Por tercera vez, el presidente Guillermo Lasso, decretó un estado de excepción por el paro nacional. Así lo informó la Secretaría General de Comunicación (Segcom) en su cuenta de Twitter, la tarde del 29 de junio de 2022, día 17 de paro nacional.

El nuevo estado de excepción es focalizado y solo regirá en cuatro provincias: en la Sierra será en Azuay e Imbabura, y en la Amazonía, en Sucumbíos y Orellana, debido a una “grave conmoción interna” en las cuatro provincias. 

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Según el decreto 463, el estado de excepción estará vigente durante 30 días, desde el 29 de junio de 2022. 

En el comunicado de la Segcom, el gobierno dice que con la medida se pretende lograr cinco objetivos que son:

  1. Recuperar el orden público,
  2. Controlar situaciones de violencia “manifiesta”,
  3. Proteger áreas reservadas de seguridad (una funcionaria de la Segcom le explicó a GK que estas zonas son: los campos petroleros, las centrales de generación eléctrica, y los sectores estratégicos en general),
  4. Asegurar la provisión de medicamentos, gases medicinales, oxígeno para hospitales y clínicas, combustibles, y alimentos, y
  5. Garantizar la seguridad de los ciudadanos. 

¿Habrá toque de queda?

Uno de los derechos restringidos por el nuevo estado de excepción es el de tránsito. En la provincia andina de Azuay habrá un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. 

Mientras que en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, el toque de queda empezará a las 7 de la noche  y terminará a las 5 de la mañana. El decreto no dice nada sobre un toque de queda en la provincia de Imbabura, en el norte del país.  

Según el Decreto, las personas que circulen durante el toque de queda en las tres provincias serán detenidas. Pero hay excepciones para ciertos sectores. Estos son:

  • Los servicios de salud públicos y privados
  • La seguridad pública y privada, y los servicios de gestión de riesgos y atención de emergencias
  • Los servicios de emergencia vial
  • Los funcionarios públicos del Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, y el cuerpo diplomático
  • Los contratistas de instituciones públicas
  • Los trabajadores de la cadena logística de exportación
  • Las personas que se movilicen hacia o desde el aeropuerto
  • Los trabajadores de los medios de comunicación
  • Los trabajadores de sectores estratégicos
  • Los abogados y funcionarios judiciales

Campos hidrocarburíferos: Zona de Seguridad

Además de la declaratoria de estado de excepción, el decreto 463 también establece ciertas medidas extraordinarias. Una de ellas es declarar como Zona de Seguridad a “toda el área de influencia que comprende las áreas reservadas de seguridad donde se encuentran los campos hidrocarburíferos de explotación y sus instalaciones… en Sucumbíos y Orellana”. 

Según el decreto, esta medida se tomó para “garantizar la protección de esta zona” por las “graves afecciones a los derechos, libertades, y garantías ciudadanas”. Hasta el 23 de junio, manifestantes se habían tomado 918 pozos petroleros en la Amazonía, según el Ministerio de Energía y Minas. 

Además, como parte de establecer esta Zona de Seguridad, el Presidente dispuso que las Fuerzas Armadas creen una Fuerza de Tarea Conjunta especial. 

La declaratoria de esta Zona de Seguridad llega tan solo horas después de que la empresa pública Petroecuador anunciara que había “activado las cláusulas de Fuerza Mayor en las exportaciones de crudo Oriente en el mercado internacional”. 

Según Petroecuador, se tomó esa decisión porque ha habido un descenso en la producción de la empresa, producto de las paralizaciones”. Petroecuador también denunció que ha habido intentos de sabotaje en los campos petroleros” de la empresa en la Amazonía. 

Hasta el 26 de junio, día 14 de paro nacional, el Ministerio de Energía y Minas dijo que el Estado había dejado de percibir cerca de 120 millones de dólares por los cierres de pozos petroleros. Según el Ministerio, hasta ese día, la empresa pública de hidrocarburos, Petroecuador, había perdido poco más de un millón de barriles de petróleo. 

El Ministerio de Energía y Minas dijo el 26 de junio  que si el paro nacional continuaba, en dos días tendrían que detener la producción de petróleo en el país. Según el Ministerio, la toma de pozos y cierre de vías no había permitido que se transporten “los insumos y el diésel necesario para mantener la operación”. 

Petroecuador dijo que una vez que se supere la fuerza mayor, coordinará con las compañías con las que tiene contratos vigentes la reprogramación de los cargamentos. 

Movilización de las Fuerzas Armadas

En el decreto del nuevo estado de excepción, el presidente Guillermo Lasso también dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas, y la Policía para que ayuden a mantener el orden y garanticen la provisión y libre circulación de “personas, alimentos, medicinas y gases medicinales”. 

El objetivo de esta movilización, dice el decreto, es prevenir hechos de violencia y “proteger la vida e integridad física” de las personas. Según el documento, los militares y la policía deberán coordinar acciones para mantener el orden público y la seguridad ciudadana “hasta que se haya restablecido”.

Además, el decreto dice que las Fuerzas Armadas, junto a la Policía, también podrán estar a cargo de las requisiciones ordenadas por el gobierno.  

Otro derecho restringido

Además de la restricción del derecho al libre tránsito, otro derecho que está restringido en Azuay, Imbabura, Orellana y Sucumbíos es el de la libertad de asociación y reunión. El decreto especifica que este derecho solo estará limitado en el caso de las manifestaciones en las que ocurran hechos violentos. Las reuniones pacíficas no están prohibidas. 

Según el decreto, el objetivo de restringir la reunión es “limitar la propagación de acciones violentas durante las 24 horas del día”.

La Corte Constitucional deberá hacer un control de constitucionalidad de este nuevo estado de excepción en los próximos días. 

Doménica Montaño
(Quito) Reportera de GK. Cubre medioambiente y derechos humanos.

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