A mediados de 2020, salió a la luz un presunto caso de corrupción que habría ocurrido en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) en Quito. La Fiscalía acusó al exgerente de la Epmaps, Guido Andrade, y otras tres personas por el presunto delito de peculado en la compra de insumos médicos durante el pico más alto de la pandemia de covid-19 en Ecuador, en 2020.

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El delito de peculado es cuando un funcionario del Estado abusa, se apropia, distrae o dispone arbitrariamente de bienes o dinero público o privado que estaba a su cargo. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), este delito se sanciona con prisión de diez a trece años.

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Esta es una cronología del caso de peculado en la Epmaps.

2 de junio de 2020

Por la noche, el entonces alcalde de Quito, Jorge Yunda, dijo que hubo un intento de desviar cerca de 1.3 millones de dólares de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) —que estaban en el Banco Central— a dos cuentas bancarias. Una de esas cuentas estaba en Hong Kong y otra en Estados Unidos. 

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En su cuenta de Twitter, Yunda escribió “las cuentas del banco central de la empresa de @aguadequito han sido atacadas digitalmente”. El exalcalde dijo que habían presentado una denuncia en la Fiscalía y pedía ayuda a “todas las autoridades para evitar cualquier perjuicio”. 

Una hora más tarde, el Banco Central emitió un comunicado en el que aseguró que “ninguna cuenta ni sistema ha sido hackeada”. Según el Banco, estaban brindando soporte técnico a la Epmaps para solucionar cualquier problema.

3 de junio de 2020

Un grupo de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía —una unidad que se creó para investigar la corrupción durante la emergencia sanitaria— allanó las instalaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) de Quito. 

Horas antes de allanar la institución, en un operativo coordinado por la Fiscalía, se detuvo al entonces gerente de la Epmaps, Guido Andrade Bastidas, y otras cuatro personas que habrían estado involucradas en la administración de un contrato entre la Epmaps y la empresa Silverti.

Según la Fiscalía, el operativo fue parte de una investigación por el supuesto delito de peculado en la compra de insumos de bioseguridad con sobreprecio. 

4 de junio de 2020

A pedido de la Fiscalía, un juez formuló cargos contra cinco funcionarios de la Epmaps por el presunto delito de peculado. Además dictó prisión preventiva para tres de ellos por presuntamente haber participado directamente en la adjudicación de un contrato para comprar insumos de bioseguridad con presunto sobreprecio.

Las tres personas a las que se les dictó prisión preventiva fueron: Guido Andrade, entonces gerente de la Epmaps, Óscar M., administrador del contrato, y Astrid A., exdirectora del departamento de Seguridad e Higiene, y quien habría dicho que se necesitaba generar ese contrato.  

Para los otros dos trabajadores de la Epmaps, Juan A. y Adrián A., el juez solicitó medidas cautelares. La Fiscalía explicó que estas medidas se pidieron porque en sus investigaciones previas no encontraron evidencia que los señalara como responsables directos del delito. 

La Fiscalía dijo que el caso se trataba de la adquisición irregular de insumos de bioseguridad —mascarillas, gafas y trajes de protección— para el personal de la empresa. Según la Fiscalía, los insumos adquiridos tenían sobreprecio. El contrato de la Epmaps por la compra de estos insumos se le había adjudicado a la empresa Silverti. 

Silverti es la misma compañía que es investigada por haber vendido bolsas para cadáveres con sobreprecio al Hospital Los Ceibos de Guayaquil, que pertenece a la red de hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En la audiencia de formulación de cargos contra los cinco funcionarios de la empresa, la Fiscalía presentó informes de la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), y del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Además, como evidencia principal, la institución presentó un documento de transferencia por 83 mil dólares a la empresa Silverti, como anticipo. 

El contrato total era por 167.920 dólares.

19 de junio de 2020

Guido Andrade, investigado por presunto peculado, fue destituido de su cargo como Gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps). Andrade fue reemplazado por Luis Medina Altamirano. La designación de Medina se decidió por voto unánime del directorio de la Epmaps.

18 de julio de 2020

Los tres presuntos autores directos del delito de peculado en el Epmaps quedaron en libertad. Guido Andrade, ex gerente de la Epmaps, Óscar M., administrador del contrato, y Astrid A., habían apelado la orden de prisión preventiva que se les dictó el 4 de junio.

Un juez aceptó su apelación y reemplazó la prisión preventiva por otras medidas cautelares: el uso de grillete electrónico, presentación en la Fiscalía cada 15 días, y prohibición de salida del país.

13 de septiembre de 2021

Tras más de un año de inactividad, el caso por corrupción en el Epmaps se reanudó la mañana del 13 de septiembre de 2021 con la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. 

Para entonces, la Fiscalía había desvinculado del caso a tres personas contra las que se formularon cargos en 2020: Juan A. y Adrián A., contra quienes desde un principio no se había encontrado suficiente evidencia, y Óscar M., administrador del contrato. 

Sin embargo, se vinculó al proceso a otras personas:

  • Mateo A., exgerente de Ambiente de la Epmaps, quien habría remitido los contactos de empresas para ser invitadas en el proceso contractual.
  • Sandra O., representante de la empresa Silverti, a quién, según la Fiscalía, se le adjudicó el contrato de forma irregular. 

En  la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía presentó sus pruebas y la jueza Ana Guerrón declaró válido el proceso. La validación de Guerrón dio paso para que la Fiscalía sustentara su dictamen acusatorio en contra de los cuatro procesados. 

30 de septiembre de 2021

La jueza Ana Guerrón llamó a juicio al exgerente de la Epmaps Guido Andrade, y a tres personas más: Astrid A., Mateo A., y, Sandra O.

En esa audiencia, la jueza Guerrón ordenó que Sandra O., representante de la empresa Silverti, cumpliera prisión preventiva. Además, ratificó las medidas cautelares de presentación diaria, uso de grillete y prohibición de salida del país para Andrade y Astrid A. y Mateo A. 

Guerrón también dispuso la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de los cuatro procesados por un monto de 167.920 dólares. Ese valor es el mismo por el que se había adjudicado el contrato de compra de insumos de bioseguridad.

9 de febrero de 2022

Empezó el juicio por peculado en la Epmaps. Los cuatro acusados que son acusados en el juicio son:

  • Guido Andrade, exgerente de la Epmaps.
  • Astrid A., exdirectora del departamento de Seguridad e Higiene y quien habría dicho que se necesitaba generar ese contrato.  
  • Mateo A., exgerente de Ambiente de la Epmaps, quien habría remitido los contactos de empresas para ser invitadas en el proceso contractual.
  • Sandra O., representante de la empresa Silverti, a quién, según la Fiscalía, se le adjudicó el contrato de forma irregular. 

En el primer día de la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía llamó a declarar a más de diez testigos. Además, el fiscal a cargo del caso, Mario Muñoz, aseguró que con los testimonios y pruebas periciales y documentales, probaría que los cuatro acusados son culpables del delito de peculado y por haber perjudicado a la Epmaps. 

22 de febrero de 2022

Se lleva a cabo, por tercer día, la audiencia de juzgamiento contra los tres ex funcionarios de la Epmaps y la representante de la empresa Silverti, por presunto peculado.

Doménica Montaño
(Quito) Reportera de GK. Cubre medioambiente y derechos humanos.