Ante el desastre humanitario que se está dando y que se intensificará en  Ucrania, varias voces han levantado la alarma en cuanto a la efectividad de la diplomacia y el derecho internacional ante estas situaciones de guerra. Creer en ese argumento es una tentación en la que no debemos caer.

Desde la Carta de las Naciones Unidas, el actual orden mundial  ha significado el desarrollo de un aparataje institucional que tiene como objetivo la promoción del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales sin discriminación. 

Durante su vigencia, ha habido crisis como la guerra en Iraq, Kosovo, el cambio climático, entre otros. Sin embargo, la misma existencia de este orden hoy nos permite identificar que la invasión rusa es arbitraria, ilegal y basada en falacias. Sin los mecanismos del actual sistema, la comunidad internacional solamente podría responder con más violencia —léase, guerra—, escalando la crisis. Al activar los mecanismos legales internacionales, existe al menos una vía alternativa antes de una desgracia de alcance global.

El pilar fundamental del actual orden mundial ha sido la exclusión del uso de la fuerza, tanto en las relaciones internacionales, como un medio de resolución de controversias. Este “nuevo” paradigma se empezó a concebir desde el periodo entre guerras cuando en 1928 se suscribió el Pacto de la Paz o también conocido como el Pacto Kellogg-Briand en París.

Este instrumento pretendió prohibir el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Sin embargo, fue insuficiente para evitar la Segunda Guerra Mundial. A pesar de este fracaso, los postulados del pacto encontraron acogida en la llamada Carta Atlántica concebida en 1941 por el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosvelt, y el primer ministro británico Winston Churchill, quienes buscaban que la interdependencia económica entre Estados evitara el desencadenamiento de nuevos conflictos armados.

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Finalmente, esta noción se trasladó a la Carta de las Naciones Unidas con su régimen de cooperación multilateral que busca el bienestar del ser humano y su desarrollo económico. 

A partir de 1945 el actual orden mundial empezó a construirse con hitos de relevancia universal, como la adopción de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y  la Declaración Universal de Derechos Humanos en diciembre de 1948 y los Convenios de Ginebra el año siguiente, entre otros. 

flecha celesteOTROS CONTENIDOS SOBRE LA INVASIÓN DE RUSIA A UCRANIA

El proceso de consolidación del actual sistema es continuo, permanente y no libre de tropiezos. Una de sus principales críticas ha sido su concentración en los aspectos económicos y de no afrontar adecuadamente los problemas sociales de la humanidad. Pero su fin fundamental de evitar, vigilar y sancionar el uso de la fuerza no ha cambiado y ya varios organismos propios del derecho internacional se han activado para hacer frente a esta crisis. 

Una histórica resolución de la Asamblea General de la ONU

Por un lado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió el 26 de febrero de 2022 para demandar un cese de la invasión pero por el poder de veto de Rusia no se pudo adoptar ninguna resolución y el tema se derivó a su Asamblea General, donde Rusia no tiene el mismo poder de bloqueo.

Ahí se aprobó, el pasado 2 de marzo, una resolución exigiendo —entre otras cosas— que Rusia ponga fin de inmediato al uso de la fuerza contra Ucrania, que se abstenga de recurrir a cualquier otra forma ilícita de amenaza o uso de la fuerza contra cualquier otro Estado, y que retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania.

Esta resolución se adoptó dentro del contexto de la “Unión pro paz” (Uniting for peace) en referencia a la resolución del 3 de noviembre 1950 sobre la incursión china en Corea. 

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Este tipo de resoluciones se han aplicado unas 12 veces desde 1950 hasta 1997. Se adoptan por la incapacidad del Consejo de Seguridad para “ejercer su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales en cualquier caso en que parezca haber una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión” —tal como ha pasado ahora con Rusia invadiendo Ucrania. 

En estos casos, la Asamblea General examina el asunto con el fin de hacer recomendaciones apropiadas a los Miembros para que adopten medidas colectivas, incluyendo, en el caso de un quebrantamiento de de la paz o de un acto de agresión, el uso de la fuerza armada cuando sea necesario, “para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”.

No solo en la ONU, sino también en cortes internacionales

Pero ha habido más acciones en el tinglado internacional. El presidente ucraniano, Volodomir Zelenskyy, en un movimiento muy inteligente, anunció que Ucrania entabló un proceso judicial internacional en contra de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia por las alegaciones rusas sobre el posible cometimiento de genocidio por parte de Ucrania, que fueron parte de la justificación de Putin para su “operación militar”. 

Ucrania, en una devolución del argumento, no acusa de genocidio a Rusia pero sí del mal uso que esta hace sobre la aplicación e interpretación de la Convención sobre el Genocidio. Así mismo, Ucrania pidió a esta corte medidas provisionales para prevenir daños irreparables, el agravamiento de la disputa y, principalmente, para que Rusia cese operaciones militares en su territorio, entre otras. La Corte Internacional de Justicia mantuvo una audiencia el pasado 7 de marzo en La Haya, Países Bajos.

Además de las violaciones generales al derecho internacional, Putin estaría cometiendo varios crímenes internacionales al bombardear edificaciones civiles, escuelas, unidades médicas y tomando control de la planta nuclear de Chernóbil. 

La invasión rusa estaría incurriendo en los delitos de agresión, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, todos tipificados en el Estatuto de Roma, instrumento que creó el primer tribunal penal internacional permanente del mundo. La dificultad para que estos delitos sean juzgados ante la Corte Penal Internacional es que esta no tendría jurisdicción sobre Putin en cuanto al delito de agresión, ya que el Consejo de Seguridad de la ONU debería enviar el caso contra Rusia ante esta corte —lo que no sería viable por el inminente veto de Rusia  como miembro permanente del consejo. 

En cuanto a los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, esta corte sí tendría jurisdicción. En ese sentido, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim A.A. Khan QC, decidió abrir una investigación sobre la situación en Ucrania. Para ello, debía obtener una autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la corte o que un estado parte del Estatuto de Roma refiera la situación al tribunal. En una significativa muestra de preocupación de la comunidad internacional, al menos 39 estados miembros lo hicieron.

De igual forma, la Corte Europea de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de Ucrania. Otros organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio y el Consejo de Derechos Humanos están atendiendo la crisis dentro de sus respectivas competencias.

Las consecuencias dramáticas de la invasión

La invasión a Ucrania también desató una enorme crisis energética en el mundo. La dependencia de Europa por el gas ruso es enorme y eso explicaría la timidez inicial en la adopción de sanciones. 

Rusia, particularmente, experimenta graves consecuencias económicas por la guerra, la exclusión del sistema SWIFT, las sanciones económicas y el desplome del rublo han provocado que la Bolsa de Valores de Moscú no abra los primeros días de esta semana dejando a la deriva a varias operaciones bursátiles.

La incursión rusa no se ha desarrollado como Putin esperaba y como varios medios rusos habrían anunciado por error. El ejército ruso se encuentra en las afueras de Kyiv sin poder derrocar el gobierno del presidente Zelenskyy, quien ha ganado mucha notoriedad y respaldo internacional. 

Esto contrasta con lo ocurrido en la Guerra de los cinco días, en la que Rusia incursionó fácilmente en 2008 en Georgia, invadiendo Osetia del Sur y Abjasia, expulsando a georgianos, reconociendo a grupos independistas y asentando bases militares. En 2014, Rusia anexó Crimea sin mayores complicaciones, acción supuestamente legitimada por un dudoso referéndum local. Tanto las incursiones en Georgia como en Ucrania han sido llevadas ante la Corte Internacional de Justicia. 

El primer caso no prosperó. El otro, se encuentra todavía en trámite y en ese proceso se investiga la participación rusa en el derribamiento del vuelo de Malaysian Airlines #MH17, que provocó la muerte de 298 personas.

Ahora, los continuos fracasos de la operación militar de Putin, la heróica resistencia ucraniana y el rechazo global en contra de la invasión han llevado a una situación en que el gobierno ruso incluso ha amenazado con su poder nuclear. 

Todo esto ha desembocado en las medidas extraordinarias se han tomado. Por ejemplo, Alemania cambió su política de no enviar armamento a zonas de conflicto, Suiza se alejó de su posición de neutralidad y adoptó sanciones, y, Finlandia y Suecia consideran su ingreso a la OTAN. La Unión Europea de igual forma estaría considerando un ingreso rápido de Ucrania como estado miembro al contar con el apoyo de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y varios estados miembros.

Un pedido sin precedentes

En la sesión de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de febrero de 2022, el Representante Permanente de Ucrania, Sergiy Kyslytsya, al final de su discurso señaló de forma sorpresiva que la calidad misma de miembro permanente de la Federación Rusa ante el Consejo de Seguridad y su estatus de estado miembro de las Naciones Unidas estaría en duda. 

Sus motivos son que no se habría legalizado el ingreso de Rusia como estado sucesor de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que es el Estado que consta expresamente en la Carta de las Naciones Unidas. La intención de Ucrania es cuestionar la legitimidad rusa y sus privilegios —poder de veto y calidad de miembro permanente— en este consejo, que es el órgano de las Naciones Unidas responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

En los próximos días y semanas, observaremos cómo la comunidad internacional resuelve una de las más graves crisis de la humanidad. 

La posibilidad del uso de armas nucleares y el regreso del uso de la fuerza como regla general en las relaciones internacionales han puesto contra la pared al actual orden mundial y todos sus organismos. 

La esperanza es que este orden mundial, con todas sus limitaciones y deficiencias, salga fortalecido y se generen las reformas estructurales necesarias para una gobernanza mundial democrática, sin el chantaje de “veto” de ciertos miembros de la comunidad internacional.

Juan Carlos Herrera Quenguan 150x150
Juan Carlos Herrera Quenguan
(Ecuador, 1988). Abogado especializado en derecho internacional público y cofundador de la Sociedad Ecuatoriana de Derecho Internacional (SEDI).