que el país destinaba en ese momento más de 1.300 millones de dólares anuales al subsidio de estos combustibles. Estos recursos, dijo, se invertirán en salud, vivienda y seguridad social.
Sin embargo, días después, Moreno se retractó en la decisión de eliminar los subsidios, presionado por los 11 días de paro nacional que dejó 10 muertos y cientos de heridos.
La conversación se retomó en 2022, después del paro nacional de junio de este año. La focalización de los subsidios fue una de las 10 mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales.
Esta fue la mesa más complicada y una en la que no se llegó a acuerdos sobre los puntos principales como el mecanismo y las herramientas que se utilizarán para cumplir con el objetivo. Se firmó un acta en la que dice claramente que “no existen acuerdos sobre la focalización de los subsidios a los combustibles”.
Las organizaciones y el gobierno no consiguieron unificar sus propuestas para establecer una política de comercialización acorde al manejo de precios y subsidios de los combustibles, que beneficie al sector agricultor y rural y obligue a sectores con más dinero a pagar más.
Las organizaciones sociales insistían en que se le quite el subsidio a los sectores atunero y camaronero. Leonidas Iza acusó al presidente Guillermo Lasso de proteger a los grandes grupos económicos que “más se han beneficiado de los subsidios por 20 años”.
El acuerdo sobre combustibles al que sí se llegó
Un consenso alcanzado en las mesas de diálogo fue establecer ciertos parámetros para definir quiénes no podrían ser beneficiarios de los subsidios. Ese acuerdo propone que no pueden comprar combustible subsidiado son:
- Las personas que tengan un carro con cilindraje alto. Es decir quienes tengan:
- Autos con cilindraje mayor a 2.201 centímetros cúbicos
- Camionetas con cilindraje mayor a 3.001 centímetros cúbicos.
- Vehículos tipo Jeep o vehículos utilitarios deportivos (SUV, por sus siglas en inglés) con cilindraje mayor a 2.401.
- Motos con cilindraje mayor a 301 centímetros cúbicos.
- Quienes ganen más de 41.603 dólares al año. Eso equivale a poco más de 3.400 dólares al mes.
- Las personas naturales o jurídicas que tengan tres o más carros.
Todavía se deben formar comisiones para definir las reformas legales y dar seguimiento a estos acuerdos. Según el gobierno, al aplicar estos parámetros de exclusión, se ahorraría entre 150 y 250 millones de dólares anuales.
Según Acosta, está muy bien que se utilice el tipo de vehículo como un referente para el subsidio. Incluso, dice, hay la tecnología para facilitarlo.
Pone como ejemplo las gasolineras que con la placa del vehículo ya saludan al conductor hasta con el nombre porque tienen su información de facturación guardada. Acosta dice que se podría incluir entre esta información el tipo de vehículo y si cumple o no con las condiciones para el subsidio. “Hay cualquier cantidad de alternativas”, dice.
El gobierno dijo que seguirá trabajando para encontrar el mecanismo para focalizar el subsidio. En una entrevista del 12 de octubre, el presidente Lasso dijo que “no lo pueden recibir los ricos; el subsidio es para los pobres” y que la focalización se hará con tino.
El ministro de Transporte, Darío Herrera dijo que no solo se trata de quitar el subsidio a los sectores que los movimientos sociales piden, refiriéndose a los atuneros y camaroneros, porque ellos no son “el grueso de la torta”. Según Herrera, el subsidio mal utilizado está “en otro lado” y que hacia esa dirección hay que mirar.
¿Cómo debe ser la política de focalización?
En Ecuador y en el mundo hay quienes defienden completamente que se mantengan los subsidios, mientras que otros proponen eliminarlos por completo. Por ahora, las conversaciones sobre la focalización de los subsidios de combustibles para los sectores que sí los necesitan continuará en el país, según el gobierno y las organizaciones.
En este escenario, Alberto Acosta dice que el tema se debe abordar de forma integral porque no es solo una cuestión fiscal. Según él, también se debe considerar cómo afectan la vida de la sociedad, el aparato productivo, la forma de organizar las ciudades, la contaminación, entre otras cosas. “Se ha descuidado esta visión integral que no solo es fiscal, es energética, es económica, es social y es ecológica”, añade.
No se pueden eliminar los subsidios de la noche a la mañana como lo intentó hacer el gobierno ecuatoriano en 2019. El ex ministro Acosta dice que quienes ofrecen eso son “gente que no conoce de la materia”. Si se toma esta decisión, dice Acosta, sería “un acto irresponsable”.
Por el momento, el objetivo es enfocar estos beneficios para los sectores que más lo necesiten. Según el analista económico José Alvear, el principal de ellos es el transporte público. “En ese caso puntual estás beneficiando a la gente de a pie que tiene que usar el bus todos los días”, dice. Los beneficios vienen porque el pasaje del transporte no subiría en caso de que se incremente el costo del combustible.
Alberto Acosta coincide en que esto es una necesidad importante. Se debe priorizar el transporte público pensando en que tenga tarifas bajas para los usuarios y que sea de calidad. Un subsidio de transporte público y de mercancías, dice Acosta, sería la primera fase para una transición energética en la que ya no se dependa tanto del petróleo y sus derivados.
Sin embargo, advierte que mientras no haya una alternativa para las personas, “difícilmente se pueden eliminar los subsidios de la noche a la mañana”.
Acosta dice que si se elimina el subsidio a la gasolina y al diésel por completo bajo las condiciones actuales del país, las personas no tienen una alternativa de transporte público a la que recurrir. Entonces seguirán consumiendo los combustibles aunque no sean subsidiados y a costos más altos porque tienen que ir a trabajar y cumplir con sus actividades. Tendrían que hacerlo sacrificando su presupuesto para otras necesidades como vivienda, salud, educación, entre otras.
Los dos expertos coinciden que parte de esas alternativas también debe ser otros tipos de energía. José Alvear dice que cuando se da la opción de un tipo de energía más barata y menos contaminante, como el gas natural, “no necesitas dar subsidio”.
Acosta insiste en que mientras no haya un alternativa de energía no renovable—como la hídrica, solar, eólica, geotérmica, entre otras— no se podrán eliminar los subsidios. El reto, dice, es garantizar esa opción sin ampliar la frontera minera ni dar paso a grandes proyectos hidroeléctricos, que también tienen enormes costos ambientales.
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