Tras una serie de operativos y detenciones la mañana del 3 de junio de 2020, la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía allanó las instalaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS).  En Twitter, la Fiscalía explicó que este operativo es parte de una investigación por supuesto delito de peculado por el sobreprecio en la compra de insumos médicos durante la pandemia de covid-19. 

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Horas antes, en operativos coordinados por la Fiscalía se detuvo también al gerente de la EPMAPS, Guido Andrade Bastidas y a Sofía Ruiz Guarderas, asesora de Andrade y prima del Vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas.

En una entrevista para Teleamazonas, el concejal Bernardo Abad, también miembro del directorio de la EPMAPS, explicó que el caso que investiga la Fiscalía es por la compra de insumos de seguridad —mascarillas, gafas y trajes de protección— para el personal de la empresa. 

Este contrato por más de 160 mil dólares fue adjudicado a la empresa Silverti, según Abad. Esta es la misma compañía que es investigada desde el 5 de mayo por la venta de bolsas para cadáveres con sobreprecio al Hospital Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Guayaquil.

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En la noche del 3 de junio, el juez dictó prisión preventiva para Andrade y otros dos ciudadanos investigados. 

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Además de este presunto caso de peculado, desde la noche del 2 de junio se conoció que hubo un intento de desviar alrededor de 1.3 millones de dólares la EPMAPS en el Banco Central, a dos cuentas bancarias en Hong Kong y una en Estados Unidos. 

El alcalde de Quito Jorge Yunda denunció en su cuenta de Twitter en la noche del 2 de junio que “las cuentas del banco central de la empresa de @aguadequito ha sido atacada digitalmente”. Una hora más tarde, el Banco Central emitió un comunicado en el que que aseguró que “ninguna cuenta ni sistema ha sido hackeada”.

El concejal Bernardo Abad explicó en la entrevista a Teleamazonas, que, para acceder a las cuentas en el Banco Central existen varios sistemas de seguridad y se necesitan claves que las manejan pocas personas dentro de las instituciones públicas. Por esto, dijo que es improbable que se trate de un ataque digital. “Es un círculo muy chiquito los que tienen acceso a estas claves. No es que todos los funcionarios tienen”, añadió Abad. Para investigar este caso, se presentó una denuncia en Fiscalía por miembros de la EPMAPS la noche del 2 de junio. Además, Abad dijo que las transferencias a cuentas extranjeras se las realizaron justificándolas como pago a proveedores, por “plantas de tratamientos de aguas industriales” y por la compra de “camiones de basura”, servicios que no se habrían recibido.

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El alcalde Yunda dijo en su Twitter, el 2 de junio, que después de hablar con las autoridades del Banco Central se “están haciendo las gestiones para evitar un robo de las arcas” de la EPMAPS.  Solicitó además que el gerente de esta institución pidiera las credenciales a sus funcionarios. 

Aún se desconoce si será posible recuperar el dinero de estas transacciones. En una entrevista a diario El Comercio, la gerente del Banco Central, Verónica Artola, dijo que se espera “que los países o los bancos donde se hicieron las transferencias nos digan cuál sería el paso a seguir. Nosotros no podemos garantizar que se recupere el dinero, pero como Banco Central hemos hecho la gestión que corresponde”.