El presidente Guillermo Lasso quiere proponer “una nueva arquitectura institucional” en el sistema de justicia ecuatoriano para “evitar conflictos” entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura. Para lograrlo, Lasso quiere proponer la eliminación del Consejo por medio de una consulta popular. Esta, dijo, sería en febrero de 2023, en el marco de las elecciones seccionales.

El Presidente hizo estas declaraciones en una entrevista—que duró casi cuarenta minutos, con dos periodistas radiales en el Palacio de Carondelet este 18 de enero de 2022. 

Sin embargo, los planteamientos de Lasso no están en firme. Aclaró, que su gobierno está analizando esta opción con especialistas del exterior. 

Durante la entrevista, el presidente Lasso admitió que en Ecuador “nadie está contento con la justicia”. Aseguró que el nudo crítico no solo impacta en la seguridad ciudadana del país sino que causa que la inseguridad crezca por el ascenso del narcotráfico. 

Lasso cuestionó: “ingresan delincuentes a las cárceles e inmediatamente salen de la cárcel por decisiones y sentencias de jueces”. Además, dijo que la falta de un sistema de justicia efectivo también bloquea la inversión extranjera, para que nos vean como un país serio, “con total imparcialidad”.

Las declaraciones de Lasso llegan más de una semana después del reciente anuncio de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador que informó que había revocado las visas estadounidenses a varios jueces ecuatorianos y a otros funcionarios que trabajan en “en los sectores legal y judicial al determinar que ya no califican para estas visas”.

Además, la Embajada enfatizó en que en cada instancia de corrupción pública “también hay un socio privado, igualmente involucrado”. Ese anuncio se produjo un mes después de que el embajador Michael Fitzpatrick revelara que se habían retirado las visas de generales de la policía ecuatoriana. Fitzpatrick dijo que su gobierno estaba muy preocupado por la penetración del narcotráfico en Ecuador. 

Aunque aún no se conocen los nombres de los jueces cuyas visas fueron revocadas, el presidente Lasso dijo en el diálogo de hoy que había que mirar hacia el pasado para entender que “el Ecuador tuvo buenas etapas de buenas Cortes Supremas de Justicia, donde la propia Corte tenía su departamento de administración, financiero”.

Eliminación del Cpccs en consulta popular, ¿es posible? 

Desde 2018, cuando ya había sido candidato a la presidencia dos veces, Lasso ha impulsado la idea de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Ahora ha retomado esta postura  como Presidente. 

El periodista de Sonorama, Wilson Moposita, le preguntó a Lasso si es que llamaba a los ecuatorianos a consulta popular, la eliminación del Consejo sería uno de los objetivos. 

Lasso respondió que eliminar el Consejo no es posible por el agotamiento del trámite en el pleno del legislativo.

En marzo de 2021, la Asamblea Nacional votó en contra de las reformas constitucionales. La propuesta original contenía una disposición derogatoria que planteaba eliminar todo el capítulo de la Constitución que habla del Consejo. Se votó artículo por artículo. Se necesitaban 91 votos para que la eliminación fuese aprobada; solo alcanzó 55 votos afirmativos. 

A pesar de que es una decisión que se escapa de sus manos, Lasso respondió que “sí pueden haber enmiendas relativas a las funciones” de la entidad autónoma. 

Son doce las funciones que actualmente debe cumplir el Cpccs. Entre ellas están la promoción de los derechos de participación ciudadana y control social, la lucha contra la corrupción y la designación de autoridades de control como el Contralor General del Estado, el Fiscal General del Estado, Superintendencias, los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, al Procurador General del Estado y los miembros del Consejo de la Judicatura.

El Presidente también habló de la posibilidad de incluir en la consulta popular las reformas laborales que no lograron ser aprobadas por la Asamblea. 

Las solicitudes de amnistías 

El periodista Moposita le preguntó al presidente Lasso cuál sería su posición frente al trámite de las amnistías en la Asamblea Nacional.

A la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional le queda menos de un mes para presentar el informe sobre las más de 300 solicitudes amnistías interpuestas por organizaciones sociales, comunitarias e indígenas.

En su mayoría son casos de personas procesadas y condenadas por el paro de octubre de 2019. También hay ex funcionarios públicos como Paola Pabón, prefecta de Pichincha, y el ex asambleísta Virgilio Hernández, que se han mantenido cercanos al correísmo. 

La Comisión, liderada por el legislador Fernando Cabascango del movimiento Pachakutik, debe entregar su informe el próximo 11 de febrero. 

Aunque entregar las amnistías es una atribución de la Asamblea, Lasso dijo que, aunque sería necesario revisar caso por caso, “la actitud del gobierno y en la que yo influiría en el bloque oficialista es favorecer un ambiente de pacificación del país”.