El ex contralor Pablo Celi es uno de los 13 llamados a juicio en el caso Las Torres. La tarde de hoy, 25 de enero de 2022, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova, llamó a juicio a Celi y otras doce personas por el presunto delito de delincuencia organizada.

El anuncio lo hizo la Fiscalía General del Estado en su cuenta de Twitter. 

El juez Córdova llamó a juicio a los 13 procesados después de ocho días de audiencia en los que se presentaron las pruebas contra ellos. Córdova también ratificó las medidas cautelares que pesan sobre todos los acusados excepto para uno de los procesados, que ahora cumplirá con la medida de presentación periódica en la ciudad portuaria Guayaquil, en lugar de Quito. 

¿Por qué fueron llamados a juicio?

Según un comunicado de la Fiscalía, los 13 involucrados en el caso Las Torres fueron llamados a juicio porque en la etapa de instrucción fiscal se encontraron suficientes elementos de convicción en su contra. 

Además, dice el comunicado, la Fiscal General Diana Salazar —quien está a cargo del caso— logró demostrar que los acusados formaron parte de un grupo organizado para obtener beneficios económicos, “a través del desvanecimiento de glosas”. Una glosa es una observación de la existencia de una irregularidad en la ejecución de un contrato que causa un perjuicio al Estado por acciones u omisiones que violan las obligaciones de los contratos con el Estado. 

En este caso, según la Fiscalía, hubo un acuerdo entre varios funcionarios del gobierno de alto nivel — como el ex contralor Pablo Celi— y colaboradores públicos y privados para que las glosas se desvanecieran.

El delito por el que fueron llamados a juicio es el de delincuencia organizada. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) este delito se comete cuando un grupo de personas forman un grupo estructurado para financiar una organización delictiva y cometer uno o más delitos. Se sanciona con prisión de siete a diez años. 

El caso Las Torres

Todo comenzó en Estados Unidos en 2019 cuando la justicia norteamericana procesó a José Raúl de la Torre —sobrino del ex contralor Pablo Celi— y Roberto Barrera por lavar dinero producto de la corrupción en Ecuador.

De la Torre era funcionario de Petroecuador y Barrera era un empresario inmobiliario, que tuvo contratos de construcción de viviendas para el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). 

En 2019, De la Torre confesó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que cuando trabajaba en Petroecuador, él y otras personas crearon un esquema para recibir millones de dólares en sobornos. Según De la Torre, esto se habría logrado a cambio de permitir a una empresa petrolera mantener contratos con Petroecuador. 

Tras conocer el caso en el país del norte, la Fiscalía ecuatoriana comenzó una investigación previa para determinar si se había cometido también un delito en el país. El delito que empezó a investigar la Fiscalía fue el de presunta delincuencia organizada. Para avanzar en la investigación, la Fiscalía pidió la asistencia penal internacional de Estados Unidos.

En abril de 2021, la Fiscal Diana Salazar pidió que se amplíe la asistencia y solicitó que le reenvíen el material audiovisual que se recabó en la investigación contra José Raúl De la Torre y Roberto Barrera. 

Tras analizar esa evidencia, la Fiscalía de Ecuador concluyó que en el país había una estructura delictiva liderada por funcionarios públicos de altos cargos. Algunos de ellos eran Augusto Briones, exsecretario de la Presidencia de Lenín Moreno, el excontralor Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores. 

Celi y Briones fueron detenidos la madrugada del 13 de abril de 2021 por su presunta participación en la estructura. A ambos se les dictó prisión preventiva y fueron llevados a la Cárcel 4, al norte de Quito. 

Celi permanece en ese centro de privación de libertad hasta ahora. Mientras que Briones murió poco más de un mes después mientras estaba detenido. Según las autoridades, Briones se habría suicidado. 

Según la Fiscalía, los líderes de la estructura,habrían exigido sobornos a cambio de desvanecer glosas impuestas por la Contraloría, por la indebida ejecución de contratos entre Petroecuador y la empresa NOLIMIT S.A., que se dedica a la venta al por mayor de maquinaria y equipos para la construcción y minería. 

Además de Celi y Briones había otros 12 involucrados en el caso que están siendo procesados por la Fiscalía y han sido llamados a juicio.