La Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) vino, observó y acaba de presentar su informe sobre la crisis carcelaria en el Ecuador. Casi dos meses y medio después de su visita al país, el organismo regional de derechos presentó un extenso análisis sobre la grave situación del sistema penitenciario, al que definió como “colapsado”. 

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En la misión de la CIDH que vino en diciembre pasado estuvo Stuardo Ralón, comisionado y relator sobre Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, entre otros funcionarios de la Comisión.

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Los delegados visitaron varias cárceles del país —aunque no lograron entrar a la más conflictiva y peligrosa de todas, la Penitenciaría del Litoral, en las afueras de la convulsionada ciudad de Guayaquil. Los miembros de la CIDH se reunieron, también, con el presidente Lasso, asambleístas y organizaciones de la sociedad civil.

Ahorcamientos en la cárcel

Hacinados, en condiciones infrahumanas. Así viven los presos en las cárceles ecuatorianas. Fotografía tomada del Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de la Libertad.

Ahora, la CIDH ha presentado un informe en el que resalta no solo el deterioro del sistema carcelario, sino el señalamiento del organismo regional a la severa política punitivista local en materia de drogas. La Comisión apuntó a “recientes reformas legislativasque aumentaron las penas respecto de los delitos asociados al tráfico de drogas. 

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“Lo anterior ha resultado en que, según información oficial, los delitos relacionados con drogas constituyan actualmente la principal causa de encarcelamiento en Ecuador, con un 28,19% de la población penitenciaria”, dijo la CIDH. Además, la Comisión recordó que no hay pruebas empíricas que demuestren que la cárcel tenga “un efecto real en la reducción del delito y la violencia” o que resuelva “en un sentido más amplio, los problemas de la inseguridad ciudadana. Por el contrario, el nivel de violencia carcelaria ha aumentado en niveles sin precedentes”, dice el informe presentado hoy. 

Como consecuencia de estas políticas de mano dura, en 21 años, la población carcelaria creció en casi un 470%: de 8.029 personas en 2000 a 37.679123 en octubre de 2021. La población total del Ecuador, en cambio, creció apenas un 26% en el mismo período.

censo carcelario

Cárcel de Latacunga. Fotografía del Ministerio de Gobierno.

El documento afirma, también, que la CIDH “toma nota” de las medidas adoptadas por el Estado para intentar resolver la grave situación. Entre ellas, apunta la Comisión, están: 

  1. Las declaratorias de estados de excepción; 
  2. La creación de una comisión especial para trabajar en temas de seguridad; 
  3. La conformación de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación
  4. Las acciones del Directorio del Organismo Técnico del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para fortalecer el sistema penitenciario; 
  5. Las acciones de la Corte Nacional de Justicia; 
  6. La investigación de los hechos de violencia; 
  7. Las medidas para garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales y otros trabajadores de los centros carcelarios, 
  8. Los indultos
  9. Las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional de Ecuador en la verificación de cumplimiento respecto de medidas estructurales en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social; y, 
  10. Las medidas tomadas para asistir a familiares de víctimas.

La situación en las cárceles del Ecuador parece actualmente bajo mayor control, aunque aún no se llega a una solución definitiva. “La crisis no está resuelta. Nos va a tomar mucho más tiempo del que pensamos, o al menos encaminarnos a ello”, dice Daniela Oña, experta en derechos de personas privadas de libertad. “Lo que sí creo es que sí se trabajó en los temas gravísimos. El tema de los indultos por ejemplo es una muestra de aquello. El que las muertes violentas se hayan reducido es también un avance importante”, explica Oña: en los tres primeros meses de 2022 ha habido menos violencia en las cárceles ecuatorianas que en los tres últimos de 2021.

“El tema —y perdón que use la analogía de la enfermedad— es que al igual que un enfermo, habría que cuestionar qué tipo de medicina estamos dando ¿Qué tratamientos se aplican? ¿Estamos realmente trabajando en una cura o solo en bajar la fiebre?”, se pregunta Oña. Si no se resuelven los problemas estructurales que existen —y que la CIDH ha descrito en su reporte—, las crisis se repetirán. 

Conclusiones y hallazgos del informe de la CIDH sobre la crisis carcelaria, en breve

El extenso documento, de más de 100 páginas, hace un detallado recorrido por los antecedentes de la crisis, los hechos de terrible violencia carcelaria en el país y, también, ahonda en los factores que la causaron. En su acápite final, presenta sus hallazgos y recomendaciones, que divide en 8 áreas y entre inmediatas, de prevención y estructurales.

Estas ocho áreas son: 

  1. Violencia
  2. Reducción de población carcelaria; 
  3. Prisión preventiva y medidas alternativas; 
  4. Fortalecer la institucionalidad del sistema penitenciario; 
  5. Condiciones de detención; 
  6. Reinserción social; 
  7. Investigación y medidas de no repetición; y, 
  8. Acciones transversales.

Estas son algunas de las recomendaciones de la CIDH

En el acápite sobre violencia, entre otras medidas, la CIDH recomienda al Estado ecuatoriano, retomar el control de los centros carcelarios. Para ello, pide establecer medidas para prevenir, identificar y sancionar la corrupción en los centros penitenciarios. Además, dice que el Estado debe combatir prácticas que pueden incentivar espacios de corrupción que encarecen la vida en prisión

La CIDH también le pide al Estado detener el ingreso de armas, drogas, alcohol y de otras sustancias u objetos prohibidos

Otra recomendación que da la Comisión es crear mecanismos de alerta temprana para advertir, disuadir y enfrentar amenazas y riesgos en las cárceles locales

La CIDH pidió al Estado incorporar una perspectiva de género y tratamiento diferenciado para proteger a mujeres y a otras personas pertenecientes a grupos en situación especial de riesgo de la violencia y priorizar las medidas alternativas a la privación de libertad. “En particular, las mujeres detenidas en el Centro de Privación Provisional de Libertad (CPPL) Femenino Guayas No. 2 en Guayaquil (cárcel contigua a Guayas 4) deben ser transferidas a un centro carcelario exclusivo para mujeres que permita asegurar que su vida e integridad no se encuentre en riesgo”, dijo la Comisión. 

Además, le recomendó al Estado hacer un diagnóstico penitenciario para conocer la situación del sistema. 

En el acápite de reducción de la población penitenciaria, la CIDH le pide al Estado implementar acciones para “aplicar de manera eficiente y expedita” los beneficios penitenciarios destinados a la excarcelación

indultos a privados de la libertad

El presidente Guillermo Lasso concedió indultos a las personas privadas de la libertad. Fotografía tomada de la cuenta de twitter del presidente Guillermo Lasso.

También le dice al Estado que debe continuar aplicando indultos para extinción y conmutación de penas por delitos menores y sin violencia, estableciendo parámetros claros y eliminando requisitos innecesarios. “Asimismo, se recomienda que la política de indultos tenga en cuenta los enfoques diferenciales y de género”, dice el  informe de la Comisión. 

En el apartado de prisión preventiva y medidas alternativas, la CIDH le urge al poder judicial ecuatoriano determinar cuántas personas presas siguen sin tener una sentencia en firme para determinar la caducidad de sus prisiones preventivas o establecer medidas alternativas

La Comisión le pide al gobierno garantizar los fondos para que las medidas alternativas a la prisión preventiva sean operativas, y que puedan ser utilizadas por el mayor número posible de personas. Ya ha pasado, por ejemplo, que no hay suficientes dispositivos de rastreo (conocidos como grilletes electrónicos). 

En la parte de institucionalidad, le pide fortalecer al SNAI y crear una comisión “o instancia de coordinación técnica interinstitucional” temporal para la implementación participativa de las medidas urgentes para enfrentar la crisis que atraviesa el sistema penitenciario. Esta iniciativa deberá incluir la participación de “organizaciones de la sociedad civil, academia, personas privadas de libertad y sus familiares”.

En el acápite de condiciones de detención, la CIDH pide, entre otras cosas, garantizar que estas sean “compatibles con la dignidad humana y con el respeto de los derechos humanos que aseguren el trato digno a las personas bajo custodia del Estado”. 

Además, la Comisión pide “asegurar que todos los centros de privación de libertad cuenten con personal especializado del Ministerio de Salud Pública e instalaciones adecuadas para ofrecer atención en salud” inicial y periódica. Una fuente reservada le dijo a GK que en ciertos centros carcelarios el personal médico no ha podido entrar por falta de garantías para su seguridad. La CIDH dice que es “fundamental” que los familiares de las personas privadas de libertad puedan ingresar productos de primera necesidad y bienes de consumo sin ningún tipo de amenaza o extorsión a las cárceles. 

cárcel de mujeres de Guayaquil

La cárcel de mujeres de Guayaquil es parte del complejo penitenciario de Guayas en el que también está la Penitenciaría del Litoral. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del SNAI.

En la parte de reinserción social, la Comisión le pide al Estado fortalecer los programas destinados a ese propósito, “mediante asignación de presupuesto y personal que permita garantizar su eficacia para cumplir con la finalidad de las penas” —que en el Ecuador, es la rehabilitación social y la reinserción. 

Estos programas, dice la CIDH, además de propiciar la reintegración de las personas presas de libertad y prevenir la reincidencia delictiva, “resultan esenciales para acceder a beneficios penitenciarios” y establecer una cantidad suficiente de actividades destinadas a ese fin. 

En el acápite de investigación y medidas de no repetición, la Comisión pide investigar de oficio y con la debida diligencia las muertes violentas y actos de tortura ocurridos al interior de centros de detención. Esta investigación deberá hacerse, dice el informe, “de manera seria, exhaustiva, imparcial y ágil”. 

Finalmente, la CIDH dice en su apartado de acciones transversales, que es necesaria “una ruta común por parte de los tres Poderes del Estado, la adopción de perspectiva de género y de tratamiento diferenciado, y la participación de personas detenidas, familiares y organizaciones de la sociedad civil en la adopción de medidas inmediatas y de tipo estructural”. 

GK
(Ecuador, 2011) Periodismo que importa sobre lo que te importa.