Encontrar los nombres de los jueces a los que la Embajada de Estados Unidos revocó sus visas es una tarea que se han impuesto varios órganos de control de Ecuador. El 12 de enero de 2021, la Controlaría General del Estado informó que revisará la declaración patrimonial de los jueces ecuatorianos. 

Para hacerlo, dijo en un breve comunicado el contralor subrogante Carlos Riofrío, hará una evaluación preliminar para “establecer qué funcionarios judiciales serán examinados, los periodos y alcances de las auditorías”. Riofrío dijo que ya ordenó el inicio de acciones de control a la declaración patrimonial juramentada que cada juez, como todo funcionario público, debe presentar a la Contraloría. 

Además, promoverá reuniones de intercambio de información con la embajada de Estados Unidos. El lunes 10 de enero, la embajada anunció que había revocado visas a jueces y personas del ámbito legal ecuatoriano como una forma de combate a la corrupción.

El 10 de enero de 2021, la representación diplomática estadounidense dijo que no daría información específica sobre la identidad de los afectados por la revocatoria de visas. “Debido a que los registros de visas son reservados según la ley de los Estados Unidos, no comentamos sobre casos individuales”. 

Las revocatorias de visa estadounidenses apuntan a presuntos actos ilícitos

En el último mes, la embajada estadounidense ha hecho inéditos anuncios sobre corrupción y cancelación de visados a funcionarios ecuatorianos. 

En diciembre de 2021, el embajador Michael Fitzpatrick dijo en una entrevista con Primicias que su gobierno está preocupado por la penetración del narcotráfico en Ecuador y “en las fuerzas del orden”. A al menos cuatro generales policiales y un ex presidente del extinto Tribunal Supremo Electoral les revocaron las visas a Estados Unidos. 

La embajada no detalló los motivos específicos de las cancelaciones a los jueces. “La corrupción amenaza la estabilidad de los países”, dijo haciendo referencia a los posibles motivos de la cancelación. “Sobre todo, destruye la confianza de las instituciones. En cada instancia de corrupción pública, también hay un socio privado”, dijo la embajada. Tampoco dio los nombres de quiénes eran, aduciendo que era información reservada, según la ley de su país.

Tras el comunicado de la embajada, el Consejo de la Judicatura pidió en un comunicado a los jueces en funciones que informen si sus visas al país norteamericano fueron revocadas. Dijo que el Código Orgánico de la Función de la Judicial exige que los funcionarios judiciales tengan una “trayectoria personal éticamente irreprochable”. 

Sin embargo, el pedido, además de su candidez, carece de sustento legal. “No sé bajo qué fundamento la Judicatura puede pedir a los jueces que notifiquen el tema de la visa y su vez, a Cancillería que le de el listado”, dice Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, una organización que busca la promoción de los derechos democráticos. Alarcón dice que la solicitud de la Judicatura no tiene ninguna base legal. 

El Consejo de la Judicatura también pidió que la Cancillería haga “el contacto con la Embajada de Estados Unidos para el intercambio de información en cooperación mutua”.