Por segunda vez, el ex presidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley fueron llamados a juicio por presunta delincuencia organizada en la compra de pruebas rápidas para detectar el covid-19. Bucaram y su hijo habían sido llamados a juicio por este caso antes, pero el 4 de octubre de 2021, fueron sobreseídos porque, según el juez que llevó el caso, la Fiscalía no pudo probar que habían participado en el caso. 

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Sin embargo, la Fiscalía apeló la sentencia y la noche de ayer, 15 de diciembre de 2021, el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha la aceptó. Además de aceptar el recurso de apelación, el Tribunal también volvió a llamar a juicio a Abdalá Bucaram y su hijo como autores del presunto delito de delincuencia organizada. 

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El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que este delito se comete cuando un grupo estructurado de varias personas  dirige o planifica las actividades de una organización delictiva para cometer otros delitos o para obtener beneficios económicos o materiales. Los autores del delito pueden ser sancionados con prisión de entre siete y 10 años

Según la investigación de la Fiscalía, las “irregularidades” que cometieron los implicados se llevaron a cabo entre marzo y junio de 2020, pero algunas se extendieron hasta octubre de ese año. En ese tiempo, dice la Fiscalía, se conformó una estructura delincuencial que permitió movilizar bienes y servidores de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para obtener beneficios económicos por la venta irregular de pruebas de diagnóstico de covid-19. 

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La Fiscalía dice que las actividades delictivas fueron en las provincias de Guayas, Pichincha, Esmeraldas y Santa Elena. Hasta ahora, la Fiscalía no ha especificado cómo fue la participación de los Bucaram en el caso. Solo ha informado que los agentes de la AMT brindaron seguridad a los ciudadanos israelíes Sheinman Oren y Shy Dahan mientras transportaban las pruebas de covid-19 hasta otras provincias. Oren y Dahan fueron detenidos y cumplían prisión preventiva en la Penitenciaría del Litoral mientras la Fiscalía investigaba el caso.

Dahan fue asesinado en un ataque en la Penitenciaría en agosto de 2020. Oren fue llamado a juicio en octubre de 2021. 

Esta es una cronología del caso.

Agosto de 2020

Shy Dahan, que fue detenido con más de 300 mil dólares en efectivo que habría obtenido de una estructura de delincuencia organizada, fue asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral. Días antes, en el rendimiento de su versión, Dahan dijo que Jacobo Bucaram Pulley —el hijo del expresidente Abdalá Bucaram—, les había comprado a él y a su compañero, Sheiman Oren, pruebas para detectar covid-19,

Dahan había dicho que Oren fue a la casa de Jacobo Bucaram para hacer “el negocio”. Según Oren, Bucaram les entregó 321.600 dólares en una maleta a cambio de insumos médicos. Oren dijo también que tenía un video del momento de la transacción con Bucaram y estaba dispuesto a dar la contraseña para que tengan acceso a las evidencias. 

Días después del asesinato de Dahan, el 12 de agosto de 2020, el ex presidente Abdalá Bucaram fue detenido y vinculado a la investigación por el presunto delito de delincuencia organizada. Según la Fiscalía General del Estado, Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo, tres funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y otras personas, habían conformado una estructura delincuencial para comercializar pruebas para detectar covid-19 e insumos médicos, sin facturas y sin pagar impuestos al Estado, en el pico de la pandemia del covid-19 en el Ecuador.

Un día después, el 13 de agosto, una jueza de Quito le dictó la medida cautelar de arresto domiciliario a Abdalá Bucaram por este caso. Le dictaron esta medida porque Bucaram tenía 68 años, y el Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que la prisión preventiva puede ser reemplazada por arresto domiciliario y uso de grillete electrónico cuando la persona procesada sea mayor de 65 años. 

Diciembre de 2020

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE)  aceptó un recurso subjetivo contencioso electoral contra la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) del 27 de octubre de 2020 que inadmitió la inscripción de la lista de candidatos del partido Fuerza Ecuador a la Asamblea Nacional, encabezada por el expresidente Abdalá Bucaram. 

Tras el fallo del TCE, Fuerza Ecuador inscribió a sus candidatos, incluyendo a Bucaram, aunque había tres procesos  penales abiertos en su contra: uno por el presunto delito de tráfico de bienes culturales, otro por el presunto delito de tráfico de armas, y otro por el presunto delito de delincuencia organizada. 

Al ser aceptada su candidatura, todos los procesos penales contra Bucaram fueron suspendidos hasta la proclamación de resultados de asambleístas, que se hizo el 30 de abril.

Abril de 2021

El 7 de abril de 2021, dos meses después de las elecciones, la jueza encargada del caso contra los Bucaram por presunta delincuencia organizada pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclame los resultados de asambleístas nacionales para continuar el proceso contra Abdalá Bucaram. 

El 15 de abril, dos ex agentes metropolitanos de tránsito de Quito fueron sentenciados a cinco años en prisión por este caso. La sentencia se hizo mediante un proceso abreviado, que es cuando los procesados aceptan su responsabilidad en los hechos imputados. La sentencia ordenó también el pago de una multa de 15 salarios básicos unificados, es decir, 6.000 dólares cada uno. 

El 30 de abril, el CNE proclamó los resultados oficiales de asambleístas nacionales y distribuyó los diferentes escaños. Los resultados mostraron que Abdalá Bucaram no había sido elegido como asambleísta y los procesos contra el expresidente se reanudaron. 

Junio de 2021

El 4 de junio, un tribunal de la Corte de Justicia del Guayas aceptó una acción de hábeas corpus presentada por la defensa del ex presidente Bucaram. Una acción de hábeas corpus es una garantía judicial que busca proteger a los ciudadanos de presuntas detenciones ilegales. El recurso fue aceptado y la orden de arresto domiciliario que pesaba sobre Bucarm desde agosto de 2020 fue reemplazada por las medidas cautelares de presentación periódica ante una autoridad, prohibición de salida del país y el uso de grillete electrónico. 

Bucaram ya cumplía medidas similares por una investigación por presunto tráfico de armas que había en su contra. 

El 8 de junio se tenía previsto que sea la audiencia preparatoria de juicio contra los Bucaram y los otros implicados, pero se suspendió. Según la Fiscalía, la suspensión se dio por una supuesta omisión por parte de un Consejo de la Judicatura respecto a una notificación a una de las personas procesadas. Esta audiencia ya se había suspendido otras tres veces por diferentes pedidos de la defensa de los procesados. 

El 28 de junio de 2021, una jueza declaró la nulidad del proceso contra el expresidente Bucaram y su hijo y ordenó que este regresara a la etapa de investigación previa. Según la jueza de Pichincha Verónica Medina, Jacobo Bucaram no había sido “notificado con la orden de detención con 72 horas antes de su captura”, y tampoco se le había notificado de la investigación previa, lo que implica una violación al debido proceso. 

La Fiscalía apeló la decisión de la jueza.  

Julio de 2021

Poco más de un mes después de que la jueza Medina declarara nulo el proceso contra los Bucaram, el 26 de julio, se instaló la audiencia de apelación que presentó la Fiscalía. En esa audiencia, la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha revocó la nulidad y el proceso contra el expresidente, su hijo y los otros procesados continuó.

Septiembre de 2021

El 16 de septiembre de 2021 fue la audiencia preparatoria de juicio contra los procesados en el caso de delincuencia organizada. En esa audiencia, la Fiscalía solicitó que todos los implicados —incluyendo Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo— sean llamados a juicio.

Octubre de 2021

El 4 de octubre, el juez Giovanny Freire sobreseyó a cuatro de los siete procesados por el caso. Dos de los procesados que fueron sobreseídos fueron el expresidente Bucaram y su hijo Jacobo. Según el juez, la Fiscalía no había podido probar la participación de los Bucaram en el caso. 

El juez solo llamó a juicio al israelí Sheinman Oren, a la pareja de Oren, Orietta Marengo, y al exagente de tránsito de la AMT, Leandro Berrones. 

Un día después, el 5 de octubre, la Fiscalía anunció que apeló a la decisión del juez Freire. 

Diciembre de 2021

El Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó el recurso de apelación que presentó la Fiscalía a la sentencia que sobreseyó al expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo en el caso de delincuencia organizada en el comercio de pruebas para detectar covid-19.  El tribunal además, llamó a juicio a Abdalá Bucaram y Jacobo Bucaram Pulley. Sin embargo, no se sabe cuándo será la audiencia de juicio.

Doménica Montaño
(Quito) Reportera de GK. Cubre medioambiente y derechos humanos.