Los asambleístas Sofía Espín, de la coalición Unión por la Esperanza (UNES), Ricardo Vanegas, de Pachakutik, y Dalton Bacigalupo, del partido político Izquierda Democrática, prepararon un informe de minoría del proyecto de ley del aborto por violación

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Los tres asambleístas son parte de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, encargada de discutir el proyecto de ley entregado por la Defensoría del Pueblo. Siguiendo el trámite legislativo, la Comisión debe elaborar un informe para que sea discutido por el pleno de la Asamblea Nacional. En todas las demás comisiones especializadas de la Asamblea, en esta caso se podía realizar un informe de minoría —redactados por uno o varios asambleístas—, dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

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Estos son cinco puntos importantes del informe de minoría del proyecto de ley de aborto por violación, que tiene 55 artículos.

Estos son cinco puntos principales del informe de minoría: 

  • Plazo de la interrupción voluntaria del embarazo 

El artículo 7 define al procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación como la práctica del aborto médico a víctimas de violación. 

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Este procedimiento, propone el informe, se realizará hasta las 6 semanas de edad gestacional para mujeres mayores a 18 años y hasta 12 semanas de gestación para niñas, adolescentes menores a 18 años, mujeres de la ruralidad y mujeres con discapacidad. 

El informe dice que este procedimiento debe ser realizado por proveedores de servicios calificados. 

El informe de mayoría en cambio dice: 

Para las niñas y adolescentes menores de 18 años, víctimas de violación, puede realizarse hasta las 22 semanas de gestación

Para las mujeres y personas gestantes de 18 años en adelante, víctimas de violación, podrá hacerse hasta las 20 semanas de gestación

Para las mujeres con “discapacidad mental” se hará conforme a lo dispuesto en la guía de aborto terapeútico del Ministerio de Salud Pública.

 

  • Objeción de conciencia de cada médico y la institucional 

El artículo 40 del informe de minoría trata este controversial tema. Según la propuesta, los profesionales de la salud tendrán derecho a ejercer su objeción de conciencia, según lo que dice la Constitución. El informe dice que la objeción de conciencia deberá ser comunicada de manera individual y por escrito al Ministerio de Salud Pública. 

Además, el informe dice que la objeción de conciencia no implica no dar información u obstaculizar el proceso de derivación de la paciente. 

El siguiente artículo del informe dice que se respetará la libertad de las empresas y socios de las entidades de salud privada para determinar qué tipos de servicios, procedimientos e intervenciones ofrecerán. Es decir, esas entidades de salud estarían facultadas para informar sobre su objeción institucional para no practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Esa decisión también deberá informarse por escrito al Ministerio de Salud. 

Para todos los efectos prácticos, la propuesta permitiría a las empresas de salud privadas ejercer una especie de objeción institucional de conciencia. Sin embargo, la constitucionalista María Dolores Miño explica que la objeción de conciencia es un derecho humano; por lo tanto, solo puede ser ejercido por el personal que presta servicios de salud y no puede ser institucional. 

“La objeción de conciencia es un derecho derivado de la libre expresión y libertad de cultos, que no pueden ejercerse por instituciones”, dice Miño, acotando que este criterio fue compartida por las más altas cortes de México y Colombia, y reiterado por ONU Mujeres y El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en sus recomendaciones para la despenalización del aborto.

  • Denuncia de la violación 

El informe dice que en caso que la mujer que sufrió la violación viva con discapacidad mental, psicosocial o de otra naturaleza, o es una niña o adolescente, el responsable de trabajo social del hospital deberá notificar a la Fiscalía del procedimiento.

En los demás casos de violación, el departamento de trabajo social del hospital donde se trata la víctima también deberá denunciar a la Fiscalía los hechos. Si la mujer tiene temor que el caso sea denunciado, la autoridad deberá darle medidas de protección, dice el informe propuesto en minoría. 

  • Plazo para realizar el aborto 

El artículo 37 propone un plazo para realizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. 

Luego de recibir la solicitud de la persona que ha sufrido la violación, dice el proyecto, habría seis días para realizar el procedimiento, cuyos costos no los asumirá la paciente. La atención deberá ser “de forma efectiva y sin demoras injustificadas”, propone el informe de minoría. 

  • Medidas de protección para la sobreviviente 

El artículo 55 del informe propone que la Fiscalía debe comenzar la investigación del delito y ordenará medidas provisionales: 

  • Tomar precauciones para proteger a la sobreviviente 
  • Dar información sobre  instituciones públicas y privadas que den atención y acompañamiento a mujeres embarazadas y víctimas de violación. Esa información debe ser en distintos lenguajes, según la cultura o religión de la sobreviviente, la información debe entenderla sin problema una niña o una adolescente. 
  • Garantizar que las niñas y adolescentes víctimas puedan ser acompañadas por sus padres, tutores o guardianes, cuando ellos no representen un riesgo. 
  • Dar medidas de protección para garantizar que la mujer o la niña no esté de nuevo en situaciones de riesgo.
  • Si el presunto violador es parte de la familia o del círculo y aún representaban una amenaza, las víctimas podrán recibir protección en centros de acogida del Estado o privados.  
  • Si se conoce la identidad del presunto violador, la Fiscalía deberá solicitar al juzgado de garantía las medidas cautelares, como la detención provisional. 

 

Mayuri Castro
Periodista de GK. Cubre educación, migración interna y los derechos de las mujeres. En 2021 ganó la Mención de Honor en Acceso a la Salud del Premio Roche por el reportaje El consuelo de un país en crisis recae en sus estudiantes de psicología. Fue parte del equipo de Mongabay Latam y GK nominado al premio Gabo 2021 en la categoría texto con el especial Mujeres en la Amazonía: lideresas indígenas que están cambiando el rumbo de sus comunidades.