El Ministerio de Energía declaró la existencia de “fuerza mayor” de que se rompieran las bases y tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que transportan el petróleo que el Ecuador exporta. En un comunicado distribuido la noche del Viernes Santo, el Ministerio dijo que la medida “aplica para la producción, exportación e importación de crudo”. 

El 7 de abril de 2020, un socavón de tierra en el sector de San Rafael produjo que se rompieran ambas tuberías, dejando a las estaciones del SOTE y OCP sin poder recibir y transportar crudo. La declaratoria de fuerza mayor se da, dijo el Ministerio en su comunicado, para evitar al país “posibles reclamos de los compradores en el mercado internacional, ya que pueden existir demoras en las entregas de petróleo y se pueden establecer programaciones especiales para cumplir con los contratos vigentes”.

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En términos legales, hay fuerza mayor cuando un evento imprevisible e inevitable impiden el cumplimiento de una obligación. En este caso, la entrega de los hidrocarburos comprometido en los contratos de compraventa internacional de crudo y Fuel Oil No. 6. Según el comunicado del Ministerio de Energía, los contratos de comercio internacional utilizados para vender el petróleo ecuatoriano contemplan posibilidad de este tipo de declaratorias. “Las afectaciones contractuales que se pudieran derivar de esta situación se comunicarán particularmente a las empresas con las cuales se podría tener afectación en el programa de entrega de hidrocarburos”. 

Según el boletín, existen las reservas suficientes para cubrir el mercado interno de combustibles y Gas Licuado de Petróleo (GLP). EP Petroecuador “cuenta con el stock suficiente de petróleo, en el puerto de Balao (Esmeraldas) para realizar las exportaciones programadas”, dice la nota. 

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El Ministro de Energía, René Ortiz, dijo que se realizan trabajos de reparación que tomarán entre dos y tres semanas para devolver ambos oleoductos a su funcionamiento normal.

La rotura del SOTE, que se dio en el río Coca en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos, ha perjudicado a varias poblaciones de la zona. Algunas comunidades indígenas kichwa denunciaron la contaminación del agua del río. Según el Ministerio de Energía, personal de Petroecuador y de la compañía privada OCP Ecuador entregaron agua “a 3.719 familias, de 42 comunidades asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo”, afectadas por el derrame. El Ministro de Energía dijo “las tomas de captación de agua están protegidas, se han implementado barreras de contención para cuidar las fuentes hídricas”.