La Asamblea de Montecristi le otorgó doce funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en 2008. Entre las principales están la promoción de los derechos de participación ciudadana y control social, la lucha contra la corrupción y la designación de autoridades de control como el Contralor General del Estado, el Fiscal General del Estado, Superintendencias, los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, al Procurador General del Estado y los miembros del Consejo de la Judicatura.

La Secretaría de Participación Ciudadana y Control Social, uno de los órganos ejecutores del CPCCS, está integrada por tres subcoordinaciones: de Promoción de la Participación; de Control Social; y de Rendición de Cuentas.

Según la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la primera es la encargada de la capacitación a la ciudadanía de los derechos y recursos humanos e institucionales para la promoción de los mecanismos de participación en la vida democrática. La segunda busca aumentar la influencia de la sociedad civil para equilibrar y fortalecer el poder ciudadano. Y la tercera debe fiscalizar a las entidades públicas, para responder a la ciudadanía acerca de las gestiones empleadas en sus instituciones y está a cargo de auditar el control de presupuesto.

Existe también una Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, creada para recibir denuncias de corrupción de los ciudadanos e investigarlas. En 2016, se receptaron 464 denuncias, de las cuales 111 fueron trasladadas a otras instituciones, 202 a investigación y 145 se archivaron.

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Otro de los roles del CPCCS es el de organizar procesos de selección y designación de autoridades públicos mediante la creación de comisiones ciudadanas de selección, veeduría e impugnación ciudadana. También se encarga de llevar a cabo todos los  concursos públicos de oposición y méritos para designar nuevas autoridades públicas.

En el caso de Ramiro Rivadeneira, quien también obtuvo el mejor puntaje en el concurso de méritos y oposición en su reelección  para Defensor del Pueblo; obtuvo 20 impugnaciones por parte de organizaciones de derechos humanos; entre estas la de Luis Ángel Saavedra, (INREDH), que expresa que su gestión en la primera parte de su cargo demostró defender al partido oficialista.