En una rueda de prensa presencial, a la que ya asistieron varios medios de comunicación, el 2 de junio de 2020, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, y la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, presentaron la Unidad Interagencial de la Policía Nacional. Esta unidad formará parte de la fuerza de tarea multidisciplinaria creada un día antes por la Fiscalía (y que será coordinada por la Fiscal General) para fortalecer a su unidad de transparencia y lucha contra la corrupción. 

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Salazar dijo que el objetivo de la fuerza de tarea es que exista cero impunidad de los actos de corrupción.  “Vamos a hacer un seguimiento exhaustivo de cada una de las causas e investigaciones que se han generado a raíz de esta emergencia”, dijo. 

 La Policía Nacional conformará una unidad interagencial de investigadores, que tratará los casos de corrupción sucedidos durante la emergencia sanitaria. Estas unidades son grupos especializados dentro de la Policía para investigar situaciones específicas, como el narcotráfico o en este caso, la corrupción. 

Esta unidad interagencial será supervisada por la comandancia de la Policía Nacional. “Por supuesto estamos detrás de los responsables y estamos detrás de que las personas asuman las consecuencias de sus actos y de recuperar el dinero, en el caso de que el dinero se haya usado de una manera incorrecta”, dijo Romo. 

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La Ministra de Gobierno pidió a la Fiscalía que siga la pista de las campañas de desprestigio que ha recibido la Policía Nacional y algunos funcionarios del Ministerio del Gobierno. Según Romo, el objetivo de estas campañas es retrasar las investigaciones de corrupción. 

La fuerza de tarea para los casos de corrupción estará conformada por tres fiscales de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, cinco de la Unidad de Lavado de Activos, cuatro fiscales provinciales y veinticuatro de apoyo (uno por provincia). 

Además, Salazar dijo que la fuerza de tarea también tendrá un coordinador de analistas, un experto en contratación pública, dos expertos en análisis financiero y una unidad de agentes especializados de la Policía Nacional. 

Durante la emergencia sanitaria por el covid-19, que hasta las 8 de la mañana del 2 de junio de 2020 ha provocado la muerte de 3438 personas según las cuentas oficiales, se han abierto 45 investigaciones fiscales en todo el país. 

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Entre los allanamientos realizados por la Fiscalía en los últimos días, está el realizado a las oficinas de la Secretaría de Salud de Quito, a la Prefectura del Guayas y a las empresas proveedoras de los insumos médicos vendidos con un presunto sobreprecio. También son investigados funcionarios públicos como el Secretario de Salud del Municipio de Quito, Lenín Mantilla, y la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón.