Negaron la apelación de Guadalupe Llori a una acción de protección presentada antes de su destitución de la presidencia de la Asamblea Nacional y que fue rechazada. El recurso legal se presentó contra los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que calificaron a trámite la denuncia en su contra que desencadenó en su destitución del cargo. 

Con la decisión del tribunal de una de las salas de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha del 12 de julio de rechazar la apelación, una vez más se ratificó su destitución de la presidencia de la Asamblea.


¿Qué involucra la decisión del tribunal?

Antes de ser destituida como presidenta de la Asamblea, Llori solicitó medidas cautelares y una acción de protección para impedir que se conformara una comisión para evaluar su gestión. Las medidas cautelares fueron aceptadas y la acción de protección fue rechazada. Sin embargo, Llori apeló la decisión. 

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La acción de protección fue presentada contra los miembros del CAL que estuvieron presentes en la sesión en la que calificaron a trámite una denuncia en contra de Llori por presunto incumplimiento de funciones. Esa calificación permitió que se forme una comisión pluripartidista que, después de evaluar su desempeño como  presidenta de la Asamblea, recomendó su destitución. 

El pleno del Legislativo discutió ese informe y, el 31 de mayo de 2022, decidió destituir a Llori de la presidencia de la Asamblea. 

En la apelación a la acción de protección, que consta en el sistema de la Función Judicial, dice que “la demanda se interpone por los efectos graves y vulneraciones que ha causado en contra de sus derechos constitucionales, cuyas acciones ilegales de los miembros del CAL se materializan” en la resolución de la sesión en la que se calificó a trámite la denuncia contra Llori. 

El 12 de julio de 2022 la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha  resolvió de forma unánime que “no encuentra” que los asambleístas que conforman el CAL “hayan transgredido los derechos alegados como vulnerados” por Llori. 

Además, la sentencia dice que en el CAL “garantizaron en todo momento los derechos previstos” en la Constitución. 

denuncia contra Guadalupe Llori

El CAL en la sesión en la que calificó la denuncia contra Guadalupe Llori. Fotografía tomada de la transmisión de la Televisión Legislativa.

Filtraciones de audios y presuntas irregularidades

El 15 de junio de 2022, el medio digital La Posta filtró un audio en el que hablan tres personas y que serían funcionarios judiciales que hablan del proceso de Llori —de la apelación a la negativa de la acción de protección— y mencionan al presidente Guillermo Lasso. 

En el audio, participarían tres personas: 

  1. Juan José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura
  2. Maribel Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura
  3. Gustavo Osejo, presidente de la Corte Provincial de Pichincha y juez a cargo del caso de Llori.

El audio que dura alrededor de 8 minutos, comienza con quien sería Juan José Morillo, quien habla con quien sería Gustavo Osejo. Morillo dice que las fuerzas políticas están pretendiendo cambiar la Asamblea y que la llegada de Virgilio Saquicela a la presidencia del legislativo “va a empujar a que se produzcan varios movimientos en relación al tema de estabilidad de instituciones”. 

Eso, dice la primera voz del audio, afectaría al Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), e incluso. , “están hablando de la presidencia de la República”.

A continuación, el hombre que sería Morillo dice que “me ha contactado el Presidente [Guillermo Lasso]” y explica que está hablando con fuerzas políticas para ver “cómo esto [la salida de Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea] se logra revertir”. 

El hombre dice que el presidente “personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que si es posible apoyar, que se apoye en relación a este tema”. En el audio, el hombre asegura que el presidente cree que “estas circunstancias [lo que ocurre en la Asamblea] no van a ir por buen camino, no va a ir en una línea de derecha”. 

Otro punto importante que se escucha en el audio es la presunción de que “se están tomando el poder legislativo de una manera totalmente arbitraria”. Quien sería Juan José Morillo no dice específicamente quiénes se “están tomando el poder”, pero asegura que lo que está pasando es una “inquietud del señor Presidente” y que la está trasladando “con toda la seriedad del caso y con toda la confianza”.

Horas después de que el audio se filtrara en redes sociales, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que rechazó las afirmaciones que se hacen en el audio. 

En el comunicado, el Ministerio dice que el presidente Lasso “no ha hablado ni hablará con ningún funcionario del Consejo de la Judicatura sobre este ni ningún otro proceso judicial”. También dice que presionar a las autoridades “no es compatible con los valores democráticos”.

El 16 de junio, un día después de que se filtró el comunicado,  Juan José Morillo y Maribel Barreno —quienes supuestamente participan en el audio— firmaron un comunicado que fue publicado en la cuenta de Twitter del Consejo de la Judicatura.

En la publicación, ellos dicen que “cumplirán con todas las diligencias y requerimientos que se presenten por las entidades de control competentes” para aclarar el tema. Sin embargo, no confirmaron si en verdad son sus voces las que se escuchan en el audio ni dieron ningún otro detalle.

Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.

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