La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) rechazó públicamente que el presidente Guillermo Lasso dijera que los 18 días del paro nacional fueron financiados por 15 millones de dólares que vendrían del narcotráfico. 

En un comunicado, la Conaie dijo que “las actitudes maliciosas del señor Lasso ponen en duda el acta firmada” con los acuerdos entre las organizaciones indígenas y el gobierno con la que se dio por terminado el paro el 30 de junio.

¿Qué dijo el presidente Lasso?

Guillermo Lasso acusó al narcotráfico de financiar el pago de las movilizaciones en una entrevista con el medio digital Infobae publicada el 7 de julio de 2022, una semana después del fin del paro. Ahí, Lasso dijo “hay causas justas, reclamos justos” de los manifestantes. 

Sin embargo, aclaró que había que separar “la paja del trigo”. Este último, aclaró, eran esas causas justas. Mientras que “la paja está en fabricar una protesta violenta con fines políticos para derrocar a un gobierno legalmente constituido”.

En la entrevista, Lasso dijo que era era “una alianza con el correísmo” —refiriéndose a las personas afines al expresidente Rafael Correa. 

Además, según Lasso, hay un “tercer actor”que sería el narcotráfico “que es el que pone el dinero para las protestas, que habrán costado cerca de 15 millones de dólares durante 18 días”. 

¿Qué respondió la Conaie?

En un comunicado publicado la tarde del 9 de julio en su cuenta de Twitter, la Conaie dice que esa acusación “atenta y estigmatiza la legítima protesta social”. 

Además, dice que eso “denota la limitada visión del Presidente para entender la realidad, las formas organizativas de los pueblos indígenas y el concepto de solidaridad tan arraigado a la lucha social”. 

La Conaie, por su lado, acusó a Lasso de estar “acorralado por las cifras de rechazo a su gestión e incapacidad de gobernar emite acusaciones falsas e irresponsables agravando la convulsión social y política provocada por el mismo gobierno”. 

Según la encuestadora Cedatos, hasta mayo de 2022, el 54,6% de los ciudadanos encuestados rechaza la gestión del presidente Lasso. 

La encuestadora Perfiles de Opinión tiene cifras similares. Según datos de la primera semana de junio, el 64% de los encuestados cree que su gestión es mala y el 17% cree que es muy mala. 

En el comunicado del 9 de julio, la Conaie dijo que las acusaciones de que el narcotráfico financió la protesta ponen en duda el acta de compromisos firmada el 30 de junio porque “demuestra abiertamente el quemimportismo del Ejecutivo y acentúa la política de confrontación”. 

Además, advierte que esa narrativa “se dirige a criminalizar la protesta, pone en riesgo y sabotea desde el mismo Ejecutivo el proceso oficializado el 7 de julio para los próximos 90 días”. 

Ese día, el gobierno y las organizaciones indígenas comenzaron las mesas de trabajo para seguir trabajando en las respuestas para las exigencias por las que se hizo el paro nacional. 

La Conaie dice que el paro nacional “fue sostenido en minga colectiva” y con la solidaridad de la producción campesina del país, los barrios populares de Quito, las ollas comunitarias, la ayuda humanitaria de universidades y centros de acogida, y de la ciudadanía. 

“Si el paro duró 18 días no fue por un financiamiento externo sino por la inoperancia, el desinterés y la falta de voluntad del gobierno”, dice el comunicado. En el comunicado también se refiere a los acuerdos a los que llegaron con el gobierno y dice que “no son ningún favor, son producto de la lucha y presión social que obligaron a ver la realidad del país”. 

Según la Conaie, “el ideal neoliberal” del gobierno hace que para Lasso sea “imposible comprender que se haga algo sin la mediación del capital, sea este legal o ilegal”. 

Además, le pide que “si se habla de dineros dudosos que primero aclare” varias acusaciones de presuntas irregularidades que se han dado en contra del presidente Lasso o de sus miembros del gobierno. 

Como ejemplos, en su comunicado, la Conaie menciona a los Pandora Papers “que le comprometen”, refiriéndose a una investigación global publicada en 2021 que mostró los vínculos con empresas offshore de más de 300 políticos y funcionarios públicos en más de 90 países. 

Esa investigación reveló que el presidente Guillermo Lasso ha tenido vínculos con 10 compañías offshore y fideicomisos de Panamá y de Dakota del Sur y Delaware, en Estados Unidos, aunque ya no tiene ninguna vinculación. 

Después de la publicación de la investigación, Lasso insistió en que no tenía nada que ver con las instituciones. Dijo que la mayoría de las sociedades “mencionadas fueron legalmente disueltas en el pasado, y con aquellas que tuvieron existencia no tengo ninguna vinculación”. 

Según Lasso, él “ha cumplido en todo momento con la ley ecuatoriana que prohíbe a candidatos y a servidores públicos tener sociedades offshore”. El Presidente dijo que “todo uso anterior de cualquier entidad internacional” era legítimo, pero que ninguna de las entidades offshore está relacionada con su servicio público.

Además, el comunicado de la Conaie menciona otras acusaciones de presunta corrupción, evasión de impuestos de impuestos, entre otros delitos. Según la Confederación, los hechos mencionados “expresan claramente su imagen de gobierno ausente, neoliberal y evasor”. 

Las dirigencias indígenas y el gobierno firmaron un acto de compromiso para poner fin al paro nacional. Fotografía de GK

El paro nacional, en breve

En los 18 días que duró el paro, 10 personas murieron —directa e indirectamente por el paro—, hubo cientos de heridos, ataques a la prensa, y muchos otros incidentes violentos. 

Terminó la tarde del 30 de junio después de que las organizaciones y el gobierno firmaron un acta en la que constaban acuerdos sobre varios de los 10 puntos que exigió la Conaie durante el paro nacional. Algunos de los acuerdos son: 

1. Reducir el precio del galón de gasolina extra, ecopaís y el diésel en 15 centavos cada uno. 
2. Trabajar en la focalización de subsidios.
3. Derogar el decreto 95 con el que se promovía el incremento de “la producción de hidrocarburos” y  transformar el decreto 151 que menciona el “incremento de las exportaciones de los productos mineros” y “desarrollar una minería eficiente”. 
4. Derogar el estado de excepción que estaba vigente en cuatro ciudades del país “a medida que la situación en el país se normalice”.