La rotura de dos oleoductos obliga al Ecuador a declarar fuerza mayor. Te lo explicamos en contexto

  • Tras rotura de oleoductos, Ecuador declara fuerza mayor

    • derrame de petroleo en la Amazonía

      Las bases y las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) colapsaron el 7 de abril. Foto: Archivo particular.

    El Ministerio de Energía declaró la existencia de “fuerza mayor” de que se rompieran las bases y tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que transportan el petróleo que el Ecuador exporta. En un comunicado distribuido la noche del Viernes Santo, el Ministerio dijo que la medida “aplica para la producción, exportación e importación de crudo”. 

    El 7 de abril de 2020, un socavón de tierra en el sector de San Rafael produjo que se rompieran ambas tuberías, dejando a las estaciones del SOTE y OCP sin poder recibir y transportar crudo. La declaratoria de fuerza mayor se da, dijo el Ministerio en su comunicado, para evitar al país “posibles reclamos de los compradores en el mercado internacional, ya que pueden existir demoras en las entregas de petróleo y se pueden establecer programaciones especiales para cumplir con los contratos vigentes”.

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    En términos legales, hay fuerza mayor cuando un evento imprevisible e inevitable impiden el cumplimiento de una obligación. En este caso, la entrega de los hidrocarburos comprometido en los contratos de compraventa internacional de crudo y Fuel Oil No. 6. Según el comunicado del Ministerio de Energía, los contratos de comercio internacional utilizados para vender el petróleo ecuatoriano contemplan posibilidad de este tipo de declaratorias. “Las afectaciones contractuales que se pudieran derivar de esta situación se comunicarán particularmente a las empresas con las cuales se podría tener afectación en el programa de entrega de hidrocarburos”. 

    Según el boletín, existen las reservas suficientes para cubrir el mercado interno de combustibles y Gas Licuado de Petróleo (GLP). EP Petroecuador “cuenta con el stock suficiente de petróleo, en el puerto de Balao (Esmeraldas) para realizar las exportaciones programadas”, dice la nota. 

    El Ministro de Energía, René Ortiz, dijo que se realizan trabajos de reparación que tomarán entre dos y tres semanas para devolver ambos oleoductos a su funcionamiento normal.

    La rotura del SOTE, que se dio en el río Coca en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos, ha perjudicado a varias poblaciones de la zona. Algunas comunidades indígenas kichwa denunciaron la contaminación del agua del río. Según el Ministerio de Energía, personal de Petroecuador y de la compañía privada OCP Ecuador entregaron agua “a 3.719 familias, de 42 comunidades asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo”, afectadas por el derrame. El Ministro de Energía dijo “las tomas de captación de agua están protegidas, se han implementado barreras de contención para cuidar las fuentes hídricas”. 

  • Qué es el SOTE

    • qué es el SOTE

      Fotografía de José María León Cabrera

    La noche del 7 de abril de 2020 se rompieron las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). El daño produjo por el hundimiento de la tierra en el sector de San Rafael, entre las provincias de Napo y Sucumbíos, según informó la empresa estatal petrolera Petroecuador. Dos meses antes, la cascada de San Rafael en Sucumbíos se secó por una implosión  y un socavón. El reciente desastre tendría relación con la implosión de la cascada, dicen los expertos. El Ecuador ha tenido que declarar “fuerza mayor” para evitar incumplir sus contratos internacionales de compraventa de petróleo, anunció ayer el gobierno. 

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    El SOTE es un oleoducto ecuatoriano esencial para el transporte de crudo extraído en la Amazonía. Su tubería transporta el petróleo desde Lago Agrio, Sucumbíos en la Amazonía a 296 metros sobre el nivel del mar hasta el Terminal Marítimo Petrolero Balao en la provincia costera de Esmeraldas. Cuando el petróleo llega a ese terminal, se realiza la exportación y entrega del petróleo a los tres centros refinadores del país: la Refinería La Libertad, en la provincia costera de Santa Elena, la Refinería Estatal de Esmeraldas y la Refinería Shushufindi en Sucumbíos.

    El SOTE cruza las regiones del país Costa, Sierra y Amazonía tiene una extensión de alrededor 500 kilómetros. En ese recorrido ese hay seis estaciones de bombeo que dan presión interna al petróleo para que fluya por las tuberías. Las estaciones están en Lago Agrio, Lumbaquí, El Salado, Baeza, Papallacta y Quinindé. 

     

    Hay otras cuatro estaciones que regulan la presión del transporte del petróleo, para que circule más o menos crudo: San Juan, Chiriboga, La Palma y Santo Domingo. El SOTE funciona las 24 horas del día, todos los días del año.

    Según la estatal Petroecuador, el SOTE es una de las infraestructuras públicas más importantes del país. El portal web de Petroecuador dice que tiene la capacidad de transportar entre 250 mil a 360 mil barriles por día. 

    El SOTE comenzó a operar el 26 de junio de 1972 cuando transportó el crudo para el primer barril de petróleo del Ecuador. Medio siglo después, ha transportado más de 5 mil millones de barriles de petróleo. 

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    La última vez que el SOTE paralizó sus actividades fue el 7 de octubre de 2019, en los días que el Ecuador vivió el paro nacional en contra de las medidas económicas del gobierno. Según el Ministerio de Energía, Recursos Naturales Renovables y No Renovables las actividades pararon por dos horas cuando un grupo de personas ingresó a la estación de Lago Agrio. La pérdida en ese momento fue de 1,7 millones de dólares. 

  • ¿Qué es el Oleoducto de Crudos Pesados?

    El Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) también se rompió el 7 de abril de 2020 en la zona de San Rafael, entre las provincias de Napo y Sucumbíos, por un socavón de tierra. Mediante un comunicado, la empresa privada OCP Ecuador —que opera el sistema— dijo que en la tarde del 7 de abril paralizó el bombeo del petróleo cuando detectó la falla de la tubería. Además, dijo que realizará la reparación ambiental en las zonas contaminadas por el petróleo. 

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    El Oleoducto de Crudos Pesados es el segundo sistema del Ecuador que transporta, almacena y despacha petróleo. El OCP transportar 517 mil barriles máximos por día y 450 mil barriles fijos diarios desde la Amazonía hasta el terminal marítimo de OCP en la provincia costera de Esmeraldas.  

    A través del OCP, se han transportado más de 20 mil barriles de petróleo colombiano desde 2013, fecha en que los Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador y Colombia firmaron el proyecto de interconexión de oleoductos desde el sur de Colombia hasta Lago Agrio en la provincia amazónica ecuatoriana de Sucumbíos. 

    Al igual que el SOTE, el Oleoducto de Crudos Pesados tiene estaciones de bombeo y estaciones reductoras. Amazonas, Cayagama, Sardinas, Páramo son las cuatro de bombeo. Cada una recibe el petróleo y lo pasa por un proceso de filtrado, luego el crudo es calentado para reducir su viscosidad —que produce resistencia para que el petróleo se mueva por la tubería—, luego el petróleo avanza hasta la siguiente estación de bombeo. El OCP tiene dos estaciones reductoras de presión: Chiquilpe y Puerto Quito.  

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    El OCP es mucho más nuevo que el SOTE. Empezó a operar el 14 de noviembre de 2003, cuando ya tenía licencias ambientales del Ministerio del Ambiente y permisos de operación otorgado por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales Renovables y No Renovables, dice la página web de OCP.

    Con la rotura de los dos sistemas que transportan el petróleo que el Ecuador exporta, el país se ha visto obligado a declarar “fuerza mayor” para evitar caer en el incumplimiento de sus obligaciones con quienes compraron el crudo ecuatoriano. Según las estimaciones del Ministerio

  • Organizaciones indígenas demandan al Estado por derrame de petróleo en la Amazonía

    • demanda por el derrame de petróleo

      Miembros de la comunidad indígena de San Pedro de Río Coca presencian los impactos del derrame de petróleo a lo largo de las orillas del río, Sucumbíos, Amazonía ecuatoriana, el 18 de abril de 2020. Foto Telmo Ibarburu

    El 29 de abril de 2020, varias organizaciones indígenas del Ecuador presentaron una acción de protección y solicitaron medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano por el derrame de petróleo en la Amazonía el 7 de abril de 2020. 

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    La Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y los obispos de las provincias de Orellana y Sucumbíos presentaron una demanda ante un juez del cantón Francisco de Orellana en Orellana contra René Ortiz, Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables,  Paulo Arturo Proaño, nuevo Ministro del Ambiente, Juan Carlos Zevallos, Ministro de Salud Pública, Iñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado, Andrés Eugenio Mendizábal representante legal de la compañía Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y contra Pablo Antonio Flores, gerente general de la compañía estatal petrolera Petroecuador. 

    Según, las organizaciones, la demanda se realiza por la vulneración de derechos al agua, a la alimentación y a la salud de más de 120 mil personas que viven en las orillas de los ríos Coca y Napo, afectadas por el derrame de petróleo consecuencia de la roturas de las bases y tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que transportan el petróleo que el Ecuador exporta.

    En una rueda de prensa virtual, Andrés Tapia, representante de la Confeniae, explicó que aproximadamente 105 comunidades de las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana fueron afectadas. 

    María Espinoza, defensora de derechos humanos perteneciente a la organización no gubernamental Amazon Frontlines, dijo que el Estado debió avisar antes a las comunidades sobre el derrame. Explicó que el 7 de abril se rompieron las tuberías,  pero las comunidades se enteraron recién al día siguiente por lo que las empresas OCP y Petroecuador son responsables de los daños causados por el derrame. Además, dijo que son también responsables de no haber analizado a tiempo la erosión en la cascada San Rafael, que en febrero de 2020 se secó como producto de un socavón de tierra. Las organizaciones indígenas alegan que se habrían derramado más de 15.800 barriles de petróleo, pero Espinoza dice que no se ha logrado transparentar la cantidad exacta de barriles derramados. 

    Espinoza dijo que OCP y Petroecuador están intentando reparar los daños con la entrega de alimentos y agua pero tales medidas no son suficientes. Los alimentos y el agua son para 1000 personas y racionadas para cuatro personas por familia  Las familias indígenas están conformadas por más de siete personas, dijo.

    Las medidas de reparación ambiental que han tomado no han sido concertadas con las comunidades, lo que viola el derecho a la consulta previa, dijo la representante de Amazon Frontlines.  

    La medida de acción de protección presentada por las organizaciones indígenas, dijo Espinoza, es una acción con la que se busca reparación de derechos y no una reparación monetaria. “No quita la posibilidad de que personas afectadas presenten reclamación civil”, dijo. 

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    Carlos Jipa presidente de la Fcunae que vive en una de las comunidades kichwas afectadas dijo en la rueda de prensa que el derrame afectó a todas las comunidades kichwas que viven en la rivera de los ríos Coca y Napo. “Hoy no tenemos agua del río, para alimentar a nuestros hijos, necesitamos vivir sanamente y sin contaminación sin que seamos desplazados de nuestros pueblos”. dijo Jipa.. Los indígenas ecuatorianos están viviendo una doble tragedia: por el daño ambiental en los ríos Coca y Napo y el riesgo de contagio de covid-19. 

  • Petroecuador construirá una variante del SOTE

    • variante del SOTE

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Petroecuador.

    Petroecuador anunció que construirá una tubería alterna en el Sistema Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), en el sector San Rafael, en la provincia amazónica de Sucumbíos, para “evitar afectaciones debido a eventos naturales”.  

    El comunicado de la compañía, publicado el 14 de mayo, dice que los procesos naturales en la zona del río Quijos —uno de los afluentes de la cascada de San Rafael— “obliga a mantener un monitoreo constante y ofrecer alternativas seguras a la transportación de crudo”. 

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    Entre el 6 y el 9 de mayo el río Quijos empezó a pasar por un proceso de erosión regresiva. Este fenómeno, también conocido como erosión remontante, sucede en la parte alta de los ríos. Según Juan Pablo Villacreces, ingeniero civil experto en suelos, este fenómeno pasa cuando el exterior de un río se pega mucho a la ladera. Se puede ver especialmente en las curvas de los ríos porque la velocidad del agua es mayor y arrastra más partículas del suelo. La base del talud se queda sin soporte y hay un hundimiento conocido como socavón. Según Petroecuador, es “un evento erosivo significativo”. 

    La zona ha tenido varios hundimientos en los últimos meses. El 5 de febrero la cascada homónima, la más alta del país, se secó por una implosión y un socavón que alteraron su cauce. Dos meses después, otro socavón en el sector produjo que se rompieran las tuberías del SOTE y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), interrumpiendo el flujo de crudo. 

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    A 9 kilómetros de la cascada está la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del Ecuador. Cuando se anunció su construcción, en 2010, grupos ecologistas se opusieron porque temían que redujera el caudal del río Coca y que la cascada se quedase sin agua. Lo que sucedió en febrero de este año, aunque las autoridades insistieron en que fue por causas naturales, no por la hidroeléctrica. 

    Todavía no se ha comprobado la relación entre la hidroeléctrica y los socavones. “Falta hacer estudios a profundidad”, dice Villacreces. Pero el experto explica que las represas cambian la velocidad del caudal y generan inestabilidad en los márgenes del río provocando hundimientos, como los de la zona de San Rafael. “Desde el punto de vista lógico, están relacionados”, dice Villacreces. 

    La nueva variante del SOTE tendrá 370 metros de largo y estará alejada 170 metros del cauce del río Quijos. Según Petroecuador, esto garantizará la integridad de las tuberías del SOTE y del Poliducto Shushufindi – Quito. La estatal petrolera pondrá dos obturadores en los extremos de la línea principal para bloquear inmediatamente el transporte del crudo del SOTE y evitar derrames si los eventos naturales vuelven a afectar su estructura. 

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    Un equipo de topógrafos y técnicos de mantenimiento del oleoducto, dice Petroecuador, ya está  trabajando en el diseño y la construcción de la nueva variante. Se usarán 40 tubos de 12 metros de largo y 26 pulgadas de diámetro. Según el comunicado, la empresa pública tiene con el material disponible en sus bodegas y optimizará “los recursos existentes”. La compañía aseguró que hará estudios hidrogeológicos en la nueva variante para “brindar un transporte seguro del crudo ecuatoriano, cuidando el ecosistema”.

    Los oleoductos están en una zona demasiado inestable para una obra de ese tamaño. Desde la planeación del OCP, inaugurado en 2003, los expertos lo cuestionaron por encontrarse en la misma ruta del SOTE, considerada de alto riesgo. Es un área sísmica, con frecuentes deslizamientos de tierra y volcanes a su alrededor. A pesar de las advertencias, el Estado ecuatoriano desestimó las observaciones.  “Nadie va a joder al país… el OCP va porque va”, dijo Gustavo Noboa, entonces presidente de Ecuador. 

  • Juez suspende audiencia de acción de protección por derrame petrolero

    • audiencia por el derrame petrolero

    La audiencia en el caso del derrame de petróleo ocurrido el 7 de abril de 2020 fue cancelada el lunes 1 de junio de 2020. Según un comunicado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), el juez del Tribunal Primero de de Garantías Penales de la provincia de Orellana, Jaime Oña, tomó la decisión por “problemas de salud en su equipo técnico”. 

    Lina María Espinosa, coordinadora jurídica de Amazon Frontlines —una organización no gubernamental que da asistencia legal a  las organizaciones amazónicas y las asiste en este proceso—, dijo que los funcionarios judiciales eran sospechosos de estar contagiados de covid-19. Espinosa dijo que se solidarizaba con los funcionarios convalecientes. Sin embargo, hizo un llamado “a ese mismo sistema judicial, porque la protección de la vida, las medidas cautelares, la garantía de los derechos constitucionales, no puede ser suspendido bajo ninguna razón ni naturaleza”, dijo. 

    La audiencia, que inició la semana anterior, debía reanudarse este lunes con la presentación de pruebas por parte de organizaciones indígenas, de Derechos Humanos y de la red eclesial de Orellana. La Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) y la Confenaie dieron una rueda de prensa virtual tras la suspensión. 

    Ambas organizaciones reafirmaron la importancia de esta acción de protección y las medidas preventivas que solicitaron. En la rueda de prensa virtual también participó Verónica Grefa, presidenta de Toyuca, una de las 105 comunidades de las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana que fueron afectadas por el derrame de crudo. Grefa dijo que aún no hay fecha para una nueva audiencia y condenó la demora en tramitar el proceso constitucional, que por su naturaleza debe ser expedito. Grefa dijo que, producto del derrame, las comunidades no tienen acceso a agua potable ni a insumos básicos.

    Grefa dijo que los recursos que han recibido por parte el gobierno y las petroleras son insuficientes. “Están llegando las empresas y el Estado a hacernos firmar con la entrega de un kit alimenticio, un documento que dice que recíprocamente nosotros recibimos esos kits alimenticios sin derecho a un reclamo”, dijo la lideresa indígena, calificando estos actos como injustos e indignantes. “Esto no es una ayuda del Estado ni de las empresas petroleras, esto es una obligación de parte de ellos, responder por los daños realizados hacia nuestra comunidad”, dijo Grefa.

    La rueda de prensa fue interrumpida por usuarios anónimos que ingresaron a la sesión virtual dificultando las intervenciones de varios representantes de las organizaciones amazónicas. La interrupción duró alrededor de diez minutos. En su cuenta de Twitter, la Confenaie dijo que las irrupciones dejaban claro que existen “intereses en callar la voz de las comunidades afectadas por el mayor derrame petrolero de los últimos 15 años en el nororiente”.

    La demanda de las comunidades indígenas se presentó después de que el 7 de abril de 2020, los dos oleoductos ecuatorianos, el SOTE y el OCP, se rompieran por un socavón de tierra en el Río Coca en el Sector de San Rafael, en el límite de las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos. Según la empresa OCP, se estima que hubo un derrame de alrededor de 8.900 barriles solo del oleoducto OCP. Hasta la noche del 1 de junio de 2020 no se había fijado nueva fecha para la reanudación de la audiencia. 

  • Se suspende el bombeo en el SOTE, anuncia Petroecuador

    • paralización de bombeo en el SOTE

      Fotografía tomada de la página web de Petroecuador.

    El 3 de junio de 2020 el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) paralizó sus operaciones de bombeo. Según Petroecuador, un nuevo socavón en el río Quijos, la parte alta del río Coca, “pone en riesgo la tubería” en la desembocadura del río en el sector de San Rafael, en el límite interprovincial entre Napo y Sucumbíos. 

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    En la madrugada del 3 de junio se cerró la tubería de 1.400 metros de longitud del SOTE, se drenó el crudo con autotanques y se lo llevó a la estación de bombeo de Baeza. Pablo Flores, gerente general de Petroecuador, dijo que la suspensión “evitará cualquier afectación ambiental en caso de presentarse una nueva rotura del SOTE a causa del avance de la erosión regresiva”. Flores dijo que la decisión también precautelaba “la integridad del personal de la empresa pública”. 

    El 15 de mayo Petroecuador anunció que construirá una tubería alterna al SOTE en San Rafael para “evitar afectaciones debido a eventos naturales” en la zona del río Quijos. Entre el 6 y el 9 de mayo el río empezó a pasar por un proceso de erosión regresiva. Este fenómeno pasa en la parte alta de los ríos cuando el exterior se pega mucho a la ladera. La base del talud se queda sin soporte y hay un hundimiento conocido como socavón, explica Juan Pablo Villacreces, ingeniero civil experto en suelos. 

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    Los oleoductos están en una zona de alto riesgo: un área sísmica con frecuentes deslizamientos de tierra y volcanes a su alrededor, según expertos. La zona de San Rafael ha tenido varios hundimientos en los últimos meses. El 5 de febrero la cascada homónima, la más alta del país, se secó por una implosión y un socavón que alteraron su cauce. Dos meses después, el 7 de  abril, otro socavón en el sector produjo que se rompieran las tuberías del SOTE y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), interrumpiendo el flujo de crudo. 

    El derrame de petróleo provocado por la rotura de las tuberías perjudicó a las poblaciones de la zona. El 29 de abril varias organizaciones indígenas del país presentaron una acción de protección y solicitaron medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano. Según las organizaciones, se vulneraron los derechos al agua, a la alimentación y a la salud de más de 120 mil personas que viven en las orillas de los ríos Coca y Napo, afectadas por el derrame de petróleo. El 1 de junio la audiencia se suspendió y todavía no se ha fijado una nueva fecha. 

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    El gerente general de Petroecuador dijo el 3 de junio que la suspensión del bombeo del SOTE será “hasta que concluyan los trabajos de construcción de la variante”, que está avanzada en un 62% y se espera que se complete “en los próximos días”. Flores aclaró que “con el actual stock de crudo en el Terminal Balao (en Esmeraldas) la programación de las exportaciones no se verá afectada por la suspensión”. Hasta el momento, el OCP no ha suspendido sus operaciones de bombeo.  

  • Un deslizamiento provocó represamientos en el Río Coca. Las autoridades advierten riesgo de evacuación

    • Río Coca

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.

    Un deslizamiento de 800 metros de montaña provocó un represamiento del agua en la cabecera del río Coca, en la provincia del Napo, según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) el 15 de julio. Las intensas lluvias serían las culpables del deslizamiento. 

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    La sala de crisis de la Dirección de Riesgos del Municipio de Francisco de Orellana —que limita con la provincia del Napo— advirtió a los residentes de las parroquias y barrios ubicados en las orillas del río Coca, durante la tarde de este miércoles 15 de julio,  que deben estar preparados para una posible evacuación. Sin embargo hasta la noche de ese mismo día,  la alcaldía de Francisco de Orellana no ha dado la orden de evacuación.

    A las 4 de la tarde,  después de un recorrido por la zona afectada, el SNGRE descartó un represamiento total. Es decir, el deslizamiento no bloqueó la corriente del río, por lo que no hay riesgo de que su caudal crezca y afecte a los poblados de la zona. Según el SNGRE, solo se observaron represamientos parciales y estos serán “arrastrados fácilmente por la corriente del río”.

    El represamiento del río Coca se suma otros problemas en los últimos meses causados por un proceso de erosión regresiva en el río. Este fenómeno sucede cuando el exterior de un río se pega mucho a la ladera y la va desgastando. Se puede ver especialmente en las curvas de los ríos porque la velocidad del agua es mayor y arrastra más partículas del suelo. La base del talud se queda sin soporte y hay un hundimiento conocido como socavón.

    El proceso de erosión regresiva se puede dar por lluvias excesivas, deslizamientos o por bloqueos en el río, según Francisco Viteri, decano de la facultad de geología de la Universidad Central del Ecuador. La erosión se agrava cuando hay un flujo irregular del agua y hace que la corriente del río retroceda o se estanque. 

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    Por la erosión y las constantes lluvias en las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos,  el 2 de febrero de 2020 la cascada de San Rafael, la más alta del Ecuador se secó. La erosión también causó la ruptura del  Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados  (OCP), el 7 de abril. Esto ocasionó un  derrame de casi 15 mil galones de petróleo en el río Coca, afectando a varias comunidades indígenas de la zona. 

    A 9 kilómetros de la cascada está la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del Ecuador. Cuando se anunció su construcción, en 2010, grupos ecologistas se opusieron porque temían que redujera el caudal del río Coca y que la cascada se quedase sin agua. Cuando eso sucedió en febrero de 2020, las autoridades insistieron en que fue por causas naturales, y que no tenía relación alguna con la actividad de la hidroeléctrica. Hasta ahora, el gobierno de Lenín Moreno se mantiene en su posición de que este fenómeno es de origen natural, a pesar de que algunos expertos creen que pudo acelerarse debido a la retención de sedimentos de Coca Codo Sinclair.

    Para Viteri, lo más preocupante es que el proceso de erosión, que se da por causas naturales, es impredecible. Esto pone en riesgo a los habitantes de las riberas del río Coca, a la infraestructura de la vía Baeza-Lago Agrio y, eventualmente, hasta podría causar problemas en la central hidroeléctrica.

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    Además, a Viteri le preocupa la velocidad con la que avanza la erosión en la zona. Con las lluvias de las últimas tres semanas el proceso ha vuelto a un ritmo rápido de erosión, dice. Solo entre el 3 y el 6 de julio la erosión avanzó 540 metros

  • Nuevo deslizamiento de tierra en el sector del río Coca

    • deslizamiento de tierra en el sector del Río Coca

    La tarde del sábado 18 de julio de 2020, un nuevo deslizamiento de tierra en el sector del río Coca —ubicado entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos— provocó un represamiento de agua. Según dijo el ingeniero Emilio Cobo en su cuenta de Twitter, esta vez el represamiento de agua es de mayor magnitud que en anteriores ocasiones. “La acumulación de sedimentos en el cauce aguas abajo empeora el riesgo de inundaciones cuando el dique ceda”, dijo Cobo.

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    El deslizamiento de tierra fue de aproximadamente 400 mil metros cúbicos de arena y rocas sobre el lecho del río, lo que provocó un represamiento por un período de cuatro horas. Tras el deslizamiento de tierra, el Ministerio de Obras Públicas informó el cierre de la vía Baeza – El Reventador. 

    Un día después, en su cuenta de Twitter, la Corporación Eléctrica Nacional (CELEC) informó que el paso de agua en el río Coca retornó a su normalidad “luego de que en la tarde de ayer se produjo un represamiento temporal, a causa del derrumbe de un talud”. CELEC dijo que “no hubo afectaciones” materiales ni personas heridas.  La apertura del dique natural se produjo después de las 18:00 del sábado 19 de julio, según un comunicado de CELEC EP. No “hubo consecuencia alguna sobre las obras de captación de agua de la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que se ubica a 17 kilómetros aguas arriba del deslizamiento”, dice el comunicado.

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    Tras solucionar el problema por el represamiento de agua, el Ministerio de Obras Públicas anunció a través de su cuenta de Twitter la habilitación de un carril al tránsito vehicular en el tramo Baeza-El Reventador. “Se recomienda conducir a una velocidad máxima 30 km/h, en el tramo afectado por el represamiento del río Coca en el #Napo”, dice el Ministerio.

    El pasado 7 de abril de 2020, un socavón de tierra en el sector de San Rafael produjo que se rompieran las tuberías petroleras SOTE y OCP, provocando un derrame de petróleo. El hecho perjudicó a varias poblaciones de la zona. Algunas comunidades indígenas kichwa denunciaron la contaminación del agua del río. En días pasados, el gobierno del Ecuador reconoció que la erosión del río Coca podría afectar a la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, cuya construcción, según varios expertos, podría haber causado la erosión en el sector —donde antes estaba la cascada de San Rafael.