Johanna Jaramillo tiene un taller de costura con su madre en Loja, al sur del país. Actualmente, tiene solo dos trabajadoras más, una con contrato indefinido y otra con la que tiene un contrato verbal y a la que le paga por semana. Antes de la pandemia 8 personas trabajaban en su local. De esas, 7 recibían pagos semanales. Cuando comenzó la cuarentena y los empleos escasearon dejó de trabajar con 6 de ellas. Pero incluso en las épocas en que la demanda de trabajo era mayor, no podía tener más de una empleada con contrato fijo.
La situación de Johanna y sus empleadas es un ejemplo de aquellos negocios que han tenido que recurrir a acuerdos y circunnavegaciones de la rígida y obsoleta legislación actual para contratar empleados. Especialmente en negocios, como el taller de Johanna, en el que hay épocas en las que hay más trabajo y necesita contratar a más personas. O en el de Daniela Yánez, que tiene una cafetería en Quito que abre todos los días y en la que necesita empleados que trabajen en horarios flexibles, sin que eso le represente un gasto en horas extra. Pero el Código de Trabajo no está diseñado para facilitarles la contratación a pequeños y medianos empleadores como ellas, ni para agilizar la creación de empleo.
Ecuador necesita reformar su legislación, pero el gobierno, los empleados y los empleadores parecen tener ideas diferentes sobre los cambios que deben hacerse. Por ello, respaldan propuestas separadas para reformar las leyes del trabajo que rigen en el país.
En un lado del escenario, están las reformas que el presidente Guillermo Lasso incluyó en el proyecto de Ley Creando Oportunidades que no fue calificado a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y que será presentado nuevamente en los próximos días. Muchos han criticado este proyecto porque aparentemente favorece a los empresarios. En el otro, está el que el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) entregó a la Asamblea Nacional el pasado 20 de octubre con un enfoque más hacia los empleados. Estas propuestas también han sido cuestionadas porque no parten de ningún análisis de factibilidad.
Esa es la realidad de la reforma laboral en el Ecuador: tan necesaria pero tan difícil de alcanzar. Sin embargo, hay un punto de convergencia: ambas propuestas —la del gobierno y la del FUT— parten de las necesidades que tienen trabajadores y patronos ecuatorianos. Encontrar las coincidencias entre ambos será indispensable para que el mercado laboral se dinamice y la economía se reactive.
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La falta de trabajo pleno es un viejo problema en el Ecuador. “Ni en las épocas de mayor bonanza ha tenido el país elevadas cifras de empleo”, dice la economista Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de Grupo Faro, un centro de investigación y acción de políticas públicas. En 2007, 2009 y 2014, cuando el país gozaba de la inyección de dinero del alto precio internacional del petróleo, el empleo pleno (aquel en que se trabaja mínimo 40 horas semanales y se tiene afiliación a la seguridad social) alcanzó sus puntos más altos.
Pero incluso en esos años, apenas el 50% de las personas en edad de trabajar tenía un empleo pleno. Desde que los precios internacionales del petróleo comenzaron a desplomarse y el Estado dejó de ser el gran motor de la economía, la cifra ha ido cayendo. Actualmente, solo 3 de cada 10 ecuatorianos que podrían trabajar tienen un empleo formal.
Uno de los principales problemas que tiene el mercado ecuatoriano es que los costos iniciales de contratación son muy altos. Gabriel Aulestia, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Quito, dice que cuando se va a contratar a alguien se debe definir las horas extras, tomar en cuenta los décimos terceros y cuartos, entre otros valores que la ley contempla.
Al tomar eso en cuenta, Aulestia dice que un empleado que gana el salario básico —400 dólares en 2021—, termina costándole a su empleador entre 120 y 130 dólares más que eso cada mes. Por eso muchas personas y empresas han recurrido a otros mecanismos para contratar a sus empleados.
Esa es, por ejemplo, la razón por la que Johanna Jaramillo maneja acuerdos verbales y pagos puntuales cada semana. “La gente que busca trabajo se somete a la informalidad y nosotros también lo hacemos porque la ley es muy poco flexible”, dice. Ella espera que se modifique la ley para que le permita contratar a las personas cuando las necesita sin que “me salga mucho más caro y nos deje en desventaja de lado y lado”. Hasta ahora, sus empleadas han estado de acuerdo con esta modalidad. Incluso, Jiménez dice que la persona que trabaja ahora con ella ha preferido no facturar porque así se ahorra el valor que tiene que pagar por tener RUC o Rise.
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Daniela Yánez tiene 4 empleados que sí tienen un contrato indefinido y todos los beneficios de ley. Pero para que realmente funcione la relación laboral, hace acuerdos con ellos para poder definir horarios de trabajo alternativos sin que tenga que pagar horas extra o contratar a alguien más. En la Ley Creando Oportunidades, el gobierno proponía distribuir las 40 horas laborales semanales de la forma que mejor le convenga a cada tipo de negocio. El FUT también tiene algo similar: plantea jornadas ordinarias especiales con turnos rotativos o en las que las horas de trabajo se distribuyan en 6 días.
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Cualquiera de las dos opciones beneficiaría a Yánez porque ella necesita que algunos de sus empleados lleguen después del mediodía, pero se quedan hasta más tarde. En otras circunstancias, necesita que trabajen los fines de semana. Sin embargo, la ley actual ha obligado a que ella encuentre la flexibilidad mediante acuerdos directos con sus empleados. “Los emprendedores como yo no podemos mantenernos con toda la legalidad, porque no nos alcanza la plata para poder pagar así”, dice Yánez.
Grazia Borja, que tiene un emprendimiento de panadería, coincide con Yánez. Ella no tiene contratos indefinidos, pero también ha llegado a convenios con sus empleados para poder cumplir con las necesidades de su negocio. “Yo les explico la situación, la dinámica de trabajo y llegamos a acuerdos que nos funcionen tanto a mí como a ellos”, dice Borja. Según ella, solo puede trabajar con esta modalidad porque como emprendedora “no puedes sostenerlo de la forma en la que la ley quiere que lo hagas”.
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A Johanna Jaramillo tampoco le conviene hacer contratos indefinidos o temporales que establece la ley, porque son por mucho tiempo y ella necesita más manos por épocas específicas. “Por ejemplo, quisiera uno en el que pueda contratar a alguien por uno o dos meses en la época del inicio de clases en la que más demanda hay”, dice. Daniela Yánez y Grazia Borja dicen que ellas también aspiran tener más flexibilidad para contratar a personas en las épocas de mayor actividad como Navidad, el Día de la Madre, entre otras fechas especiales.
La propuesta del gobierno en la Ley Creando Oportunidades ofrecía contratos alternativos eventuales que estaban destinados para “acaecimientos circunstanciales o periódicos del empleador”, como el reemplazo del personal o la atención en periodos de mayor demanda de productos o servicios. Los contratos eventuales que propone el gobierno son muy similares a los contratos por tarea que propone el FUT. El objetivo principal de ambos es facilitar a personas como Jaramillo, Yánez y Borja que requieren modalidades de contratación sean más flexibles.
Sin embargo, no es una cuestión solo de ofrecer múltiples opciones de contratación —como lo hacen ambos proyectos—, sino que deben ser bien seleccionadas para que beneficien a los sectores que verdaderamente las necesitan. Ana Patricia Muñoz dice que actualmente en las leyes y acuerdos ministeriales ecuatorianos hay 41 tipos de modalidades de contratación, pero el 95% de los contratos se concentran en 10 de esas. “Es un caos en donde solo pocas se utilizan”, dice Muñoz. Por eso, la normativa también debe trabajar en ordenarlos para potenciar sus beneficios e identificar lo que falta.
Las reformas laborales beneficiarán —o perjudicarán— a microempresas como las de Jennifer Jiménez, Daniela Yánez y Grazia Borja y a pequeñas y medianas empresas, que, en conjunto como mipymes, representan el 99% de los negocios de Ecuador.
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La legislación actual también ha provocado que muchos profesionales no puedan conseguir un trabajo. Para mediados de agosto de 20201, Alejandro —quien prefirió que su apellido no se divulgara en este reportaje— tenía dos carreras, ningún trabajo y una profunda angustia. “Mi mamá me veía triste todo el tiempo, no quería hacer nada”, dice. Él, de 27 años, se graduó en música contemporánea en 2019 y como productor musical a principios de 2020, poco antes de que la pandemia del covid-19 llegue a Ecuador.
Hoy, Alejandro está finalizando su segundo mes de prueba como profesor de música en un colegio privado de Quito. Dice que no se había planteado ser profesor antes, pero cuando la oportunidad llegó, no dudó: necesitaba trabajo.
Laura, una arquitecta de 52 años de Ambato —quien también pidió no ser identificada con su apellido—, está en una situación similar. Por la pandemia perdió su trabajo en una constructora en junio de 2020. Ha pasado más de un año en búsqueda, pero no ha podido conseguir uno que le pague lo suficiente por sus años de experiencia. Por eso decidió hacer contratos como independiente (freelance) y trabajar en proyectos específicos con sus clientes. Aunque admite que extraña la seguridad de tener un trabajo fijo con todos los beneficios de ley, esta es la única forma que ha encontrado de poder ganar lo suficiente para mantener a su familia.
Que los ciudadanos tengan empleo es sumamente necesario para que el país se recupere de la crisis económica que fue agravada por la pandemia del coronavirus. “Es la forma más rápida en la que una sociedad va a progresar, más allá de la obra pública o de cualquier otra medida”, dice Gabriel Aulestia, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Quito. Según él, desde el punto de vista familiar y social, el empleo dignifica a la persona y le permite planificar sus gastos a futuro. Sin embargo, el único objetivo no debe ser solo la creación de nuevas plazas laborales —hay otras necesidades que deben considerarse e incluirse en las propuestas para garantizar una recuperación sostenida.
Uno de esos es la seguridad social. Un factor que se debilita cuando hay un elevado porcentaje de trabajo informal o muchos de los sectores no pueden garantizar el empleo pleno de sus trabajadores. La abogada Solimar Herrera, experta en derecho laboral, dice que cuando las leyes se hacen solo pensando en lo económico y no en cómo afectarán en el ámbito social, como en el caso de Ecuador, se pone en riesgo el futuro de los trabajadores.
Otro de los puntos importantes para la economista Ana Patricia Muñoz es modernizar la legislación para incluir a los trabajadores de las plataformas virtuales de entregas y transporte, mejorar el seguro de desempleo que hay en el país y garantizar la capacitación de los empleados para que sus posibilidades de crecimiento profesional sean mayores. Aunque esos puntos han sido abordados en parte por las propuestas presentadas a la Asamblea por el FUT y el gobierno, no se ha profundizado en esos temas.
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Las conversaciones para llegar a acuerdos que han tenido Jennifer Jiménez, Daniela Yánez y Grazia Borja con sus empleados demuestra la necesidad de que los sectores trabajen juntos para encontrar soluciones. Otra prueba es que incluso en propuestas con enfoques distintos como la del FUT y la del gobierno hay similitudes. Juntar esas perspectivas es indispensable para lograr un consenso en las reformas laborales que se necesitan.
Hasta lo dice el convenio número 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —del que Ecuador es parte— que establece que el diálogo social entre el gobierno, los empleados y empleadores en igualdad de condiciones es clave para crear las reformas laborales que funcionen.
En las propuestas recientes, eso no se ha cumplido. José Villavicencio dijo que al FUT el gobierno lo llamó para una reunión en septiembre, ahí presentaron sus preocupaciones sobre la situación, pero no hubo otro encuentro. Gabriel Aulestia, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Quito, dice que también aportaron a la propuesta del gobierno en varias mesas de trabajo, pero finalmente sus puntos de vista no fueron incluidos en el documento que se envió a la Asamblea. En cambio, el proyecto del FUT se realizó en dos años con la colaboración de profesionales de derecho y organizaciones sociales, pero no invitaron a participar a los gremios patronales, de producción, ni del gobierno.
Para conseguir que las reformas sean integrales, la abogada experta en temas laborales Solimar Herrera dice se debe definir no solo las propuestas de cada sector sino cómo será incorporado lo que dicen los trabajadores, lo que necesita el gobierno actualmente y qué requieren los empleadores para que eso se presente en la Asamblea. Sin eso, no se podrá definir realmente qué es lo que podría ayudar al país frente al futuro de trabajo. Las reformas laborales son urgentes, pero si se hacen al apuro y sin considerar todos los actores involucrados, podrían profundizar las heridas en vez de sanarlas.
