“Mientras no exista respeto a los derechos colectivos, a la madre naturaleza, a la consulta previa, no hay seguridad jurídica”, dijo Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), sobre el derrame de petróleo del pasado 28 de enero.

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En una rueda de prensa, representantes de nacionalidades indígenas amazónicas, ambientalistas y ecologistas en Quito, exigieron que el gobierno repare los daños ambientales por el derrame del crudo en el río Napo. Hasta ahora, el Ministerio de Ambiente no ha dicho cuántos barriles de petróleo se derramaron. El Ministerio de Ambiente dijo que la empresa responsable, OCP debe hacer un informe sobre lo ocurrido. También dijo que al menos 21 mil metros cuadrados de terreno fueron afectados por el derrame, de los que 16 mil están dentro del Parque Nacional Cayambe Coca. 

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“Este no es un hecho aislado, no es un derrame no previsible”, dijo Alexandra Almeida, representante de la organización ambientalistas Acción Ecológica. Almeida también participó en la rueda de prensa y recordó que el derrame del 28 de enero no es el primero que no ha tenido reparación ambiental ni de daños que han sufrido las comunidades indígenas. 

Almeida recordó el derrame de petróleo del 7 de abril de 2020, donde se vertieron en el río Coca al menos 15,8 mil barriles de petróleo y afectó a al menos 105 comunidades indígenas.

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También recordó que en 2009 hubo un derrame de petróleo luego de una rotura del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) —uno de los sistemas del país que transporta, almacena y despacha petróleo— en Santa Rosa, cantón de la provincia del Napo. En esa ocasión se vertieron 14 mil barriles de petróleo.  Según la representante, esos derrames eran un aviso para que se prevengan los otros derrames. “Estos daños son irreparables”, dijo Almeida. 

El derrame de petróleo afecta la vida humana y animal. “Estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en la Amazonía. La situación es crítica”, agregó Nemo Andi, dirigente de Mujer y Salud de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae). Andi dijo también que el último derrame de petróleo afectó directamente a 60 mil personas, animales como peces que son parte de la dieta de los indígenas. 

Alexandra Almeida  de Acción Ecológica dijo que los derrames de petróleo dejan graves consecuencias. Mencionó que los habitantes han padecido infecciones en la piel, infecciones respiratorias u otros malestares. “Los niños comienzan a tener problemas de desnutrición porque no comen la proteína como los peces de los ríos de sus comunidades, y además porque sus chacras están contaminadas con petróleo”, dijo Almeida. 

En la rueda de prensa, Leonidas Iza dijo que debería ser obligatorio —por ley— que el Estado y las empresas respondan y reparen los daños. Iza dijo “no se ha garantizado ninguna remediación ni reparación para las comunidades indígenas”. 

El presidente de la Conaie dijo “exigimos a los diferentes organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional ser los portavoces para exigir al Estado que respete a los pueblos indígenas que han sido los más vulnerables”. 

Mientras las organizaciones indígenas y sociales realizaban la rueda de prensa en las afueras del Club Sociedad de Quito, adentro se desarrollaba el XVI Encuentro de Energía y Petróleo, al que asisten autoridades, empresarios y expertos petroleros. 

El derrame de petróleo el 28 de enero, explicado en breve 

La rotura se dio la tarde del 28 de enero de 2022. Según la empresa de Oleoductos de Crudos Pesados (OCP), el OCP se rompió en el sector de Piedra Fina, en la provincia amazónica de Napo. Según la empresa, se rompió en una zona en la que un tubo no está directamente expuesto a los ríos. Además, confirmó que no se ha suspendido la recepción ni las exportaciones del petróleo. 

La Presidencia de la República dijo en un comunicado que las operaciones estaban funcionando normalmente en los sistemas de transporte de petróleo del país: el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Poliducto Shushufindi-Quito. Los dos son administrados por la empresa pública Petroecuador.

 

Mayuri Castro
Periodista de GK. Cubre educación, migración interna y los derechos de las mujeres. En 2021 ganó la Mención de Honor en Acceso a la Salud del Premio Roche por el reportaje El consuelo de un país en crisis recae en sus estudiantes de psicología. Fue parte del equipo de Mongabay Latam y GK nominado al premio Gabo 2021 en la categoría texto con el especial Mujeres en la Amazonía: lideresas indígenas que están cambiando el rumbo de sus comunidades.