Así se fortalecerá la seguridad para los servidores judiciales

Los jueces y fiscales del país ahora tendrán mejores condiciones de seguridad. El 21 de septiembre, tras una reunión entre la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior se acordó tomar acciones concretas para fortalecer la seguridad de los servidores judiciales. 

Las acciones fueron acordadas por Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura; Patricio Carrillo, Ministro del Interior; Fausto Salinas, Comandante General de la Policía; el vocal del CJ  Juan José Morillo; y Anahí Briceño, delegada de la Fiscalía General del Estado. 

La reunión se dio dos días después de que el fiscal Édgar Escobar fuera asesinado la mañana del lunes 19 de septiembre, en Guayaquil, frente a la sede de la Fiscalía. El asesinato de Escobar fue el tercero de un fiscal en lo que va del 2022. Además, en lo que va del año, también han sido asesinados un juez y un ex fiscal. 

Estas son las medidas que se implementarán para proteger a los servidores judiciales.

Las medidas

1. Desarrollar un Sistema de Seguridad Nacional para la Función Judicial

Una de las acciones que se tomarán de manera inmediata será el desarrollo de un Sistema de Seguridad Nacional para la Función Judicial. El sistema será desarrollado a través de una mesa técnica interinstitucional entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado.

Según un comunicado del Consejo de la Judicatura, esta mesa se creará e instalará de forma “inmediata”, y trabajará de forma permanente. Además, tendrá que reportar los avances sobre el desarrollo de este sistema de seguridad cada semana. 

El Sistema de Seguridad, explicó el Consejo, será desarrollado “desde una perspectiva técnica y de inteligencia”. Además, permitirá determinar el riesgo que existe para los servidores judiciales por las amenazas relacionadas directamente con el narcotráfico y el crimen organizado. 

2. Atención priorizada de la Policía

Otra de las acciones que se definió en la reunión es que la Policía Nacional brinde una atención priorizada a los servidores judiciales. Esto significa que la Policía tendrá que atender las solicitudes de protección y seguridad de los jueces, fiscales y otros servidores judiciales, cuyo trabajo implique mayor riesgo. 

Ni el Consejo de la Judicatura ni la Fiscalía han especificado qué trabajo podría implicar mayor riesgo para los servidores judiciales. Sin embargo, en una entrevista, Fabiola Gallardo, Presidenta de la Corte Provincial del Guayas, dijo que se debería dar mayor seguridad a los servidores judiciales que llevan o investigan casos de alto riesgo. 

3. Estructurar una  Unidad de Protección Judicial 

La Fiscalía General del Estado dijo en un comunicado que otra acción que se llevará a cabo es la estructuración de una unidad de protección judicial. La institución no especificó cuál será la función de esta unidad ni quién estará a cargo de ella.

Sin embargo, en el comunicado la Fiscalía dice que la unidad servirá para” fortalecer los esquemas de seguridad de los servidores judiciales”, así como también la seguridad de los usuarios del servicio de justicia. Tampoco se sabe qué estrategias se implementarán para lograr el fortalecimiento de la seguridad planteado. 

4. Estudiar las infraestructuras de justicia

Si bien la mayoría de acciones que se decidió tomar en la reunión implican actuaciones más visibles. Otra de las acciones que se tomará es también un estudio. El Consejo de la Judicatura anunció que se hará un estudio de las infraestructuras de justicia que hay en el país.

El objetivo del estudio, dijo el Consejo, es determinar cuál es la situación actual de las infraestructuras, para así poder establecer protocolos y procedimientos de seguridad actualizados que se ajusten a la realidad vigente. 

5. Mejorar la infraestructura

La Fiscalía General del Estado dijo que con el estudio de la infraestructura no solo se busca tener un diagnóstico de cómo está la infraestructura y establecer protocolos. Sino también se busca generar acciones —en el mediano y largo plazo— para fortalecer esas infraestructuras. 

La institución explicó que se reforzarán las capacidades físicas, tecnológicas y humanas de protección que necesitan las infraestructuras que usan los servidores judiciales para hacer su trabajo. 

Además, de todas estas medidas, la Fiscalía dijo que también se trabajará en procesos de capacitación y sensibilización en violencia de género y códigos de ética. También se pretende generar política pública y política criminal de prevención de delito enfocada en niños. 

¿Por qué se tuvo una reunión?

Tras el asesinato del fiscal Édgar Escobar, Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, pidió al Consejo de la Judicatura y a la Presidencia de la República que declare en emergencia a la Función Judicial. 

En una rueda de prensa, Gallardo dijo que se está viendo un “azote” del crimen organizado y que “nosotros, los jueces, que tomamos las decisiones, y los fiscales, que investigan, estamos siendo víctimas”. Fabiola Gallardo dijo que los servidores judiciales requieren de protección policial porque los asesinatos a jueces y fiscales que ha habido en 2022 son “un mensaje claro del crimen organizado”. 

Finalmente, Gallardo pidió que haya seguridad reforzada en todas las unidades judiciales y que se asegure el resguardo policial a los jueces que sustancian casos sensibles. 

Un día después de las declaraciones de Gallardo, Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, dijo que se había contactado con el ministro del Interior, el ministro de Gobierno y con la Presidencia. Murillo dijo que tras ese contacto se acordó “una cita para analizar las circunstancias que atentan contra la integridad de los servidores judiciales”. 

Murillo dijo que estaba indignado por “los hechos violentos que están ocurriendo en el país y en los cuales están perdiendo la vida nuestros servidores y compañeros judiciales y jurisdiccionales”.