El certificado de defunción de Andrea Gualinga dice que murió de insuficiencia renal aguda. Tenía 21 años y tres hijos: dos niños de 2 y 6, y una bebé de 5 meses. El 29 de julio de 2022, mientras Andrea estaba postrada en una cama del hospital del Puyo, una ciudad en la Amazonía ecuatoriana, su tía, la lideresa Zoila Castillo, me contó que su sobrina había tomado veneno porque su pareja le pegaba. Al día siguiente, Castillo me dijo que Andrea Gualinga había contado que él la obligó a ingerir gramoxone, un herbicida también conocido como “mata yerba”. 

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Andrea Lucía Gualinga Tuti estuvo 10 días en la cama del hospital. Empeoró y agonizó con una bata celeste, una cánula nasal, una gasa blanca en su cuello, y un suero en su brazo derecho. Desde allí, dice su madre Norma Tuti en un video enviado por WhatsApp, le contó que su pareja la había ahorcado mientras vertía el herbicida en su boca. Andrea Gualinga —el pelo negro brillante, ojos rasgados, delgada— habría intentado morder una barra de jabón para vomitar el veneno. Su hijo mayor le contó a su abuela Norma Tuti que su papá le había puesto un cinturón en el cuello a su mamá, y que él le dio agua para que ella mejorara. Pero nada funcionó.

La mujer de nacionalidad indígna kichwa, a la que su tía Zoila Castillo describe como alegre, vivía en la pequeña comuna de San Jacinto, que está a 30 minutos del Puyo, capital de la provincia de Pastaza. Según información oficial, en 2011 allí vivían 3050 personas. Específicamente en San Jacinto, vivían mestizos e indígenas kichwa, una de las 11 nacionalidades amazónicas. 

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El sábado 16 de julio de 2022, Andrea Gualinga estaba en su casa, en San Jacinto, cuando habría sido forzada a tomar veneno. Su pareja y la familia de él no la dejaron salir durante tres días, según le contó ella a su tía Zoila Castillo. Su familia política le habría dado agua de hierbaluisa y otra medicina tradicional para que se curara. Andrea no mejoró.

El martes 19, el ECU-9-1-1 —la línea nacional para reportar emergencias— recibió una llamada anónima que decía que una mujer se había intentado suicidar con un líquido para fumigar plantas, en San Jacinto. Como respuesta, tres médicos del centro de salud de la parroquia Madre Tierra del cantón Mera, también en Pastaza, fueron al lugar. Encontraron a Andrea Gualinga. Primero la llevaron al centro de salud, pero estaba tan grave que tuvieron que trasladarla al hospital del Puyo.

Al hospital, coinciden la madre y tía de Andrea Gualinga, no fueron a visitarla ni su pareja ni la familia de él. Mientras los órganos de la joven de 21 años se iban destruyendo lentamente, y después de que ella revelara que no se había intentado suicidar, pidió que fueran a San Jacinto a rescatar a sus hijos. Su madre, Norma Tuti, los llevó al Puyo.

Los familiares de Gualinga pusieron una denuncia en la Fiscalía de la ciudad por tentativa de femicidio. Era el 26 de julio de 2022. Cinco días después, Andrea Gualinga murió.

Andrea Gualinga

Andrea Gualinga fue enterrada en el cementerio de la ciudad amazónica del Puyo. Fotografía cortesía de Zoila Castillo.

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En una fotografía que Zoila Castillo tomó de su sobrina en la cama del hospital un día antes de que fallezca, Andrea Gualinga tiene la mirada fija y triste, la boca recta, y una herida redonda, entre la frente y la cabeza, que forma un hueco en medio de su cabello oscuro. Cada vez que se veía con su familia, Andrea colocaba su cabello de lado sobre la frente para ocultar esa huella de maltrato.

Andrea Gualinga había denunciado a su pareja por violencia física en 2019.

En Ecuador, varias víctimas de femicidio fueron asesinadas con boletas de auxilio en sus bolsillos, o luego de haber denunciado la violencia que sufrían. Son “varias”, no hay cifra exacta de cuántas porque la Fiscalía no lleva ese registro, según me explicó una funcionaria de comunicación de la institución. Pero solo en los primeros 5 meses de 2022, de las 53 mujeres asesinadas en el Ecuador por razones de género, 19 habían reportado previamente antecedentes de violencia. 4 tenían una boleta de auxilio, según la Alianza para el Mapeo de Femicidios del Ecuador.

Que las víctimas de femicidio mueran con una boleta de auxilio en mano ha sido una queja constante de grupos que trabajan por los derechos de las mujeres. Geraldine Guerra, coordinadora de la Alianza para el Mapeo de Femicidios del Ecuador, se pregunta “dónde estaba el sistema de protección integral” en el caso de Andrea Gualinga. La activista explica que luego de la denuncia por violencia, tuvo que haber un seguimiento sin importar si ella decidía volver con su agresor. “Más aún si sí volvió con él debieron protegerla, porque corría más riesgo. Me pregunto dónde estaba la Secretaría de Derechos Humanos, la Policía, la Tenencia Política, porque ella vivía en una comunidad”, se queja Guerra. El sistema, continúa, debió crear las condiciones para protegerla y que no ocurriera el femicidio. 

Según Tamara Vaca, abogada de la familia de Andrea Gualinga, cuando la Fiscalía hizo el reconocimiento del lugar como parte de la investigación por presunto femicidio, en la casa donde vivía Andrea Gualinga con su familia, no encontraron ningún documento de ella. “Él quería tener el control de todo. Para que no tuviera acceso a buscar ayuda creemos que quemaba los papeles”, explica Vaca. “Por eso los hijos tampoco estaban registrados”.

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Andrea Gualinga conoció a su pareja cuando ella tenía 14 años y él era ya mayor de edad. La primera vez que se escapó de casa con él, su madre llamó a la Policía y la fue a buscar con un agente. Ella se volvió a escapar y su madre la volvió a llevar de vuelta. 

La tercera vez que huyó, su madre decidió no buscarla más y dejar que se fuera con el hombre con quien convivió siete años. 

El hombre, que tendría problemas de alcoholismo, habría abusado de su pareja desde que comenzaron a estar juntos, cuando ella era una adolescente. 

Ella habría intentado huir más de una vez, sin lograrlo. Andrea Gualinga no le contó a su mamá la violencia que sufría quizás por miedo o vergüenza. Norma Tuti se enteró de lo que vivía su hija cuando ya era demasiado tarde.  

Zoila Castillo, con la voz entrecortada, recuerda las últimas conversaciones con su sobrina en el hospital. “Me dijo ‘ya no avanzo, dará viendo a los guaguas’. Fue terrible, todavía tengo un dolor muy grande. La vi una tarde, la saludé y al día siguiente estaba muerta”. 

víctima de femicidio

Los familiares de Andrea Gualinga creen que fue víctima de femicidio. Fotografía cortesía de Zoila Castillo.

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Cuando Andrea Gualinga llegó al hospital del Puyo, el martes 19 de julio de 2022, los médicos del centro de salud de Madre Tierra que la llevaron le habrían dicho a los doctores del hospital que ella intentó suicidarse tomando veneno, tal como alguien lo denunció al ECU 9-1-1. 

Si ella no hubiera contado que su pareja la obligó a tomarlo, su muerte podría haberse registrado como un intento de suicidio. “No existen estadísticas de los casos en los que el agresor ha querido pasar un femicidio como un suicidio porque es un tema difícil de registrar”, dice Geraldine Guerra, de la Red que monitorea los femicidios. Agrega que es un tema que saltó en la pandemia del covid-19 porque no había suficientes policías, las instituciones estaban trabajando virtualmente, y no había rutas claras de denuncia. 

Guerra enumera los factores que podrían permitir que los femicidios se oculten. No solo se refiere a los que ocurrieron en la pandemia: también hay responsabilidad en el policía que llega al hecho, la forma en que se hace el levantamiento del cuerpo y el posterior trabajo de criminalística, si está presente un médico forense y un fiscal. “Si no se hace un trabajo responsable, los ‘femicidios suicidios’ quedan en la sombra”, opina. 

En el caso de Andrea Gualinga, el presunto agresor y su familia habrían intentado enmarcar la intoxicación como un intento de suicidio. Por eso, la primera vez que Zoila Castillo me contó del estado crítico de su sobrina, dijo que ella había intentado quitarse la vida.

Según Stalin Mora, responsable de Emergencia del Hospital General Puyo, cuando una persona llega con una emergencia, los profesionales de esa institución hacen una “estratificación bajo la escala de Manchester donde determinamos la gravedad del paciente”. Para explicar qué quiere decir, pone un ejemplo. Explica que si la persona llega intoxicada, primero se atiende la emergencia. Eso puede incluir un lavado gástrico y otras medidas para calmar el dolor. El médico dice que cuando el paciente ya está estabilizado, es abordado por otros profesionales, como un psicólogo. 

Mora asegura que el personal del hospital —los médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales— está capacitado para detectar si es una posible víctima de violencia de género. Si existe la sospecha, asegura, se activa “la normativa técnica llamada código púrpura”. Además de la atención psiquiátrica, desde el hospital deberían llamar a la Policía. 

Así es cómo debería funcionar el protocolo.

La atención que recibió Andrea Gualinga en el hospital está registrada en su historia clínica, un documento confidencial que hoy es parte de la investigación de la Fiscalía. Pero el colectivo Mujeres Amazónicas, conformado por lideresas indígenas incluida Zoila Castillo, publicó un comunicado en el que hacen “un llamado de atención al hospital Puyo, quienes teniendo la responsabilidad no tomaron medidas adecuadas, para resguardar la vida de Andrea”. 

Cuando Andrea Gualinga llegó al hospital habían pasado al menos 72 horas desde que habría sido obligada a ingerir gramoxone, un herbicida de venta libre de color oscuro como un café cargado. “Causa una letalidad importante porque produce radicales superóxidos que dañan a las células, y las primeras [en dañarse] son las del pulmón y las renales. Los problemas que causa son insuficiencia renal y miocarditis, una inflamación del músculo del corazón”, explica la epidemióloga Doménica Cevallos. 

Cevallos dice que si la persona con gramoxone en su organismo estuvo más de dos días sin recibir ningún tipo de ayuda médica, el principio activo de la sustancia ya fue absorbido. “Se metaboliza y pasa por los órganos más importantes de nuestro cuerpo: hígado, riñón y corazón que son los que más se ven afectados”, explica. En esas circunstancias, dice, se puede dar “un fallo multiorgánico muy fulminante”. El médico intensivista John Peña dice que “de todos los casos que he visto por intoxicación de gramoxone, ninguno se ha salvado”.

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Un certificado de defunción puede ser llenado con tres causas: la causa básica, la causa antecedente y la causa fatal. “La primera es la que motivó ir al servicio de emergencia, puede ser un intento autolítico por ingestión de herbicida. La segunda es lo que se genera, insuficiencia renal aguda. Y la causa fatal es lo que conlleva al deceso, por ejemplo un edema agudo del pulmón”, explica el médico Stalin Mora. 

“Son tantas cosas como uno puede llenar un certificado que no siempre los médicos vamos a coincidir”, explica el encargado de Emergencias del hospital del Puyo. 

El certificado de Andrea Gualinga tiene solo una de las tres. 

Cuando una persona fallece en un hospital, uno de sus familiares debe llevar el certificado de defunción al Registro Civil. “Revisamos la inscripción de defunción, tenemos que tener el estadístico de defunción que avala el hecho y lo inscribimos de acuerdo a lo que dice el estadístico”, explica metódicamente Goldi Montenegro, coordinadora zonal 8 del Registro Civil. Cuando le pregunto cómo pueden saber si un certificado está incompleto, como en el caso de Andrea Gualinga, responde que el Registro Civil no es un “ente investigativo. Nos basamos en documento estadístico de defunción sea digital o sea manual”. 

Según Montenegro, en el Registro Civil no hay categorías de causas de muerte. “Los inscribimos de acuerdo a lo que dice el estadístico de defunción, no podemos emitir criterios”. La causa, explica, se puede modificar “vía judicial o si la casa de salud lo solicita de manera formal”. 

Como parte de la investigación del presunto femicidio de Andrea Gualinga, opina la doctora Ana Lucía Martínez, se debería solicitar una autopsia y eso va a requerir exhumación del cadáver. Allí, agrega la médico que cursa un doctorado en ciencias de la salud que transversaliza el enfoque de género en la educación médica, se tendrán que hacer pruebas en los tejidos para encontrar el gramoxone. Con eso “que se establezca en el diagnóstico que en efecto fue una insuficiencia renal aguda pero que el apellido de esa insuficiencia renal es una intoxicación por gramoxone”, opina Martínez. 

El comunicado de las Mujeres Amazónicas también exhorta “a las autoridades de Pastaza tomar acción ante estos hechos”. Poco más de tres semanas de la muerte de Andrea Gualinga, su tía Zoila Castillo dice que no saben dónde está el presunto femicida.

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Los papás de Andrea Gualinga se quedaron a cargo de sus tres nietos pequeños. Su madre Norma Tuti me dijo vía WhatsApp que antes de morir Andrea le pidió que no entregue a sus hijos a nadie —que, por favor, los cuide ella. 

La abogada Tamara Vaca dice que cuando se hizo el reconocimiento del lugar como parte de la investigación de la Fiscalía, en la casa donde Andrea Gualinga vivía junto a su pareja y tres hijos pequeños, no había camas ni una cocineta. “Vivían en extrema pobreza. Los niños están desnutridos”, dice. 

En Ecuador, los hijos de las víctimas de femicidio tienen derecho a recibir un bono. Fue creado en 2019 por el entonces presidente Lenín Moreno con el objetivo de contribuir a “la reparación y reconstrucción de la vida de los menores en el área social y familiar, y garantizando sus derechos”. El 8 de marzo de 2022, el presidente Guillermo Lasso modificó las condiciones para recibirlo, buscando que la entrega, por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) sea más ágil. Antes debía haber una sentencia ejecutoriada. Desde marzo, se entrega el bono al comienzo de la investigación previa. 

Si la madre víctima de femicidio deja a tres hijos en la orfandad, como Andrea Gualinga, el bono es de 230,48 dólares al mes.  

A tres semanas de la muerte de Andrea, su tía Zoila Castillo dice que los trámites para que les entreguen el bono, continúan. Ella también se ha dedicado a hacer más artesanías —collares, aretes, pulseras, vinchas con chaquiras— para apoyar a su prima Norma Tuti, una mujer que es mayor de edad y casi no habla castellano. 

El colectivo Mujeres Amazónicas también está buscando otras formas de apoyar el caso. Nina Gualinga, lideresa kichwa Sarayaku y parte del colectivo, dice que lo que las unió como grupo inicialmente fue “la defensa del territorio, la lucha contra las empresas extractivas”. Pero dice que comenzaron a darse cuenta de la importancia de proteger su bienestar como mujeres. “Juntas comenzamos a ver lo que cada una estaba viviendo o había vivido. Y son pocas las que se salvan de la violencia machista”, dice Gualinga. 

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Isabela Ponce
(Ecuador, 1988) Cofundadora y directora editorial de GK. Escribe sobre derechos de las niñas y de las mujeres, minorías y medioambiente. En 2021 ganó el premio Ortega y Gasset. Dos veces ha sido parte del equipo finalista al premio Gabo en la categoría Cobertura, y también fue finalista de los premios de Online News Association. En 2019 ganó una mención de la SIP en la categoría opinión por una columna sobre violencia de género. Es consultora en SembraMedia para medios independientes de América Latina.
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