La Comisión de Fiscalización de la Asamblea considera que no hay elementos para el juicio político contra Carlos Riofrío, contralor general del Estado subrogante. Por ello, la mañana de hoy, 17 de marzo de 2022, aprobó el informe que recomienda archivar el juicio contra el contralor Riofrío.

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La sesión de la Comisión de Fiscalización del 17 de marzo, que votó por no recomendar el juicio al contralor Riofrío. Fotografía de la cuenta de Twitter de la Comisión

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La decisión de la Comisión pasará ahora al pleno de la Asamblea Nacional, que deberá votar si acepta la recomendación o decide continuar con el trámite. “Por lo general el pleno decide continuar con el juicio. Desde que se dio la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en 2020, así ha procedido el pleno”, explica la experta en derecho legislativo Libia Rivas, citando el caso del ministro de Trabajo del gobierno de Lenín Moreno, Andrés Isch, cuyo caso la Comisión recomendó archivar, pero que el pleno decidió continuar (Isch no fue censurado). Más recientemente, en el juicio político de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, sucedió lo mismo —aunque Arregui sí fue cesada.

Aunque así ha actuado el pleno, no significa que necesariamente vaya a repetir el patrón en el caso de Riofrío. “Habrá que ver si en el caso del Contralor, el pleno acoge los motivos de la Comisión”, sostiene Rivas. 

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El juicio político contra Riofrío fue planteado por el asambleísta de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES), Ronny Aleaga por un presunto incumplimiento de funciones. Según Aleaga, el contralor subrogante incurrió en esa falta por emitir un acuerdo en el que ordenaba que las contrataciones menores a 962 mil dólares no requieran de un informe previo de la Contraloría.

Como consecuencia del acuerdo de la Contraloría, hay 10 mil procesos de contratación que no tienen un informe previo de pertinencia, un documento obligatorio para las entidades públicas para verificar “la pertinencia y favorabilidad de procesos de contratación”.

El contralor Riofrío se defendió ante la Comisión el 10 de marzo de 2022. Sostuvo que ese acuerdo institucional no era otra cosa que la implementación del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

En agosto de 2021, el Presidente de la República hizo cambios a ese reglamento para adecuarlo a los cambios hechos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, mediante una reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de febrero de 2021. Como consecuencia de esa reforma, que buscaba mejorar los mecanismos de control de la corrupción, se creó el informe previo de pertenencia.

En su primer año de vigencia, los informes previos de pertinencia debían hacerse, dispuso el Ejecutivo, sobre los contratos superiores al valor de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el Presupuesto General del Estado aprobado —de ahí, que según la propia ley y el reglamento debía hacerse a contratos superiores a los 962 mil dólares.

Por tanto, alegó el contralor Riofrío, al firmar el acuerdo que Aleaga señala como el motivo de su juicio político no habría hecho otra cosa que cumplir con su obligación de crear el instructivo para la solicitud, trámite y emisión de estos informes. Si no se hubiera expedido el acuerdo que regula el informe de Pertinencia, dijo el Contralor ante la Comisión, “en ese caso, sí hubiera incumplido funciones”.

La prueba perdida

Las principales pruebas de Aleaga fueron el acuerdo y un tuit de la Contraloría que anunciaba que los informes de pertinencia se haría solo sobre los contratos superiores a 962 mil dólares. 

El mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la Contraloría al que aludía Aleaga fue borrado.  Aleaga presentó una captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp notarizada que mostraba el mensaje de Twitter. 

Sin embargo, el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, dijo que esa prueba no podía ser incluida en el trámite del juicio político porque la captura de pantalla no fue anunciada en el pedido de juicio político, como lo exige la ley. 

Ana Belén Cordero y Fernando Villavicencio en la sesión del juicio político al contralor Riofrío

Los integrantes de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero y Fernando Villavicencio, en la comparencia del contralor Riofrío. Fotografía de la cuenta de Twitter de la Comisión.

Villavicencio sostuvo que lo que se anunció fue un tuit, que nunca fue formalmente integrado al trámite. Por ende, a criterio de Villavicencio, Aleaga pretendía introducir una prueba que no es parte de su pedido inicial.

En la sesión en que se votó el informe, Aleaga insistió en sus alegaciones. Pero la mayoría de la Comisión las descartó. Varios de sus integrantes cuestionaron que los pedidos de juicio político tengan el respaldo de integrantes de la comisión, que debe evaluar esos pedidos pues, dijo Pedro Velasco, uno de sus miembros, se convertían en “juez y parte”

¿Qué pasará ahora?

El informe con la recomendación de archivar el juicio político contra Riofrío pasará ahora al pleno de la Asamblea Nacional.

Los 137 asambleístas que integran el legislativo ecuatoriano podrán acoger y ratificar el informe o no acoger el informe y continuar el juicio político.

Para lo primero, deberán votar favorablemente la mitad más uno de los presentes en la sesión. Para lo segundo, se necesitará  la mayoría absoluta de los asambleístas —es decir, 70 votos. 

GK
(Ecuador, 2011) Periodismo que importa sobre lo que te importa.